Sólo unas cuantas preguntas…

¿Entonces estuvieron “a punto” de detener a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en Cabo San Lucas, Baja California Sur, exactamente cuando estaba la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, en ese lugar? ¿El Chapo es tan tonto para irse a meter a la boca del lobo del servicio secreto de Estados Unidos? ¿Qué nadie sabe que cuando un funcionario de la talla de Clinton viaja a cualquier lugar del mundo la inteligencia de ese país llega desde un mes antes a revisar, ver, escuchar e interferir todo? ¿Acaso el Chapo en efecto estuvo ahí, pero para escuchar la propuesta de entregarse en Estados Unidos y convertirse en testigo protegido? ¿La información difundida de que “casi se detiene” al Chapo era para prevenir una posible filtración de la reunión? En fin, nadie sabe, nadie supo. Bueno, sólo algunos de los que somos marinos navegantes…

El dirigente comunitario y defensor de derechos humanos Bernardo Vásquez Sánchez fue asesinado a tiros el 15 de marzo de 2012. Su hermano y su prima, también integrantes de la organización comunitaria que defiende sus tierras y derechos frente a una empresa minera, resultaron heridos. La organización ya había recibido amenazas antes y se temen nuevos ataques.

El 15 de marzo Vásquez Sánchez murió y dos familiares suyos resultaron heridos a manos de unos tres hombres armados, quienes les tendieron una emboscada en una carretera en Ocotlán, Oaxaca. Los hombres dispararon a Vásquez Sánchez por la espalda al menos tres veces, e hirieron a su hermano Álvaro Andrés Vásquez Sánchez en el hombro y a su prima Rosalinda Vásquez, en la pierna. Luego huyeron en un automóvil hacia la localidad de Ejutla de Crespo. Ambos permanecen hospitalizados.

Bernardo Vásquez Sánchez era dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, de la que Álvaro Andrés Vásquez Sánchez y Rosalinda Vásquez son integrantes. La Coordinadora ha estado reclamando sus derechos como propietarios tradicionales de las tierras de sus comunidades frente a una empresa minera.

A la opinión pública; a los trabajadores y las trabajadoras de México; a las organizaciones sociales; y a los medios de comunicación:

Ante un asunto público de grave trascendencia, el 19 de marzo de 2012, el presidente Felipe Calderón se pronunció abiertamente “en contra de la impunidad y a favor de la justicia”, en torno al caso de la ciudadana francesa Florence Cassez.

En su discurso demandó justicia para los padres a los que les han arrebatado a sus hijos. Justicia para los hijos que no volvieron a ver a sus padres, quienes fueron secuestrados o asesinados y justicia para las viudas. Sin embargo, teniendo en sus manos la decisión del rescate de los 63 mineros de Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, en la región de Nueva Rosita, Coahuila, se cobijó en la recomendación pobre y amañada del exsecretario de Trabajo, Javier Lozano, imposibilitando con ello la prevalencia de la justicia que hoy presume exigir y defender.

A pesar de este pronunciamiento, durante su gobierno Calderón jamás acudió a resolver en contra de la impunidad, negligencia, omisiones y corrupción en las que Minera México, de Grupo México, se ha respaldado con respecto del siniestro que costó la vida de 65 mineros. Nunca procuró un real y verdadero acceso a la justicia para las viudas y familiares de los siniestrados en la mina 8 Unidad Pasta de Cochos. Tampoco dio audiencia a las familias y, como lo señalamos en nuestro VI informe 2012, durante su gestión murieron 67 mineros más en la minería del carbón en Coahuila.

Cuesta creerle, cuando en la realidad su proceder en el caso de Pasta de Conchos lo convierte en el protagonista, promotor, defensor de la impunidad y la injusticia, en contra de los mineros del carbón y sus familias.

Dos años y cinco meses han pasado desde el inconstitucional decreto de extinción de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro (LFC), expedido por Felipe Calderón. Más de 6 millones de usuarios de la zona central del país han tenido que sufrir severas afectaciones patrimoniales y constantes fallas en el suministro eléctrico. Y se han revelado, con mayor claridad, las causas reales que dieron origen a esta disposición impuesta por el titular del Poder Ejecutivo.

Es por demás evidente que Calderón recurrió a absurdas mentiras para tratar de convencer a la opinión pública de la “necesidad” de la extinción de este organismo descentralizado. Recordemos que dijo que las tarifas eléctricas eran responsabilidad de los trabajadores agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y que con la extinción de LFC éstas bajarían. Además prometió a la opinión pública que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al tomar el control de la zona central del país atendida por LFC hasta el 10 de octubre de 2009, el servicio público de energía eléctrica sería muy “eficiente”. La realidad que viven millones de usuarios y las cifras oficiales es totalmente opuesta a estas afirmaciones.

A partir de que la CFE tomó el control en la zona central del país inició un calvario para miles de usuarios que han visto llegar en sus recibos aumentos del 300 por ciento o más por el cobro de energía eléctrica. Como público la Auditoría Superior de la Federación, al analizar la Cuenta Pública 2010, la CFE cobró sin revisar medidores (sin tomar lecturas) al 41.1 por ciento de los usuarios de energía eléctrica. También aplicó severos ajustes “al consumo de energía eléctrica de manera deliberada a 47 por ciento de los usuarios en el Valle de México durante 2010”. La Auditoría Superior es un organismo dependiente de la Cámara de Diputados, cuya función es “efectuar revisiones a los tres poderes de la Unión, a los órganos federales constitucionalmente autónomos y, en general, a todas las instituciones públicas que ejercen recursos federales, incluyendo a estados, municipios, e inclusive particulares”.

Se constata así que la administración de la CFE violó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, al estimar en el primer bimestre de 2010, el consumo de energía eléctrica a 17.5 por ciento de usuarios, en el segundo a 6.1 y en el tercero a 17.5 por ciento sin apegarse a los criterios fijados para tal procedimiento (total: 41.1 por ciento de los usuarios).

La CFE está perdiendo terreno en lo que se refiere a la capacidad de generación eléctrica. Como reconoce la Auditoría Superior, la capacidad de generación del sector privado ha tenido un crecimiento mayor al de la CFE, lo que se traduce en privatización de la industria eléctrica en materia de generación, lo que quebranta la norma establecida en el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual prohíbe la participación de particulares en toda la cadena productiva de la industria eléctrica. Esta condición (además de violentar la exclusividad de la nación en materia eléctrica) provoca un daño patrimonial a la nación, en virtud que –de acuerdo con datos de la Auditoría– “la CFE pagó a empresas privadas generadoras de energía eléctrica 74 mil 245 millones 206 mil pesos” para, a decir de ellos, “asegurar la confiabilidad en el suministro”.

De acuerdo con estos datos, en contraste al crecimiento inconstitucional de los particulares, la participación de la CFE en materia de generación muestra una tendencia decreciente: de 97.1 por ciento a 64.1 en el periodo 2001-2010. Este dato revela también que las empresas trasnacionales (particularmente las españolas Unión Fenosa e Iberdrola, la estadunidense lntergen y la japonesa Mitsubishi) controlan el 35.9 de la capacidad instalada de generación eléctrica del país, lo que es una privatización abierta y brutal del sector eléctrico nacional, derivado de los 670 permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía a particulares (como lo publica este organismo privatizador en su portal de internet).

La extinción de LFC y sus impactos a los millones de usuarios del país muestran que esas empresas trasnacionales se están apoderando de toda la cadena productiva de la industria eléctrica: generación, transmisión, distribución y comercialización. Es un hecho innegable que quienes están llevando a cabo los trabajos de operación y mantenimiento de energía eléctrica en la zona, que atendía LFC, son empresas particulares, contratadas por la administración de la CFE en complicidad con los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), para quienes el servicio público eléctrico no es un derecho humano, sino un negocio fabuloso. Por esta razón es pertinente también observar lo siguiente: los ataques de los medios de difusión a la CFE por su ineficiencia en el suministro de energía eléctrica no son para defender los intereses de los usuarios, sino para denigrar a la empresa eléctrica pública del país y, por supuesto, tratar de convencer al pueblo de que la única salida es privatizar el sector eléctrico. Eso es lo que hay de fondo en artículos publicados en diarios como Reforma, el cual recientemente publicó el titulado “Electrocutan a CFE los pensionados”, mediante el cual –entre líneas– se quiere culpar al Contrato Colectivo del SUTERM de la crisis financiera de la CFE (como lo hicieron con el Sindicato Mexicano de Electricistas en el caso de LFC).

Es urgente que los usuarios de energía eléctrica, el movimiento sindical mexicano, los agremiados de base del SUTERM y la opinión pública nos organicemos para detener este proceso de privatización de la industria eléctrica nacional, así como demandar el regreso a sus puestos de trabajo a los 16 mil 599 trabajadores en resistencia del SME.

El Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana debe de entender que los empresarios y el gobierno federal están preparando el terreno para asestarles un golpe mortal y extinguir a la CFE, al entregar en charola de plata la industria eléctrica a particulares. Por ello es necesario que los sindicalizados del SUTERM dejen de seguir haciendo labores de esquirolaje y se retiren de la zona de atención perteneciente al Sindicato Mexicano de Electricistas. El movimiento obrero mexicano debe de demandar la reinstalación de los trabajadores agremiados a este Sindicato, al conformar un frente para detener de una vez por todas la privatización del sector eléctrico.

A dos años y cinco meses del ilegal decreto de extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro, los beneficios esperados por su desaparición no llegan por ninguna parte. Eso era de esperarse, ya que al despedir (y de manera injustificada) a más de 44 mil empleados el servicio se ha deteriorado al igual que sus instalaciones. Desde el primer momento los trabajos programados en todas las áreas de servicio simplemente se dejaron de realizar.

Hacer funcionar subestaciones conocidas como encapsuladas, con un aislamiento compuesto con exafloruro de azufre que sirve como aislante, requiere de todo un protocolo de instalación. Sencillamente se abandonaron. En consecuencia, todo ese costoso equipo de potencia se perdió. Todos los trabajos programados en la rama de la obra civil (y autorizados por las delegaciones correspondientes) no se continuaron.  Las cepas, bóvedas y pozos de visita requeridos en la continuidad de la ampliación en los servicios del departamento de cables subterráneos (en sus tres secciones), se dejaron de hacer. Y ya ni hablar del mantenimiento y puesta en servicio de nuevas instalaciones subterráneas: tampoco se continuaron. Ahora las explosiones de subestaciones subterráneas se dejan ver y sentir (mufas), con el peligro que se expone a los transeúntes. Los trabajos en las líneas de distribución de 23 kilovatios (las líneas que vemos en los postes) ya no se hacen de manera correcta. Y todo lo demás, incluyendo las labores administrativas, también se abandonó. Esos servicios sí eran realizados por los sindicalizados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en la zona central del país. Hoy son clientes de la autollamada “empresa de clase mundial”, la Comisión Federal de Electricidad.

Todo ello por un decreto administrativo de dudosa legalidad decidido por la autoridad ejecutiva (recuerdo que San Agustín decía: “Una autoridad injusta no tiene autoridad”). Los antiguos usuarios sienten en sus bolsillos la ausencia del subsidio que ya no tienen, sino sólo un mal servicio, por lo menos hasta que los trabajadores del SME regresen a laborar. En este país se tienen que cumplir las leyes, como dice el “presidente del empleo”, cada que tiene oportunidad. Sí, el mismo que dejó sin trabajo a más de 44 mil empleados de la industria eléctrica. Tal vez el papa Benedicto XVI le haya recordado a San Agustín.

Estupendo trabajo periodístico el de “Pemex envía 1.2 billones a paraísos fiscales”. La investigación, como otros trabajos presentados por Contralinea, es irrefutable. Por ello, el reconocimiento a quienes hacen posible esta publicación. Es lamentable el actuar de los supuestos servidores públicos, quienes además de causar el empobrecimiento de millones de mexicanos, reciben un salario que los afectados aportamos.

Por su trabajo periodístico una felicitación. Gracias por su labor. Para los funcionarios, “servidores públicos”, que llevan a cabo prácticas irregulares con los bienes y recursos de la mayoría de los mexicanos, el determinante señalamiento de corruptos.

Es una vergüenza lo que sucede en nuestro país. Estoy sorprendido con el reportaje “Pemex envía 1.2 billones a paraísos fiscales”. Si un pobre se roba un guajolote pasa años en la cárcel. Pero, ¿qué sucede con estos hombres que se roban las riquezas nacionales?, ¿por qué consentimos que anden libres?, ¿por qué no pisan la cárcel?, ¿hay justicia en México?

Enorme problema el de la corrupción que padece la paraestatal Petróleos Mexicanos. ¿Quién se beneficia de la importación de gasolina desde hace 35 años en un país petrolero?

De acuerdo con el párrafo sexto del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el petróleo y la electricidad son propiedad de la nación. Y está prohibido que puedan participar particulares en alguna parte de la cadena productiva de ambas industrias.

Por tal motivo, el gobierno federal está violando la norma constitucional al permitir y alentar la participación de particulares en diversas partes de la cadena productiva del petróleo y de la electricidad.

Lo que se tiene que hacer es construir refinerías para que aquí se produzca la gasolina más barata y dejemos de depender de la gasolina estadunidense.

Eso de que se subsidia el precio de la gasolina es inexacto, puesto que como se ha denunciado  –a propósito del 74 aniversario de la expropiación petrolera–, la gasolina que se vende en nuestro país es la más cara del mundo, en función del poder de compra del consumidor.

Debemos de recuperar el control de la llamada petroquímica secundaria, porque ésta es una fuente importante de ingresos: produce pesticidas, herbicidas, fertilizantes y otros artículos como los plásticos, el asfalto o las fibras sintéticas.

Soy médico especialista en hematología y jefa del Banco de Sangre del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, desde hace 18 años. Me ha resultado muy interesante el reportaje “México, incapaz de disminuir índices de mortalidad materna”. Es preocupante que en nuestro país no se termine de abatir la muerte materna y que el Guttmacher Institute nos venga a poner en evidencia. Yo, que vivo la urgencia real de sangre y hemoderivados, sé lo difícil que resulta lidiar con la insuficiencia del tejido fluido y con, al mismo tiempo, la inexistencia de una cultura de donación altruista.

Estoy trabajando con algoritmos de manejo desde el minuto 0 a los 120, con grupos ya establecidos por turno y día festivo, lo cual es obligatorio para evitar que las pacientes pasen de un turno a otro sin que haya personal médico responsable y que dé lugar al teléfono descompuesto, pues por color cada quien sabe lo que le corresponde y debe de hacer. Los algoritmos se encuentran en su identificación electrónica y en su gafete, para que no pase lo de “no lo encuentro”. Con esto se busca abatir los índices de la enfermedad hemorrágica más común de las mujeres en labores de parto: la de Von Willebran (en muchos casos subestimada con trágicas consecuencias). Es necesario que todos los protocolos se sigan puntualmente; desde el control prenatal con historia clínica orientada; búsqueda intencional de esquistocitos; atención oportuna; capacitación a los pasantes de servicio social como un prerrequisito sobre manejo y traslado oportuno; hasta al llegar al hospital ya no enfrentar el “no me toca”. La comunicación debe ser con el grupo que sabe que está asignado y cada uno de sus integrantes tiene tareas específicas, bibliografía, sangre disponible, rastreo de anticuerpos irregulares, fármacos disponibles y no en vitrina. Cuando todo esto se cumpla, abatir la muerte materna en México será entonces una realidad.

Soy, orgullosamente, egresada de la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón, de Saucillo, Chihuahua. Hace ya siete años que concluí mis estudios. Estoy muy agradecida con la institución, el estado y con mis profesores. En cada momento de mi vida tengo presente que me educaron para la vida.

Al leer el reportaje “Normal de Saucillo: más allá del hambre y la violencia”, me transporté a mi vida como estudiante. Gracias por dar la oportunidad de conocer algo de la vida de las saucillas.

Los felicito por el reportaje “La resistencia de las normales rurales”. Muy concreta y fundamental la información que presentan para las nuevas generaciones de normalistas rurales. Es importante que se informen de las luchas del pueblo que los gobiernos corruptos acallan.

Felicidades por la claridad de pensamiento, por la reflexión seria y atinada del artículo “Las profecías de las administraciones panistas”. Comparto la observación de que no se requieren más políticos, sino ciudadanos interesados en la política.

“No hay pruebas contra inculpado por masacre de Villas de Salvárcar”

Las organizaciones firmantes rechazamos de la manera más enérgica las mentiras difundidas en días recientes por autoridades chihuahuenses y federales en el caso de la detención arbitraria y la fabricación de cargos en contra del joven Israel Arzate Meléndez. Las autoridades ya no pueden negar que Israel fuera obligado a realizar una confesión mediante tortura  en una base militar, y ahora se han visto orilladas a mentir públicamente sobre las pruebas que existen en el proceso. Esto en su desesperación por no aceptar su error al detener a una persona que nada tuvo que ver con los hechos de la masacre de Villas de Salvárcar, como lo han reconocido instancias nacionales e internacionales.

Respecto de las declaraciones de Jorge González, titular de la Fiscalía de Persecución e Investigación del Delito de la Zona Norte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, retomadas en la nota “Hay elementos para condenar a señalado en masacre de Villas: fiscal”, de El Diario (16 de marzo de 2012), expresamos nuestro rechazo total ante la falsificación de la información:

El fiscal miente cuando dice que la Fiscalía estatal no utilizó como prueba la confesión arrancada bajo tortura de Israel Arzate Meléndez. En la resolución de vinculación a proceso del 11 de febrero de 2010, la única prueba en la que se sustenta la supuesta participación de Israel en los hechos es en la confesión. Recordemos que la Recomendación 49/2011 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó la tortura, ya que el peritaje de Protocolo de Estambul que le fue practicado a Israel, demostró resultados como quemaduras en amplias zonas de su cuerpo.

Respecto a su mención sobre los testigos, cabe decir que la información referida es falsa, pues en el expediente ningún testigo reconoce a Israel. Además:

1. En relación a la “testigo 10”, estuvo en el juicio de las otras cuatro personas enjuiciadas y que las contradicciones y la manipulación de su testimonio por la Fiscalía es evidente a lo largo de la audiencia; en ningún momento reconoce de manera clara a Israel Arzate como uno de los perpetradores, como se desprende directamente de la grabación del juicio oral.

2. Definitivamente no existen otras dos personas que identificaran a Israel como falsamente lo declara el Fiscal.  Por otro lado, si éste presentara a dos nuevos testigos que afirman reconocerlo después de dos años, resultaría inverosímil ante la ausencia de pruebas en su contra y el hecho de que en estos dos años ningún supuesto testigo ha dicho reconocerlo.

3. En el expediente sí constan los testimonios de los testigos de descargo que estuvieron con Arzate Meléndez en el lugar en el que se encontraba, en el momento en que sucedieron los hechos de Villas de Salvárcar, lo que demuestra que no pudo haber participado en esos hechos.

Cabe denunciar que el gobierno federal reproduce afirmaciones falsas inclusive ante instancias internacionales, como estrategia para encubrir las graves irregularidades en el juicio contra Israel. Así ocurrió en su reciente respuesta a los relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Tortura, sobre independencia de magistrados y abogados, y al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, mecanismos internacionales que han mostrado su profunda preocupación por el caso.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria declaró arbitraria la detención de Israel y exigió al Estado su inmediata libertad.  En su respuesta escrita del 18 de enero de 2012 a una comunicación conjunta de estos mandatos de la ONU, entre otros datos falsos, el Estado mexicano afirma que existen “diversas pruebas” contra Israel además de su confesión, hecho inverosímil, pues si bien existen diversas pruebas de los hechos sucedidos en Salvárcar, ninguna de éstas tiene conexión alguna con él.

Por lo anterior, exigimos a las autoridades e instamos a los medios de comunicación a informar de manera oportuna y veraz sobre este caso de graves violaciones a los derechos humanos de una persona inocente, pues lo dicho influye directamente en la vida de Israel Arzate Meléndez, su familia y en las víctimas de la masacre de Villas de Salvárcar, para quienes también exigimos justicia y la sanción a los verdaderos responsables.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; y Centro Juárez de Apoyo a Migrantes

Solidarios de la Voz del Amate –presos injustamente, adherentes de La Otra Campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, recluidos en el Centro Estatal de Reinserción de Sentenciados 5, de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas– manifestamos:

Los que gobiernan nuestro México sólo se han dedicado a vulnerar los derechos y las garantías individuales y prefabricar delitos a las personas pobres y a los que defienden y reclaman la justicia. Tal es el caso del compañero y preso político Alberto Patishtán Gómez (de la Voz del Amate), quien está cumpliendo una condena injustamente. Los malos gobiernos continúan  vulnerando y han vulnerado una vez más sus derechos, ahora con un traslado injusto, que ocurrió el 20 de octubre de 2011. Hoy en día, Patishtán sigue sufriendo todo tipo de represalias.

Por eso hoy hacemos público que su traslado fue ilegal, porque así declara el juez Quinto de Distrito del Vigésimo Circuito de Tuxtla Gutiérrez.

Exigimos al gobierno federal, que encabeza Felipe Calderón Hinojosa, que tome cartas en el asunto y se logre así el regreso inmediato de nuestro compañero.

Por último, invitamos a todas las organizaciones estatales, nacionales e internacionales a sumarse a exigir la libertad de nuestro compañero y preso político Alberto Patishtán Gómez.

Fraternalmente,