El tapón del Grijalva

Aurelio Morales Posselt * - 10 Abr 2011 a las 12:05 am

Han pasado más de tres años del desastre que hizo desaparecer por entero la comunidad Juan de Grijalva, Chiapas. El lamentable hecho fue aprovechado por el gobierno del estado para poner en marcha el ambicioso proyecto Ciudades Rurales, el cual, lejos de solucionar los problemas, incrementó la confrontación al interior de las comunidades afectadas, la dispersión de sus habitantes y la represión de los movimientos sociales surgidos.

 

En noviembre de 2007, se desgajó un cerro sobre el Río Grijalva, bloqueando su cauce y haciendo desaparecer por completo la comunidad. Este desastre, al que se le sumaron las estrategias de desazolve de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para liberar dicho afluente, mantuvo bajo el agua por más de tres meses a 404 casas de 33 pueblos y 960 mil hectáreas productivas (datos obtenidos de la cobertura que realizó el diario La Jornada durante 2007 y 2008). Ante esta situación, los gobiernos estatal y federal, la CFE y la Conagua, así como Fundación Azteca y Fomento Social Banamex aportaron recursos y llevaron a cabo programas de ayuda para los damnificados. Los gobiernos: el pago de indemnizaciones y la compra de terrenos por debajo de los 100 metros del nivel del mar (nueva zona de riesgo en la costera del Río). La iniciativa pública y privada: la construcción de la Ciudad Rural Nuevo Juan de Grijalva, anunciada como primer “ciudad autosustentable” en el mundo: zona de viviendas que pretende dar hogar a los desplazados por el tapón, así como acercar a habitantes de comunidades lejanas a los servicios y recursos de una población mayor, que, además, se presenta como punta de lanza en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio esgrimidos por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es de aplaudir los esfuerzos y las iniciativas tanto privadas como públicas para ayudar a damnificados, así como toda contribución técnica y financiera que permita erradicar la pobreza. Pero preocupa que esta ayuda se lleve a cabo sin considerar la opinión y necesidades de la población que la recibe, en menoscabo de sus derechos; que se entregue o programe sin dar seguimiento a su utilización o que se abuse de la buena voluntad para cometer fraudes o con el fin ulterior de obtener un beneficio personal. En el caso que aquí se toca, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, tras un trabajo de investigación a partir de visitas desde 2008 a la fecha, ha elaborado un informe en el cual se manifiestan graves irregularidades y conflictos sociales debido al abandono y corrupción en la entrega de recursos y realización de proyectos. Podemos enumerar los siguientes:

Por ello, el gobierno y la iniciativa privada deben realizar mesas de diálogo abiertas con afectados y, en conjunto, dar seguimiento exhaustivo al uso de los recursos aportados. El pueblo también aportó dinero a través de sus impuestos y donaciones. Si queremos que México tome un rumbo de justicia social y legalidad, es necesario que se ponga fin a la criminalización de las organizaciones sociales y al encarcelamiento político, y que todos pongamos atención al desarrollo de asuntos como éste, pues es el reflejo de las situaciones que tienen que vivir los desplazados ambientales. Igualmente conciernen a todo el país las presuntas soluciones, como la Ciudad Rural, pues ésta es parte de un programa más amplio que pretende un eco no sólo nacional, sino mundial. *Integrante del área de difusión de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, AC Fuente: Contralínea 228 / 10 de abril de 2011