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CNDH analizará posible discriminación de autoridades de la UNAM contra estudiantes de la FCPS

CNDH analizará posible discriminación de autoridades de la UNAM contra estudiantes de la FCPS

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que lleva a cabo diligencias para generar las condiciones de diálogo entre las autoridades de la máxima casa de estudios y las estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que se encuentran actualmente en un paro de actividades.

En un comunicado dio a conocer que el 18 de marzo pasado, recibió una queja colectiva de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “en la que exponen hechos que ponen en riesgo su integridad personal, los cuales son susceptibles de investigación, por tratarse de posibles actos que pudieran configurar violaciones a sus derechos fundamentales”.

El órgano agregó que “las universitarias reclaman a las autoridades de distintos planteles no atender sus demandas, a pesar de que señalan que son totalmente legítimas, pues buscan frenar la violencia de género que se ha ejercido en su contra. Refirieren que, derivado de sus reclamos, un grupo de jóvenes realiza un paro pacífico en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; sin embargo, reciben presiones de las autoridades de la UNAM para desistir de su protesta y desocupar el plantel”.

Por ello, indicó que el 20 de marzo visitadoras adjuntas y un visitador Adjunto acudieron a esa institución para allegarse de mayor información, al entrevistar a las estudiantes, así como a las autoridades de la Facultad.

“En ese sentido, la CNDH lleva a cabo las diligencias correspondientes y, en términos de la Ley y su Reglamento Interno, establecerá los conductos y mecanismos que sean necesarios para generar las condiciones de diálogo entre las autoridades universitarias y las estudiantes involucradas, y sean atendidos los planteamientos y denuncias formuladas. Asimismo, realizará la investigación correspondiente para los efectos que haya lugar”.

Aunado a lo anterior, reiteró que es obligación del Estado mexicano en cualquier nivel o instancia pública garantizar la seguridad de las mujeres, “al prevenir, atender y sancionar aquellos actos u omisiones que constituyan algún tipo de violencia en contra de ellas, así como eliminar y erradicar cualquier tipo de discriminación en su contra, además de impartir y procurar justicia en relación a esos actos u omisiones”.