Un Estado sin alternativas

“La justicia y la verdad son un derecho, no un anhelo”. Así se inicia el comunicado preliminar, que con motivo de la audiencia temática sostenida en Washington, D.C., elaboraron las organizaciones civiles  de Coahuila que deliberaron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo de este año,.

Ahí, estos organismos expusieron que la problemática que la familias de personas migrantes de la región viven por el cierre de puertas institucionales para garantizar el derecho a la verdad y a la justicia, son muy serias por la graves violaciones a los Derechos Humanos de las que son objeto.

Pero también argumentaron que su lucha es para visibilizar la existencia de 8 mil 896 cadáveres sin identificar (CNDH, 2/04/2011); 310 fosas clandestinas con mil 230 cuerpos descubiertas entre el 2007 y 2011 (CNDH, 1 /12/2011) además de las casi 50 mil personas asesinadas en estos seis años en la guerra contra la delincuencia organizada.

Asimismo, se informó sobre actos de colusión o inacción de funcionarios públicos en casos de secuestros y desaparición de personas, y problemas de diagnóstico y metodológicos en el área forense en la recolección y análisis e identificación de restos.

A estos datos espeluznantes se sumaron testimonios documentados de la entrega de féretros sellados en México y Centroamérica de ataúdes llenados con tierra o restos de los cuales las familias dudan que sean los de sus seres queridos; las familias se han enfrentado también a problemas como identificaciones incorrectas e información contradictoria que el Estado Mexicano envía a las familias, así como de una Procuraduría General de la República que no recibe a las víctimas y les niega ser representados por personas de su confianza, y que además se dice rebasada y se autolimita para recibir nuevos casos

Asimismo, se informó sobre las prácticas de funcionarios públicos de distintos niveles de Gobierno coludidos con el crimen organizado; en particular, de policías municipales que desaparecen a las personas y/o las entregan a organizaciones de la delincuencia organizada mientras frenan y desarticulan los escasos avances de las investigaciones, al mismo tiempo que la PGR orilla a las familias a entregarles información y dialogar con autoridades que saben que están corrompidas.

Las organizaciones demandantes propusieron a la CIDH que en respuesta a esta emergencia nacional, el Estado Mexicano acepte, entre otras peticiones, la formación de una comisión multidisciplinaria de expertos nacionales e internacionales forenses capaces de rendir cuentas a un grupo evaluador conformado por la sociedad civil y representantes de la CIDH, más la creación de un banco de datos internacional de personas desaparecidas.

Además, propusieron la preservación de los restos no identificados recuperados en el año 2010 y 2011 en San Fernando, Tamaulipas, así como la creación de un mecanismo nacional en México, que facilite el intercambio de información sobre restos no identificados de personas mexicanas y centroamericanas desaparecidas en el País que posteriormente se insertaría en un mecanismo similar regional que extendiera el cruce de información forense a toda la región centroamericana, contando ambos con la participación de integrantes de la sociedad civil en la dirección.

Los integrantes de los organismos civiles enfatizaron que la emergencia no es sólo un problema forense sino de voluntad política para facilitar y garantizar los procesos de justicia involucrados.

Participaron en la audiencia con la CIDH el Equipo Argentino de Antropología Forense; Voces Mesoamericanas; el Comité de Familiares de Desaparecidos de El Salvador; el Comité de Familiares de Desaparecidos de Progreso, Honduras; Acción con Pueblos Migrantes; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila; el CDDH Fray Juan de Larios, A.C. y la Casa del Migrante de Saltillo.

Por otra parte, se presentó el Informe de Misión a México del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Estuvieron con FUUNDEC, Alán García Campos, coordinador Jurídico de la ONU-Derechos Humanos; Santiago Corcuera, expresidente del Grupo de Trabajo de la ONU; fray Raúl Vera López, Diana Iris García, de FUUNDEC, y María del Carmen Galván Tello, titular de la Unidad de Derechos Humanos del Ejecutivo del Estado de Coahuila. Extrañó que el gobernador Rubén Moreira, que prometió acudir, no se presentara.

En el Informe se evidenció la ausencia de información y la falta de respuestas a las víctimas por parte del Estado Mexicano y del Gobierno de Coahuila, la alteración de la información, así como la nula atención en este tema tan candente. El vacío institucional sí es trasparente.