La deuda de Coahuila, al Tribunal

La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrae amparos contra el decreto del Congreso de Coahuila de destinar el ISN al pago de la deuda; Rubén Moreira, gobernador del estado, anuncia estímulos fiscales. “Es una medida electorera”, afirma el abogado Reyes Flores Hurtado

Deborah Castillo

Tras la noticia difundida a mediados de marzo que informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó atraer siete amparos que promovieron empresarios coahuilenses contra el decreto del Congreso de esa entidad, las voces de los ciudadanos comienzan a escucharse con amplio eco en la comunidad nacional.

En el mes de septiembre de 2011, el Congreso local autorizó el pago de la deuda pública a través de diversos instrumentos, entre ellos el Impuesto Sobre Nóminas (ISN), el principal impuesto local. Ante esto, los empresarios acudieron a la SCJN debido a que el tema es de gran importancia, no sólo por el monto de la deuda, que asciende a más de 36 mil millones de pesos, sino porque fue adquirida con movimientos irregulares y falsificaciones.

Reyes Flores Hurtado, representante legal de la Asociación Civil Claridad y Participación Ciudadana, la cual promovió los amparos, indicó: “El hecho de que la Corte atraiga el asunto le da la importancia que merece al planteamiento constitucional. Es un asunto que debe resolverse por el máximo tribunal del país. En términos de comunicación, el hecho de que la Corte haya resuelto la atracción le dio un valor agregado a la controversia, que antes era local y ahora es referencia nacional. Esto da presión al gobierno. Ya es un tema nacional que va a resolver un megafraude y Coahuila es una referencia.”

Flores Hurtado explica que lo que se desea es que el monto que se recaude del ISN no vaya a parar al pago de la deuda, de la cual aún no queda clara su procedencia ni su destino. Indica que para iniciar, es una inconstitucionalidad, debido a que el ISN es un impuesto que grava la riqueza y en este caso, se grava el concepto de nómina. En su inicio, los empresarios lo aceptaron con el acuerdo de generar infraestructura, pero este acuerdo, se violentó al destinar ese monto al pago de la deuda.

La Segunda Sala del alto tribunal aprobó atraer los juicios para pronunciarse sobre la procedencia del amparo indirecto promovido por los empresarios en contra de actos del Poder Legislativo local para subsanar la deuda contraída durante la administración de Humberto Moreira Valdés.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito solicitó a la Corte ejercer su facultad de atracción, luego de que los empresarios impugnaron el decreto 536 publicado el 29 de septiembre de 2011, en el que se autorizó el refinanciamiento de la deuda por 33 mil 865 millones de pesos.

Flores Hurtado confía en que el proceder de los magistrados sea adecuado y positivo. “Los gobernadores están desatados: se han convertido en virreyes opacos y corruptos, y nadie les pide cuentas porque hay una imposibilidad institucional. Nosotros decíamos en el Consejo de la Judicatura que si el poder judicial federal no les pone un alto a los gobernadores no hay nada que hacer en el país”, expresa.

“La autonomía de la Corte federal y su independencia es superior a la de los magistrados locales, que a pesar de que realizan bien su función reciben presiones porque forman parte del círculo político y social. Pero a un ministro de la Corte no lo pueden presionar, porque no tienen ningún interés en Coahuila. Esto es importante porque el tribunal resolverá con una visión independiente”, agrega.

El abogado indica que los actos planteados en los amparos son inconstitucionales, de lo cual no hay duda. “En lo que nos vamos a meter, lo que van a resolver los tribunales, es nuestro planteamiento de legitimación. Si este tipo de actos pueden ser cuestionados o no por un ciudadano, si el ciudadano tiene derecho a ampararse contra un acto de esta naturaleza”.

Esto, debido a que a nivel local, los poderes judiciales siempre actuaron a favor de la administración que hereda la deuda. “El Congreso está con ellos, el gobernador está con ellos. Si Rubén Moreira quisiera, él hubiera impugnado la deuda como gobernador. Cuando los entes de gobierno están coludidos, no tenemos defensa. Aquí se discute si el ciudadano tiene o no ese derecho, y si la Corte resuelve a favor de los intereses de los ciudadanos de Coahuila se cambia la historia del país, porque desde ese momento a los gobernadores y a cualquier otro orden de gobierno se le acabó la oportunidad de arbitrariedad, porque entonces los ciudadanos podremos cuestionar cualquier acto de autoridad que sea contrario a la Constitución, y llevarlo a los tribunales federales. Es un parteaguas en la historia”, afirma.

“Si los ministros de la corte resuelven con el valor histórico que el asunto merece, la historia va a cambiar, y el país va a dar un paso gigantesco en materia de procuración y administración de justicia; lo mas importante, se podrá pedir rendición de cuentas, que ya no quede supeditado todo al ICAI  (Instituto Coahuilense de Acceso a la Información) o al IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información), sino que hay un poder del tamaño de la Corte que respalda al ciudadano que pide cuentas a un gobernador”, apunta.

Medida electorera

El 27 de marzo de 2012, el gobernador Rubén Moreira anunció a los medios de comunicación una serie de estímulos fiscales y reducción de impuestos; indicó que se otorgarán a partir de abril, y firmó la iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda 2012 en la que se incluirá la reducción de varios gravámenes estatales.

Entre los beneficios anunciados está la reducción paulatina a 33 por ciento de la tenencia vehicular, así como la eliminación del cobro por la entrada a parques y museos estatales, además de la eliminación del pago por expedición de placas para bicicleta. Moreira Valdez informó que se darán certificados de promoción fiscal para el pago de Impuesto Sobre Nómina a colegios particulares y para el pago de honorarios a miembros de consejos de administración en las empresas.

Para el representante legal de la AC, esta acción tiene un transfondo. “Es una medida electorera. Lo que va a generar el gobierno es un estímulo fiscal que no modifica en nada la creación del impuesto directo, porque además va a generar estímulos bajo ciertas condiciones. Pero el impuesto, así quede en el uno por ciento otra vez, tiene la misma línea de cuestionamiento. Hay una inconstitucionalidad en el caso del ISN porque está gravando el gasto; la naturaleza de un impuesto es gravar la riqueza, pero aquí se grava la creación de trabajo, se afecta a la generación de mano de obra, y es un gasto. Se grava el egreso que se da por concepto de nómina, y es un absurdo. Los empresarios lo habían aceptado en su momento por un acuerdo no escrito para generar infraestructura, pero lo traicionaron entre productores y gobierno, porque se quiso pagar la deuda con este impuesto, y no era ese su destino”, reafirma.

“Hay impuestos absurdos que se generaron en Coahuila y que lo que están tratando de hacer es una cortina de humo y dar una imagen de bondad que no existe en el tema. Si dicen que van a quitar la cuota de entrada a los parques y museos es un absurdo, ya era ridículo que lo hubieran generado. Ahora resulta una burla que la eliminen. Ahora el gobernador le quiere hacer al redentor, lo que están haciendo es magnificar el problema que habían generado en términos de percepción”.

En donde quieren ver al gobernador del estado tomando decisiones, es en transparentar la deuda de Coahuila: “No podemos permitir que generen cortinas de humo. Nosotros seguimos insistiendo en el tema de los recursos. Cuando Rubén Moreira dice que va a hacer su gobierno transparente y que va a empezar a informar incluso de cada movimiento, está bien, pero nosotros queremos saber qué pasó en el gobierno pasado. Fue un gobierno en el que él también participó; que dependió de un familiar suyo directo; en el que hay señalamientos gravísimos; del que no han querido hasta ahora poner un documento a disposición ni siquiera a las autoridades que se los han ordenado.

“La realidad -especifica el abogado-, es que a Coahuila nada le hace más daño que la deuda que generaron, la cual se pagará en un plazo de 20 años. Ni duplicando todos los impuestos alcanza a impactar el costo de la deuda. Cuatro mil 600 millones de pesos anuales, destinados a pagar la deuda, nos dejarán estancamiento y falta de infraestructura en este sexenio, y otros dos venideros. Sobre la deuda que heredamos es sobre la que queremos cuentas.

“Queremos a los culpables de la deuda, porque el problema no es sólo de dónde vienen los recursos y quiénes falsificaron documentos, también el desvío de los recursos, dónde los gastaron. Si se atrevieron a falsificar documentos para allegarse de recursos ilícitos, ¡qué no habrán hecho para gastarlos!”, expresa.

Este anuncio del gobernador Rubén Moreira no modifica las líneas de amparo que ha manejado Claridad y Participación Ciudadana. “Los amparos se están generando en varias líneas. Uno es el amparo contra el ISN, que trata de atacar la causa de ese impuesto, y otro es el amparo contra el destino del impuesto hacia el pago de la deuda. En ninguno de los dos hay variables en el hecho de que el gobernador va a generar estímulos”.

Para concientizar a la población mexicana respecto a los riesgos de un excesivo endeudamiento estatal, la asociación civil se encuentra realizando la Expo Deuda en diversas plazas de la nación, como en el Distrito Federal, Veracruz, Nuevo León, Quintana Roo y Chihuahua. “Vienen tres sexenios de estancamiento para Coahuila, no se generará nada de infraestructura, que es lo que atrae la inversión. La versión oficial es que el desarrollo del estado no podía esperar, pero en realidad no hay obra que garantice el desarrollo. Existe obra de relumbrón como los puentes, pero no hay infraestructura carretera, parques industriales, educación, lo que tendremos en los próximos 20 años”, indica el abogado.

Sin dar la cara

El 28 de febrero del presente año, Claridad y Participación Ciudadana exigió al gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, solicitar licencia temporal, por la clara omisión y encubrimiento hacia los autores del Moreirazo efectuado en la administración pasada encabezada por su hermano Humberto Moreira. Debido a su negativa de contestar, se prepara otro amparo en este término.

“No estaba sujeto a que si quería contestar o no, es una garantía individual, el derecho de petición está previsto en la Constitución y Rubén Moreira tiene la obligación de contestar, y decir por qué sí o por qué no. Hay una segunda petición: la de audiencia pública. Está garantizada en la Ley de Participación Ciudadana como un derecho autónomo en la que el gobernador está obligado a dar una audiencia pública para ciertos aspectos. Nosotros pedimos una para que explicara el origen y destino de la deuda, y como no contesta, tramitaremos amparos. Es una vergüenza que el gobernador tenga que cumplir su obligación a través de los tribunales”, expone.

Flores Hurtado señala que es evidente que Humberto Moreira debe responder por la excesiva deuda y la manera en que fue contratada. “Aunque es incierto que vaya o no a los tribunales, tiene que ir a la cárcel, porque es evidente que consintió la deuda”

La responsabilidad de Humberto Moreira

El abogado Reyes Flores Hurtado señala que en Coahuila hay un delito que se llama utilización de recursos de procedencia ilícita. “Lo que el gobierno no puede negar, es que el origen de la deuda, al ser ilícita, el recurso es ilícito y se gastó dinero ilícito. Y si el gobierno del estado vino dos años después a legalizar ese recurso, de cualquier manera el delito lo cometieron. Ahí el gobernador Humberto Moreira no puede negar su responsabilidad, porque si bien en el caso de falsificación él defiende que él no fue, el caso es que su gobierno sí se gastó el dinero”.

Una investigación de la Auditoría Superior del Estado evidenció que la contratación de la deuda comenzó a gestarse en el año 2008, cuando era gobernador Humberto Moreira Valdés. Además de que en esta práctica se incluyó falsificación de documentos oficiales y manipulación de información.

Al menos dos financiamientos en los que se detectó falsificación fueron negociados cuando él todavía era gobernador, según las denuncias con número 529-V-DGDFD-461-2011, 529-V-DGDF-460-2011 y 529-V-DDD-350-2011, presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR) el 1 julio y el 28 de septiembre ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en 2011.

En los últimos días de agosto de 2011, el gobierno federal anunció que preparaba demandas por la contratación de créditos bancarios con irregularidades en el gobierno de Coahuila durante el mandato del priísta.

Las presiones recibidas en torno a este tema, obligaron a Humberto Moreira a dejar la dirigencia nacional del PRI, en el mes de diciembre. Ante esto, los diputados federales del PRD y el PAN advirtieron que desde San Lázaro le darían seguimiento a la millonaria deuda de Coahuila para evitar que haya impunidad, pues la renuncia no era suficiente.

En la falsificación de documentos para obtener créditos en Coahuila por hasta 5 mil millones de pesos, con sello y firma de la SHCP, Humberto Moreira dijo que nada tuvo qué ver, ni tampoco el entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero. Sin embargo, dijo que estaba claro que hubo funcionarios que cometieron irregularidades.

Para los últimos días de septiembre, el Congreso de Coahuila aprobó con los votos del PRI y el PRD, así como con el de un diputado independiente (5 en contra del PAN), destinar el ciento por ciento del Impuesto Sobre Nómina para facilitar la renegociación y pago de la deuda.

 El estado tendría que entregar de manera íntegra a sus acreedores lo recaudado bajo el ISN, dado que la deuda, de la cual no se tenía garantía, es de corto plazo. El ISN es el principal impuesto local de Coahuila. Para este año se presupuestó recaudar 482.2 millones de pesos, equivalentes al 16 por ciento de los ingresos propios, estimados en 2 mil 598 millones de pesos.

 En octubre de 2011 se supo que para refinanciar su deuda, el gobierno del estado de Coahuila inscribió en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios 22 créditos con vencimiento a 20 años y un monto conjunto de 32 mil 213 millones de pesos, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esta secretaría precisó que como fuente de pago de los 22 créditos se utilizará el 90 por ciento de los ingresos que correspondan a Coahuila por participaciones federales, hasta 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y el ciento por ciento del Impuesto sobre Nóminas.

 Del monto conjunto de los créditos inscritos para generar nuevas condiciones y evitar el incumplimiento de pagos de la entidad, unos 26 mil 737 millones de pesos (83 por ciento del total), fueron aportados por Interacciones, Banorte, Multiva y Bancomer.

Para el pasado 26 de octubre de 2011, el Senado de la República pidió a la PGR investigar y consignar a quienes resulten responsables de contratar créditos bancarios irregulares en la deuda pública del Gobierno de Coahuila en la gestión de Humberto Moreira Valdés.

Luego de la detención y liberación bajo fianza del exsecretario de Finanzas y director del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila, Javier Villarreal Hernández, el ex dirigente priísta reiteró su llamado a que ese proceso se sujete estrictamente a la aplicación de la ley.