Asociaciones civiles demandan información sobre la “megadeuda” de Coahuila. Consideran irresponsable la petición de olvidar el tema y solicitan se develen a los responsables. “Queremos saber cuál ha sido el destino de ese dinero”, expresa Armando Guadiana, de Claridad y Participación Ciudadana, AC
Deborah Castillo
Ha resultado insultante la petición del secretario de Gobierno de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, al invitar a la comunidad a olvidar el tema de la deuda adquirida en la administración de Humberto Moreira, al argumentar que está garantizado el desarrollo de Coahuila, además de conminar a dar “vuelta a la página” al asunto.
Asociaciones civiles se han manifestado. Con marchas y plantones afuera del Congreso estatal, grupos como Indignados Coahuila y Coah-ctivos levantan la voz para evitar que persista la impunidad. A la fecha no hay ningún funcionario inhabilitado por la autorización de la nombrada “megadeuda”.
La asociación civil Claridad y Participación Ciudadana se encuentra organizando eventos titulados Expo Deuda en los cuales, entre otros puntos, se aborda el endeudamiento de Coahuila.
“Vamos a seguir machacando”, afirma el empresario Armando Guadiana Tijerina, integrante de la asociación. “No haremos caso a lo que dijo Riquelme, que le diéramos la vuelta al asunto, como si fuera una cantidad menor. Pero sobre todo, la manera en que fueron contratados esos créditos. Es una deuda que ya está pesando. Queremos saber cuál ha sido el destino de ese dinero”.
Claridad y Participación Ciudadana organiza eventos para dar a conocer a la comunidad y a medios de comunicación la trascendencia negativa que tiene el endeudamiento en las entidades. Organizó la Expo Deuda Nuevo León y otra en el Distrito Federal, y este mes está planeada la Expo Deuda Veracruz (12 y 13) y Expo Deuda Coahuila, el 19 y 20 de marzo.
En estos eventos se invita a conferencistas a que hablen de los temas de manera franca y puntual, para que los mexicanos dimensionen su responsabilidad de demandar gobiernos justos.
Víctor Alducin, líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Laguna, expresa que el caso de Coahuila es un ejemplo negativo a nivel nacional de lo que se vive en materia económica y social. “La economía del estado gradualmente desembocará en el deterioro. El sector empresarial cada vez se ve más acotado en las inversiones, no sólo no llegan sino que van a huir. Ahora somos uno de los estados más caros, uno de los que tiene mayores impuestos: los nuevos que se publicaron son del 5 por ciento, que abate por completo el 4.5 por ciento de incremento en el salario mínimo.
“Por lo pronto ahí tenemos un diferencial del 0.5 por ciento del costo para todos los ciudadanos que tienen el salario mínimo y los salarios superiores a los mínimos seguramente no van a ser movidos. Esto va a generar desempleo, después inseguridad y luego, sin duda alguna, deterioro del tejido social. Es lo que va a pasar si no tomamos medidas urgentes. Muchos de los estados están anestesiados, la sociedad también, no sabe ni siquiera en que grado de endeudamiento se encuentra”.
Se generará un clima de inestabilidad
Alducin, integrante de Claridad y Participación Ciudadana expresa que no debe olvidarse el tema de la deuda debido a las graves complicaciones que ocasionará a la economía de las familias coahuilenses. “La deuda va afectar a nuestros hijos y nietos, tanto el pago de capital como de intereses, lo cual es escandaloso. La forma en que se obtuvo la deuda es desvergonzada y darle vuelta a la página implicaría impunidad. No podemos permitir que a estas alturas del siglo XXI se estén haciendo formas medievales, que se estén aceptando estos actos impunes y sobre todo porque Coahuila es un ejemplo de lo que puede pasar en toda la República si no tomamos cartas en el asunto.
“Los ciudadanos estamos obligados moral y éticamente a darle continuidad a esto y llevarlo hasta sus ultimas consecuencias. No podemos dejarlo pasar, porque entonces seríamos cómplices por omisión y estaríamos afectando a nuestros hijos, mientras que los hijos y nietos de aquellos que se enriquecieron con este endeudamiento van a vivir en la prosperidad, a pesar de que muchos ciudadanos de Coahuila lo harán en la miseria. Estamos en un punto muy importante en la historia de la nación, donde podemos demostrarle al mundo y al país que ese México violento e impune dejó de existir, para entrar a uno nuevo que sí puede ser honesto, con valores y honestidad”, afirma el líder de la Coparmex.
La deuda asciende a más de 36 mil millones de pesos; durante 20 años se destinarán 4 mil 400 millones de pesos del presupuesto estatal a su pago, lo cual se instituye en la Ley de Egresos.
Con una maestría en economía, Alducin no duda en afirmar que el aumento de impuestos va generar un clima de inestabilidad. “Cuando un estado tiene un déficit fiscal, que no es raro, es común, tiene que recurrir a tres herramientas; buscar mayor endeudamiento para cubrir el déficit, lo cual es imposible para Coahuila, porque tiene calificación negativa; la disminución del gasto corriente, que aunque se ha procurado es muy difícil para este gobierno que tiene que cumplir con compromisos de su partido, no puede despedir personal, ni disminuir gastos, por ejemplo. Y la tercera es el incremento de impuestos. Recurrieron a esto y han dañado a toda la ciudadanía, al empresario que es el generador de empleo y bienestar”, dice refiriéndose al incremento del 1 al 2 por ciento en el impuesto sobre nómina (ISN).
“La creación de nuevos impuestos va a generar que las inversiones huyan, porque el capital es frío, no le importa si Humberto Moreira tuvo razón o no en endeudarse, el capital dice ‘Coahuila es caro, mejor me voy’, y los que están se van. La consecuencia es que a corto plazo vamos a tener más desempleo a falta de inversión, lo que generará inseguridad, deterioro del tejido social y con el tiempo un estado que pudo ser rico se convierte en un uno pobre”.
Añade que tanto la Coparmex Laguna como Claridad y Participación Ciudadana pretenden llevar las manifestaciones, demandas y mesas de información hasta sus últimas consecuencias. “Queremos rendición de cuentas, transparencia. Si hubo actos ilícitos en estos endeudamientos, que sí los hay, ya está demostrado que más de 5 mil millones de pesos fueron solicitados de forma ilícita. Queremos resultados, que se devele la red de complicidad, exigimos acciones por parte de las autoridades federales y estatales”.
A finales de febrero de 2012, el gobernador Rubén Moreira y parte de su gabinete viajaron a Asia a promover al estado. Al respecto, Alducín indica que no se puede promocionar lo que no existe. “Como empresario voy a ofrecer algo que debo de tener, no promesas. ¿Cuántos parques industriales se hubieran podido hacer con ese endeudamiento de 36 mil millones de pesos?, ¿a qué le pueden invitar a un empresario asiático que tiene una cultura completamente diferente? Esa es una simulación, vivimos en un gobierno de simulaciones. No es posible que vayas a ofrecer algo que no tienes. Lo primero que deben hacer los gobiernos municipales y estatales es crear las condiciones necesarias para que lleguen las inversiones. Tenemos que cautivarlos con números francos y objetivos”.
Colusión de poderes
El abogado Reyes Flores Hurtado señala que varios ciudadanos, empresarios y organizaciones civiles han presentado amparos contra la Ley de Egresos, que obliga al pago de la deuda, así como a la tenencia vehicular y contra el ISN. “El objetivo en los juicios de amparo es conocer los documentos que indican el destino de los créditos”, explica, “el Congreso [estatal] indicó que ese dinero se destinó a inversión pública productiva, pero no ha enseñado ningún documento que lo demuestre.
“El gobierno de Coahuila ha hecho todo lo posible por retardar los juicios, por evitar que jueces y ciudadanos tengan toda la información del destino de los créditos. Hemos encontrado muchas actitudes dilatorias que finalmente evitan conocer el destino real de ese dinero. Estamos solicitando a los jueces de distrito que apliquen ya medidas de apremio, incluso contra representantes de los órganos de gobierno que se han negado hasta ahora a ofrecer la documentación relativa”.
Flores Hurtado expresa que en el tema de la deuda hay mucha opacidad. “Esa es la realidad que vivimos en este tema, una colusión de poderes que evidentemente están tratando de proteger a los autores de la deuda. En los juzgados penales fueron complacientes en la forma en que se trató a Javier Villarreal [extitular del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila]. Parece una leyenda urbana que fue detenido”.
El 28 de febrero pasado, Claridad y Participación Ciudadana, entre otras asociaciones, presentaron un documento al Congreso de Coahuila al solicitar una auditoría externa al Poder Ejecutivo en todas sus áreas y la destitución de Armando Plata Sandoval, titular de la Auditoría Superior del estado.
“Es un insulto que a seis meses del escándalo de la deuda nadie haya cuestionado al auditor superior del estado, cuando es evidente que sus omisiones han permitido la impunidad de los responsables. Hasta ahora no hay una sanción administrativa, ningún funcionario inhabilitado o suspendido, en virtud de su participación de fraude a los coahuilenses. Diputados autores de la deuda, porque no los puedo llamar de otra manera, son virtuales candidatos del Partido Revolucionario Institucional a ocupar curules en el Congreso de la Unión, eso es una vergüenza para nuestra sociedad. Por eso estamos pidiendo la remoción del auditor, porque es uno de los principales responsables en solapar y proteger a muchos funcionarios. Ya debería de haber algunos suspendidos e inhabilitados”., dice Flores Hurtado
También se presentó una carta petición al gobernador Rubén Moreira en la que se exige que solicite licencia temporal, por la clara omisión y encubrimiento hacia los autores del “moreirazo” efectuado en la administración pasada (encabezada por su hermano Humberto).
“El gobernador Moreira tiene un conflicto en el interés de la investigación de la deuda. Creo que se debe permitir la investigación hasta sus últimas consecuencias y la única forma de hacerlo es precisamente que Rubén se separare del cargo, para nombrar a un gobernador que tenga la posibilidad de ordenar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias”, afirma Reyes Hurtado.
