Como la mafia, Rosi Orozco impone “pacto de silencio” a sus empleados

Miguel Badillo - 21 Feb 2021 a las 7:00 pm

Las pocas personas que emplea Rosa María de la Garza Ramírez (conocida como Rosi Orozco) en dos refugios para la atención de niños y niñas víctimas de trata, a través de la asociación civil que preside: Comisión Unidos Vs Trata, han sido sometidas a un “pacto de silencio” (al más puro estilo de la mafia siciliana) para impedir que alguno de ellos se atreva a denunciar lo que pasa allí adentro.

Imagen de Rosa María de la Garza Ramírez en una rueda de prensa

De acuerdo con testimonios de personas que han trabajado en esos lugares, de otras víctimas de abusos y maltratos, de familiares de niños y niñas internados en los refugios y de los expedientes judiciales abiertos en la Fiscalía a General de Justicia del Estado de México, ése es el modus operandi de la señora.

 

Extrabajadores indican que cuando ingresaron a laborar a los dos refugios tuvieron que firmar un carta de confidencialidad, mediante el cual Orozco los compromete, bajo amenazas de acusarlos penalmente, de que ninguno revele o denuncie las violaciones a los derechos humanos y los abusos sexuales que se cometen en contra de niños y niñas que son entregados por autoridades de todo el país, como los gobiernos de Coahuila, Morelos, Estado de México y la capital, a la Comisión Unidos Vs Trata. Ello, cuando esta asociación civil está obligada a proteger y cuidar a los infantes; pero, por el contrario, éstos terminan encerrados en un verdadero infierno y sin protección alguna.

 

Con ese acuerdo de confidencialidad, que lo mismo se aplica a la señora que hace el aseo, al chofer, al asistente, la secretaría, la abogada, los encargados de los refugios y hasta la psicóloga, Orozco pretende mantener en la secrecía los delitos que allí cometen cuando debería de haber la mayor transparencia posible, puesto que se trata de restaurar víctimas, como si un pacto entre particulares estuviera por encima de las leyes cuando se trata de delitos graves como la violación sexual y el maltrato de menores de edad.

 

Hasta ahora le habían funcionado las amenazas y el amedrentamiento ejercido desde el poder que le da la presidencia de la Comisión en contra de trabajadores de los dos refugios, en donde se han ocultado graves violaciones a los derechos humanos de niños y niñas, mientras que los empleados han tenido que guardar silencio por “el miedo a la señora Orozco”, a quien la diputada federal panista Adriana Dávila Mendoza la acusa de usar y explotar a los menores de edad víctimas de trata para obtener beneficios económicos.

 

Ese acuerdo de confidencialidad lo confirmó una psicóloga que trabajó en ambos refugios, femenil y varonil, de los que fue despedida después de que se cometieron los abusos sexuales en contra de dos menores de 9 y 11 años, pues Orozco la responsabilizó de no prevenir esas violaciones.

 

En realidad, lo único que hizo Orozco al despedir a la psicóloga fue aparentar haber tomado sus propias medidas drásticas por si la investigación la alcanzaba por los graves hechos que se cometieron, con lo que también desviaba cualquier investigación y por tanto declaraciones que pudiera haber realizado la psicóloga. Con esa acción argumentaría ante la autoridad que además de despedirla, presentó una denuncia penal en contra de los dos menores infractores.

 

La denuncia debió interponerse ante autoridades de la Ciudad de México por estar ubicado el refugio de niños en la alcaldía de Cuajimalpa, pero ante el riesgo de que se hiciera una intensa investigación y se descubriera el maltrato y abuso que sufren los niños y niñas en esos refugios, Orozco decidió, en coordinación con sus abogados, que se interpusiera la acusación ante la Fiscalía General de Justicia mexiquense, en donde la autoridad es más laxa y los ministerios públicos y fiscales son “amigos y aliados de nuestro trabajo”.

 

El personal de la Fiscalía General de Justicia mexiquense “omitió” la inspección visual del lugar de los hechos, pues se asegura que fue en la dirección del refugio en Naucalpan, pero según consta en los informes policiales las fotografías no coinciden con la ubicación que señala la denuncia.

 

Telefónicamente se habló con la psicóloga despedida Miriam Marmolejo, pero explicó que no puede proporcionar información al respecto, porque aun cuando ya no trabaja en el refugio, firmó un acuerdo de confidencialidad y podría tener problemas legales si decía algo sobre su función, el modelo de atención y lo que sucede en esos centros que albergan a infantes y adolescentes víctimas de trata.

 

Curiosamente, se ha tratado de localizar telefónicamente a otras personas empleadas sin que contesten, como es el caso de la abogada Gabriela Morales, quien figura como denunciante en la investigación y se ostenta como la apoderada de la Comisión.

 

Grave omisión de autoridades federales y de la CDMX

 

Los que también han sido negligentes y omisos por no supervisar y auditar esos refugios de menores de edad víctimas de trata, han sido las autoridades de la Secretaría de Gobernación, concretamente la Subsecretaría de Derechos Humanos que preside Alejandro Encinas; Indesol; el gobierno capitalino que encabeza Claudia Sheinbaum, pues esos delitos de violación se cometieron en la Ciudad de México y aquí ni se han enterado; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por no hacer algo al respecto; así como otros muchos organismos que dicen atender los derechos de los niños y niñas en México.

 

Tan no se ha enterado la jefa de gobierno de lo que sucede en esos refugios de la Comisión Unidos Vs Trata, que ha seguido canalizando a menores a los refugios en donde el año pasado se cometieron las violaciones.

 

Aunque uno de los expedientes abiertos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado México (CUA/FVG/VGC/032/191902/20/08), con la causa penal 300/2020 apunta a que hubo una sola violación de un niño de 11 años cometida por dos adolescentes de 15 y 16 años, lo cierto es que otro delito en contra de un niño de 9 años, con la causa penal 299/2020, ha quedado impune porque el Ministerio Público no lo vinculó y por la supuesta apelación que no prosperó, mientras que la autoridad mexiquense no le ha dado continuidad a la investigación para volver a formular la acusación.

 

Ante estos hechos, y según testimonios recabados entre extrabajadores de esos refugios que piden el anonimato por el “acuerdo de confidencialidad”, se presume que posiblemente estas violaciones no han sido las únicas.

 

Cuando Rosi Orozco menciona que los hechos ocurrieron en el predio del Estado de México (Naucalpan), confirma que tenían a niños y niñas conviviendo en el mismo refugio, por lo que se evidencia la falta de un modelo de atención, no sorprendería que haya más casos que no han sido denunciados.

 

En la Comisión Unidos Vs Trata, como lo declaró a Contralínea su presidenta, han hecho hasta lo imposible para que este grave caso de abuso de menores no tenga difusión y todo siga igual. Fue hasta el año pasado que se denunció a los adolescentes de 15 y 16 años por la supuesta agresión. Estos dos jóvenes -ahora detenidos en el Centro de Internamiento Para Adolescentes Quinta del Bosque, ubicado en Zinacantepec, Estado de México- provenían de Coahuila, en donde habían sido víctimas de trata, pero ante la incapacidad del gobierno de ese estado que encabeza el priísta Miguel Ángel Riquelme Solís, quien tenía la obligación de darles protección y acogida, la Fiscalía General de ese mismo estado y la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia decidieron enviarlos al refugio de la Comisión Unidos Vs Trata.

 

El niño de 9 años, quien según su propio testimonio rendido ante autoridades también fue violado sexualmente, aunque su causa penal 299/20 fue desechada por supuesta “falta de pruebas”, proviene de Morelos, en donde el gobernador Cuauhtémoc Blanco tampoco pudo brindarle protección al que había sido víctima de trata en aquella entidad, y la Fiscalía General de Justicia de Morelos decidió entregarlo en 2018 a la Comisión que dirige Orozco.

 

El refugio de varones primero estuvo ubicado en un departamento de Chimalistac, Coyoacán, en donde los responsables de cuidarlos, Luis Armando Campos Flores (exvíctima de trata) y su esposa Samantha sólo trabajaban en el día y entre semana, por lo que en las noches y fines de semana los niños se quedaban encerrados y solos.

 

Sin cámaras de seguridad para vigilar el refugio, una de las víctimas refirió que cuando estaban solos bajaban por las computadoras para ver pornografía, pues tampoco éstas tenían control parental en los dispositivos.

 

Vecinos del edificio donde estaba el albergue escuchaban en las noches y sábados y domingos llantos de niños, por lo que pusieron una queja en la administración del inmueble. Ello, aunado a que el Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado le quitó ese departamento a Rosi Orozco, ésta no tuvo más remedio que mudar a los menores de edad al mismo predio en donde estaba el refugio de niñas, ubicado en Paseos del Bosque, en Naucalpan.

 

Ese refugio del Estado de México está a cargo de Ernesto Bautista Reyes y su esposa Elba Escobar Sánchez, quien junto con sus cuatro hijos conviven con las niñas víctimas de trata en un supuesto modelo inventado por Orozco de “vida en familia”.

 

Ante la negativa de Rosi Orozco de que la violación a los dos niños ocurrió en el refugio de Cuajimalpa, propiedad supuestamente del abogado asesor de Orozco, Samuel González, se contradice con el testimonio del niño de 9 años, quien refiere en su declaración que todos esos abusos “sucedieron en Cuajimalpa y “ya pasaban desde que estábamos en Chimalistac, y Marlene [una cuidadora] se había dado cuenta, pero sólo nos dijo que no anduviéramos haciendo eso”.

 

A pesar de que en la declaración del menor (misma que no se vinculó a proceso) se señala que los hechos sucedieron en ambas ubicaciones de la Ciudad de México, información que también ratifican los adolescentes acusados ante la defensora pública Nancy Carbajal, ante el DIF del Estado de México y los ministerios públicos, la señora Rosi Orozco niega que esto haya ocurrido en la capital del país, porque le preocupa que estas autoridades se encarguen de las indagatorias y pueda ella resultar como responsable por el mal cuidado que tiene de los menores de edad, y con ello pierda el negocio millonario que significa su “cuidado”.

 

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