En México, los medios de comunicación –nacionales y extranjeros– recurren incluso a noticias falsas para tratar de manufacturar un consenso contrario al gobierno de López Obrador. El investigador Aníbal García Fernández observa que ese lawfare tiene por objetivo crear descontento social. Esto, advierte, se concatena con otras estrategias de la alianza político-empresarial –que ha vinculado a los partidos de oposición con empresarios como Claudio X González Guajardo– para desestabilizar a la llamada 4T

En el cúmulo de estrategias que instrumenta el sector empresarial opositor al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una muy destacada tiene que ver con el uso de los medios de comunicación y su constante búsqueda de crear consensos en contra de la administración federal. Al respecto, el doctorante en estudios latinoamericanos Aníbal García Fernández explica que los medios de comunicación son parte del golpe suave y del llamado lawfare, que implican lo que en ciencias sociales se denomina la “manufacturación de consenso”.

Al respecto, el integrante del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica y del Grupo de Trabajo “Crisis y Economía Mundial de CLACSO detalla que esa manufactura del consenso se basa en abordar “cierto tipo de temas constantemente en los medios, ya sea escritos o de radio y televisión, para posicionarle a la audiencia una cierta mirada y una cierta línea, así como temas para que sean éstos los que identifiquen no solamente a personajes de la política –como puede ser el presidente del país–, sino también los principales aspectos negativos que podría haber en este gobierno”.

Como ejemplos, cita la campaña mediática que se desató tras el fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán López en Culiacán, Sinaloa –ocurrido el 17 de octubre de 2019–; así como las informaciones que se generan constantemente en torno a las empresas estatales Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, donde –dice– opera un lobby bastante fuerte y grande que busca también posicionar ciertos temas desde otra óptica. Tal sería el caso de la reforma eléctrica cuya discusión se quiere reducir a un tema del pasado y no al abuso de la iniciativa privada.

“Aquí lo que tenemos es por lo menos dos aspectos: la alianza político empresarial y los medios. Eso es algo que hay que recalcar: no solamente son medios nacionales si no también medios internacionales. Por ejemplo, destacan algunos como The Economist o incluso Bloomberg, que tiene a la periodista estadunidense Shannon O’Neil, que es parte de un think tank y que constantemente –desde antes de que entrara el presidente [López Obrador] en funciones– ya venía delineando algunos aspectos como es: ‘la erosión de la democracia’, y que hasta la fecha sigue haciendo ese tipo de análisis desde Estados Unidos en conjunto con algunos think tanks como el Council on Foreign Relations, que ha estado bastante presente en medios y en eventos en contra del gobierno actual de la nación”, señala el investigador.

El maestro en estudios latinoamericanos recuerda que este tipo de estrategias ligadas al lawfare se han usado desde el periodo de la Guerra Fría: “esta cuestión de ganar las mentes y los corazones de la gente. Ahí, Estados Unidos es uno de los países que ha explorado esto desde el poder duro, o sea de las invasiones militares pero también desde el poder suave, que implica toda esta serie de financiamiento de asistencia para el desarrollo, que ha hecho históricamente la CIA y después la USAID, la NET, en fin una serie de organizaciones e instituciones gubernamentales de Estados Unidos”.

Los ensayos de estas estrategias se encuentran presentes en la historia latinoamericana. Al respecto, el investigador García Fernández dice a Contralínea que “un antecedente que valdría la pena estudiar, por las características que tiene, es el golpe [de Estado] que le hicieron a Jacobo Árbenz [Guzmán] en 1954 en Guatemala. Lo traigo a colación sobre todo porque la serie de pasos que incluyó el golpe a Árbenz fueron justamente éstas: crear malestar en la población y crear condiciones favorables para que el malestar de la población se expresara en distintos ámbitos, por ejemplo en lo económico”. Agrega que igualmente eso pasó mucho más fuerte en el caso del golpe de Estado en Chile, contra Salvador Allende en 1973, “con toda esa política de acaparamiento que hubo para crear escasez”.

En ese contexto, destaca el papel que juegan las noticias falsas o fake news, que en la actualidad para el caso mexicano abundan en medios locales e internacionales. “Por ejemplo, uno de los últimos casos que pasó un poco de largo tiene que ver con esta nota que publicó Bloomberg sobre un estudio que había hecho el Departamento de Energía [estadunidense] y que ese documento no es público, fue una filtración. Y así como ese tipo de elementos hay otros que implican manufacturar el consenso”.

El doctorante en estudios latinoamericanos expone que “la manufacturación de consensos no sería posible sin los medios internacionales pero, sobre todo, también del fortalecimiento de medios a nivel nacional. Esto se complementa con otro aspecto que tiene que ver con las ‘voces autorizadas’ o ‘expertos’ en ciertos temas o áreas de la política nacional e internacional. Ahí, esa mancuerna entre medios y expertos o fundaciones hacen justamente que este malestar y estas noticias falsas se concatenen y tomen un rumbo muy marcado hacia el cuestionamiento de ciertas políticas o cuestionamientos de políticos. Por ejemplo, en este caso del presidente [López Obrador] o incluso de figuras del gabinete, que eso es algo que ha estado por lo menos desde 2018 hasta la fecha”.

—¿La sociedad puede hacer algo para enfrentarse a esta estrategia?

—La mejor forma es contrastar las fuentes. Siempre en la academia nos enseñan este tipo de aspectos, pero ahora es momento de también darle las herramientas a la población en general para que puedan hacer este contraste de fuentes: no quedarse solamente con una visión o con un comentario o una nota de opinión o el titular. Muchas veces –en los últimos años– lo que se ha visto es este tipo de noticias en las cuales el titular no necesariamente expresa el contenido de la nota, y esto también hace que se vaya haciendo esta manufacturación y, sobre todo, desvía la atención o por lo menos llena de noticias falsas a la población en general.

El investigador Aníbal García explica que el contraste de fuentes sí es complicado pero necesario, y que éste comienza con una pregunta: ¿realmente es esto lo que implica esta o aquella política pública? La interrogante, dice, podría aplicarse a cualquier ámbito y como ejemplo cita la reforma eléctrica que impulsa el actual gobierno. “Para el caso de México, ¿realmente implica que el fortalecimiento de la CFE vaya en contra del bienestar general? A partir de este tipo de preguntas uno puede revisar otros medios, periódicos. Incluso, hay algunos medios que ya hacen estos ejercicios que son videos cortos, otro tipo de notas y otro tipo de información que puede ayudar sobre todo a combatir este tipo de noticias falsas”.

Aunque ello le tome más tiempo a los ciudadanos, el maestro considera que contrastar las opiniones e informaciones o, por lo menos, tener dos o tres fuentes diferentes de donde se obtiene la información sirve para crear una opinión más elaborada y con contrastes, y para la población en general puede ser una opción para contrarrestar la infodemia.

Alianza opositora

Acerca de quiénes encabezan las estrategias para debilitar al gobierno del presidente López Obrador, el investigador observa que son sobre todo los actores de la alianza político empresarial, que incluye a los propios dueños de medios de comunicación.

Respecto de los partidos opositores, señala que no es nueva: “en estas últimas elecciones tuvimos el reflejo de una política que ya viene desde hace tiempo, que es esta unión de los tres partidos más importantes en la historia contemporánea de México, que son el PRI, el PAN y el PRD. Tienen un antecedente muy claro que es el del Pacto por México que permitió todas las reformas estructurales en contra de la nación, entre ellas la reforma energética, la hacendaria, la laboral, etcétera. Este tipo de pacto venía ya con algunos atisbos desde antes de 2012, luego en 2018, y en esta última ocasión en 2021, con las elecciones [intermedias] volvieron a unirse ahora bajo el nombre de la alianza Va por México, que intenta hacer un bloque opositor en contra del gobierno actual de la cuarta transformación y de Morena”.

Esta asociación netamente partidaria, indica, “tiene también el otro aspecto de la alianza con el sector privado y con las cámaras empresariales, sobre todo el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex. Un vínculo bastante aceptado, pero que siempre está en constante prueba. La última ocasión fueron las elecciones y al parecer ahora será todo el debate de la reforma eléctrica en el Congreso que se estará llevando a cabo en las siguientes semanas o meses y que constantemente está a prueba”.

—Está el sector empresarial, los propios partidos políticos ya muy identificados –el PRI, el PAN y el PRD–, pero ¿podríamos darle rostro a los que encabezan estás estrategias?

—En cuanto al carácter empresarial que tiene también está oposición, no solamente está Claudio X González con su empresa Kimberly Clark; es también toda la serie de empresas que están aglutinadas en el Consejo Coordinador Empresarial; están las empresas de la Coparmex; y sobre todo están también los empresarios y empresarias que están en el Consejo Mexicano de Negocios, que éste es uno de los que aglutinan a varios de los empresarios que se han beneficiado de los últimos 30 años del Estado y de la política que ha ido sobre todo a maximizar las ganancias de estos empresarios nacionales y también de extranjeros. Aquí destacaría sobre todo el caso de Alberto Baillères, que es uno de los empresarios en el sector minero y que también ha explorado las posibilidades en el sector petrolero. Están también los dueños del grupo Soriana. En fin, son una gran cantidad de empresarios: Cemex, Televisa, Grupo Carso que también tiene su rama empresarial en el sector energético. Son este tipo de empresarios los que velan también por sus propios intereses en un contexto en el cual el gobierno actual lo que ha hecho es ponderar sobre todo la redistribución del ingreso hacia sectores populares y hacia la clase trabajadora en un contexto de crisis económica que no viene de la pandemia, si no que viene de mucho antes, por lo menos desde 2008. Y que se han ido arrastrando una serie de problemas y de contradicciones a nivel de la acumulación de capital y de ganancias en contra del bienestar de clase trabajadora y de la población. Creo que sería este tipo de aspectos los que están en juego ahí, en la actual administración de Andrés Manuel.

—¿En México podría llegarse a la fase de los juicios injustos contra el titular del Ejecutivo, justo en esta tónica de golpe blando?

—Ésa es la pregunta que tanto ustedes como periodistas como varios y varias en la academia nos hacemos. Con otra compañera, con Georgette Ramírez Kuri, hicimos un artículo que justamente explora esta posibilidad: la viabilidad o el allanamiento del camino hacia el lawfare. ¿Qué quiere decir esto?, hay que poner un poco en contexto la situación: por lo menos desde 2004 hasta la fecha, Estados Unidos ha hecho una gran cantidad de financiamiento y una gran cantidad de esfuerzos que han puesto a varias instituciones del Estado estadunidense para crear y generar condiciones para reformar todo el aparato de justicia del Estado mexicano; ha habido varios programas respecto a eso que se han engarzado también con el financiamiento que ha tenido la Iniciativa Mérida. Ahí ya hay un componente militar de toda esta serie de modificaciones que se han hecho al sector justicia, y lo que han hecho básicamente es crear las condiciones mediante las cuales en algún momento se puedan llevar a cabo este tipo de juicios o este tipo de persecución jurídica de políticos y de la política, que es una de las definiciones que tiene este concepto del lawfare. Este tipo de financiamiento y este tipo de reformas que se han hecho al aparato de justicia en México implica también la creación de la fiscalía [FGR] como un organismo autónomo, toda las series de juicios orales que se vienen haciendo en México desde hace tiempo, que contó con un amplio financiamiento para organizaciones e instituciones de las sociedad civil que acompañan este tipo de aspectos. No estoy criticando que los juicios orales no sean en sí mismos benéficos para una justicia expedita sino más bien la posibilidad de que este tipo de armazón jurídico y político sea usado con fines políticos, como se ha visto en el caso de Brasil que tuvieron este tipo de reformas; en el caso de Argentina o en el caso –mucho más grave– que fue el de Ecuador, que hasta la fecha siguen siendo perseguidos varios de los miembros del gobierno de Correa. Creo que están las condiciones dadas para que en cualquier momento se puedan activar toda esta serie de mecanismos que permitan la judicialización de la política”.

—¿Se atreverían a hacer algo así?

—Creo que eso obedecerá justamente a la correlación de fuerzas que existan en la sociedad, en la clase política y en la clase económica. No me aventuraría a dar una respuesta en ese sentido, sino más bien poner en la balanza este tipo de aspectos. El gobierno actual tiene una correlación de fuerzas que ha modificado en términos políticos y económicos con todas las contradicciones que eso trae, porque no está exento de contradicciones, esto también hay que decirlo. Pero, lo que no han podido hacer es esta cuestión de generar el suficiente malestar en la población para quitarle esa base política y esa base popular al gobierno. Esto se mostró el 1 de diciembre en el Zócalo pero también se ha mostrado en otras ocasiones, incluso a nivel de encuestas. Esa parte de generar el malestar y manufacturar ese consenso en contra de las políticas gubernamentales y del presidente no lo han conseguido. Entonces por lo menos ahí, no tienen fuerza política para poderlo hacer y, por otro lado, tampoco tienen una propuesta.

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