Consultas Ciudadanas y la democracia de carne y hueso

Martín Esparza - 07 Ago 2021 a las 7:13 pm

Los detractores de la pasada Consulta Popular que por todos los medios han tratado de descalificar este método de democracia participativa y directa, pasan por alto que alrededor del mundo ha contribuido lo mismo a tirar dictaduras que a evitar conflictos bélicos. Por eso, en México, y más allá de las cifras de participación registradas, no debe considerarse por ningún motivo un fracaso sino un hecho histórico.

Este embrión concebido con la expresión de ciudadanos libres el pasado primero de agosto, representa una justificada preocupación para la derecha que busca por todos los medios que las consultas no se conviertan en una herramienta ciudadana de uso común para legitimar decisiones trascendentes para el país.

Desde hace años, organizaciones sociales y sindicatos independientes como el SME, exigimos que decisiones tomadas de manera autoritaria desde los gobiernos en turno, y que terminaron dañando a la economía, los intereses nacionales y la sociedad en su conjunto como las contrarreformas aprobadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fueran consultadas y discutidas de cara a la nación.

La propia Suprema Corte pasó por alto los millones de firmas que se acompañaron para que interviniera en la esfera de sus atribuciones, en contra de Reformas como la Laboral y Educativa. La respuesta tanto de los ministros del máximo tribunal como de los integrantes del Congreso, fue el silencio cómplice con el Ejecutivo en turno.

Quiénes no alcanzan a ver los alcances de que la Consulta Popular establecida como un derecho ciudadano en el artículo 35 constitucional, se haya por fin materializado pese a los obstáculos que debió enfrentar y los artilugios legales montados en el texto redactado por los ministros de la Corte, para inscribirse en las boletas del Sí o No, sencillamente actúan como comparsas de grupos fácticos que, precisamente, siempre han buscado inhibir la participación de la sociedad en las decisiones cupulares tomadas desde el poder.

Desde hace dos legislaturas se encuentra detenida una iniciativa ciudadana que busca elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad como un Derecho Humano, estableciendo una tarifa social que impida abusos en contra de millones de jubilados y hogares humildes que tras el Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro, emitido por el narcopresidente Felipe Calderón, sufrieron y siguen padeciendo los abusos en los cobros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Estamos seguros que de haberse recurrido a la Consulta Ciudadana, los usuarios de la zona centro del país habrían votado en contra de desmantelar una empresa pública que era propiedad de todos los mexicanos y no de un reducido grupo de facinerosos, como en su momento se hubieran opuesto a que Teléfonos de México como tantas empresas manejadas por el Estado, fueran vendidas –a precio de regalo–, a empresarios afines al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

Fortalecer este mecanismo democrático implica aún el corregir muchas de sus fallas de operación, estableciendo en el ámbito legislativo los cambios que permitan hacerlo más explícito y expedito, que le permitan impulsar una verdadera reforma política de Estado.

Las consultas ciudadanas pueden convertirse en el contrapeso al Ejecutivo que desde hace mucho dejó de ser el Legislativo, poder éste último que ha bloqueado de manera sistemática el ejercicio de un parlamento abierto, para escuchar a los distintos grupos y organizaciones sociales.

En países como Suiza, las consultas ciudadanas son desde hace mucho tiempo, práctica común y en otros como Uruguay y Chile, fueron el motor impulsado por la sociedad para derrocar dictaduras que como la de Augusto Pinochet, buscaban perpetrarse en el poder.

Desde entonces, por ejemplo, los uruguayos han sometido a consulta diversos asuntos nacionales e incluso iniciativas de ley, siendo la nación sudamericana la que más aplica estos instrumentos democráticos.

En Colombia el llamado “plebiscito por la paz”, permitió poner fin a 52 años del levantamiento armado más antiguo del continente y que dejó millones de desplazados y más de 220 mil muertos. El voto mayoritario de la población orilló a ondear la bandera blanca a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

De hecho, solo cinco países latinoamericanos jamás habían aplicado un mecanismo de democracia directa: República Dominicana, Nicaragua, Honduras, El Salvador y México. Ahora, nuestro país se suma a las naciones que otorgan a su sociedad este poder decisión. Por eso, no debe desacreditarse el pasado ejercicio del primero de agosto, sino buscar consolidarlo.

Para los voceros de la derecha el que se diera una participación del 7,11 por ciento de un padrón de 93 millones 686 electores, representa un fracaso, pero el que seis millones y medio de mexicanos enfrentaran todas las trabas y obstáculos para acudir a plasmar libremente su opinión y de manera rotunda en un 97.72 por ciento apoyará el Sí, contra apenas un 1.54 por ciento por el No, habla de un indudable triunfo de la sociedad, porque no se votó por un partido sino por una exigencia para desterrar la impunidad, la corrupción y los abusos cometidos desde el poder.

Y eso a la derecha y sus grupos de presión, intereses creados y medios de comunicación por supuesto que no les conviene. Estos grupos fácticos que crecieron y se fortalecieron a lo largo de seis sexenios de gobiernos neoliberales, les provoca urticaria el que la sociedad avance en el terreno de la democracia participativa, de carne y hueso.

Y si bien es cierto que el camino por recorrer apenas comienza, ya se dio el primer paso y ahora los mexicanos deben tomar conciencia de que la Constitución y los órganos electorales como el INE, les facultan para promover ellos mismos, consultas sobre temas que como ciudadanos les afectan de manera directa, como lo son la integración de los presupuestos de Ingresos y Egresos de la Federación; los programas de infraestructura y las concesiones que se otorguen en materia de energía, agua y, por qué no,  hasta la elección de los ministros de la Suprema Corte, con el aval de la sociedad.

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