Las policías federales y del gobierno de la capital del país, aquel 1 de diciembre cuando Ebrard y Mancera, Peña y Osorio Chong, en la llamada transición de poderes de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y la Presidencia de la República, al tener como factor común a Calderón y García Luna, fueron quienes, disfrazados de civiles y con guante en una mano se identificaron para que los que llevaran uniforme no los atacaran y menos los detuvieran. Ellos fueron los vándalos armados con tubos, sobre todo, para destruir lo que encontraron en la ruta por donde pacíficamente, pero con mantas y gritos de repudio a Peña, se manifestaban los estudiantes para dejar una constancia más de su rechazo a la tramposa sucesión presidencial.
Fotografías, videos y todas las pruebas muestran a esos disfrazados actuando como locos, en verdaderos actos vandálicos con los que trataron de involucrar también a los lopezobradoristas, quienes protestaban en la glorieta del Ángel de la Independencia; fue una emboscada para criminalizar la marcha de los jóvenes (de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Iberoamericana, del Tecnológico de Monterrey, del Instituto Tecnológico Autónomo de México y otras escuelas privadas y públicas), quienes insisten en mantenerse ejerciendo su derecho constitucional de asociarse y reunirse pacíficamente para presentar su protesta contra la imposición peñista, avalada por el Partido Acción Nacional (PAN), el
chuchismo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), los
juniors del Partido Verde Ecologista de México y, obviamente, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
No hay ninguna duda –salvo para la jueza, por consigna de Miguel Mancera y Osorio Chong, con la intervención de Manuel Mondragón– de que el vandalismo del día de la toma de posesión presidencial (que no llegó a más contra Peña Nieto porque Calderón se robó el acto con los gritos que le dedicaron como “¡asesino!, ¡asesino!, ¡asesino!” o “¡borrachín!, ¡borrachín!, ¡borrachín!”, e incluso “¡ratero!, ¡ratero!, ¡ratero!”) fue causado por las policías defeña y federal dañando inmuebles y monumentos.
Fue un vandalismo políticamente premeditado, que usó métodos policiacos que recordaron el halconazo de Echeverría, con resabios del díazordacismo, para atacar al sector estudiantil y buscar atemorizarlo para que no insista en su protesta.
Es un sangriento inicio, persecutorio y de encarcelamiento, para tratar de acabar con la oposición que toma parte, constitucionalmente, en los asuntos políticos del país. Fue un mensaje contra las libertades de expresión. El fantasma de Atenco como continuación del Tlatelolco de 1968; los ataques de 1971, con los halcones, y la repetición del sangriento salinismo que quiso acabar con la participación política.
El peñismo y el mancerismo parecen estar dispuestos a seguir el precedente del 1 de diciembre de 2012. Si así fuere, entonces la nación debe prepararse para un sexenio más sangriento que el de Calderón, que contabilizará como daños colaterales a los civiles que se atrevan a manifestarse contra actos de autoridad. Ya son más de 600 los homicidios en la “era peñista”, con feminicidios, asesinatos de dos madres con sus hijos por alzar la voz y actuar políticamente en Guerrero y Chihuahua. La nación no ha salido del terrorismo policiaco ni de la delincuencia.
En cambio, el peñismo aprieta con Mancera, y todo indica que los poderes fácticos encabezados por Televisa y los poderes fácticos multimillonarios encabezados por Slim, serán los que amartillando las pistolas de la gobernabilidad, impongan la paz de los sepulcros, de las cárceles, de los tribunales nazifascistas y de la brutalidad policiaca. Si lo sucedido ese día es la inauguración del estilo de gobernar a la Atlacomulco (con los Chuayffet en Educación; Murillo Káram en la Procuraduría General de la República; Osorio Chong en Gobernación y Videgaray en Hacienda y Crédito Público), estemos seguros de que los mexicanos seguiremos siendo víctimas del mal gobierno. No hay ningún cambio ni con el PAN ni con el PRI ni el PRD del chuchismo. Peña es más de lo mismo: neoliberalismo económico, más empobrecimiento, más cárceles, menos escuelas, más desempleo. Y represiones contra el malestar político y social.
Los vándalos son las policías (con o sin uniforme) que cobran con cargo al dinero del pueblo, para defender al “señor presidente”, a senadores, diputados, jueces, gobernadores, presidentes municipales y a quienes desgobiernan enfrentados a la democracia directa de las manifestaciones, las huelgas y protestas. Es la delincuencia, las policías, los funcionarios, empleados, empresarios, banqueros y demás élite con sus poderes fácticos, quienes no toleran la crítica, la información veraz ni atienden las demandas populares. Éstos se han apoderado de los órganos administrativos, judiciales y legislativos, al someter a los ciudadanos y, darle vueltas a la tuerca, se embolsan los impuestos, el cobro de servicios y permiten el aumento de precios para beneficio de los monopolios comerciales de los Soriana (que soborna electores), los Walmart (que corrompe para comprar terrenos estratégicos) y Televisa (que desinforma y embrutece a su audiencia).
Ya el peñismo enseñó los dientes. También Mancera, quien sigue actuando como procurador, como ministerio público, como policía. Los dos son la continuación de Calderón y Ebrard, al disfrazar a sus policías de civiles para poner en marcha el vandalismo. Y detener arbitrariamente a ciudadanos para inculparlos ante jueces de consigna.
El vandalismo, pues, fue de las policías a quienes, por omisión –aunque parece más bien con toda la intención– dejaron criminalizar las protestas estudiantiles. Los responsables son Ebrard y Mancera, Peña y Osorio Chong y Calderón con García Luna, que aprovecharon el vacío de poder, el interregno PAN-PRI-PRD, para capturar y encarcelar estudiantes, a quienes les pisotearon sus derechos humanos e ignoraron sus garantías. Atenco reeditado como invocación de 1968.
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*Periodista
Fuente: Contralínea 318 / enero 2013
