El Molino, una depredación arqueológica gradual

Don José ha sido testigo de la destrucción gradual del rancho El Molino. “Lo que se quedó abajo es una cosa increíble. De aquí hasta allá hay un cementerio, un panteón acolhua. Estaban en orden, por categoría, según la clase social. Todos llenos de ofrendas. En los pies o en la cabeza tenían la ofrenda”, dice desde la sala de uno de los 1 mil departamentos que Grupo Sadasi erigió en 1990 sobre 17 hectáreas del rancho, al pie de la nueva obra municipal.

Refiere don José que la destrucción del lugar comenzó con la construcción de la unidad habitacional desde donde habla para Contralínea. “Cuando empezaron a rascar las máquinas era increíble, un rompedero de eso, estaba riquísimo el lugar. Unas piezas de barro negro que brillaban bien bonito. Todo el mundo rascaba. Los trabajadores se llevaban las vasijas, todo lo que encontraban. [Pero el Instituto Nacional de] Antropología  [INAH] no encontró nada”.

Menos de 100 metros separan los antiguos terrenos del rancho San José de la zona arqueológica local Los Pochotes. Área de 9 mil 500 metros cuadrados que desde 1964 resguarda el INAH. En el sitio únicamente se conserva y exhibe el Tecpan que fungía como residencia del tlatoani, espacio para actividades administrativas y de decisión política.

Del resto no se conserva nada. “Ni siquiera se sabe cuánto medía la ciudad antigua”, apunta Echenique March, historiador y secretario general del Sindicato de Investigadores del INAH.

El predio, expropiado para la construcción de un megaproyecto, es parte de la zona arqueológica. “De eso no cabe duda. El Tecpan es sólo la zona nuclear, pero esas construcciones nunca están solas”, afirma otro de los arqueólogos que analizó para Contralínea el documento.

Explica que las zonas abiertas al público como Los Pochotes tan sólo se consideran el núcleo de algo más extenso. “No tendría caso que una estructura de tipo ceremonial como el Tecpan estuviera sola; le rodeaban cosas. Aquí [en alusión a la fotografía] se ve claramente una estructura habitacional”.

Las zonas nucleares abiertas al público están a cargo de un investigador. El experto elabora un plan de manejo en el que especifica qué otras áreas hay que atender y delimita las principales con base en su importancia.

El reconocimiento del material cerámico responde a una hipótesis de trabajo planteada por el arqueólogo, quien nunca reconoce al área como parte de la zona arqueológica: la existencia de cuerpos de agua en el lugar que arrastraron hasta el área excavada son “desechos” de Los Pochotes.

“El hallazgo de materiales cerámicos […], proponemos [que] se debe al hecho [de] que siendo ésta un área baja […] se depositaron muchos materiales de arrastre de la parte alta del cerro; esto parece algo lógico, pues más arriba del área excavada se encontraba el Tecpan de Chimalhuacán, y seguramente en sus alrededores existían áreas habitacionales, cuyos desechos –en gran parte cerámica– fueron rodando en forma natural […]”, indica el Informe técnico parcial del registro estratigráfico en las excavaciones por la construcción del centro cultural Chimalhuacán, Estado de México, elaborado por el INAH-Estado de México.

La hipótesis, refiere Echenique March, “parece más bien una orden de trabajo”.

Sin mayores argumentos, las autoridades de Chimalhuacán declararon que el predio del rancho El Molino carece de valor histórico y artístico. El registro del casco de una exhacienda como monumento histórico y un archivo parroquial lo contradice. Sin la autorización correspondiente, el gobierno municipal se dispone a restaurar el inmueble.

En febrero de 2012 comenzó la construcción de un megaproyecto sobre El Molino, predio de 28 mil 90 metros cuadrados ubicado en la cabecera municipal de Chimalhuacán, Estado de México, que alberga, además de vestigios arqueológicos y estructuras prehispánicas, un inmueble catalogado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como histórico y un área natural con fresnos de por lo menos 700 años de antigüedad.

Un decreto de expropiación publicado el 25 de octubre de 2010, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México, señalaba como causa de utilidad pública “la ampliación, alineación y mejoramiento de la calle El Molino, así como la construcción de un parque urbano, museo local, biblioteca y auditorio municipal, con el objeto de embellecer, ampliar y sanear ese municipio con instalaciones culturales y cívicas para la convivencia social de los chimalhuaquenses”.

El documento, firmado por el entonces gobernador y actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anexa como aval una certificación fechada el 13 de abril de 2010, mediante la que Rosa María Morales Pérez, secretaria del ayuntamiento de Chimalhuacán, consta (sin mayores argumentos o estudios) que El Molino “no está destinado a la prestación de un servicio público y que carece de valor histórico, artístico y/o cultural”.

No sólo los 80 metros que separan al predio de la zona arqueológica local, las fotografías o los hallazgos de reliquias arqueológicas contradicen a Rosa María Morales, sino también a la memoria oral de la comunidad, la Ficha nacional de catálogo de bienes inmuebles históricos del INAH –que con la clave 18031001 acredita al casco del rancho El Molino como monumento histórico– y un archivo parroquial del cual ya no se sabe su paradero.

La etnohistoriadora Antonia Hernández tuvo acceso a él. Durante 4 años revisó 200 volúmenes clasificados en “Defunciones”, “Matrimonios”, “Bautizos”, “Confirmaciones”, “Cofradías” y “Cuadrantes”, que cubrían 320 años de la historia de Chimalhuacán de Atenco, de 1550 a 1870.

En el acervo halló registro del predio. Una hacienda que perteneció a los religiosos dominicos. “Entre 1570 y 1590 solicitaron a la autoridad de la Jurisdicción de Coatepec (alcalde mayor) la autorización para la construcción de un molino de trigo dentro de los terrenos de la hacienda. El molino para trigo era administrado por la autoridad civil porque era de propiedad comunal”.

La investigadora publicó en 2011 el libro Ser chusma: de caciques a ciudadanos, Santa María Xochiaca: vestir jerga, renunciar al “don”, ser libres e iguales, en el que describe a un pueblo singular: “los pedreros regresaron para el último trimestre de 1810 a la cabecera de Chimalhuacán de Atenco con nuevas proclamas. Tras largos meses de ausencia, al reincorporarse, se manifestaron en la plaza del pueblo de Santa María Xochiaca, ubicado a la orilla del Lago de Texcoco, diciendo ante su autoridad que eran libres, tenían derechos y eran iguales. Aunado a ello hicieron saber que no entregarían el tributo correspondiente al último trimestre del año… Exigieron a la autoridad indígena y española ser llamados y reconocidos como indios mestizos o indios ciudadanos sin olvidar el ser tratados como ciudadanos de la nación”.

Según los datos oficiales, Chimalhuacán se fundó hacia el año 1200 después de Cristo, pero a decir de la investigadora Antonia Hernández se podría haber fundado 600 años antes. Formó parte de la confederación de las ciudades-estado acolhuas y fue uno de los sitios tributarios de Texcoco, integrante de la Triple Alianza.

“Chimalhuacán se puede rastrear desde grupos cazadores-recolectores. Se han encontrado restos óseos de mamut, de megafauna. Ya como pueblos establecidos, de manera hipotética, estaríamos hablando del 600 al 610 de la era cristiana”, apunta la etnohistoriadora.

El folleto del museo de sitio confirma la información. En la hoja rala se lee que en el municipio se halló al “Hombre de Chimalhuacán” al que se le asigna una antigüedad de 10 mil 500 años y una defensa de mamut de aproximadamente 10 mil años, los vestigios más antiguos de la Cuenca de México.

En entrevista, la etnohistoriadora Hernández explica que la zona de Chimalhuacán es importante porque era la ruta más directa a la hoy Ciudad de México. “Un lugar de comercio destacado, principalmente por su laguna. El lago le va a permitir explotar el salitre”. También se plantaba maguey, se producía pulque, pólvora, que era controlada por la corona española. “En los ranchos se producía cebada, trigo y tenían ganado mayor”.

Las crónicas recuperadas por los habitantes del municipio en un libro que está en proceso de elaboración, y al que Contralínea tuvo acceso, hace saber que en la historia moderna la exhacienda perteneció a la familia Aceves, donde se curtían pieles y se operaba en el galerón un cine mudo. El primero en Chimalhuacán.

El rancho se vendió a un alemán que criaba vacas. Después, por 12 pesos oro a Luis Legorreta, accionista del Banco Nacional de México; Guadalupe Vílchez, su esposa, vendió la propiedad a la familia Enrique Vainer Girs, que seccionó los terrenos del rancho para la construcción de condominios.

Los documentos, los hechos y la memoria oral acreditan que el predio posee un valor histórico, artístico, arqueológico, ambiental y simbólico para la comunidad. Por ello, los vecinos piden respeto, información y transparencia. Pero a la fecha, sus demandas no han sido escuchadas por el gobierno municipal, estatal ni el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Contrario a ello, los residentes de la zona son constantemente hostigados.

“El gobierno municipal, encabezado por Jesús Tolentino Román Bojórquez, rescató [el rancho El Molino] del abandono para convertirlo en un lugar destinado a la recreación”, sostiene el gobierno municipal en su portal de internet. En la página electrónica oficial da a conocer que construirá el paseo escultórico Pilares de la Identidad Chimalhuacana.

Una colección de cinco personajes, a cargo del artista plástico Alejandro Castro Jiménez, nativo del barrio Xochitenco, del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, que evocará, entre otros, la leyenda de la Sirena, que persiste en la memoria oral y de la que El Molino es objeto.

En el mismo portal, el municipio anuncia la remodelación del casco de la exhacienda de San Juan.

Contralínea solicitó copia de la autorización expedida por el Instituto para tales efectos. El 4 de diciembre de 2012 respondió a través del oficio 401.B(4)137. 2012/2006: “Le informo que este Instituto es competente para normar trabajos en materia de monumentos históricos y arqueología, por lo que no es competente en otorgar permisos para la conservación y/o restauración y/o mantenimiento de la edificación que se encuentra dentro del predio conocido como rancho El Molino”.

Su declaratoria de incompetencia fue rebatida con base en los artículos 6, 7 y 12 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos que establecen que los propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos históricos deberán restaurarlos previa autorización del Instituto correspondiente; que las autoridades de los estados, territorios y municipios, cuando decidan restaurar y conservar los monumentos arqueológicos e históricos, lo harán siempre, previo permiso y bajo la dirección del INAH y que las obras de restauración y conservación en bienes inmuebles declarados monumentos, que se ejecuten sin la autorización o permiso correspondiente, o que violen los otorgados, serán suspendidas por disposición del Instituto competente y, en su caso, se procederá a su demolición por el interesado o por el Instituto, así como a su restauración o reconstrucción.

No obstante los argumentos, el Instituto alegó, el 1 de febrero de 2012, la “inexistencia de la información”.

Fuente: Contralínea 323 / febrero 2013