Calderón impone inquisiciones administrativas

Durante más de tres años, todo en Los Pinos se ha hecho por medio del abuso del poder presidencial, apoyado en las cientos de facultades autocráticas dispersas en el orden jurídico constitucional –por esto urge la máxima reforma, republicana y democrática del Estado– y, con base en la tradición autoritaria metaconstitucional del individuo que ejerce el supremo poder de la federación, es decir, el Poder Ejecutivo, y como si fuera un poder absoluto, casi sexenalmente monárquico, para con sus funciones de jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de las Fuerzas Armadas, casi avasallar a los otros dos poderes (teniendo la incondicionalidad de la cúpula judicial federal: la Suprema Corte) dictar unilateralmente lo que le viene en gana.

El calderonismo, cuya punta de lanza es Maximiliano Cortázar, arremete contra los medios de comunicación, en su modalidad de revistas (semanales, quincenales y/o mensuales), al decretar una inquisición administrativa contra la información, análisis, difusión cultural y, sobre todo, contra las revistas que a sus tareas periodísticas imprimen veracidad en sus investigaciones a cargo de sus reporteros y da hospitalidad al pluralismo de la crítica para, al menos ante sus lectores, exhibir los abusos de poder, errores económicos y despilfarros.

En suma: inquisiciones administrativas consistentes en retirar la publicidad que se les daba a algunas revistas, de plano decretando que a ninguna se le hará partícipe de la publicidad oficial.

El principio de publicidad, para dar a conocer los actos y decisiones de los gobernantes, con la razón y el derecho de todas las voces a juzgar, implica que se den a la publicidad los acontecimientos relevantes de la administración pública, de la legislación y de la administración de justicia, y es tan antiguo como principio de transparencia, que al menos se remonta a su mejor y mayor sistematización expositora en los escritos político republicanos de Immanuel Kant, en su admirable ensayo La paz perpetua, donde se postula que el “Estado no es un patrimonio” del gobernante y sólo la maldad de éste lo hace presumir que es dueño de los recursos políticos y económicos.

Al decretar que la publicidad oficial, para anunciar lo que interesa a los gobernantes que se enteren los ciudadanos, ya no se destinará a las revistas y usará ese millonario presupuesto para la televisión y algo para la radio, Calderón deja de transparentar sus actos y pisotea el derecho a la información para dejar de cumplir con lo dispuesto en el artículo 6 constitucional.

Es una más de las inquisiciones administrativas que ha implantado el calderonismo contra las libertades de prensa. Si Fox fue un patán enloquecido contra los medios de comunicación, en complicidad con su esposa que ha sido vencida en los tribunales cuantas veces quiso imponerle inquisiciones judiciales a las libertades de prensa, Calderón se comporta como un dictadorcillo amparado en el militarismo de los soldados y las policías de ese poder tras el trono que es Genaro García Luna.

Su arrebatada decisión de negar publicidad oficial a las revistas críticas a su mal gobierno, sobre todo, generalizando su inquisición administrativa, tras las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que haga a un lado sus fobias contra la libertad de prensa, es suficiente para iniciar demandas contra la conducta calderonista ante los tribunales nacionales e internacionales.

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