La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para estar atenta y hacer recomendaciones sobre el ejercicio de las libertades, con sus derechos y obligaciones, de los periodistas en los 35 países de América Latina, mantiene una Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que incluye a Canadá y Estados Unidos, sobre el que tiene una investigación y recomendaciones en “el debate que se produce a partir de las denuncias de Edward Snowden y el juicio militarpenal a la soldado Manning, que implican trabas al acceso a la información”. Pero, es a partir de México hacia América Latina donde durante la gestión por terminar de la abogada colombiana Catalina Botero esa Relatoría ha tenido denuncia tras denuncia y problema tras problema, en cuanto a censuras, limitaciones, restricciones y de plano cancelación de la libertad de prensa. Y son señalados Ecuador, Cuba y Venezuela como los Estados donde está más cercada esa libertad, presentando reclamaciones que la Relatoría transformó en recomendaciones a esos gobiernos para que permitan el trabajo periodístico en la prensa escrita, audiovisual, por la radio e internet, si como sostienen sus documentos constitucionales son regímenes democráticos.

En el domicilio de la Relatoría en Washington, Catalina Botero afirmó a la reportera Silvia Ayuso (El País, 26 de julio de 2014) que “esas democracias suponen un mínimo de derechos para todas las personas que viven en esos Estados, y esos derechos corren peligro, sin duda, si no existe la posibilidad de vigilar lo que hacen los poderes públicos y privados, y de discutir abiertamente y controlar a través de esos procesos de control social. Y, sobre todo, la prensa, vigila lo que hacen estos poderes. Un Estado que prohíbe la protesta social, que no establece mecanismos de acceso a la información pública, en el que una persona pueda ser enviada a la cárcel por decir o hacer algo que pueda ofender a un funcionario, o que pueda, literalmente, llevar a la bancarrota a un medio de comunicación crítico para evitar que circulen informaciones incómodas, es un Estado en el cual será imposible que los grupos más desfavorecidos puedan salir a la calle, publicar sus críticas, cuestionar las políticas de gobierno y exigir soluciones reales a sus problemas. Esa voz que es su mejor instrumento, podrá ser fácilmente suprimida”.

Al relevo en la Relatoría entra el uruguayo Edison Lanza, dentro de 3 meses (en octubre), y tendrá una doble tarea: continuar lo hecho por la colombiana y superarlo, atendiendo, con decisiones rigurosas en sus recomendaciones, la crisis de las libertades de prensa, de expresión y de información que están constantemente amenazando la función de los medios de comunicación. Amenazas, incluso, cumplidas, con homicidios de periodistas (en México, durante la última década van más de 70 asesinados en el cumplimiento de su trabajo). En los 35 países, con mayor o menor democracia, reporteros, ante todo; analistas, columnistas críticos, y hasta las instalaciones corren grave peligro. Los censores, que casi siempre son funcionarios que tiran la piedra y esconden la mano, atacan para suprimir la información que, cuando es veraz y contrastada, sustentada en el periodismo de investigación, genera más la ira gubernamental. Y no titubean en utilizar los medios delincuenciales para tratar de silenciar a la prensa y privar de la vida a los periodistas. Magnífico ha sido el desempeño de la relatora que está por entregar su misión al tratar los asuntos de su competencia con imparcialidad y drásticamente, con recomendaciones que se hacen públicas buscando corregir los abusos de los poderes públicos y hasta privados que quieren un periodismo blando.

Cuenta Catalina Botero que su agenda tuvo, y tendrá hasta el final de su tarea, cinco desafíos. “El primero tiene que ver con la violencia contra las personas que ejercen su libertad de expresión. El segundo es el uso del derecho penal como mecanismo de responsabilidad ulterior por el ejercicio de la libertad de expresión. El tercer desafío es la censura indirecta, el uso del poder estatal para premiar a los medios amigos, complacientes y castigar a los críticos. El cuarto es el acceso a la información. Y el quinto, la diversidad y el pluralismo. También hemos impulsado la protección de las radios indígenas, de sectores marginados, para que estén todas las voces ejerciendo la libertad de expresión”. La titular de la Relatoría de la CIDH, Catalina Botero, cumplió con su deber y el saldo es que mantuvo en todo lo alto la bandera de las libertades de expresión en todos los medios de comunicación.

Álvaro Cepeda Neri *

*Periodista

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 Contralínea 399 / 17 agosto de 2014