Obligada a trabajar en condiciones extremas durante un embarazo de alto riesgo, la promotora vecinal Odilia Blanco Ramírez ahora debe sortear las consecuencias del supuesto maltrato laboral: la enfermedad de su hija de siete meses. Además de las malas condiciones laborales, los simpatizantes del Consejo Central de Promotores Vecinales con Dignidad, organización defensora de los derechos laborales de los trabajadores de la Subsecretaría de Participación Ciudadana del DF, denuncian que sufren acoso e intimidación
Para la inconforme, las condiciones extremas en el trabajo fueron las causantes de la laringomalasia grado tres que sufre su hija de siete meses. Pese a informar en tiempo y forma sobre su diagnóstico de embarazo de alto riesgo, la coordinación delegacional de Iztapalapa le ordenó repartir a pie 100 revistas en la Sierra de Santa Catarina. A los pocos días, relata Odilia, el médico le dijo que su embarazo iba peor y que un mal paso sería fatal. Aun así, la jefatura zonal la envió a hacer visitas domiciliarias. Durante una consulta más a la trabajadora se le perforó la fuente.
A sus siete meses de edad, la hija de Odilia requiere dos aplicaciones de Pulmicort con Cámara Aero Chambers Plus y ser vigilada las 24 horas del día. Su enfermedad se caracteriza por el colapso parcial o total de la corona laríngea que impide la inspiración.
Luego de los daños causados a su embarazo, la promotora vecinal le pidió al titular de la subsecretaría su reubicación. La madre expone sus motivos en la circular: “Ello me orilla a insistir en que se me reincorpore en la unidad territorial San Juan Xalpa, mi anterior lugar de trabajo, en la inteligencia de que para atenderla debo estar cerca de algún centro de salud u hospital de zona. Por el contrario, en la Sierra de Santa Catarina, donde laboro, no existen tales condiciones”.
La función de los promotores vecinales es fomentar la participación ciudadana a través del Programa de Regiones Especiales para la Equidad y el Desarrollo Social. Éste tiene a su vez otras estrategias para infraestructura hidráulica, obra pública, vivienda, infraestructura social de salud, empleo, pensión; y la atención mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y madres solteras.
Promocionan el Programa de Participación y Desarrollo Comunitario impartiendo talleres e invitando a actividades deportivas, culturales, educativas y de desarrollo económico. También son parte de las brigadas especiales para entregar vales y placas y realizan actividades en los Módulos de Seguridad Pública y Participación Ciudadana.
Odilia Blanco Ramírez menciona que el 3 de febrero de 2009 solicitó a su coordinación delegacional ausentarse de sus labores por la hospitalización de su hija y se le indicó por vía telefónica que no podía darse “el lujo de faltar”.
Y es que al regresar de su incapacidad fue de nuevo enviada a la Sierra Catarina a entregar vales de leche Liconsa con la niña en brazos. Ella requiere de cuidados todo el día, por eso se ve a Odilia recorriendo colonias o en el módulo con su hija, mientras a la pequeña se le dificulta respirar. En aquella ocasión trabajó hasta las ocho de la noche. Debido al clima, su hija tuvo que ser enviada de urgencia al hospital y el doctor le dijo que debía esperar lo peor. Odilia expresa que se sintió muy impotente, pues ya había pedido su cambio de zona.
Dada de alta la niña, y sin estar del todo recuperada, ella se tuvo que presentar para distribuir talones en la lechería Liconsa más grande de Iztapalapa, que beneficia a 4 mil 800 consumidores. Durante el reparto, la trabajadora tuvo una hemorragia en la matriz, mientras que la niña sufría de fiebre y vómito; no obstante, su jefe inmediato no le permitió abandonar sus actividades.
En caso de haberse negado, expone la promotora, se hubieran cumplido las amenazas: “Ellos me intimidaban con que perdería mi trabajo. Si no cumplía con sus órdenes, me decían que me atuviera a las consecuencias, y yo necesito el trabajo”.
Después de la intervención de la CDHDF, la Dirección Ejecutiva Regional Oriente de la SPC consideró oportuno el cambio de asignación a la unidad territorial 07-094-1 Los Ángeles. El oficio enviado a Ana Gladys Orta Moreno, visitadora adjunta de la Dirección General de Quejas y Orientación de la comisión, indica que se tomó esa decisión en virtud de que Blanco Ramírez tiene su domicilio ahí y eso facilita la llegada a su domicilio y el traslado a la clínica donde es derechohabiente.
Firmado por Norma Guadalupe Hernández Ávila, titular de la dirección, la circular agrega que la vocación de su área es la información y orientación de la ciudadanía de los principales programas sociales, coadyuvar con los procesos de participación, el servicio a la comunidad y la promoción de mejores condiciones de vida para los ciudadanos: “En ello se sustentan los principios de la política social del gobierno del Distrito Federal y los valores que sostienen cada una de nuestras actividades”.
Para el Consejo Central de Promotores Vecinales con Dignidad es alarmante que, aun con la recomendación, el 12 de marzo Odilia fue citada por las coordinaciones delegacional y regional, la encerraron en un cuarto y la amenazaron. “De continuar con el movimiento –se le dijo– se actuaría en su contra”.
Luego de ocurrido su caso, Odilia recurrió a la organización defensora de derechos laborales de los trabajadores de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, de la que ahora es simpatizante. Javier López Ortiz, integrante del consejo, apunta que se pelea la indemnización a Odilia, pues el daño es constante y el peligro latente.
En relación con las condiciones para las trabajadoras, Martha Benítez Estrada, coordinadora del Módulo de Participación Ciudadana de Tacaba, en la delegación Miguel Hidalgo, comenta que “sufren humillaciones, como burlas durante y después del embarazo”. Alega que no se respetan las horas de cuidado materno, pues tienen que cubrir un horario laboral de nueve horas: “Cuando lo reclamamos, nos dicen que tienen que pasar seis meses después de la basificación para tener derecho a eso”.
El Consejo Central de Promotores Vecinales con Dignidad, movimiento que en 2008 logró la basificación de 1 mil 139 trabajadores, denuncia que sufre de intimidaciones y amenazas por parte de coordinadores delegacionales y de zona de la SPC.
El 13 de marzo, un grupo de no más de 10 simpatizantes del movimiento se reunieron frente a las oficinas de la dependencia para manifestarse contra lo sufrido por Odilia Blanco Ramírez. Al llegar, relatan, se les impidió la entrada y llegaron camiones de granaderos: “Fuimos acosados; se nos decía que seríamos golpeados y otros más, despedidos”.
Javier López Ortiz, integrante del consejo, menciona que ha sido amenazado por correo electrónico desde 2007. Los mensajes, describe, contienen advertencias como que deje de “dar lata” porque si no le van a dar “pozo” (meterlo del cuello a la taza del sanitario). También, que conocían cómo contactar a sus hermanos, y que quienes estuvieran con el movimiento desaparecerían.
No sólo él ha sufrido la intimidación. López Ortiz relata que un trabajador de la delegación Cuauhtémoc fue encerrado en uno de los cuartos hasta que no se desistiera de estar en el movimiento.
Efrén Cano Garrido, promotor vecinal en la coordinación de seguridad pública y procuración de justicia en la delegación Miguel Hidalgo, describe que son monitoreados constantemente: “No debería ser así, porque el derecho a organizarse está en la Constitución”.
Adeptos al Consejo Central señalan que se desvirtúa el movimiento, pues dicen que recibe financiamiento de otro partido y bonos para que los compañeros no se sumen. Martín Castillo Nava, coordinador de módulo Q6 de La Navidad, en la delegación Cuajimalpa, agrega que se les acusa de traidores y de no estar con el “proyecto alternativo de nación”. Con ello, expone, los trabajadores se desisten.
Así, por ejemplo, cuentan que se corren rumores donde aseguran que tenemos una demanda judicial y que estamos a un paso de la cárcel. Denuncian que no puedan reunirse, pues se les tacha de “revoltosos” y se les advierte que serán enviados a las zonas más difíciles para realizar su trabajo.
Los promotores refieren que las autoridades argumentan que, debido a la basificación, se dejaron de dar becas del programa Prepa Sí: “Son herramientas de chantaje. Dicen que por nuestra ‘mala espina’ hay jóvenes que no gozan de estos beneficios”. Para López Ortiz, el motivo es la disputa por el control: “Nuestro trabajo territorial tiene que ver con la organización vecinal y sienten que pierden la autoridad sobre la ciudadanía”.
El movimiento, subraya, pelea por la dignificación laboral: “Nos hemos ganado todos los derechos y luchamos por recuperar nuestra posición frente a un patrón”. Enumera que entre las inconformidades que pelean está el que los promotores vecinales tengan que gastar del 30 al 40 por ciento de su salario en compra de materiales y que el mobiliario se deteriore.
También demandan su integración a la sección 21 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal o la creación de la sección 40, pues ningún rango dentro de la organización sindical “incluye lo que hacemos; somos sui generis y ninguno cubre las necesidades de los promotores”.
No obstante, el artículo 14 de las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal advierte que el nombramiento obliga a cumplir al gobierno y a sus trabajadores con los derechos y deberes inherentes al mismo; los trabajadores basificados todavía no gozan de él.
“Ponen en predicamento a los trabajadores porque se valen de ello para mandarlos y controlarlos. No se sabe si es parte del trabajo o abuso de autoridad. Deberían solucionar sus problemas de planeación y entregárnoslos para hacer un trabajo más eficiente y concreto”.
Copia de las demandas interpuestas por 76 promotores vecinales contra el gobierno del Distrito Federal, el 17 de septiembre y el 15 de octubre de 2007, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, expone como tesis: “Los trabajadores al servicio del Estado si demuestran que han venido prestando servicio a la dependencia estatal por designación verbal del titular, tienen acción para demandar la expedición del nombramiento”.
En los oficios, la apoderada Amelia Noriega Gutiérrez anota que algunas cláusulas de los contratos de los demandantes contienen renuncia de sus derechos laborales. Por ello, reitera que es fundamental la designación formal de puesto.
Firmadas por la apoderada Amelia Noriega Gutiérrez, advierten que el artículo 3 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado dispone que el nombramiento permite que al individuo le atribuyan una determinada situación jurídica fijada de antemano en cuanto al tipo de su cargo, sus obligaciones y derechos, la forma de su desempeño, la temporalidad de sus funciones y las protecciones de seguridad social.
“Cuando el titular de la dependencia –explica– designa a una persona para desempeñar un puesto de manera verbal o sin llenar las formalidades necesarias, tal situación irregular no debe perjudicar al servidor ni conducir al desconocimiento de la existencia de esa relación”.
Contralínea solicitó entrevista con el subsecretario de Participación Ciudadana, Jesús Valdez Peña, a través de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Distrito Federal, sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
Demanda contra el GDF
En 2007, 76 promotores vecinales de la Subsecretaría de Participación Ciudadana interpusieron demandas laborales contra el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard. Copia de los oficios dirigidos al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el 17 de septiembre y el 15 de octubre apuntan que se exige por cada uno de los actores:
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