A través de la desincorporación de bienes del dominio público, la administración de Marcelo Ebrard hace uso de la figura jurídica de Sistemas de Actuación para ceder espacios y aprobar proyectos a discreción sin justificar la utilidad pública.
De 2008 a 2010, el gobierno del Distrito Federal ha favorecido con más de 16 hectáreas de la demarcación a Grupo Avalanz, cuyo presidente es Guillermo Salinas Pliego, para desarrollar proyectos administrados por fideicomisos de carácter privado.
Luego de que se anunciara la construcción del Foro-Estadio en la delegación, cientos de vecinos salieron a las calles para expresar su desacuerdo frente a la privatización de los espacios, la falta de consulta y la nula transparencia.
El conflicto se desató con la publicación en la Gaceta oficial del Distrito Federal (GODF) del Acuerdo por el que se Autorizan los Compromisos de la Administración Pública del Distrito Federal en el Sistema de Actuación por Cooperación denominado Foro-Estadio-Azcapotzalco, el 14 de diciembre de 2010.
El documento hace pública la desincorporación de 7.2 hectáreas de un parque (Alameda Norte) y un deportivo en funciones (Deportivo Reynosa), este último con alrededor de 8 mil personas inscritas en alguna actividad y 15 mil visitantes mensuales, según datos de la administración.
El objeto de la desincorporación de los predios –ubicados en Deportivo Reynosa, Eje 5 Norte, y calle San Pablo (Deportivo Reynosa); y en Avenida Deportivo Reynosa, Eje 5 Norte, y calle Matlacóatl (Alameda Norte) en la colonia Santa Bárbara, delegación Azcapotzalco–, de acuerdo con la publicación, es construir y operar un centro urbano de desarrollo comercial, económico, cultural y de entretenimiento: el Foro-Estadio Azcapotzalco.
El proyecto urbano, de alrededor de 650 millones de pesos, se llevaría a cabo entre el gobierno capitalino y la empresa Zignia Live, SA, con razón social Operadora de Espacios Deportivos, SA de CV, también filial de Grupo Avalanz.
En entrevista, Enrique Vargas Anaya, delegado de Azcapotzalco, confirma que la construcción del Foro tenía por objeto dotar de estacionamiento al megaproyecto Arena Ciudad de México, que actualmente se construye en un predio colindante.
Los beneficios a la empresa y el vínculo marital entre Enrique Vargas y Laura Velázquez Alzúa –secretaria de Desarrollo Económico del gobierno de la ciudad y también responsable del Comité Evaluador de Programas de Inversión del Distrito Federal– han suscitado sospechas entre los vecinos. No obstante, el delegado responsabiliza a Ebrard de aprobar los proyectos de inversión: “La firma estampada en el decreto es del jefe de gobierno, no del Comité; el Comité nada más opina”.
Los bienes desincorporados del dominio público del Distrito Federal se aportarían a un fideicomiso privado, el cual, además, ejecutaría las obras y administraría los recursos derivados de la operación, funcionamiento y explotación comercial del Foro.
Para su aprobación, la obra no fue llevada a consulta pública, tampoco se les mostró a los vecinos el proyecto ejecutivo o los estudios de impacto urbano pese a las múltiples peticiones de información a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
Vargas asegura que el proyecto ejecutivo se ha negado porque no existe. Al delegado no le extraña que las autoridades aprobaran la obra sin tener antes los estudios: “En el gobierno del Distrito Federal así se hacen muchos de los proyectos”. Según Vargas Anaya, los inversionistas requieren primero certeza del predio para después iniciar los estudios que marca la ley, incluidos los de impacto urbano.
La afirmación del funcionario se corrobora con dos publicaciones más en la Gaceta oficial. Los impresos decretan la desincorporación de predios para el beneficio de particulares. El Foro-Estadio era apenas uno de los proyectos donde se habría de utilizar el esquema Sistema de Actuación en Azcapotzalco.
El 14 de diciembre de 2010 se imprimió en la GODF el Acuerdo por el que se Autorizan los Compromisos de la Administración Pública del Distrito Federal en el Sistema de Actuación por Cooperación denominado Universidad CNCI/GDF.
Dicho Acuerdo establece que el Comité del Patrimonio Inmobiliario en sesión extraordinaria, en septiembre de 2010, acordó la desincorporación de un predio de 1.2 hectáreas del dominio público del Distrito Federal para su posterior aportación al contrato del fideicomiso privado celebrado con Universidad CNCI de Monterrey, SC, también filial de Grupo Avalanz. El fideicomiso tiene por objeto ejecutar las obras y administrar los recursos.
Sobre el predio, ubicado en calle Cananea L-4, unidad habitacional El Rosario, entre avenida de las Culturas y Avenida del Rosario (antes ejido San Martín Xochináhuac), en la delegación Azcapotzalco, se construirá y operará un “centro educativo integral de alto nivel de educación media, superior, de capacitación y para la población de la tercera edad”.
El centro de espectáculos –considerado el más grande del continente y el foro digital más grande del mundo– contará con una inversión de más de 300 millones de dólares. El diseño está a cargo de KMD Architects, con sede en San Francisco, California.
Con 300 mil metros cuadrados y capacidad para 25 mil asistentes y únicamente espacio para 5 mil autos, rebasará el cupo de la Arena Monterrey (17 mil 599 personas), también de Grupo Salinas, y el del Auditorio Nacional (9 mil 954). Contará, demás, con helipuerto, 124 suites, bares, tiendas, restaurantes, terraza launch VIP.
Publicado en la GODF el 1 de octubre de 2008, el Acuerdo por el que se Autoriza la Participación de la Administración Pública del Distrito Federal en el Sistema de Actuación por cooperación Arena Ciudad de México determina que el gobierno capitalino aportará el inmueble –ubicado en Avenida de las Granjas, 800, Santa Bárbara, delegación Azcapotzalco, con una superficie de 81 mil 487 metros cuadrados– para la construcción y operación de una arena polivalente, edificada y operada por Grupo Súper Espectáculos, SA de CV, también de Grupo Avalanz.
Debido a su magnitud, como los inversores lo señalan, la Arena Ciudad de México impactará en la vida y el paisaje de los habitantes de Azcapotzalco. Sin embargo, el megaproyecto no fue sometido a consulta pública: “No lo requería; nadie lo solicitó”, arguye Vargas Anaya.
El funcionario se deslinda del proyecto. Argumenta que cuando tomó la administración, la Arena ya estaba construyéndose: “Yo no di la autorización. No sé cuál haya sido el convenio entre el gobierno del Distrito Federal y la empresa. No pasó por mis manos ese asunto”.
Sin embargo, el Plan Delegacional de Desarrollo Urbano para la delegación Azcapotzalco (PDDU) –que incluye la construcción de la Arena, entre otros– fue aprobado por la IV Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal cuando Enrique Vargas Anaya fungía como diputado local por el Partido de la Revolución Democrática: “Por supuesto que yo aprobé el Plan de Desarrollo Delegacional y no me arrepiento de haberlo hecho”, dice el ahora delegado.
Vargas explica que la delegación fue definida en el PDDU como un polo de desarrollo estratégico para el Distrito Federal, y aunque no incluía el Foro, sí estipulaba la Arena, los desarrollos inmobiliarios, el reciclamiento del suelo y los cambios de uso de suelo.
Cuestionado acerca de la utilidad pública de las obras, Anaya refiere que la Arena es un proyecto que, en teoría, es de beneficio económico para la comunidad y el Distrito Federal. Reconoce algunos perjuicios con la obra, pero considera que la repercusión económica será “muy importante” para la ciudadanía.
El desarrollo urbano, dice el Dictamen para la Construcción del Polígono de Actuación mediante el Sistema de Actuación por cooperación Arena Ciudad de México, requiere la colaboración de los sectores público, social y privado, para la generación de obras de beneficio social en sectores de escasos recursos.
Jorge Legorreta, doctor en urbanismo, arquitecto y maestro en sociología, niega que la Arena sea de beneficio social: “Es un espacio de entretenimiento masivo de un sector alto de la sociedad”. Por el proyecto, el gobierno del Distrito Federal únicamente recibirá cada año 1 millón de pesos, como lo estipula el documento.
La utilidad pública, en estos casos, dice Fuentes Muñiz, es un tema de responsabilidad de los servidores públicos tanto en el ámbito legal como en el político, pues se otorgan concesiones y bienes públicos a privados en contextos ilegales e irregulares.
Tanto para Legorreta como para el diputado del Partido Acción Nacional Jorge Palacios Arroyo, los compromisos del gobierno de la ciudad con los privados a través de los Sistemas de Actuación son legales en cuanto a que la ley los contempla. No obstante, dicen, se contraponen a la ética.
La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en sus artículos 77, 78 y 79, valida la figura jurídica Sistemas de Actuación para articular la acción de los sectores públicos, sociales y privados con el fin de realizar proyectos urbanos y obras, los cuales pueden ser privados, sociales y por cooperación.
Manuel Fuentes Muñiz, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, señala que los Sistemas de Actuación son un retroceso para la soberanía de la ciudad. El también profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) dice que son figuras violatorias a la Constitución porque permiten la asignación de contratos, convenios o concesiones a discreción.
Fuentes Muñiz puntualiza que previo a la emisión de decretos de esta naturaleza, se deben realizar consultas públicas impulsadas por el gobierno, así como los estudios de impacto y viabilidad. Si no se realizan, no pueden ser legales. “Se confiscan bienes públicos. Un escenario que no se justifica”.
Para Legorreta, también profesor e investigador de la UAM Azcapotzalco, la Ley del Desarrollo Urbano significa el retroceso más importante en democracia urbana.
Pese a que Vargas Anaya plantea que no está de acuerdo con la desincorporación de bienes públicos, especialmente si no se justifica el beneficio a la comunidad, explica que, en estas situaciones, el terreno sigue siendo propiedad del gobierno, una especie de inversión mixta entre la iniciativa privada y el gobierno. “Algo común en la ciudad”, como el caso de los Centros de Transferencia Modal.
La desincorporación de bienes del dominio público violenta la ley, asegura Muñiz, puesto que el gobierno no es el propietario de los bienes. Un proceso de desincorporación requiere de una consulta amplia, consenso de la Asamblea Legislativa e información. “Las fuentes de trabajo no pueden ser a cambio del espacio público”.
El delegado de Azcapotzalco refiere que se tiene que evaluar si es conveniente entregar los terrenos “ociosos” a la iniciativa privada a cambio de renta o mantenerlos “ociosos” como están.
La demarcación con usos de suelo industrial y habitacional posee amplios espacios inhabilitados debido a que los usos industriales decayeron, dice el arquitecto Jesús Sánchez, del Instituto de Políticas del Transporte y el Desarrollo. Señala el experto que la delegación requiere un nuevo uso de suelo mixto que concilie los intereses de los vecinos con los de la ciudad y de los privados.
Legorreta, quien también gobernara la delegación Cuauhtémoc, reflexiona sobre la incorporación de la iniciativa privada en el desarrollo urbano y la visión de privatización de la actual administración. Recalca que es responsabilidad del Estado garantizar con estos proyectos público-privados el beneficio social.
Las protestas en la ciudad por los proyectos privatizadores, con mínimo beneficio público, como la Supervía, dice el urbanista, demuestran que la sociedad organizada ha rebasado la función de los partidos, del gobierno y el ámbito académico. “Un movimiento ciudadano puro”, refiere Fuentes Muñiz.
La acción ciudadana organizada, explica Legorreta, ha cuestionado las políticas privatizadoras de la actual administración; ha tomado mayor responsabilidad, conocimiento y experiencia en cuanto a cómo debería de ser llevada la ciudad, lo que denota un pensamiento avanzado. “El que el gobierno haya dado marcha atrás al foro indica que reconoce el error”.
Debido a la presión social, el 14 de abril, el gobierno de Marcelo Ebrard se comprometió a no construir el Foro-Estadio dentro de la delegación, a reintegrar al dominio público las 7.2 hectáreas desincorporadas y a la publicación del desistimiento antes del 30 de julio en la Gaceta oficial. “A la empresa no le conviene invertir donde va a tener un conflicto”, dice Vargas Anaya.
Sin embargo, al igual que los vecinos, el también asesor de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Fuentes Muñiz, considera que el Foro-Estadio no es un tema acabado, pues ve pocas posibilidades para la cancelación de la obra.
Hoy, la lucha de los habitantes es por el cabal cumplimiento de los acuerdos, porque se abra la información referente a las afectaciones e impactos de las obras como la Arena, se lleven a consulta pública los megaproyectos y por la revisión íntegra del PDDU.
Durante la entrevista, Vargas Anaya dice: “Los vecinos hurgaron en la página de la delegación; descubrieron un estudio”. Y dice que incurrieron en “errores de interpretación”.
Los supuestos errores, la desinformación y los rumores de expropiación que circulan entre los habitantes cercanos a la Arena Ciudad de México han tratado de desmentirse; sin embargo, asegura el servidor público, no lo han logrado del todo porque la ciudadanía de las zonas aledañas está muy atemorizada.
Patricia Enríquez asiste constantemente a las asambleas en el Deportivo Reynosa; vive en zozobra, como ella misma lo describe. En esta ocasión, pide la palabra para mostrar a los vecinos las negativas que recibió como respuesta a las tres peticiones de información pública que hizo.
La señora recientemente construyó su casa a un costado de la Avenida Real de San Martín. Con dos carriles, la vía es única desembocadura para los próximos 25 mil asistentes a la Arena Ciudad de México. Quiere saber cómo se va a afectar su patrimonio. Hasta ahora, no hay instancia que le responda.
El mapeo de las afectaciones por los proyectos establecidos en el PDDU aún no se conoce. Aunque las autoridades se han ocupado en decir a los vecinos que no verán afectado su patrimonio, Contralínea cuenta con copia del oficio GDF/SOS/DGOP/DEEP/0096/2011, en el que Ernesto Palma Coca, director Ejecutivo de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, asegura que habrá afectaciones a predios particulares para la construcción del Eje Vial 4 Norte.
El movimiento surgido en torno a la defensa del espacio público en el Distrito Federal, dice Legorreta, es la muestra de que la ciudad es la gente, no el gobierno, no los planes urbanos, no las leyes en gacetas. Y un gobierno no puede extraviar esta percepción, pues, a decir de Fuentes Muñiz, se estaría permitiendo “un espacio para la derecha”.
Contralínea solicitó entrevista con el jefe de gobierno a través de Dulce Vázquez, de Comunicación Social. Hasta el cierre de edición, ningún funcionario de la administración capitalina dio respuesta a este semanario. También se solicitó entrevista con Guillermo Salinas Pliego, a través de Marisol Sánchez, sin obtener respuesta.
Fuente: Contralínea 237 / 12 de junio de 2011
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