El nuevo presidente estadunidense señala que buscará fortalecer la seguridad nacional de Estados Unidos y, para ello, ha anunciado aumentos significativos en las fuerzas armadas y en los organismos policiacos. Sin embargo, sus erráticas decisiones podrían poner en el mayor riesgo de su historia reciente al país más poderoso del planeta

La Habana, Cuba. Las más recientes decisiones del presidente estadunidense, Donald Trump, a las que importantes medios de prensa califican de improvisadas, no sólo afectan a sectores económicos y al sistema judicial, sino también a segmentos sensibles de la seguridad nacional de ese país.

Trump firmó el 27 de enero una orden ejecutiva con el fin de prohibir la entrada de todos los refugiados durante 120 días, por 3 meses la llegada de ciudadanos de Irán, Iraq, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, y la de inmigrantes sirios de forma indefinida.

Esta medida, bloqueada temporalmente por los tribunales, es vista por expertos como un incentivo al sentimiento antiestadunidense, a las posibilidades de reclutamiento de las organizaciones terroristas y, sobre todo, a quienes optan por realizar acciones violentas contra los intereses de la nación norteña.

Para el especialista Hassan Hassan, coautor del libro Estado Islámico: dentro del Ejército del Terror, la prohibición relacionada con los países musulmanes sin dudas socavará el esfuerzo global de desacreditar a los extremistas.

Por otra parte, la Organización para la Cooperación Islámica, que tiene 57 estados miembros, declaró recientemente que estos actos selectivos y discriminatorios sólo sirven para estimular la narrativa radical de los terroristas.

Esta dinámica tiene lugar tras las declaraciones de Trump de que se alista para derrotar de manera definitiva al Estado Islámico (EI) que, según valoraciones de funcionarios del Pentágono, perdió en meses recientes territorio, disminuyó sus unidades combativas y sufrió un declive en la disponibilidad de recursos financieros.

Analistas estadunidenses estiman que el número de combatientes del EI actualmente asciende a unos 20 mil en Irak y Siria, un descenso significativo comparado con los 36 mil que integraban ese grupo terrorista en 2014, aunque algunas publicaciones especializadas proporcionan otras valoraciones menos optimistas.

Otro elemento que da la razón a quienes consideran que algunas medidas de Trump afectan los intereses de seguridad nacional, es su política hacia Irán, que dio un giro dramático, prácticamente desde que el nuevo gobernante asumió el mandato el 20 de enero pasado.

El deterioro de los nexos con Teherán pone en situación incierta el convenio sobre el programa nuclear de la nación persa, alcanzado entre los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania, y añaden un elemento adicional de inestabilidad en el Oriente Medio.

La nueva administración provocó además tensiones adicionales en Asia, tras las promesas de reforzar la presencia militar y realizar provocadores ejercicios bélicos de gran envergadura con Corea del Sur, los que el gobierno norcoreano considera una amenaza para su seguridad.

A esto se suma la promesa que hizo Trump al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, durante la visita oficial de 2 días de éste a Washington: que la cooperación de defensa entre su gobierno y el japonés será cada vez más fuerte y con el tiempo se volverá “impenetrable”.

Este mensaje lo llevó a la región el jefe del Pentágono, Jim Mattis, a principios de febrero, al ratificar los compromisos estratégicos de Washington durante su visita a Seúl y Tokío.

¿Fuerzas armadas en decadencia?

Para algunos especialistas, estas promesas de apoyo incondicional en el plano bélico a estos y otros aliados en diversas regiones del mundo, no tienen un respaldo material adecuado, ni un aseguramiento presupuestario por parte del Congreso, en consonancia con la envergadura de los planes.

En el plano interno, Trump y su equipo de trabajo enfrentan serias dificultades para implementar las promesas de campaña en relación con el incremento de la disposición combativa y el volumen de las principales unidades de las fuerzas armadas.

Esta institución, de acuerdo con publicaciones especializadas, tiene una situación peor de la que se pensaba y al parecer poco puede hacer el Ejecutivo para mejorar su status.

Según informó el sitio digital Defense News el 7 de febrero pasado, alrededor del 60 por ciento de los cazabombarderos de la Marina estadunidense están hoy incapacitados para volar, porque dejaron de recibir los mantenimientos establecidos o carecen de piezas de repuesto vitales.

Las aeronaves F/A-18 Hornet y Super Hornet, punta de lanza de la aviación a bordo de los portaaviones, se mantienen en tierra porque están pendientes de reparación o simplemente esperan la llegada de las piezas de repuesto que necesitan.

Un total de 1 mil 700 aparatos de combate, patrullaje, transporte y helicópteros de la Armada están en esta situación, casi el doble de la cantidad que habitualmente tiene este tipo de dificultad, de acuerdo con el sitio digital Defense News.

Los medios aéreos del Cuerpo de Infantería de Marina (USMC) están en una situación similar, al mantener en uso aviones que, aunque tienen un alto nivel tecnológico, sufrieron ya el desgaste de más de 15 años de servicio.

Según dijo al periódico Marine Corps Times el general Jon Davis, vicejefe de la aviación del USMC, de los 1 mil 65 aviones y helicópteros del USMC, para el 31 de diciembre pasado estaban operacionales 439, lo que representa poco más de 40 por ciento del total.

Además, la incapacidad del Congreso para aprobar el presupuesto del año fiscal 2017, que termina el 30 de septiembre próximo, también provoca que no exista dinero suficiente para garantizar la disposición combativa de los buques, y peor aún, la disponibilidad de los portaaviones, elementos claves en la proyección de la fuerza hacia ultramar.

La imagen sombría presentada por altos jefes militares y civiles del Pentágono en el Congreso en los últimos días tiene un marcado contraste con el plan ampliamente difundido por la administración Trump de fortalecer los servicios armados.

El Congreso fracasó en su intento por disponer de un presupuesto federal antes del 1 de octubre de 2016, fecha en que comenzó el año fiscal 2017, por lo que tuvo que aprobar resoluciones de continuidad –la última de las cuales está vigente hasta el 28 de abril próximo–.

Estas decisiones provisorias mantienen el flujo de dinero al mismo nivel de períodos anteriores, pero no permiten financiar nuevos proyectos.

Peter Singer, especialista de la organización New America Foundation, con sede en Washington, dijo a la cadena CNN que “los problemas de preparación se deben a una serie de decisiones erróneas: desde las cuestiones presupuestarias del Congreso hasta el hecho de que el Pentágono pronosticara que para este momento ya habría aviones de reemplazo”.

En este contexto, la Casa Blanca deberá aprobar en los próximos meses una nueva Estrategia de Seguridad Nacional, la última de las cuales fue aprobada en febrero de 2016 por el entonces presidente Barack Obama.

Aunque no siempre se elabora una nueva Estrategia de Seguridad Nacional en el primer año de un mandatario en la Casa Blanca, la situación internacional que enfrenta la nueva Administración posiblemente demande la preparación de un texto que esboce cuáles son los objetivos en esta materia, los que hasta hoy están muy dispersos.

Para algunos especialistas, las incesantes declaraciones de Trump a través de las redes sociales –algunos lo llaman el Twitter in Chief– dificultan la conformación de una política adecuada en general, no sólo en las relaciones con el resto del mundo.

Al parecer, por estas y otras razones, la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aseveró recientemente que las políticas agresivas de Trump constituyen un peligro para la seguridad de Estados Unidos y son un ejemplo de ineptitud e incoherencia estratégica.

Roberto García Hernández/Prensa Latina

[BLOQUE: ANÁLISIS][SECCIÓN INTERNACIONAL]

 

 

Contralínea 529 / del 05 al 11 de Marzo 2017