El Programa de Formación Docente de Educación Media Superior (Profordems) presentó un subejercicio del 39.97 por ciento de su presupuesto auditado (608 millones 139 mil 600 pesos), indica El informe de resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El total destinado a este Programa para 2009, a través de la partida 3305, fue de 681 millones 219 mil 300 pesos.
Ahora, la Secretaría de Educación Pública (SEP), presidida por Alfonso Lujambio Irazábal, deberá aclarar el paradero de los 212 millones 87 mil 500 pesos –por concepto de aportaciones efectuadas a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS)– que no se ejercieron. Asimismo, de los 31 millones 29 mil 600 pesos que la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) no devengó. De éstos, 8 millones 139 mil 600 pesos ingresaron a la cuenta del fideicomiso Fondo para el Fomento de la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico de la UPN siete meses después de concluido el ejercicio fiscal.
Ni el Convenio Específico de Colaboración con la ANUIES ni los Lineamientos Internos de Coordinación con la UPN –instancias encargadas de coordinar e impartir el Diplomado en Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior y Especialidades, del Profordems– establecen que el recurso no ejercido debe rembolsarse a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días siguientes al cierre del ejercicio, observa el máximo órgano de fiscalización del país.
De no presentar la documentación justificativa y comprobatoria, la SEP “procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado”, se lee en las solicitudes de aclaración que acompañan a la auditoría financiera y de cumplimiento 09-0-11100-02-0351, identificada como Servicios de Capacitación a Servidores Públicos (profesorado).
Lo mismo tendrá que hacer con los 58 millones 84 mil pesos que la ANUIES, encabezada por Rafael López Castañares, no transfirió a las instituciones de educación superior formadoras por el pago de sus servicios, y con los 80 millones de pesos que la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (Cosdac), dependiente de la SEMS, entregó a dichas instituciones sin “haber demostrado la obligación de efectuar el pago”.
La SEP deberá aclarar, también, en qué se devengaron 10 mil pesos por cada especialidad que la UPN impartió en línea; modalidad que, al no ser presencial, está exenta de gastos de hospedaje, alimentos, cafetería y materiales. Para los auditores, resulta “improbable e ilógico” que el costo de ésta sea igual al de los diplomados de la ANUIES que se desarrollaron en las modalidades presencial y semipresencial.
Respecto de los diplomados que imparte la ANUIES, el informe de la Auditoría refiere la misma opacidad. En este caso, la SEMS no precisó cómo determinó el número de formadores, instructores y profesores ni el costo de este servicio. Además, el precio de los posgrados no fue supervisado ni autorizado, aunque sí aceptado por la Cosdac.
Por lo anterior, el órgano de fiscalización, dirigido por Juan Manuel Portal Martínez, concluye que “se infringieron los criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas”.
José Trinidad Padilla López, presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, y María Teresa Ortuño Gurza, presidenta de la Comisión de Educación del Senado de la República, instan a la SEP y a las instancias involucradas a solventar, conforme a la ley, el destino de los recursos.
“Habría que ver por qué no se ejerció. Supongo que si la ASF está formulando estas observaciones es porque tuvo los documentos a la vista y quiero imaginar que hay elementos para dudar del adecuado ejercicio de estos recursos”, dice Ortuño Gurza, integrante del Partido Acción Nacional.
A partir de su experiencia en la administración pública, la senadora refiere la dificultad para devengar los dineros. A veces “uno tiene que elegir qué toro quiere que lo cornee: el no haberlos ejercido o el ejercerlos de una manera que se puede considerar irregular”.
Trinidad Padilla y Ortuño Gurza se muestran serenos ante el dictamen negativo que mereció esta auditoría: 18 observaciones, 15 recomendaciones, seis solicitudes de aclaración y 12 promociones de responsabilidad administrativa. También Guadalupe Francisco Javier Castellón Fonseca, secretario de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores.
“No es raro que en la administración pública haya recursos sin ejercer. No se puede descartar la negligencia, pero no siempre es así”, dice Trinidad Padilla. Procedimientos burocráticos para bajar el recurso pueden obstaculizar su adecuado ejercicio, explica el militante del Partido Revolucionario Institucional.
Para Castellón Fonseca, es evidente que no se han trasladado recursos, que la ejecución de éstos es muy lenta y que no se han reportado avances, lo que “no es privativo de este Programa”. Se trata de “una manera terrible de operar de las instituciones en México”, justifica el senador.
Lo que sucede con el Profordems es un problema de operación, administración y ejecución de los recursos, considera el perredista.
La ASF detectó también inconsistencias en la normatividad del Profordems y en la operatividad de las entidades encargadas de instrumentarlo.
El Manual de Organización de la SEMS no está actualizado. Además, ni el Manual de Procedimientos Específicos de su Dirección General Adjunta ni el Manual de Organización Interno de la Cosdac han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Lo mismo sucede con la Guía de Operación del Profordems, a la que los auditores le encontraron 14 deficiencias. Una de éstas es que no establece que la SEMS deberá encargarse del seguimiento del convenio de colaboración de la ANUIES y de los lineamientos de coordinación con la UPN.
El Programa carece, asimismo, de mecanismos de gestión y control que lo evalúen, aseguren su operación y den seguimiento a sus avances. Esto puede explicar por qué la Subsecretaría no entregó a la Auditoría la relación de las metas y objetivos que se cumplieron durante 2009.
Se detectaron nueve carencias al Programa de Trabajo para la Formación Docente en Educación Media Superior de 2009, acordado ente la SEP y la ANUIES. Esta última y la UPN no presentaron los informes técnicos trimestrales sobre el desempeño académico de los docentes; la coordinación entre la SEMS y la UPN carece de una comisión técnica; no existe un programa de trabajo entre la Subsecretaría de Educación Media Superior y la UPN; la Cosdac desconoce el número de docentes que acreditan el diplomado y obtienen su certificación.
Lo anterior, apunta el informe de la Auditoría, obstaculizó el logro de los propósitos del Profordems, que forma parte de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS): “Orientar las acciones de formación y actualización docente” y “contribuir al alcance del perfil docente de la educación media superior, constituido por una serie de competencias que el docente debe desarrollar para promover en los jóvenes los valores, habilidades y competencias que les demanda la sociedad actual”.
Vicente Hugo Aboites Aguilar, doctor en educación por la Universidad de Harvard, destaca la gran deserción que tienen los diplomados del Profordems. A decir de los auditores, de los 17 mil 711 docentes inscritos en las diversas especialidades que imparte la UPN, sólo 4 mil 389 (el 24.8 por ciento de su matrícula) concluyeron sus estudios. Asimismo, 8 mil 149 docentes desertaron de la especialidad en competencias docentes.
Si bien la Cosdac no ha presentado reportes que evidencien las causas de tal deserción ni ha emprendido acciones para contrarrestarla, Aboites plantea dos hipótesis: o se debe a los “problemas de planeación de los cursos” o, incluso, a la “poca relevancia que para los profesores tienen estos programas”.
Para el profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, los resultados de esta evaluación muestran la “crisis profunda” que vive la RIEMS, que no es sólo de sus contenidos o de la esencia de sus programas, sino de su propia “gestación”.
“Procesos como el de la auditoría muestran que hay partes que son focos rojos, para que las autoridades tomen medidas de control y corrección y la reforma sea exitosa”, dice el presidente la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.
Contralínea solicitó entrevista con Miguel Ángel Martínez Espinosa, subsecretario de Educación Media Superior, a través de Norma Cruz, responsable de Comunicación de la SEMS. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
Esta cantidad estará finiquitada al término de la quinta generación de la “versión renovada” del Diplomado en Competencias Docentes, que se prevé iniciará en junio, asegura Rafael López Castañares, secretario General Ejecutivo de la ANUIES.
Una vez conocidos los resultados de la ASF, la ANUIES y la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) firmaron el Convenio de Terminación al Anexo de Ejecución, con fecha del 15 de diciembre de 2010, que contempla “capacitar a una quinta generación de docentes, específicamente de los subsistemas descentralizados de los estados, estatales y autónomos”, explica Teresa Sánchez Becerril, directora General de Administración de la ANUIES.
En respuesta a la solicitud de aclaración 09-0-11100-02-0351-03-001 –en la que la ASF pide a la Secretaría de Educación Pública (SEP) “que aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria” del remanente de los 400 millones de pesos que la SEP, a través de la SEMS, entregó a la ANUIES por los “tres diplomados primera, segunda y tercera generación de 2009” que coordinó–, la ANUIES se reunió con las autoridades de la SEMS y con los auditores a cargo.
El plazo para que la ANUIES solvente los tres requerimientos de aclaración que le competen vence la primera semana de junio. “Ellos [los auditores] ya entendieron cuál es la naturaleza del Profordems; que no precisamente se va a ejercer el recurso en el año fiscal que se recibió”, asegura Sánchez Becerril.
A través de una nota informativa, que la ANUIES preparó para la entrevista con Contralínea, la asociación que agrupa a 159 casas de estudio de todo el país manifiesta su posición respecto de las inconsistencias que la ASF detectó.
La auditoría únicamente consideró la información de los dos programas de formación y actualización de la ANUIES: Diplomado en Competencias Docentes en el tipo medio superior (modalidad semipresencial y no escolarizada) y Diplomado de Directores. Esta asociación opera otros proyectos: titulación de profesores del nivel medio superior, diseño e instrumentación de la maestría en innovación en la formación del bachiller (modalidad no escolarizada) y capacitación para los instructores de los diplomados.
Además, no contempló el pago por el uso de la plataforma para la impartición de los diplomados ni sus gastos de administración, que son los únicos dineros que quedan en manos de la ANUIES, acota López Castañares.
Del informe de la ASF, se desprende que la ANUIES únicamente ejerció 187 millones 912 mil 500 pesos, de los 400 que se le asignaron. Solamente para dos proyectos, el de formación de directores y el de competencias docentes, se devengaron 258 millones de pesos, revira esta asociación.
Respecto de los 58 millones 84 mil pesos que, según el máximo órgano fiscalizador, la ANUIES no transfirió a las instituciones de educación superior formadoras, Sánchez Becerril arguye que, en el momento en que la auditoría revisó la información, “teníamos muchísimos documentos y, sobre todo, transferencias de recursos en proceso”.
Para subsanar esta solicitud de aclaración (la 09-0-11100-02-0351-03-002), equivalente al 20 por ciento del costo del diplomado, “sujeto a que el docente se certificara”, se firmó un acuerdo modificatorio al anexo. Dice que “para liberarles ese 20 por ciento, la ANUIES tendría que hacer firmar adendas (apéndices) a los convenios que suscribió con cada una de las instituciones de educación superior formadoras”.
Al 31 diciembre, equivalente a tres generaciones del diplomado, la ANUIES ya había transferido a las instituciones de educación superior el 80 por ciento del recurso, y a partir del pasado enero, comenzó a transferir el otro 20 por ciento, asegura Sánchez Becerril. “Ahorita ya tenemos cubierto, casi en la totalidad, inclusive lo de la cuarta generación”.
—¿Es cierto que ustedes no presentaron los informes técnicos trimestrales sobre el desempeño académico de los docentes? –se le pregunta a los funcionarios de la ANUIES.
—Eso era más bien para la UPN [Universidad Pedagógica Nacional]
—¿Entonces, ustedes sí entregaron esto a la Subsecretaría?
—Totalmente, totalmente –responde López Castañares.
Luz María Solís Segura, directora de Educación Media Superior de la ANUIES, asevera que 40 mil (el 81.6 por ciento) de los 49 mil docentes que han cursado el Diplomado en Competencias Docentes lo han acreditado. Asimismo, que el porcentaje de deserción del mismo es muy bajo: alrededor del 4 por ciento.
El Profordems ha sido un “éxito”, concluyen los funcionarios de la ANUIES. Lo único que falta, y que la ASF también deja de lado, es la evaluación de su incidencia en “la formación de cuadros; que los chicos tengan un mejor aprovechamiento en su formación”.
Actualmente, la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico trabaja en el seguimiento de los trabajos de los docentes graduados: “Que estén llevando a cabo todas esas innovaciones, todos esos cambios en el aula”, dice Solís Segura.
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