Las administraciones panistas de Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada han invertido más de 50 mil millones de pesos en la construcción de represas. Los proyectos que se levantan en Jalisco, Nayarit, Guerrero, Sinaloa, San Luis Potosí, Guanajuato, Oaxaca y Sinaloa son financiados a través de los presupuestos asignados a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Federal de Electricidad. Grupos ambientalistas aseguran que estos grandes diques se han convertido en un modelo de negocios que desplaza a poblaciones enteras y daña el ambiente. Ante resultados irregulares, el Banco Mundial suspende financiamientos
Son 11 grandes represas las que se levantan y proyectan a lo largo del país, las mismas que significarán al erario más de 53 mil millones de pesos al concluir el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. “Un nuevo modelo de negocios” de las administraciones panistas, opinan ambientalistas.
Datos oficiales de las comisiones Nacional del Agua (Conagua) y Federal de Electricidad (CFE) revelan que desde que inició el gobierno de Vicente Fox, y hasta concluir el de Felipe Calderón, las administraciones del Partido Acción Nacional invertirán 53 mil 984 millones 822 mil 700 pesos en la construcción de presas para suministro de agua y centrales hidroeléctricas.
La Parota, el proyecto más ambicioso de este sexenio, desplazaría a más de 25 mil habitantes de 36 comunidades de Guerrero. Esta hidroeléctrica, que se edificará sobre el cauce del Río Papagayo, costará a las administraciones federal y estatal 11 mil 187 millones de pesos. Apenas el mes pasado, la CFE anunció que lanzará la licitación en 2011, a pesar de que legalmente no puede construirse aún porque los campesinos no han aceptado vender sus tierras.
Con una inversión de 10 mil millones de pesos, le sigue la presa La Yesca. Informes de la paraestatal del sector energético indican que ésta tiene, al primer semestre de 2010, un avance del 80 por ciento en su infraestructura, y entrará en funcionamiento en 2012.
El Cajón es el tercer proyecto en importancia económica, pues su financiamiento costó al erario 9 mil 360 millones 822 mil 700 pesos. Herencia de la administración foxista, el gran dique tardó 54 meses en ser construido sobre el Río Santiago, en Nayarit, por la CFE.
El modelo de negocio
No obstante las inversiones millonarias, los megaproyectos son cuestionados por organizaciones ambientalistas. Astrid Puentes Riaño, representante de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), dice que la construcción de las represas en el mundo se ha convertido en un modelo de negocios.
“El objetivo principal es ganar más dinero. No se incluyen los impactos sociales ni ambientales. No importa si se cumplen o no las normas. Hoy en día, el interés principal es cómo hacer para tener más ganancia económica”, expresa la representante en México de AIDA.
El informe Grandes represas en América. ¿Peor el remedio que la enfermedad?, de AIDA, indica que, en la actualidad, hay proyectadas o en construcción más de 300 grandes represas en el hemisferio. La mayoría de éstas podría generar impactos negativos, como destrucción de ecosistemas importantes, desplazamiento forzado de personas y comunidades, contaminación de ríos por metales pesados, aumento en enfermedades transmitidas por la mala calidad del agua e insectos, pérdida de fuentes de alimentación y formas de vida; producción de gases de efecto invernadero, e incluso impactos sísmicos.
Gustavo Castro, director de la organización ambientalista Otros Mundos, añade que el gobierno mexicano fomenta el mercado de carbono e incorpora al país a una dinámica “mercantil”, donde los mecanismos de desarrollo incluyen la construcción de presas y, como consecuencia, la privatización de la generación y distribución de energía eléctrica.
Observaciones a La Yesca y El Cajón
El estudio Historias de una cuenca generosa: dos proyectos inviables en el Río Santiago –elaborado por Cindy McCulligh, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, AC– indica que las presas El Cajón y La Yesca tendrán deficiencias en su funcionamiento debido a la acumulación de estas construcciones sobre el mismo cauce del Río Santiago.
En la subregión Bajo Santiago se levanta la construcción de la “mega represa” hidroeléctrica La Yesca –ubicada entre los municipios La Yesca, en Nayarit, y Hostotipaquillo, Jalisco–. La inversión, superior a los 8 mil millones de pesos, caerá sobre la cortina más alta del mundo en su tipo (210 metros), mayor a la de Aguamilpa y de El Cajón.
“Sobre esta obra existen dudas de si el caudal del Río Santiago en este punto será suficiente para hacer rentable una obra de esta magnitud e inversión”. De acuerdo con la misma CFE, La Yesca funcionará sólo al 19 por ciento de su capacidad, lo cual se justifica al argumentar que proveerá energía sólo en las horas pico (cuatro al día), indica el documento.
El cuestionamiento de la obra, dice el estudio, se da al analizar la presa El Cajón, aguas debajo de La Yesca. La contribución de la primera represa “dentro del contexto de los principales proyectos hidroeléctricos en operación resultará poco relevante e intrascendente”, al contar con el 50 por ciento de las aportaciones, pues no captará al Río Huaynamota, que es el afluente más importante de la cuenca del Río Santiago. Además, tendrá el 34 por ciento del almacenamiento, en relación con la presa hidroeléctrica Aguamilpa, y disminuirán los volúmenes por los usos crecientes del agua en las subcuencas de los ríos Juchipila y Verde.
El Banco Mundial
En 1996, el Banco Mundial dejó de financiar la construcción de represas como consecuencia del encono social. En septiembre de ese año, el Departamento de Evaluación de Operaciones emitió el documento Préstamos del Banco Mundial para grandes represas: examen preliminar de sus repercusiones. En él concluye “que los proyectos han tenido resultados dispares en cuanto al tratamiento de la población desplazada y a las repercusiones para el medio ambiente”.
Hasta ese año, el Banco Mundial había respaldado, directa o indirectamente, la construcción del 3 por ciento de las represas de los países en desarrollo. De 1986 a 1996, la institución aprobó 39 proyectos relativos a represas: 33 destinados principal o exclusivamente a producir energía hidroeléctrica, tres para riego y otros tres para abastecimiento de agua.
En el documento, la institución financiera aprecia que los “detractores” de estos proyectos “consideran que quienes patrocinan y financian estos proyectos subestiman sistemáticamente los perjuicios que las presas pueden ocasionar a la población desplazada y al medio ambiente; pues sostienen que, por lo general, hay soluciones más económicas y menos nocivas para alcanzar los mismos objetivos de desarrollo”.
El Fondo Mundial para la Naturaleza indica que “el aumento de la demanda de agua y energía hidroeléctrica, junto a los esfuerzos por controlar las inundaciones y la navegación fluvial, ha llevado a la construcción de presas y otras infraestructuras como esclusas, presas mini hidráulicas y diques en la mayor parte de los grandes ríos del mundo”.
En su informe Planeta vivo 2010–biodiversidad, biocapacidad y desarrollo, la organización ambientalista más grande del mundo indica que de los 177 grandes ríos con una longitud de más de 1 mil kilómetros, sólo 64 se mantienen con el caudal inalterado, libres de obstáculos, como presas y otras barreras.
Las contratistas
El libro No seas presa de las represas, escrito por Gustavo Castro Soto, director de Otros Mundos, indica que los principales constructores de represas en México son Grupo ICA, CFE, Consorcio de Inversiones y Constructora Internacional de Infraestructura.
El ambientalista distingue dos principales grupos en el proceso de la construcción de una presa: el primero, los gobiernos y sus bancos, y en el sector privado, las empresas trasnacionales y sus bancos o la combinación de ambas.
Critica que “todos estos actores tienen las siguientes constantes sobre la base de sus intereses creados, el negocio y la ganancia: restringen la información y no proporcionan mecanismos transparentes sobre los proyectos. Sistemáticamente evaden responsabilidades sociales, ambientales y de derechos humanos. No hay mecanismos de participación ciudadana y mucho menos de los afectados por los proyectos. ¡La total impunidad reina en torno a las represas!”.
