El gobierno canadiense presiona para que el Sistema de Administración Tributaria (SAT), a cargo de Osvaldo Santín, reembolse más de 360 millones de dólares en impuestos a mineras de aquel país que operan en México. Por el contrario, de acuerdo con la lista de 59 registros federales de contribuyentes (RFC) que corresponden a presuntas evasoras fiscales, hay 12 filiales de compañías canadienses, de acuerdo con un reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
[bctt tweet=”Mineras canadienses exigen a México el reembolso de 360 millones de dólares” username=”contralinea”]
Los RFC revelados en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2015, corresponden a: Agnico Eagle México, Agnico Sonora, Minas de Oro Nacional, Minera Real del Oro, Mina Bolañitos, Refinadora Plata Guanacevi, Obras Mineras y Tiros del Centro, Minera La Encantada, Minera El Pilón, First Majestic Plata, Compañía Minera Cuzcatlán, Minera Peñasquito, Plata Panamericana, Primero Empresa Minera, Minera Plata Adelante y Minera Meridian Minerales.
Estas son filiales de las canadienses: Agnico-Eagle Mines Limited, Alamos Gold, Argonaut Gold Inc., Endeavor, Engineering, Desing & Construction (EDC), First Majestic Silver Corporación, Fortuna Silver Mines, Goldcorp México, Pan American Silver Corp México, Primero, Southern Silver’s, Yamana Gold Inc.
Del listado de registros, el documento Recaudación y Aplicación de los Derechos Mineros. Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-06E00-02-0085 indica que corresponden a los “contribuyentes que cuentan con títulos de concesiones mineras que se identificaron como presuntos evasores, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no realizaron el pago de los derechos especial, adicional o extraordinario de minería previstos en los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos”.
El artículo 268 de la Ley Federal de Derechos, se refiere a que los titulares de concesiones y asignaciones mineras que obtuvieron ingresos por la enajenación o venta de la actividad extractiva, deberán pagar una tasa del 7.5 por ciento sobre sus ingresos.
El artículo 269 de la Ley aplica para los titulares de concesiones que no ejecuten obras y trabajos de exploración y explotación durante dos años continuos. Éstos deberán aportar las cuotas señaladas en el artículo 263, fracción VI, de la Ley Federal de Derechos, por hectárea concesionada.
En tanto que el artículo 27 obliga a titulares de concesiones y asignaciones mineras que obtengan ingresos por la enajenación de oro, plata y platino a pagar el 0.5 por ciento.
Miguel Mijangos Leal, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), dice que el gobierno canadiense lleva varios años presionando a los gobiernos latinoamericanos en el tema minero. “Lo han hecho para modificar leyes que eviten la que dicen es una ‘doble’ tributación y ésta principalmente se realice en Canadá, dónde están inscritas la mayoría de las mineras del mundo, porque obtienen mejores condiciones económicas.
“La fuerte apertura del gobierno mexicano a la inversión extrajera, bajo la equivocada creencia que la inversión trae crecimiento económico nacional, es una de las causas para tener un marco legal laxo (y cuando digo marco legal me refiero a todas las leyes que involucran al sector), incluyendo por supuesto la tributaria”, dice.
Al cruce de la información divulgada por el SAT a un medio de comunicación y lo evidenciado por la Auditoría Superior de la Federación, se observa que de las 12 supuestas evasoras, cuatro de ellas se encuentran en la lista que exige el reembolso de impuestos a través de funcionarios de su país de origen.
Aquellas que se encuentran en ambas listas son Goldcorp, Alamos Gold,
Agnico Eagle Mines y Endeavour Silver Corp. Las otras dos compañías apoyadas por las autoridades canadienses: McEwen y Torex Gold Resources.
Goldcorp, que reclama al gobierno mexicano 230 millones de dólares, aparece en el sitio 1461 de lista de Forbes como Las empresas públicas más grandes del mundo 2017, que analiza 2 mil firmas trasnacionales. La publicación también la sitúa en el espacio 285 de los mejores empleadores de Canadá.
BNaméricas, la comunidad de negocios en línea más grande en América Latina, indica que esta empresa tiene sus principales activos en Canadá con cuatro minas, y el mismo número en México, en Centroamérica y Sudamérica. Actualmente opera los proyectos Peñasquito, Los Filos, El Sauzal y Camino Rojo en México; Marlin en Guatemala; las minas Alumbrera y Cerro Negro en Argentina, y Pueblo Viejo en República Dominicana.
Alamos Gold, que tiene retenidos 26 millones de dólares, dice su información institucional, es productor intermedio de oro canadiense con producción en la mina Young-Davidson, en el norte de Ontario, Canadá, y las minas Mulatos y El Chanate en Sonora, México. “La Compañía tiene un perfil de crecimiento líder con proyectos de exploración y desarrollo en México, Turquía, Canadá y los Estados Unidos…”, dice su página oficial.
Agnico Eagle Mines, que requiere al SAT 18 millones de dólares, es una empresa canadiense de minería de oro que produce metales preciosos desde 1957, según su portal corporativo. Sus ocho minas están ubicadas en Canadá, Finlandia y México, con actividades de exploración y desarrollo en cada uno de estos países, así como en Estados Unidos y Suecia.
Endeavour Silver Corp, que pide la devolución de 15.6 millones de dólares, anunció que en 2016 El Cubo (la tercera mina más grande de la compañía) produjo 2 millones de onzas de plata y 21 mil 327 onzas de oro. “La producción de plata y oro superó las previsiones debido a un mayor rendimiento, parcialmente compensado por menores recuperaciones de oro”, indicó en su plataforma de internet.
McEwen tiene sus plantas productoras en el norte del país, denominadas El Gallo Gold y El Gallo Silver, ubicadas en Sinaloa, México. Además, explota minas en Argentina y Canadá. A esta empresa, el SAT le tiene pendientes de entregar 6.2 millones de pesos.
Torex es un productor de oro, con sede en Canadá, dedicado a la exploración, desarrollo y explotación de un área de 29 mil hectáreas en el “Cinturón de oro de Guerrero”, indica. Dentro de esta propiedad, Torex cuenta con la mina El Limón-Guajes, que comenzó la producción de oro en diciembre de 2015, y el Proyecto Media Luna, en una etapa avanzada de exploración. Se define como un “productor creciente de oro y plata en las Américas”, en su página de internet. El gobierno mexicano le tiene retenidos 66.5 millones de dólares.
“Como el gobierno mexicano ha enviado a la opinión pública el discurso de las bonanzas de la inversión como crecimiento, y el cual está amarrado a tratados comerciales que obliga a pagos de compensación si hay incumplimiento, ahora las empresas condicionan su inversión a cambio de obtener más preferencias que las que de por si obtienen en Canadá. Por ello, tratan por cualquier vía de abaratar, lo más que puedan, el costo de producción y el pago de impuestos y aranceles; prefieren menos sindicalizados y más empleados vía outsourcing, y así transfieren, evitan impuestos y ganan en renta. Por eso, les dan preferencias de cuotas en el pago de concesiones entre más superficie de tierra soliciten o, como sucede con el reciente impuesto (del 7.5 por ciento). Éste no tiene un mecanismo de supervisión transparente y permite la creación de lagunas legales que simplemente le evitan al fisco tener idea de cuánto sacó y vendió una empresa, para poder entonces tasar el impuesto real.
“En síntesis, es un juego entre las empresas y los gobiernos, y en este juego no hay negocio, ni nacionalidad ni ganancias… hay despojo y enriquecimiento de particulares y de políticos”, dice Mijangos Leal.
El respeto a los derechos humanos y ambientales también ha sido motivo de que funcionarios de organismos internacionales pongan su mirada en México, ya que el país es uno de los que más conflictos registra en América Latina.
En México, la principal productora de oro aparece entre los casos de violación a los derechos humanos que documentaron organizaciones defensoras, así como el Grupo de Trabajo de la ONU. También se le ha relacionado a dicha empresa con problemas fiscales en el país.
El Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) documentaron la “destrucción de la vida comunitaria y generación de daños a la salud y al ambiente en la comunidad de Carrizalillo”, en Guerrero.
En el informe México: Empresas y Derechos Humanos —compendio de información que presentan la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU—se documenta:
“La empresa, actuando con dolo, compró de forma ilegal tierras del ejido en propiedad comunal.
“Durante las acciones de protesta de la comunidad ha utilizado a todo el aparato de gobierno para amedrentar, amenazar e incluso desalojar a la población, cuando ésta ha establecido plantones o cierres de las operaciones mineras.
“Durante la construcción del proyecto, dinamitó un área con resquicios arqueológicos (pirámide y otros sitios de rezo), pertenecientes a la cultura balsas-mezcala. No respetó las leyes ambientales mexicanas, al destruir una porción de la región terrestre prioritaria denominada RTP#118 [Cañón del Zopilote, denominado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio)]. También destruyó una área protegida para aves migratorias IACA # 18 (Conabio).
“En su pileta de lixiviados se han reportado y detectado miles de muertes de aves que han sido ocultadas por la empresa. El proyecto minero ocupa el 90 por ciento de la microcuenca hidrológica, alterando y dañando toda la dinámica hídrica de la zona”.
El portafolios de Proyectos Mineros Operados por Compañías de Capital Extranjero —de la Coordinación General de Minería de la Secretaría de Economía— indica que en el país hay 803 con capital canadiense. También las hay de Argentina, Italia, India, Australia, Bélgica, Japón, Estados Unidos, China, Corea, Perú y España.
La Cámara Minera de México (Camimex) indica: “Antes de la aprobación de los nuevos derechos mineros, el sector estimó para los próximos seis años una inversión de 30 mil millones de dólares, y la generación de 100 mil nuevos empleos, lamentablemente la entrada en vigor de los nuevos derechos y los bajos precios de los metales, propiciaron que las inversiones se contrajeran y el empleo redujera su ritmo de crecimiento.
“En el periodo 2013-2015 se han invertido 16 mil millones de dólares y se han creado 16 mil 357 nuevos empleos, lo que dista mucho de las proyecciones originales, ante la pérdida de competitividad”, dice la Camimex.
Érika Ramírez
Contralínea 546 / del 03 al 09 de Julio de 2017
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