Más de una treintena de conflictos ambientales –heredados de gobiernos pasados– tienen la calidad de atención “urgente”. En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, México enfrenta problemas como: desertificación, extinción de especies, contaminación del agua, conflictos socioambientales y atentados en contra de los defensores ambientales, explican especialistas
En el contexto del Día Internacional de la Madre Tierra, México enfrenta problemas como: desertificación de los suelos, extinción de especies, contaminación del agua, conflictos socioambientales provocados por la industria extractivista, amenazas y atentados en contra de los defensores ambientales, destacan especialistas en la materia.
Además, datos proporcionados a Contralínea por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, focaliza la existencia de más de una treintena de conflictos ambientales de atención “urgente”.
“A lo largo y ancho del territorio nacional existen numerosos conflictos socioambientales, y muchos de ellos merecen el calificativo de urgentes. Éstos se han multiplicado y agravado en las últimas décadas bajo el modelo neoliberal. Año tras año, ciudadanos preocupados o directamente afectados han solicitado la actuación de dependencias del sector ambiental, pero muchas veces han encontrado una respuesta lenta, insuficiente o nula, ya sea por ineficiencia, negligencia o corrupción”, indica la respuesta con folio 0001600086220.
El listado de la Semarnat comprende “conflictos atendidos”, aunque no significa que ya hayan quedado resueltos, como en el primer caso señalado: gestión del agua de los pueblos zapotecos, en los Valles Centrales de Oaxaca, un asunto que se encuentra en la Consejería Jurídica de Presidencia desde hace más de un año.
Asimismo, la problemática socioambiental generada por el que sería el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en el Estado de México, “no terminó con la cancelación de su construcción en enero de 2019. Sobre el desecado Lago de Texcoco quedaron los restos de las primeras fases de la construcción, y en ellos se proyecta construir un parque ecológico. Los pobladores de la región –agrupados en el Frente en Defensa de la Tierra– continúan en pie de lucha pues no se les ha tomado en cuenta en lo referente a este parque y, en general, sobre los terrenos adquiridos en la zona”.
La Semarnat también destaca que ante las constantes sequías en Sonora, la instrumentación proyectos hidráulicos ha generado urgentes problemáticas socioambientales. Ejemplo de ello, el proyecto Sonora Sistema Integral (Sonora SI), consistente en la construcción de obras para abastecer a diversas ciudades del estado. “A él pertenece el Acueducto Independencia, que lleva agua de la presa Plutarco Elías Calles o “El Novillo” a la ciudad de Hermosillo. Sin embargo, conectadas por el río Yaqui, El Novillo se alimenta a su vez de la presa Lázaro Cárdenas o “La Angostura”. Desde 2010, la tribu yaqui se opuso al proyecto del Acueducto Independencia por temor a la escasez de agua; y exigen el cumplimiento del decreto de 1937 que los hace dueños del 50 por ciento del agua de La Angostura, es decir, 75 millones de metros cúbicos”.
La respuesta de la Semarnat incluye la problemática en Topolobampo, Sinaloa, al norte de este estado donde en una región de gran producción agrícola, “la empresa Gas y Petroquímica de Occidente busca colocar una planta de fertilizantes (planta de amoniaco). Se trata del puerto de Topolobampo, en el municipio de Ahome. Sus habitantes, sin embargo, han promovido siete juicios de amparo en contra de la construcción (seis de los cuales tienen suspensiones definitivas), pues consideran que es una industria muy peligrosa que afectaría la flora y fauna del territorio. Se trata, además, de un sitio Ramsar –lo que significa que es un humedal de importancia para la conservación de aves.
Los otros conflictos de atención urgente son: la Presa el Zapotillo, en Jalisco, la cervecera Constellation Brands y la extinción de la Vaquita Marina, Baja California; Parque Nacional Laguna de Zempoala y el Proyecto Integral Morelos, Morelos; Montes Azules, Chiapas; Puerto de Lázaro Cárdenas y Pátzcuaro, Michoacán; Presa Los Pilares, y la contaminación del Río Sonora, Sonora; Presa Endhó, Hidalgo; la minera La Pitahaya, Baja California Sur.
También, los tiraderos de residuos en Acayucan y en Las Matas; así como la conflictividad por agua del río Coatzacoalcos, tala inmoderada en Río Blanco, proyecto hidroeléctrico Jalcomulco, en Veracruz; el megadesarrollo turístico Riviera Nayarit, Nayarit; Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico (localizada en localizan los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas).
Además, la dependencia señala problemas socioambientales por minería en zona arqueológica de Xochicalco, también en Morelos; San José del Progreso, Oaxaca; Santa María Zotoltepec e Ixtacamaxtitlán, en Puebla; otro tiradero de residuos en Saltillo, Coahuila; problemas por posesión de tierras en Oxcum, Yucatán; aguas negras en Miahuatlán y el Corredor Transístmico, también en Oaxaca; el embalse La Parota, en Guerrero y el río Bacanuchi, en Sonora.
Crisis ambiental, desde el presupuesto
Olimpia Castillo blanco, directora de la organización Comunicación y Educación Ambiental, comenta que en el país prevalece una situación “crítica” y “realmente no hay muy buenas noticias en cuanto a el tema ambiental de años para acá”. La problemática ha ido creciendo y al Estado mexicano “le falta todavía mucho para estar al nivel que se necesita”.
Una situación que se complica, dice la bióloga Castillo Blanco, es la reducción de presupuesto para temas prioritarios en el tema ambiental, como son las áreas de educación ambiental y la protección de Áreas Naturales Protegidas, pues afecta bastante al sector y, de manera general, “se siente una preocupación muy grande porque no se le dado la atención debida”.
Al respecto, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC (Cemda), documentó en el informe Recortes al sector ambiental 2013-2021 que “en los últimos 7 años, el sector ambiental ha sufrido un recorte del 59.5 por ciento a los recursos asignados en el presupuesto federal”. En específico, indica, hay una reducción de 43 mil 958 millones 95 mil 224 pesos en este periodo.
Ejemplo de ello es que para proteger cada hectárea de las ANP, el presupuesto federal se ha reducido 87 por ciento, pasando de un máximo histórico de 74.12 pesos en 2016 a 9.56 pesos en 2020.
Para Xavier Martínez Esponda, director operativo del Cemda, este país se encuentra en una coyuntura bastante compleja, relacionada con un Estado y un gobierno federal que no tiene como prioridad al medio ambiente. Los números lo reflejan, a través de los recortes al sector que ha sido “drástico”.
“México es un país megadiverso, tiene una responsabilidad internacional y en razón de regímenes de derechos humanos para las personas que vivimos en este país para cuidar ese patrimonio natural y lo que estamos viendo es que no está siendo cuidado como está obligado”, añade.
Amenazas contra ambientalistas
Otra situación preocupante, desde el ámbito de las organizaciones, es el ataque, amenaza o asesinatos cometidos contra los defensores ambientales. El Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2020, elaborado por el Cemda, indica que en plena pandemia por Covid-19 se registraron 65 ataques.
En algunos de los ataques registrados, dice el documento, “las personas defensoras sufrieron más de una agresión es por ello que el número total de agresiones contabilizadas en el año 2020 es de 90 agresiones perpetradas en 65 ataques distintos”.
Juan Carlos Carrillo Fuentes, abogado del Cemda, indica que en el país hay un contexto de violencia y estigmatización hacia las personas afectadas en nuestro derecho humano a un medio ambiente sano y, en nuestros derechos a participar y tener opiniones que generalmente enriquecen la toma de decisiones.
Un concepto interesante, dice el abogado, son las cosmovisiones, pues muchas veces, “las personas urbanas nos basamos en la propiedad privada, contratos y en cómo maximizar los recursos y las relaciones con cosas medibles. Mientras que la cosmovisión y la forma de entender la vida de la gente de campo es distinta y, a veces, llegamos como queriendo evangelizar y saber cuál es la solución a los problemas, sin ni siquiera preguntarles a ellos cuál es la situación que viven”.
Su colega, Xavier Martínez Esponda, actual director operativo Cemda, indica que este tema es complicado porque no se ha transformado la visión que se mantiene desde administraciones anteriores, que es la extractivista del patrimonio natural de México. Considera que “hay preponderancia a la extracción de hidrocarburos; se ha mantenido una política de extracción de minerales muy fuerte. No se ha podido transformar el régimen de las concesiones de agua. Entonces, el patrimonio natural de México sigue siendo visto como una cosa y los pueblos tienen la reivindicación de que el patrimonio cultural no es una cosa”.
Los casos registrados por el Cemda, en los que se les “arrebató la vida” a personas defensoras ambientales, de la tierra y el territorio durante 2020 fueron:
En Guerrero, “uno de los ataques más cruentos fue la tortura y asesinato de cuatro indígenas nahuas, miembros del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), ocurrido el 20 de diciembre de 2020. Los cuerpos de María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, José Benito Migueleño y Miguel Migueleño fueron encontrados sin vida y con signos de tortura en la carretera Chilapa-Tlapa, en el estado de Guerrero36. Esta organización ha luchado desde 1992 por su derecho al territorio, la autonomía y la libre autodeterminación.
El 28 de octubre de 2020, en la comunidad de Papalutla, municipio de Copalillo, Guerrero, fue asesinado con dos disparos Juan Aquino González, también indígena nahua, defensor y activista ambiental; quien fuera “fundador de la Reserva Ecológica del Cerro de Tecaballo de Guacamayas y Murciélagos y de la Reserva Ecológica de Cazadores para proteger a la liebre y el jabalí”.
En Michoacán, Homero Gómez, defensor y administrador del santuario “El Campanario”, desaparecido el 13 de enero, “fue localizado asesinado el 30 de enero en la localidad de El Soldado, a unos kilómetros de la cabecera municipal de Ocampo. Las investigaciones apuntan que su actividad de defensa del bosque del santuario afectaba los intereses de personas que se dedican a la tala clandestina.
“Raúl Hernández Romero, quien luego de estar desaparecido durante tres días, el 1 de febrero, en el paraje denominado Las Balsitas, ubicado en los límites de Ocampo y Angangueo, fue encontrado sin vida. Raúl era guía de turistas en los santuarios de la mariposa monarca.
“Jesús Miguel Jerónimo, Jefe de Tenencia de la comunidad purépecha de Ichán, y su hijo Jesús Miguel Junior de 18 años de edad fueron asesinados el 23 de julio en su domicilio, en el Municipio de Chilchota”, indica el informe.
En Oaxaca se registró el caso de Eugui Roy, estudiante de biología de 21 años, asesinado el 7 de mayo en su domicilio en San Baltazar Loxicha, estado de Oaxaca. El joven “dedicaba su tiempo al rescate y protección de reptiles, anfibios y otras especies de animales silvestres. Además, participaba en la divulgación de conocimiento científico en un blog sobre biología”.
Tres meses más tarde, en la misma entidad, fue asesinado en el municipio de Ánimas Trujano, Tomás Martínez Pinacho, dirigente del Frente Popular Revolucionario (FPR) en la Sierra Sur de Oaxaca y defensor del territorio. El 24 de agosto, Tomás regresaba de una manifestación en la capital de Oaxaca, en ella había presentado la exigencia de justicia para otros dos compañeros víctimas de homicidio del FPR.
Al norte del país, documenta Cemda, el 11 de abril, el defensor del medio ambiente Juan Zamarripa Torres de 72 años, fue asesinado en su domicilio, ubicado en el poblado de San Juanito, municipio de Bocoyna, en la región rarámuri, en Chihuahua. “Una de las indagatorias del crimen apunta a que su asesinato se relaciona con que su actividad de defensa del medio ambiente perjudicaba a los grupos criminales que se dedican a la tala clandestina”.
En ese mismo estado, ocurrió el asesinato del defensor Antonio Montes Enríquez de 43 años, opositor “a la tala ilegal y a la construcción de un aeropuerto. El cuerpo de Antonio fue hallado el 6 de junio en el poblado de Creel, municipio de Bocoyna. Previo a su asesinato había sufrido otros intentos de homicidio con armas de fuego y a principios del año 2020 quemaron su casa”.
En Baja California, el 24 de septiembre fue asesinado en Tecate, Óscar Eyraud Adams, de 34 años de edad. Él era “defensor del agua en su comunidad, Kumiai de Juntas de Nejí, frente al despojo provocado por pozos de agua de empresas transnacionales” en ese municipio. Un día después, el 25 de septiembre, también fue asesinado Daniel Sotelo, cuñado de Óscar Eyraud, en el interior de una tienda de abarrotes, propiedad de la familia.
El 22 de marzo, en el municipio de El Salvador, Zacatecas, Paulina Gómez Palacio Escudero de 50 años, “originaria de Matehuala, guardiana del territorio sagrado de Wirikuta, campesina, amiga del pueblo wixárika y luchadora incansable contra la minería”, fue hallada asesinada en este municipio. Zacatecas. Paulina estuvo desaparecida desde el 19 hasta el 22 de marzo, cuando su cuerpo fue encontrado, presentaba heridas de arma de fuego. El 21 de marzo “se detuvo a una persona que fue encontrada en las inmediaciones del lugar. Esta persona portaba un arma, dinero y probablemente conocía a Paulina, por lo que, de acuerdo a la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, se abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio”.
El 23 de marzo, en el municipio de Jiutepec, Estado de Morelos, el defensor ambiental Isaac Medardo Herrera Avilés, fue asesinado en su domicilio con disparos a quemarropa. “Issac era un férreo defensor de la reserva natural ‘Los Venados’, en donde se pretendía construir un complejo habitacional. Además, fue representante legal de los 13 pueblos en defensa del manantial ‘Chihuahuita’”.
También el 8 de abril, fue asesinado Adán Vez Lira, de 54 años, quien era ambientalista “dedicado durante más de dos décadas a la defensa del territorio y al observatorio de aves en La Mancha, Veracruz. Trabajó en la protección de manglares, dunas y los ecosistemas de la costa central de Veracruz. En sus últimos años participó en la defensa del territorio contra la minería por tajo a cielo abierto”.
El planeta se está perdiendo
El biólogo Hesiquio Benítez Díaz, director general de Cooperación Internacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), comenta que a nivel mundial, en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, está terminado el decenio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en esta materia y, en el que se habían planteado las Metas de Aichi y, simplemente, “ningún país pudo cumplir con las 20 metas para detener la pérdida de la biodiversidad a nivel mundial, son malas noticias”.
Desde 2018, Benítez Díaz se desempeña como presidente del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico del Convenio de la Biodiversidad Biológica de la ONU, y expone que actualmente, entre otras cosas, “estamos en la negociación del nuevo marco estratégico Post 2020, pero en un resumen de la situación global tenemos 1 millón de especies en peligro de extinción, este es un dato sin precedentes. Tres cuartas partes de la superficie terrestres y dos tercios de los océanos han sido profundamente impactados y ya no tenemos ecosistemas prístinos donde el ser humano no haya modificado radicalmente el planeta”.
De acuerdo con el especialista, las causas directas de pérdidas de biodiversidad a nivel mundial son: la pérdida de hábitat por el cambio de uso de la tierra y del mar, la sobreexplotación, el cambio climático, la contaminación de aire, suelos, aguas, mares y las especies exóticas invasoras siguen presentes. “Estamos ante la peor situación de pérdida de biodiversidad, desde que el ser humano habita la tierra”.
Con respecto a la cantidad de plásticos que tenemos en los mares, comenta, “esta es simplemente una de las muestras donde ha aumentado 10 veces la contaminación con plásticos desde 1980”.
La agricultura, continúa, “es uno de los promotores de cambios más fuertes, pues se han degradado el 23 por ciento de los suelos del planeta; es decir, el mal uso del suelo para la agricultura cuando no se hace correctamente, empobrece la tierra y la vuelve estéril 23 por ciento, no sirven.
Y es que a decir de Benítez Díaz, hay una serie de prácticas que no son sostenibles: están los agroquímicos, pero también el mal uso del agua o desarrollar prácticas agrícolas en suelos que no tienen vocación agrícola; por ejemplo, “en México sucede mucho que se queman bosques, se talan, se siembran, pero son pendientes muy pronunciadas y ese suelo, al año o dos años, se pierde porque no son de vocación agrícola, o un exceso de uso de agua lixivia los nutrientes y deja tierra que es pobre, estéril. No hay un buen manejo de los suelos y el resultado es que casi la cuarta parte de la superficie de todo el planeta ya fue degradada”.
El problema, añade, es que tenemos más de 7 mil millones de seres humanos que tienen qué comer y “hay una preocupación por producir alimentos; entonces, están invadiendo bosques y selvas para producirlos, pero no con las metodologías correctas y continúa la degradación”.
Un dato “terrible” es que en los últimos 50 años, la cantidad de personas se ha duplicado, la economía global ha aumentado cuatro veces y el comercio internacional ha crecido 10 veces, “esto le da mucho gusto a los ecoturistas, pero quien paga la factura es el planeta”, dice.
Aunado a esta problemática, expone el funcionario, se están perdiendo servicios ecosistémicos, como aire limpio, agua, suelos fértiles, plantas medicinales, que son esenciales para el bienestar de la naturaleza y del ser humano. Se pierden por “actividades de monocultivos o malas prácticas como la minería o la industria petrolera, continuamos contaminando y degradando a los ecosistemas que ya no nos están proveyendo los servicios”.
Señala que conseguir el agua, la madera o plantas, “eso provoca un rompimiento del tejido social, empieza la violencia, el narcotráfico, los problemas territoriales, una guerra, incluso, por el agua. Claramente la ciencia nos está demostrando que estamos fallando y que es necesario un cambio urgente hacia transiciones en nuestra vida cotidiana para recuperar y restaurar, antes de que sea demasiado tarde”.
