Tlaxiaco, Oaxaca. Bordeada por altas montañas cubiertas de pinos, encinos y una ligera neblina matinal, la explanada del Barrio San Diego pronto se vuelve multicolor. En el bullicio sobresalen los rojos huipiles de las indígenas triquis que, junto a sus familias, fueron desplazadas forzadamente de San Juan Copala desde 2009.
De huipil triqui también viste, encima de su elegante traje gris oxford, la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, representante en México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien viajó hasta aquí para constatar la gravedad de los casos de violaciones contra comunidades oaxaqueñas, como Copala.
Durante su encuentro con víctimas de violencia, sobre todo paramilitar, Arosemena de Troitiño señala a Contralínea que la situación extrema que padece el país ya está reconocida por el propio Estado mexicano.
Y ejemplifica: “Cuando se habla de más de 30 mil personas desaparecidas es un Estado, es un país que tiene una situación de violencia que está reconocida. [El asunto es] qué hacer para que el Estado busque las fórmulas [para superar esa situación].”
A la Comisión que ella representa le preocupa lo que identifica como una “grave crisis de derechos humanos”. En su evaluación, la CIDH señala que se trata de “una situación de extrema inseguridad y violencia; [con] graves violaciones a derechos humanos, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura”.
En el tema de las desapariciones, el gobierno de Enrique Peña reconoce que han ocurrido 21 mil 26, entre enero de 2013 y enero de 2018: 678 del fuero federal y 20 mil 348 del fuero común. Éstas se suman a las 13 mil 722 ocurridas en el sexenio del panista Felipe Calderón, de 2007 a 2012, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Al respecto, dos casos emblemáticos –que ya se discuten en la Corte Interamericana de Derechos Humanos– podrían derivar en una sanción para México: la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida el 26 de septiembre de 2014; y la desaparición forzada de tres integrantes de la familia Alvarado (José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes).
Este último es considerado como el primer caso que llega a la Corte que se enmarca en la supuesta “guerra” contra el narcotráfico. Sucedió el 29 de diciembre de 2009 en Buena Aventura, Chihuahua, e involucra directamente a elementos del Ejército Mexicano, quienes hacían labores de “combate” al crimen.
Pese a la gravedad de la crisis, la comisionada Arosemena de Troitiño señala en entrevista que el pueblo mexicano no tiene respuestas, porque “la clase política ha entrado en una posición de la lucha por el poder”.
Para la abogada de nacionalidad panameña, el proceso electoral mexicano se está caracterizando por ser “una lucha encarnada entre los participantes para obtener el poder o para resolver la política pública de un país, de la nación”.
Por ello, indica que “hoy México vive un gran momento: el momento en que su ciudadanía evalúe lo que representan las ofertas en el panorama electoral y terminar demandando el cumplimiento de los derechos de la población”.
La comisionada dice que éste “es un país grande que demanda grandes respuestas; que tiene grandes problemas y que los gobernantes, que se pelean el poder, tienen que pelearse el poder no para sus prebendas y enriquecimientos, sino para resolver la gran problemática que tiene México precisamente en la defensa y protección de los derechos humanos y de las respuestas sociales”.
Sobre la criminalización que sufren quienes exigen justicia, así como organizaciones defensoras de los derechos humanos y activistas, la comisionada Arosemena de Troitiño opina que esa violencia de actores estatales e incluso no estatales “no puede callar la boca del ciudadano”.
“El ciudadano –señala– tiene que llenarse de fortaleza, buscar el apoyo, también el apoyo internacional, y en sus comunidades construir esa fortaleza ciudadana” para demandar sus derechos y denunciar las injusticias.
Y pone como ejemplo el trabajo del abogado Maurilio Santiago, director del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, AC, por quien fue convocada esta reunión en Tlaxiaco con la CIDH, luego de que la inacción del Estado mexicano respecto de las medidas cautelares dictadas a favor del líder triqui Antonio Jacinto López derivaran en su asesinato, en octubre de 2011.
De Maurilio Santiago, dice la abogada, hay que retomar su ímpetu para gritar las violaciones a los derechos humanos hasta que sean escuchadas por las autoridades.
La alarma en la CIDH por la situación que heredará el saliente gobierno de Enrique Peña se origina, sobre todo, porque ha identificado que entre los principales factores que dan lugar a la violencia en México están “actores estatales”.
Al respecto, el organismo indica en su evaluación que “diversas autoridades, como las policías (federal, estatales y municipales), miembros de las fuerzas militares e incluso de ministerios públicos han sido vinculados con presuntas graves violaciones a los derechos humanos que permanecen en la impunidad. Se denuncian prácticas como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura por funcionarios federales, estatales y fuerzas armadas, entre otras”.
Los otros factores que observa son: crimen organizado; uso de la fuerza por actores no estatales; pobreza y exclusión social; tráfico de personas, drogas y armas; e impunidad.
Ante este contexto ya estudiado por la CIDH y las denuncias que la propia comisionada ha escuchado durante su visita a Tlaxiaco, Arosemena señala: “El primer mensaje que daría es que los pueblos se organicen, que la ciudadanía demande derechos y que esté precisamente vigilante del cumplimiento de las obligaciones que los Estados y las autoridades tienen para responder”.
Agrega que ése “es el primer mensaje porque muchas veces el Estado cae, entra en una actitud de inercia, de ver cómo van las cosas. Entonces la fuerza ciudadana para mí es el motor para la exigibilidad de derechos, para esa inacción y para demandar respuestas”.
Entre 2013 y lo que va de 2018, el organismo internacional que representa ha dictado 33 medidas cautelares al Estado mexicano, tanto individuales como colectivas. Dicho mecanismo –previsto en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– se aplica en situaciones de gravedad y urgencia, “que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante los órganos del Sistema Interamericano”.
No obstante, la visita de Arosemena de Troitiño a Oaxaca se enmarca en la inacción generalizada del gobierno –en sus tres niveles y poderes– respecto de esas medidas cautelares.
El encuentro –denominado Foro para la Creación de un Protocolo Nacional y una Iniciativa de Ley Estatal para la Implementación de Medidas Cautelares Otorgadas por Organismos Defensores de Derechos Humanos Internacionales y Nacionales– se convocó como parte de la “solución amistosa” para el caso Antonio Jacinto P-1014-06, que asesora el abogado Maurilio Santiago.
Sobre el incumplimiento de las medidas y el actuar de los mecanismos de protección que ha instrumentado el gobierno, la comisionada reconoce que “se quedan cortos”.
Agrega que la pregunta es: “Cómo podemos hacer que los mecanismos de protección funcionen. Bueno, está la participación de la Comisión Interamericana que sirve de coadyuvante con la sociedad civil y con el propio Estado para buscar esas líneas de reforzamiento. El foro de hoy nos sirve como experiencia para evaluar cuáles son las falencias”.
La comisionada Arosemena de Troitiño –licenciada en filosofía, letras y educación, así como en derecho y ciencias políticas– reitera la importancia de alzar la voz ante las violaciones a los derechos humanos: “hacer la denuncia, hacer las demandas obliga al Estado a dar las respuestas”.
—¿A la Comisión le preocupa que estas medidas cautelares no estén protegiendo a las víctimas?
—El gran reto es precisamente que no podamos darle efectividad a la medida cautelar. Nuestro compromiso es para que la medida tenga una efectividad, porque si no la tiene para nosotros sí es preocupante y tenemos que buscar fórmulas.
La evaluación de la CIDH sobre la crisis de derechos humanos por la que pasa México señala como “situaciones específicas” de alta gravedad, además de Ayotzinapa, los casos de Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato.
Respecto de Tlatlaya, Estado de México, indica: el 30 de junio de 2014, 22 personas supuestamente vinculadas al narcotráfico resultaron muertas en una bodega de la comunidad Cuadrilla Nueva, tras un enfrentamiento con integrantes del Ejército Mexicano. Algunas de estas personas habrían sido detenidas y posteriormente ejecutadas extrajudicialmente por los soldados. A este respecto, y a pesar de lo que se conoció posteriormente acerca de estos hechos, la Secretaría de la Defensa Nacional señaló inicialmente que los miembros del Ejército se vieron obligados a abrir fuego porque fueron atacados.
Sobre Apatzingán, Michoacán, refiere la CIDH que los hechos de violencia ocurrieron en dos momentos el 6 de enero de 2015, entre civiles e integrantes de la Policía Federal. Y retoma una investigación periodística que reconstruye los hechos con base en 39 testimonios grabados, fotografías y videos, que apunta a la presunta ejecución extrajudicial por parte de agentes federales de al menos 16 personas civiles desarmadas, en su mayoría menores de 20 años, quienes se encontraban realizando un plantón frente a la presidencia municipal por haber sido presuntamente despedidos por el excomisionado federal de la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, sin indemnización ni remuneración.
Y de Tanhuato detalla que el 22 de mayo 2015, tras un enfrentamiento entre las fuerzas federales y un supuesto grupo criminal, fallecieron 43 personas (42 civiles y un policía federal) en el Rancho del Sol, en los límites entre los municipios de Tanhuato y Ecuandureo. Según la versión estatal, se trató de un enfrentamiento; sin embargo, según información en los medios de comunicación, hay controversia respecto a los hechos.
Agrega: “Por ejemplo, fotografías y testimonios de personas del lugar indicarían actos de posible tortura, ejecuciones extrajudiciales, manipulación de la escena del crimen y siembra de armas. Se habría constatado que más del 70 por ciento de las víctimas habrían sido encontradas con un tiro de gracia en la nuca; también, una de las víctimas no habría muerto por un impacto de bala, sino que habría sido matada a golpes. Asimismo, los cuerpos habrían sido movidos y las armas con las que habrían sido encontrados tendrían cargadores que no eran del mismo modelo, por lo que no hubieran podido ser accionadas en combate”.
En estos casos no sólo destaca la participación directa o indirecta de agentes del Estado, sino la versión oficial. “En los tres casos mencionados, la primera versión de las autoridades –sin que hubiese una investigación de por medio– fue que las muertes de civiles eran resultados de enfrentamientos. Sin embargo, los testimonios y los indicios apuntan a la presunta participación de autoridades federales y miembros de las Fuerzas Armadas en hechos que constituirían casos de ejecución extrajudicial, alteración de la escena del crimen a fin de presentar la situación como si se tratara de un enfrentamiento, e irregularidades en las investigaciones”, determina la CIDH.
El trabajo de la CIDH sobre México también alerta sobre otros temas que deben ser urgentemente atendidos, en especial los de tortura; desplazamiento forzado interno; colusión entre agentes del Estado y el crimen organizado; uso de las Fuerzas Armadas; e impunidad.
Además, violencia de género contra la mujer; violencia contra pueblos indígenas y defensores del medio ambiente; contra mujeres trans y comunidad LGTB; contra niños, adolescentes y jóvenes; contra migrantes; contra personas privadas de su libertad; y contra defensores de los derechos humanos y periodistas.
Sobre este último punto, en lo que va del gobierno de Enrique Peña, al menos 43 periodistas han sido asesinados en el país. Al respecto, la abogada Arosemena de Troitiño califica como “muy dura” esta realidad y la condena.
“La Comisión se pronuncia señalándole al Estado la importancia que tiene que los mecanismos de protección efectivamente funcionen, porque si no [lo hacen] sentimos una frustración, pero no podemos decaer. Decía el maestro [Maurilio Santiago] que hay que gritar en la demanda del derecho, nunca quitar o dar la espalda al problema. Eso es lo que hay que hacer.”
Nancy Flores/enviada
[PORTADA][SOCIEDAD][D][SEMANA]
Contralínea 591 / del 21 al 27 de Mayo 2018
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