México alcanzó el tercer lugar mundial en la producción y tráfico de heroína, asegura en entrevista Óscar Santiago Quintos, actual director de la Oficina Nacional de Política de Drogas de la Agencia de Investigación Criminal, que depende de la Fiscalía General de la República (FGR).
Ello ha exigido a las organizaciones criminales el diseño de nuevas rutas. También han ido mutando y adhiriéndose a otras más fuertes que trafican con menos gente mayores cantidades de drogas con alta potencia. Este fenómeno, indica, ha generado mayores conflictos en zonas urbanas respecto al control de venta de las sustancias. Además, los aseguramientos han crecido en sustancias psicoactivas y opioides sintéticos.
Para el maestro en políticas públicas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, es difícil actualmente hablar de cárteles; pero, dice, el que predomina es el de Sinaloa, cuyo centro de operaciones sigue siendo el Triángulo Dorado (ubicado en los límites de Chihuahua, Sinaloa y Durango).
El también licenciado en ciencias políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México señala que “ahora la entrada de droga busca más la parte limítrofe de California con Arizona. Los productores y traficantes de heroína se concentran en Guerrero, Oaxaca y en el Triángulo Dorado. Éstos dejaron gran parte de la ruta tradicional del Pacífico y se internan por el corredor Arizona y Nuevo México”.
—¿Cuáles son las principales rutas del tráfico de drogas en el nuevo esquema criminal? –se le pregunta al coautor de libros Analista en el nuevo sistema de justicia penal (2017), Inteligencia en el nuevo sistema de justicia penal (Inacipe), y México: monitoreo de cultivos de amapola 2015-2016 y 2016-2017 (ONU, noviembre 2018).
—El comportamiento ha cambiado: en mariguana hay una disminución en el número de plantíos localizados y destruidos por el Ejército Mexicano. El mercado se contrajo desde hace varios años: uno, por la regulación en varios estados de la Unión Americana y Canadá. Y, dos, porque se abrió una nueva veta a los opioides sintéticos y esto demanda otra reconfiguración de tráfico. Respecto a la cocaína, Colombia y los países andinos han tenido producción récord, y además de utilizar las rutas clásica de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Quintana Roo, ahora explotan sub-rutas, a partir de la disponibilidad de combustible y alta tecnología de navegación.
Por la trasnacionalidad y el poder económico que se requiere, difícilmente más de dos organizaciones podrían hacerlo, y el mercado de las metanfetaminas tampoco tendría capacidad de traer insumos, precursores y químicos a México, producir metanfetamina y llevarla al mercado europeo, América del Norte u Oceanía, considera.
Santiago Quintos despacha en la sede de la Agencia de Investigación Criminal, en avenida Río San Joaquín, donde operó la fallida Agencia Federal de Investigación en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, y donde el funcionario ha laborado durante los últimos 15 años.
—¿Cuál es la perspectiva con el gobierno de la “cuarta transformación” en el combate a las drogas después de 3 sexenios de fracasos, muertes, desapariciones y deterioro del tejido social?
—Como Fiscalía enfrentamos el fenómeno de las drogas muy en concordancia con lo que se señaló en la reunión plenaria de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Drogas 2016: ahí se revisó la política internacional y se hizo énfasis en las fallas. Se halló sólo políticas punitivas, exclusivas dedicadas a destrucción de cultivos, aseguramientos y detención de personas. Se imponía una política dictada por la comunidad internacional y se dejaron de lado los escenarios locales. Además, se desatendió la parte urbana, a los usuarios y consumidores. Ahora los retos todavía son mayores, por los daños asociados al consumo, a usuarios, y para las dependencias de seguridad y justicia que tienen que atender los daños que están ocasionando la producción de drogas ilegales.
Para el experto, el reto inmediato es muy grande: en breve estarán disponibles en el mercado cerca de 700 sustancias psicoactivas, de las cuales se desconocerse su composición química y sus efectos en la salud. Por tal, se tendrán que identificar las diferentes formas de transportación y fabricación, el uso de paquetería, mensajería, internet y la deep web.
—¿Parece no estar clara la política antidrogas de México, primero por la posición de López Obrador que ha sido entre la amnistía, el perdón, el amor y paz, el punto final y, por otro lado, la realidad donde está desatado el crimen organizado en el país?
—Desde la Fiscalía nos toca dar seguimiento a la evolución del fenómeno delictivo, guiarnos por el marco jurídico vigente; desde ese punto de vista, estamos aportando investigación orientada a [descubrir la] producción, tráfico y destino final de las drogas. Lo que hay alrededor del mercado de drogas es violencia asociada a esas etapas de asegurar la producción, el uso de mercados internacionales para la fabricación de metanfetamina o en estar atentos en evitar el tráfico terrestre, aéreo o marítimo para inhibir disponibilidad en las calles.
Es decir, a la FGR le toca el acompañamiento al gobierno en el cumplimiento de leyes y el valor agregado de la Fiscalía es hacerse de mayores elementos para que atienda el mercado criminal desde dos enfoques, considera.
El primero de ellos, observa Santiago Quintos, es el aprovechamiento de toda la información disponible de las unidades de investigación de la FGR: la coordinación de métodos de la Agencia de Investigación Criminal, de la Policía Federal Ministerial, los servicios periciales para que podamos romper la cadena delictiva y de valor que utilizan las organizaciones criminales.
Y en segundo lugar, a partir de la reforma a la Ley General de Salud que faculta a fiscalías estatales a atender el problema del narcomenudeo, que la FGR haga más eficiente los mecanismos para mejora en la calidad de la información, que permita aportar elementos de prueba para romper la cadena de producción hasta destino final. Así, evitar el tráfico a gran escala en el que se podría utilizar a México hacia mercado de Europa, Oceanía y América del Norte.
—¿La estructura de los principales cárteles con sus respectivos ejércitos, que tienen en vilo al país, sigue igual que como la describía el documento de la entonces PGR denominado Organizaciones Criminales, que señalaba cárteles existentes, nombres y ubicación por estados y municipios?
—El documento fue vigente en su momento, porque el fenómeno de las drogas implica varios conceptos que hay que ponderar. Tomando en cuenta este documento, te enfrentas a temas como la alta complejidad del fenómeno de drogas, producción, trasiego y consumo, lo cual va respondiendo a los mercados desde la oferta y demanda que no es la mejor aproximación hacia las drogas, pero a partir del cual podrían estar atendiendo que esta composición de grupos o células que corresponden a esos grupos que aparecen en esa ubicación van cambiando, porque responden a la demanda de sustancias.
“Por ejemplo, si actualmente ves un decremento en la producción ilícita de mariguana y el tráfico ha ido disminuyendo a partir de mercados regulados en Estados Unidos y Canadá, las organizaciones que estaban enfocadas en esa producción y asegurar las rutas hacia los mercados consumidores han ido mutando, han perdido esa capacidad, son absorbidos por grupos más fuertes; aquellos dedicados a la producción de drogas duras –cocaína, heroína metanfetaminas– son las que han mantenido esa presencia en los estados y la atomización respecto a los mercados locales, la disponibilidad en las calles.”
El titular del área especializada en el combate a las drogas indica que el reto para la FGR es mejorar el trabajo conjunto con las procuradurías estatales, que al final del día tienen la competencia de atender la disponibilidad del microtráfico en las calles del país (narcomenudeo). De ellas, dice, “observan otras cosas que no vemos a pesar de la coordinación que existe: ven grupos de menor tamaño que comercializan sustancias ilícitas; por eso hay mayores conflictos en zonas urbanas respecto al control de venta de las sustancias que se están requiriendo y de nuevo nos enfrentamos a la complejidad y dinamismo de una especie de ecosistema donde esta problemática está viva y cambiante, y tenemos más retos de mayor número de aseguramientos de metanfetaminas, y sobre la presencia que enfrentamos de nuevas sustancias psicoactivas y opioides sintéticos”.
El maestro Santiago Quintos refiere que hay una nueva recomposición de las organizaciones criminales: algunas pierden presencia o notoriedad en regiones del país porque pierden el grado de especialidad de drogas, pero mantienen el mercado y las rutas abiertas para el trasiego, y a eso se enfrenta el gobierno.
Por ello, señala, “en la FGR estamos orientados hacia una alta especialidad de estas organizaciones desde el punto de vista del análisis criminal en donde, por un lado, tienen de víctima a la sociedad y, por otro, en este triángulo de criminalidad tienen a los actores o victimarios, los grupos u organizaciones criminales que se dedican a ello y finalmente el espacio y tiempo en el que se desenvuelven. Es un diagnóstico que permite conocer la realidad de nuestro país”.
Pero tomando en consideración el grado de complejidad, los mercados criminales, el dinamismo de las organizaciones muchas de las cuales han ido cambiando de actividades ilícitas al cambiar el mercado en cuanto a la demanda de sustancias o por la acción del gobierno para su contención o prevención de sus actividades o del nuevo sistema de justicia penal, desde luego que han mutado hacia actividades paralelas que van desde secuestro, extorsión, robo de combustible, robo de mercancías, una infinidad de expresiones delictivas que abona a la complejidad del fenómeno delictivo.
—¿Cómo funciona la coordinación en las Oficinas Binacionales para el intercambio de inteligencia?
—Agencias como la DEA, el FBI, el ICE y otras son entes con las que existe cooperación bilateral de información; eso no variará porque el intercambio sigue funcionando enmarcado en acuerdos bilaterales.
“Ahora, la FGR con la nueva Ley Orgánica está haciendo una ingeniería profunda respecto a lograr un acompañamiento acorde, primero, al fenómeno que enfrentamos con una alta especialidad temática, y en mi área, que concierne a la coordinación de métodos de investigación, de la mano con la coordinación de investigación y litigación. Es decir, a los fiscales especializados de delitos federales son a los que hay que atender con productos de investigación de unidades, que realiza la policía federal criminal, y la prueba científica de los servicios periciales. Esa es la nueva composición de la FGR, en concordancia con el fortalecimiento sistemático de las capacidades de investigación del Estado.”
Respecto a las labores de inteligencia, refiere que el Estado cuenta con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, y que lo que le toca a la Fiscalía es lo de las áreas que se dedican desde la investigación ministerial hasta la judicialización de casos de lavado de dinero, de recursos de procedencia ilícita.
Acota que por ello no hay duplicidad de funciones: hay una unidad ministerial para judicializar y áreas especializadas de servicio para fortalecer investigaciones que pudieran generarse por la propia Fiscalía o por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para casos de lavado de dinero.
Para el director de la Oficina Nacional de Política de Drogas, México está viviendo una especie de recomposición orgánica en donde vemos la creación por ejemplo de la Guardia Nacional, con la suma de las policías militar, naval y federal que está en la etapa de transición y que va a generar una nueva fortaleza con las autoridades de gobierno. “De ahí que se reorienten los recursos, pero no se abandonen compromisos como la Convención de Palermo; la asistencia jurídica y técnica, vía Iniciativa Mérida; los tratados internacionales sobre extradición, y demás”.
El maestro considera que en la parte bilateral “necesitamos el acompañamiento y de mecanismos de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos para temas como drogas, armas de fuego, terrorismo, etcétera, para que los fiscales especializados tengan el andamiaje que les permita vincular a proceso a los indiciados y sentencias acorde al nuevo sistema de justicia penal”.
Agrega que México participa en mecanismos: “Somos parte del intercambio para lograr que las organizaciones criminales trasnacionales no aprovechen las fronteras para sus actividades ilegales. En lo bilateral, tenemos instrumentos en la cancillería donde se enmarca desde asistencia jurídica, técnica, extradición. La FGR en esta nueva composición, desde su autonomía, aprovecha todas las herramientas jurídicas a su alcance para llevar a cabo su tarea, por eso hacemos uso de los instrumentos jurídicos internacionales para romper la cadena delictiva del mercado internacional y zonas de producción de drogas en Sudamérica o Asia”.
—¿Cómo engarza la FGR en la Guardia Nacional?
—Estamos en una etapa de recomposición orgánica de las instituciones en México y la Guardia Nacional detonará la autonomía de la FGR. En los delitos federales, la coordinación que tendremos con Sedena, Marina, Policía Federal, el Estado y autoridades administrativas; siempre será acompañamiento y posterior investigación. Ellos actuarán como primeros respondientes, porque están desplegados y tienen presencia territorial en las 266 regiones. Nosotros [nuestra respuesta], como Ministerio Público de la Federación, será de cooperación mayor, porque el nuevo sistema de justicia penal va trazando y subiendo el estándar de la investigación criminal y va a permitir a la FGR que sus áreas de investigación se enfoquen hacia la continuidad de las indagatorias de los primeros respondientes. Y se puedan entregar investigaciones con pruebas científicas.
—¿Cómo van a certificar las delegaciones de la FGR el control de confianza, la no corrupción y evitar la penetración de grupos delictivos?
—La Fiscalía vive un momento histórico y su Ley Orgánica prevé el combate a la corrupción hacia el exterior y al interior, además activa los órganos fiscalizadores: Visitaduría General y órganos internos de control. Respecto a la contratación de personal, estamos regidos por la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública cuyas evaluaciones, aunado al Sistema Nacional Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública y la UIF se va armando la estructura que permite blindar para evitar o disminuir la posible participación de funcionarios en actividades ilícitas. La Ley señala esa etapa de transición para hacer los ajustes, por lo que en breve habrá una estabilización.
El funcionario agrega que el sistema de prevención en el que se insertará la Guardia Nacional observa temas de proximidad social, de mayor participación ciudadana a nivel federal y estatal; además están la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las secretarías estatales y las policías municipales, que son la proximidad.
—¿Se acaba el tema de los extraditables?
—Sin duda va a continuar, porque no tiene que ver con movimientos u organizaciones nacionales: si una persona delinquió en algún otro país, sin duda tendrá que salir a cumplir su proceso; esa parte de extradiciones continuará de acuerdo a cada una de las particularidades de cada caso. Visto desde el punto de vista de que formaba parte de una estrategia, la FGR plantea el uso eficiente de las herramientas jurídicas y si alguien debe ser extraditado así será. Lo mismo si un mexicano que es buscado por autoridad mexicana tendrá que actuar en consecuencia para juzgarlo aquí, eso no está en función a decisiones particulares, es parte de todo el andamiaje jurídico nacional e internacional. Eso va a continuar.
—¿No ha sido un error como política pública del Estado la entrega de los llamados extraditables [principalmente narcotraficantes] a otro país?
—Habrá que revisarlo, pero en realidad si nos remontamos al caso de Osiel Cárdenas, exlíder en jefe del Cártel del Golfo, o al de Joaquín el Chapo Guzmán, ellos llevaron un proceso vivo en México. Ambos no se suspenden, aquí continúan, lo mismo que se desahogan en cortes federales norteamericanas. Hay beneficios que prevé la ley no sólo para estos actores, sino para todos los posibles imputados: tiene todos los mecanismos de solución de controversias que señala el nuevo sistema de justicia penal, o los juicios abreviados o suspensión del juicio en función a lo que puedan aportar.
“Vivimos en un momento transicional dinámico en la FGR que no sólo es el cambio de una letra, sino que la ley prevé, al menos en 1 año, despejar los nuevos paradigmas; por ejemplo, con la publicación del plan de persecución penal, que es la estrategia de la Fiscalía. El uso de nuevas herramientas, las nuevas organizaciones en los estados: cómo ir apuntalando a los fiscales de los estados para que su función sea integral a partir de la descentralización operativa, pero de concentración de información que redunde en algunos casos, se está tocando vivir esa transición y de todo lo que representa el nuevo sistema de justicia penal en la que va la autonomía de la FGR.
—Analistas señalan que México se convirtió en un narcoEstado dado el poder de las organizaciones criminales, cuyo control de gobernadores, alcaldes, servidores públicos municipales, ha repercutido en la modificación de la estructura social, económica y política del país. ¿Cuál es su análisis?
—Es un tema relevante, en la esfera económica, política y social; en la parte preventiva se trabaja en dos frentes: uno, la prevención con apoyo social, y dos, si se comete el delito a Fiscalía le toca investigar y perseguir esa conducta antisocial y ponerla ante un juez quien determine la sanción. Si estos subsistemas operan de manera eficiente, sin duda estaríamos hablando de una disminución sistemática de los niveles de violencia, pero para eso se necesita la parte económica eficiente en sus sistemas de control para identificar conductas inusuales. Por ejemplo, el manejo de cuenta, la semaforización en inteligencia financiera para saber de conductas o comportamientos erráticos de una cuenta para sacar indicadores, aunado a labores de control para evitar disponibilidad.
“Desde el punto de vista de inteligencia criminal, la ocurrencia de robos en cierta colonia, a ciertas horas, si la autoridad tiene la capacidad de recabar información de calidad de manera sistemática, no a la ocurrencia de esa expresión delictiva, sino cuándo ocurre, por qué podríamos estar señalando inteligencia criminal, tenemos al agresor y a la víctima, el lugar y espacio, lo cual refuerza que la seguridad somos todos.”
El funcionario señala que encontrar patrones de ocurrencia de algún delito permite identificar por qué está ocurriendo ahí (falta de luminarias, jardín mal cortado, aunque parezca que eso no es tema policiaco). Y es que, detalla, si cualquier expresión delictiva se atiende con inteligencia criminal de manera sistemática, desde las autoridades locales y federales, México podría estar en una posición distinta.
“A eso es a lo que le estamos apostando en la FGR, sobre todo a métodos de investigación con alto nivel técnico para lograr la identificación de esos patrones y contribuir con el Estado a disminuir la incidencia delictiva. Traemos otras variables, como tráfico de armas, de por qué está ocurriendo, es decir, la desagregación de información que genere inteligencia táctica por medio de la coordinación de métodos de investigación que vaya directo a la carpeta de investigación para decirle a los fiscales que hay eventos similares y de otro tipo que están en archivo temporal que podrían estar haciendo un caso sólido.”
Santiago Quintos refiere que esa misma información con buen tratamiento permite generar estrategias para que la FGR perfeccione su canal de persecución y las otras autoridades conozcan algunas fallas en cuanto al perfil de los imputados, lugares de origen, formación, delitos causales que no fueron atendidos por la autoridad o delitos del fuero común. “Ése es el verdadero cambio en los métodos de investigación para la FGR en que vamos a estar contribuyendo”.
—¿Hay narcoguerrilla en México, en que estados están?
—Desconozco, no tengo datos precisos. Desde luego que han existido en Guerrero algunas expresiones que están más radicalizados en contra del Estado, esos delitos que llegan a cometer son sancionados. La relación entre drogas y grupos armados se ha identificado a lo largo de la historia en algunos casos, pero no es una constante, cuando se habla de narcoguerrilla se utilizó mucho en Suramérica, Perú, Colombia, donde si había grupos beligerantes en contra del Estado, relacionados con la producción de drogas.
En México, sí se ha llegado a dar, se ha documentado, pero las capacidades del Estado o de las Fuerzas Armadas han roto la unión entre grupos dedicados a la producción de drogas y otros de conducta antisocial antisistémica.
—¿Cuál es el comportamiento del precio de las drogas desde su origen hasta su destino?
—Es un tema que estamos trabajando en la oficina de la ONU contra la drogas porque cuando se trata de un producto lícito te basas en los costos de producción, la oferta y demanda, pero en el mercado ilegal no tiene una constante en los precios. Las valoraciones que estamos haciendo con la Organización de Estados Americanos (OEA), por ejemplo, traes precios de producción que son totalmente asimétricos en diferentes zonas o regiones.
En México u otros países donde son producidas las drogas, sin duda al cruzar fronteras va generando cadenas de corrupción para llevarla a lugares de consumo y sin duda los precios se ajustan en función de la disponibilidad, accesibilidad y sobre todo a la pureza.
“La FGR le está apostando, a partir de programas con el perfilamiento de conocer una sustancia, sus componentes y pureza, y ver cómo se está comportando el mercado ilegal de oferta y demanda. Lo que sí hemos observado en zonas de producción fuera o dentro del país, la heroína o metanfetamina en países de destino aumenta considerablemente dependiendo de la accesibilidad y la cadena de corrupción.”
—¿Qué comportamiento tienen los indicadores sobre decomisos de drogas, armas, moneda extranjera?
—El tema de armas, dinero y drogas no se puede analizar de manera aislada, los desafíos para México van enfocados a un diálogo más estrecho con Estados Unidos, no para que cambien sus leyes, sino para que establezcan mayores controles. Dígase, antecedentes registrales de quienes compran armas, hay estados donde no existe revisión de antecedentes penales, no hay supervisión cuando hay pérdida de armas y estas aparecen en manos de las organizaciones delictivas de México, es decir mayor acercamiento con EU para trabajo coordinado para evitar disponibilidad de armas que aparecen en manos criminales en México.
“Sin duda debe ser parte de la estrategia a la cual deberá poner mucha atención la Guardia Nacional, las aduanas y la cancillería. A la FGR le toca fortalecer la base de datos de criminalística, la base del iris para poder generan información respecto de la utilización del arma a partir de la huella balística que sirva para fortalecer la investigación y, aun cuando al imputado se le asegure esa arma, habrá muchos elementos para llevar algunos casos que fortalezca la investigación.
“Lo mismo con el dinero, entendiendo los mercados criminales sin duda hay un flujo importante del norte hacia el sur y habrá que apoyar a las autoridades aduaneras con mecanismos e información dónde la FGR ha llevado mayores decomisos, características y modelos de riesgo para que fortalezcan su labor en la frontera.”
El experto en estrategias antidrogas observa que en los 5 meses que lleva el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “el comportamiento de las sustancias hay que verlo de manera diferenciada por tipo de sustancia atendiendo un esquema del mercado, no sólo de México sino de la región, por ejemplo en lo que hace a armas, la vecindad con Estados Unidos cuyo nivel de producción de armas y una legislación que recae en autoridades estatales a lo largo de los 3 mil kilómetros de frontera es disparejo entre los cuatro estados fronterizos, pero además los controles que hay en ese país, para que los ciudadanos puedan comprar armas de asalto, permite que organizaciones delictivas que operan en ambos lados de la frontera su nivel de beligerancia en territorio nacional sea distinta, grupos del crimen organizado con otras características.”
—El informe US-Méx Segurity Cooperation 2018-2024 señala que hay una relación no muy firme entre los gobiernos del presidente Donald Trump y López Obrador, porque a Estados Unidos le interesa la crisis de adictos y muertos por sobredosis, y a México la inseguridad, muertos y desestabilización social por trasiego de drogas. ¿Cómo estaría la función de la Fiscalía con sus homólogos en la operación en este terreno?
—La crisis de los opiáceos en palabras de Estados Unidos tiene un origen muy reciente. En un principio había desconocimiento de las autoridades estadounidenses, se hablaba de una mezcla, de una inundación del mercado doméstico de consumo por parte de organizaciones mexicanas de heroína mezclada con fentanilo. Pero al revisar las bajas en el forense, se llegó a la conclusión de que los opioides sintéticos vienen desde la década de 1990 donde en Estados Unidos el sistema de prescripción de medicamentos controlados tuvo un boom de clínicas del dolor. Ahí, los médicos tenían una prescripción sin control y se convirtió en una fase embrionaria en donde un delito va teniendo un crecimiento.
“En el año 2000, el mismo sistema médico en Estados Unidos sigue manteniendo la alta producción de sustancias de control de dolor y entran al mercado diversos medicamentos como la oxicodona. Esto detona el consumo y para 2005 se excede la comercialización y adquisición. Para 2010-2012 el gobierno norteamericano [sic] empieza a tener mayores controles, porque además de que los opioides sintéticos son anestésicos y analgésicos, tienen ciertas particularidades que generan una enorme adicción como la heroína, pero potenciado hacia los usuarios, y cuando meten ese sistema de control en sus medicamentos controlados, se crea un mercado negro. Por ello se dio la explosión en el consumo del fentanilo ilegal, que se puede encontrar en tabletas y polvo, que asemejan en ese medicamento, cosa que no sucede en otras sustancias”.
En México, señala, la Cofepris establece recetarios electrónicos que han permitido que no cualquier médico general ni con cierta especialidad pueda recetar esa clasificación de medicamentos altamente adictivos. “Uno de los desafíos para el país es el consumo, estar atento a los nuevos patrones, porque son modas cíclicas, como ha sido el consumo de corte fentamínico, metanfetamina, cocaína, heroína, que han tenido sus ciclos”.
Otro desafío de la Fiscalía, asegura el maestro en políticas públicas, es evitar la entrada de sustancias y precursores químicos para la elaboración de fentanilo, pero sobre todo de metanfetamina y nuevas sustancias psicoactivas y poner atención al mercado de mariguana, dado caso de que se regule para uso lúdico como en Estados Unidos, Canadá y Uruguay.
“El desafío se da en cómo mejorar la investigación, prevención, esquemas de control, comunicación más dinámica con Estados Unidos. México en materia de fentanilo ha ido de la mano con Estados Unidos y Canadá y en 2017-2018 en la comisión de estupefacientes, a partir de conocimiento especializado y evidencia científica ha ido identificando nuevas sustancias químicas para la fabricación de fentanilo, y por la alerta temprana tripartita han logrado que en 2017 se regularan los precursores del fentanilo a nivel internacional, lo cual habla, en el ámbito político y científico, del desafío que tuvo México. Se requiere ampliar la comunicación con países asiáticos para evitar la proliferación de venta de sustancias químicas a organizaciones criminales.”
—En la Agenda Nacional de Riesgos, cinco de los 10 temas contenidos (narcotráfico, lavado de dinero, corrupción, guerrilla, anarquistas) son atendidos por la Fiscalía.
—La Agenda Nacional de Riesgos se hace a través de las dependencias que participan en el Consejo de Seguridad Nacional. A nosotros lo que nos corresponde es el punto de vista jurídico, pero también aportarle a esas autoridades y a los tomadores de decisión los elementos que les permitan focalizar y priorizar sus acciones en función a las labores que les corresponde en cuanto a la Fiscalía. El tema de seguridad nacional no es como lo han manejado nuestros académicos: no es el tema de protección, sino es el sentido de seguridad de una nación y finalmente creo que si todos los subsistemas trabajan de una manera coordinada la parte sectorial está inmersa, la sociedad civil, diferentes tácticas, el tema de seguridad no es de policías, no es de fiscales, es mucho más amplio y sobre todo cuando de seguridad nacional como señala la Agenda Nacional de Riesgos. Creo que la Fiscalía tendrá un papel fundamental, contribuir a un estado de derecho y que la prueba científica se imponga y que los casos exitosos sean ejemplo para un tema preventivo, no solo de disuasión si no de desalentar la convicción de actividades ilícitas, porque existe una autoridad capaz de investigar, perseguir y sobre todo poner a disposición de los jueces para que sean castigados, si todos los subsistemas están trabajando la Agenda Nacional de Riesgos seguramente va a sufrir cambios dramáticos.
—¿Hasta dónde pueden incidir para que el trabajo de inteligencia no se eche a perder en la política?
—Apenas se está en la parte del legislativo, valdría la pena dar un espacio para ver cómo se está organizando la administración pública federal. En este marco que le ha dado nuestro fiscal [Alejandro Gertz Manero] es justamente favorecer el dialogo, el intercambio de información, elevar sus estándares de calidad aprovechando el tema de la autonomía y esa autonomía le permite que áreas técnicas como la policía de investigación, científicos forenses e inteligencia criminal evolucionen y crezcan, que permita que la investigación del delito federal esté mucho más sólido.
“La FGR va a poder aportar, de manera subyacente, información para apoyar investigaciones y a los tomadores de decisiones, al fiscal y a la alta dirección de la FGR para que decidan mejor en cuanto a la distribución, diseño del plan de persecución penal, organizacional que permita aportar a otras autoridades de seguridad o sectoriales elementos para llevar a cabo su trabajo.
“Este momento histórico de transición de la FGR también necesita un tiempo para, primero el rediseño se establezca, se implemente y vaya permeando, porque la reforma del 2008 del nuevo sistema de justicia penal implica una comunicación diferenciada, porque ya no están los preceptos de muchos años y la labor de la PGR nos exige y nos sube a la FGR el nivel de la prueba de la aportación de datos de antecedentes de los actos. La FGR tiene un trabajo titánico, pero también muchas áreas técnicas que se mantienen justamente fuera de esta parte de vaivenes y se dedican a la parte técnica de investigación científica, aportación de datos de prueba y sobre todo la inteligencia criminal, es lo que nos tocará ver en el corto plazo.”
—¿En la cuestión de lavado de dinero, se pondrá más énfasis, como ha dicho el secretario de Seguridad Alfonso Durazo, para el combate al crimen organizado, ya que sólo cuatro casos de lavado llegaron a buen puerto durante el periodo de Enrique Peña Nieto?
—En función del enfoque de seguridad y prevención, lo que ha señalado el secretario de seguridad y el presidente estará orientado hacia ello, lo que nos ha señalado el fiscal, primero fortalecer en la Fiscalía el plan de persecución penal, cómo operarla y hacerla eficiente, cómo atender los delitos desde un punto de vista de mercados criminales para justamente romper esas cadenas, por la complejidad del fenómeno de las drogas y a veces es muy fácil verlo únicamente desde la oferta o demanda o de atención de tratamiento.
“Se conjugan datos de oferta, demanda, control de daños, especialización temática, por ejemplo en producción de drogas naturales, sintéticas, la parte regulatoria, habla de que a FGR está trabajando en entender, atender mercados tan complejos como el de las drogas, pero no solo de una variable, sino atendiendo el tema desde el punto de vista sistémico, donde dicho mercado se entiende a partir de las particularidades de disponibilidad de armas porque una organización criminal no sería lo mismo aquí que en otra latitud del mundo por la cercanía con Estados Unidos y nuestra vecindad con Guatemala. Su legislación sobre armas distinta a la nuestra favorece la disponibilidad, pero desde luego el lavado de dinero, aquellos delitos transversales que podemos entender desde el punto de vista de inteligencia criminal que hace la FGR.
“Así, para no perder de vista la inteligencia criminal en donde ves delitos transversales como el lavado de dinero, que es el incentivo perverso de las organizaciones criminales para delinquir, la adquisición de armas te lleva a la comisión de varios delitos, porque no solo se investiga el tráfico de armas sino secuestro, narcomenudeo, enfrentamiento entre organizaciones criminales o agresiones a las autoridades.
“Por tal, habrá que darle tiempo para que la Fiscalía pueda hacer este cambio que plantea el fiscal y esta nueva concepción que es el plan de persecución penal, la concepción de mercados criminales, producción, tráfico, trasiego y distribución de drogas y delitos conexos y así para todos los delitos federales.”
José Réyez
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