Candidatos, libres de fiscalización antilavado

Las campañas políticas recién concluidas podrían haber sido financiadas por el crimen organizado, que en México lava –según estimaciones del Fondo Monetario Internacional– 25 mil millones de dólares anuales. Pese a los riesgos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera reconocen no investigar a las llamadas “personas políticamente expuestas”. La PGR tampoco lo hace, indica un exfiscal antilavado

La administración de Felipe Calderón omite combatir la colusión de candidatos a puestos de elección popular y de servidores públicos en activo con el crimen organizado.

Hasta ahora, ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ni la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han iniciado alguna investigación contra las llamadas personas políticamente expuestas, por la posible comisión de lavado de dinero.

Aunque la primera acción del gobierno federal fue declarar la “guerra” contra el crimen organizado, desde 2006 y hasta la fecha no se han integrado indagatorias contra funcionarios, candidatos y precandidatos por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, confirman las respuestas a las solicitudes de información pública 0610000003009 y 0000600022009, hechas por Contralínea.

En el primer caso, la CNBV asegura no tener expedientes en contra de altos funcionarios de los tres niveles de gobierno, porque “no realiza este tipo de investigaciones”. Aclara que “después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite de la Dirección General de Prevención de Operaciones Ilícitas e Institucional no se localizó documento alguno relativo al presente requerimiento de información”.

En el segundo caso, la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indica que no se encuentra facultada para iniciar o practicar investigación alguna relacionada con las personas políticamente expuestas.

José Luis Marmolejo, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR hasta mediados de 2008, explica que esta figura surge del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI).

De acuerdo con el organismo intergubernamental especializado en la lucha contra el lavado de dinero, y del que México forma parte, los políticamente expuestos son aquellos individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país: jefes de Estado, de gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales y militares, altos ejecutivos de paraestatales y funcionarios importantes de partidos políticos.

Con esta figura, indica el exfiscal Marmolejo, se busca monitorear a los altos servidores públicos con el objetivo prevenir y evitar esquemas de corrupción. Su patrimonio debe ser acorde con su salario, producto de su vida políticamente activa. El objetivo, detalla, es “evitar que estas personas se vean permeadas a través de la delincuencia o que tengan esquemas de lavado de dinero”.

Respecto de los funcionarios que investigó durante su gestión en la PGR, indica: “Sí tuvimos personajes (del servicio público) en investigación dentro de esquemas de lavado, pero no fue derivado de la recomendación del GAFI porque hayan sido políticamente expuestos”.

Presunción de la inocencia

Para el doctor Luis Astorga, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en el estudio del narcotráfico, el término de personas políticamente expuestas es un eufemismo: “Son (personas) potencialmente corrompibles. (Pero) a la clase política le encantan los eufemismos”.

No obstante, el exfiscal Marmolejo indica que “no se puede investigar a una persona por sí nada más, eso es hacer una pesquisa y está prohibido. Para investigar a alguien tienes que tener primero quién lo acusa, para que puedas iniciar una averiguación previa, un acta circunstanciada, pero no se puede andar investigando por el simple hecho de considerar a una persona políticamente expuesta”.

El doctor en derecho Daniel Márquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dice que esta figura “es una de las bajas que ha sufrido la presunción de inocencia, derivada de esta famosa guerra contra el narcotráfico. Si nosotros fuéramos atentos a lo que se publica en prensa nos daríamos cuenta de algo muy triste, desde la década de 1970 se ha involucrado a servidores públicos mexicanos con el narcotráfico. Evidentemente, esto no es nuevo”.

Agrega que es ya una tradición, como ataque político a quienes detentan la titularidad del Poder Ejecutivo, que se vincule a alguien de su círculo más cercano con el narcotráfico o el crimen organizado. Pero, señala, también hay que decir con toda claridad que en la Constitución está plasmada la presunción de inocencia.

Márquez detalla que el asunto de los políticamente expuestos forma parte de los saldos de la desconfianza en el sistema electoral mexicano, que tiene por contexto los 70 años del gobierno priista y un Instituto Federal Electoral “que camina a pasos agigantados hacia un precipicio bastante hondo de desprestigio”.

Dinero sucio a campañas

El crimen organizado y en especial el narcotráfico tienen una capacidad corruptora muy alta: el dinero disponible que tiene el tráfico de drogas anualmente rebasa el presupuesto del Estado, incluso el mismo presupuesto de los equipos de las instituciones de seguridad, asegura Jorge Luis Sierra, especialista en temas de seguridad nacional. Agrega que tanto el poder de intimidación como esa capacidad corruptora pueden hacer una “merma enorme” en el funcionamiento del Estado mexicano.

Por ello, dice, es indispensable exigir que se fiscalice a todos los niveles de gobierno. “No hay una sola parte del gobierno que pueda estar a salvo per se de la corrupción del narcotráfico”.

De acuerdo con el estudio México: reporte de evaluación detallada sobre lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo, que el Fondo Monetario Internacional publicó el 15 de junio pasado, las operaciones con recursos de procedencia ilícita en este país alcanzan los 25 mil millones de dólares al año.

Respecto del riesgo de que parte de ese dinero sucio que se blanquea en el sistema financiero y en diversos negocios lícitos de México haya llegado a las campañas electorales, José Luis Marmolejo indica que los partidos políticos tienen muchas formas de captar dinero y que el punto débil se localiza en las donaciones. Indica que los partidos deben conocer a su donador para prevenir el lavado de dinero en las campañas.

El doctor Guillermo Garduño, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana considera indispensable la fiscalización directa, “pues el propio aparato del Estado necesita saber que los sujetos que están a cargo de su administración no lo van a traicionar. Ésta es una condición en cualquier tipo de Estado: hay que tener un sistema de contrainteligencia hacia el interior para ver si no hay fuga de información, que pueda echar abajo decisiones impresionantes y modificar el curso de los acontecimientos”.

Para ello, dice, “el aparato de inteligencia debería tener cierta autonomía, pero afortunadamente no la tiene. Por lo tanto lo que se hace es una cuestión eminentemente selectiva. La transparencia debería ser indispensable para cualquier funcionario, pero no ocurre así. Hay una distancia muy grande entre lo que se debiera hacer y lo que realmente ocurre”.

Ante la falta de fiscalización, Garduño dice que “se seguirá fugando la información y que el mejor enterado resultará ser el crimen organizado. Ésa es la consecuencia directa. Ellos tienen la posibilidad no sólo de tener garantizada la impunidad sino de anticiparse frente a situaciones de riesgo, de amenaza, que a ellos les pueda afectar. Están mejor informados que el Estado”.

Combate escaso

En su estudio, el Fondo Monetario Internacional critica la actuación de las autoridades mexicanas respecto del combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues la poca solidez de las investigaciones ha repercutido en los resultados: desde 1989 sólo se han obtenido 47 sentencias por este ilícito.

De acuerdo con Jorge Luis Sierra, la ineficacia del combate al lavado de dinero se debe a que “en realidad la clase política y la clase militar no han demostrado que exista una profunda disposición, una completa voluntad, como para que esto (la fiscalización al más alto nivel) pueda ser una realidad. Y mientras eso no exista, mientras sigan existiendo intereses de partido y siga habiendo el temor de afectar intereses políticos o económicos profundos, entonces sigue siendo inviable la fiscalización”.

Al respecto, el doctor Luis Astorga dice que el problema principal es que no existe un pacto político, hay un acuerdo firmado por los partidos políticos y el IFE, pero es muy endeble pues, en la práctica, operan otros incentivos para la clase política y algunas apuestas muy riesgosas, como la corrupción y las redes de protección.

Acerca del dinero que el crimen organizado podría destinar para campañas y precampañas electorales, dice que “a los traficantes no les interesa un partido político en particular, les interesan posiciones de poder real, o aquellos que tienen probabilidades mayores de tener esas posiciones de poder político”.

Señala que “es más útil para ellos, más rentable, más económico, corromper al que ya está, en lugar de apostarle a un caballo flaco. Por eso no hay un partido político que pueda decir que no tiene nada que ver con esto, porque todos están expuestos”.

Explica que esto es así porque no hay ningún país en este planeta donde no haya un cierto grado de relación, mayor o menor, entre la política y el tráfico de drogas, ya sea en función de dependencia, supeditación del campo del tráfico de drogas a la política y, en ciertas regiones, al revés, o en una situación intermedia: una asociación de intereses que lleva a Estados más desarrollados a considerarlos como Estados con tendencias mafiosas.

Astorga, quien ha estudiado la historia de las organizaciones criminales mexicanas, detalla que, a diferencia de la guerrilla, los narcotraficantes no buscan instaurar un gobierno, no tienen plataformas políticas ni participan con cuadros propios, “porque ellos, por su propia historia, han sido desplazados del poder político, han sido relegados, marginados, y no tienen cuadros políticos. Para hacer política tienen necesidad de los políticos profesionales y ese es el oligopolio de los partidos políticos”.

Por ello, expone, los traficantes tienen forzosamente necesidad de llegar a los políticos a través de la corrupción o de la asociación de intereses, para tener sus medidas y sus redes de protección.

Militares, entre las personas políticamente expuestas

El general en retiro y diputado del Partido Revolucionario Institucional, Roberto Badillo, dice que el combate al lavado de dinero es “cardinal” en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, no en México sino en el mundo.

Quien fuera jefe de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional, encargada de realizar el servicio de inteligencia, reconoce que “todos los políticos o todas las personas (políticamente) expuestas son las que toman decisiones. Son aquellas que tienen acceso a información privilegiada que va a afectar negativamente a los narcotraficantes. Esas personas se encuentran en las dependencias que combaten al narcotráfico: Secretaría de la Defensa Nacional, Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad Pública, agentes del Ministerio Público, jueces”.

No obstante, asegura que es muy difícil que en el Ejército se dé fuga de información y redes de protección a favor del crimen organizado, “porque los militares tenemos un banco que controla nuestros pequeños dividendos que tenemos como comandantes de zonas o regiones militares”.

Agrega que en los grados bajos, el militar definitivamente no tiene dinero para estar guardando. Por ello, dice, la Sedena detecta fácilmente a los militares que se corrompen, a los que califica como casos aislados.

El aún secretario de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados e integrante de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional dice que las investigaciones en contra de los militares deben correr a cargo de la propia milicia, porque, en su mayoría, las autoridades civiles están corrompidas.

“Esta cuestión del poder corruptor del narcotráfico se deriva del dinero que maneja. Cuando yo fui comandante en el norte de la república, los tres delegados de la PGR que trabajaban conmigo, en un año y medio, terminaron siendo narcotraficantes. Es muy difícil (resistirse a) recibir propuestas de cañonazos de 100 mil o 200 mil dólares del narcotráfico para esa gente que sabe que va a salir de pobre, pero que no sabe o no se imagina las consecuencias que eso puede tener; porque, desgraciadamente los tres terminaron muertos”.

El general Badillo agrega que la corrupción ha encontrado tierra fértil en las autoridades civiles porque “el espíritu de servicio de los funcionarios ha sido muy pobre, no tienen la preparación desde el punto de vista institucional, para llevar a cabo esos cargos. Desgraciadamente, en la vida civil, cuando llega un procurador, un subprocurador, un delegado a alguna parte del país pues llega con gente de ellos (los narcotraficantes). En el ejército no pasa eso”. (NF)