Con un sistema de salud prácticamente desmantelado, negligente ante los criterios internacionales en protocolos de salud, sin desarrollo tecnológico para la producción de vacunas y fármacos y carente de prevención de enfermedades, México difícilmente podría enfrentar una pandemia
Como miembro de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), México está obligado a cumplir los protocolos de ambos organismos, algunos –dictados entre 1999 y 2006– orientados a prevenir los brotes de influenza con el principio básico de la higiene. Con 20 millones de mexicanos en pobreza extrema, que habitan municipios carentes de servicios básicos, el país incumplió.
Entre 2001 y 2006, en diversas reuniones tanto de la OMS como de la OPS, en Washington se habló de la posibilidad de una pandemia de influenza, por lo que se requirió a los países miembros tomar precauciones: el desarrollo y abasto de vacunas y fármacos. La mayoría de países europeos desarrolló modelos de prevención, intensificados a partir del llamado Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS, por sus siglas en inglés) que entre 2002 y 2003 azotó diversos países.
En el seno de los organismos internacionales de salud, la alerta de una pandemia fue constante. En septiembre de 2002, durante la reunión de la OPS, en Washington –a la cual acudió Julio Frenk Mora, entonces secretario de Salud–, se planteó que “la organización necesita estar preparada para la siguiente epidemia de influenza”. El razonamiento no sólo iba en el sentido de que, según la OMS, de forma cíclica en periodos de tres a cinco décadas ocurre una epidemia de gripe en el mundo, sino en las condiciones de deterioro del medio ambiente.
El informe Preventing disease through healthy environments: towards and estimate of the environmental burden of disease, publicado por la OMS en junio de 2006, alertó que la exposición a riesgos ambientales provoca casi una cuarta parte de la morbilidad mundial, pero que ésta era fácilmente prevenible si los gobiernos tomaban “medidas bien orientadas”, sobre todo los países en desarrollo, como México. En el informe, Anders Nordström, director general interino de la OMS, explica que el tener certeza de cuánto influye el medio ambiente en la salud “nos ayuda a demostrar que las inversiones racionales destinadas a crear un entorno favorable pueden ser una estrategia eficaz para mejorar la salud y lograr un desarrollo sostenible”.
Tales disposiciones no se cumplen en México: más de 20 millones de mexicanos no tienen servicios médicos.
De acuerdo con el diagnóstico de legisladores de las comisiones de Salud en ambas cámaras, la pandemia de influenza humana llegó a México sin que el país tuviera un plan de contingencia, y con un sistema de salud pública deteriorado. La senadora Claudia Corichi, secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República, asegura que “la falta de estudios epidemiológicos en México impidieron que se diagnosticaran a tiempo los primeros casos de influenza”.
El pasado 27 de abril, ante el pleno de la Cámara de Diputados, el legislador Camerino Eleazar Márquez denunció que la administración de Felipe Calderón no acató el Plan nacional de preparación y respuesta ante una pandemia de influenza y que “violó el derecho a la información al no comunicar a tiempo la existencia del virus porcino”. Detalló que, en cumplimiento a las disposiciones, tanto de la OMS como el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Alimentación, las autoridades sanitarias debían reportar la situación desde el día en que se detectó el primer caso, sin embargo, “las autoridades sanitarias federales respondieron 13 días después”.
La oficina sede de la OPS señala que el 16 de abril México les reportó “un inusual incremento de casos de infecciones respiratorias agudas en dos estados, Oaxaca y Veracruz”. El 18 de abril en Estados Unidos se confirmaron los primeros casos de gripe porcina A/H1N1, en California. Según la OPS, el 21 de abril, México notificó a la OPS y la OMS “brotes de enfermedad respiratoria severa en estados adicionales” y dos días después les notificó los primeros casos de lo que ahora se conoce como influenza humana confirmados por laboratorio.
El 25 de abril, Margaret Chan, directora general de la OMS declaró una emergencia de salud pública de preocupación internacional y convocó a una reunión del Comité de Emergencias del Reglamento Internacional de Salud. Ese mismo día, expertos de la OPS llegaron a México para analizar el caso. Al día siguiente, Estados Unidos confirmó casos en Nueva York y Ohio. El 27 de abril, la OMS elevó de fase 3 a fase 4 el nivel de alerta pandémica.
Canadá notificó ese mismo día sus primeros casos confirmados de influenza A. En los siguientes días el brote se extendió.
Por ello, “se perdió la oportunidad de contención”, explica a Contralínea Daniel Epstein, vocero de la OPS.
Como protocolo de emergencia, la noche del 23 de abril se decretó la suspensión de clases en todos los niveles en el Distrito Federal, Estado de México y en San Luis Potosí, entidades afectadas.
Luego la medida se haría extensiva al resto del país. Se cancelaron eventos públicos, deportivos, culturales y políticos; se cerraron restaurantes y clubes. Se recomendó acudir al médico cuando se presenten los síntomas de tos, exudado nasal, fiebre superior a los 39 grados centígrados y dolor muscular.
No obstante el protocolo de emergencia, gran parte de la dificultad de México para enfrentar la pandemia “está en la difícil situación del sector salud”, explica Daniel Dehesa Mora, médico e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Los esfuerzos en la materia de la administración de Fox estuvieron destinados a un solo programa: el Seguro Popular –del cual Contralínea documentó numerosos actos de corrupción, tales como el nepotismo, desvío de recursos, irregulares beneficios a empresas privadas, y el supuesto enriquecimiento ilícito de su titular, Juan Antonio Fernández Ortiz.
En ese periodo, según datos proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la influenza y neumonía representaban casi el 6 por ciento de las defunciones, sin embargo no se adoptaron los protocolos internacionales para prevenir su proliferación.
Entre 1999 y 2003, las muertes por esas enfermedades aumentaron en conjunto 5.4 por ciento en promedio anual al pasar de 2 mil 76 a 2 mil 564 decesos. El grupo de edad con mayor número de defunciones fue el de los adultos mayores de 65 años. De acuerdo con el IMSS, “el aumento observado en el fallecimiento de personas se explica por la falta de control del agente patógeno durante la época invernal y a los bajos niveles inmunológicos de este grupo de edad”.
En la revisión al Programa Institucional en materia de Salud 2001-2006, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que la influenza se ubicaba entre las principales causas de muerte en el país. No obstante, no se invirtió en la producción de fármacos ni en el desarrollo de una vacuna; se optó por seguir comprando a las trasnacionales el inoculador para la influenza estacional a un precio promedio de 30 pesos cada dosis, según datos de la Secretaría de Salud.
Apenas en marzo, el gobierno federal firmó un convenio con la trasnacional Sanofi Aventis para producir una vacuna para ese tipo de influenza, infructuosa para el virus de influenza humana.
La senadora Claudia Corichi, de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, explica que la imposibilidad de las autoridades de salud para evitar el contagio se deriva en parte de que “no se tiene la infraestructura de laboratorios especializados, el equipamiento necesario ni el personal médico e investigadores calificados en suficiencia; además, no se tiene la capacidad para la investigación y fabricación de vacunas, y esto es porque en el país no se apoya la investigación”.
Birmex dejó de lado la investigación y producción para dedicarse a comprar los inoculantes. De acuerdo con datos de la Comisión de Salud del Senado de la República, más del 70 por ciento de la demanda de vacunas en el país se compra a laboratorios trasnacionales.
En 2006, último año de gobierno de Vicente Fox, la ASF detectó que esa paraestatal reportó un sobreejercicio no regularizado por 326 millones 723 mil pesos, debido a compras adicionales de vacunas, “sin que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizara las adecuaciones presupuestales por considerar que afectarían negativamente el cumplimiento de metas esperado”.
Aunque dichas vacunas se entregaron con un significativo atraso, según la ASF, los funcionarios no aplicaron las penas convencionales correspondientes, según las cláusulas contractuales, por 4 millones 783 mil dólares (52 millones de pesos). En contraste, tanto el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) como el IMSS sí le aplicaron a Birmex multas por 6 millones 371 mil pesos, por no entregarles las vacunas en las fechas pactadas en el contrato.
La ASF detectó también que Birmex pagó indebidamente al proveedor Grit Overseas Private Limited 360 mil dólares, equivalentes a 3 millones 917 mil pesos, ya que el ISSSTE ya había realizado el pago directamente al proveedor.
Durante el sexenio, Birmex operó sin que su estructura orgánica y ocupacional estuviese autorizada por su Consejo de Administración; hacia 2006 tampoco se había registrado ante la Secretaría de la Función Pública ni estaban debidamente formalizadas las funciones de las áreas que intervienen en la operación de adquisición, registro y control de los bienes adquiridos, aunado a que, según la ASF, “el sistema utilizado para el control y seguimiento de los contratos presentaba deficiencias que impedían transparentar el manejo de sus operaciones”.
Durante el sexenio de Vicente Fox, la ASF documentó compras no justificadas, por lo que recomendó “a las autoridades superiores de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México” que instruyeran al director de Logística a que las adquisiciones de vacunas fueran conforme a los requerimientos y que su adquisición se hiciera conforme a la ley, es decir, convocar a licitaciones públicas para encontrar el mejor producto y al mejor precio”.
Se encontraron pedidos y contratos sin la documentación justificativa para su adquisición. En éstos tampoco se fijó fecha de entrega, en contravención de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Se detectó también el almacenamiento en los cuatro almacenes de Birmex de residuos peligrosos, biológico infecciosos y fármacos caducos. La ASF cuantificó por lo menos una pérdida de más de 1 mil 100 millones de pesos por fármacos caducos.
Con el brote de influenza humana, los especialistas en virología hicieron patente al secretario de Salud, José Ángel Córdova, la necesidad de desarrollar antivirales y una vacuna. Sin investigación ni tecnología, a Birmex no le quedará más que esperar a que las trasnacionales desarrollen la vacuna, porque los institutos que podrían colaborarle, como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, padecen también los embates de la corrupción. Tan sólo en su revisión al primer año de gobierno de Felipe Calderón, la ASF detectó anomalía en dicho instituto por 656 millones de pesos, que en 2007 precisamente fueron operados en el Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia (Contralínea 129).
El pasado 27 de abril, el vocero de la OMS, Gregory Hartl, dio a conocer que envió muestras a varios laboratorios para la búsqueda de la vacuna, entre ellos, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta y las trasnacionales Novartis, AG, Laboratorio Pfizer y Roche.
De acuerdo con la OMS, la producción de la vacuna para la influenza A implica, primero, extraer y aislar la cepa exacta que está causando la infección. Posteriormente, se debe desactivar el virus para poder producir la inoculación. Todo el proceso, desde el aislamiento del patógeno hasta tener la vacuna lista para inyectarse, implicará unas 24 semanas. Los laboratorios trabajan apenas en la primera fase de la producción. Además, “el asunto de una vacuna contra este virus de influenza, como de cualquier vacuna, va a tomar tiempo y puede ser hasta nueve meses o más, hasta que se desarrolle y esté disponible; por ahora sólo están los antivirales”, explica Daniel Epstein.
El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), del gobierno de Estados Unidos, con sede en Atlanta, determinó que los virus de la influenza estacional A y B continúan circulando en Estados Unidos y México a bajos niveles. Los virus de la influenza humana A/H3N2 son resistentes a la amantadina y rimantadina, pero sensibles al oseltamivir y zanamivir. Por lo tanto, recomendó “tratamiento antiviral empírico para cualquier persona enferma que se presuma está infectada por el virus de la influenza porcina tipo A/H1N1”.
La OMS coincidió en el uso del tratamiento antiviral. El nombre comercial de zanamivir es Relenza, se trata de un tratamiento que viene en presentación de inhalador, la administración es dos veces cada 12 horas por cinco días. La recomendación del CDC es tomarlo antes de 48 horas de haber presentado los síntomas de influenza. El nombre comercial del oseltamivir es Tamiflú. La indicación es tomarlo en los primeros dos días de tener los síntomas.
Se trata del mismo compuesto aplicado para el llamado SARS, por ello, dentro de sus planes de prevención, desde que la llamada fiebre asiática azotara diversas partes del mundo, muchos gobiernos abastecieron sus reservas de Tamiflú; no así México.
Antes de que el secretario de Salud hiciera público el brote de influenza, en México los medicamentos Relenza PPVO (de Glaxo) y Tamiflú (de Roche) se ofrecían en 316 pesos con 80 centavos y 420 pesos con 34 centavos, respectivamente.
Para el día 29 de abril, cuando la directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, anunció el paso a fase 5 (de un total de 6) de alerta pandémica, en las farmacias del Distrito Federal el Relenza se vendía en 430 y en Tamiflú en 533 pesos. En un área con salario mínimo de 54.80 pesos, cada tratamiento equivale a 10 días de salario de un obrero.
La patente del Tamiflú es de Gilead Sciencies Inc, consorcio que tiene como accionista al exsecretario de defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld. A finales de abril, la BBC de Londres difundió que “se cree que varios gobiernos en el mundo han almacenado unos 220 millones de dosis de Tamiflú, un medicamento antiviral que hasta ahora ha demostrado ser efectivo en la reducción de los síntomas de la enfermedad”.
En México, el secretario de Salud, José Ángel Córdova, ha señalado que el gobierno federal tiene suficiencia en el suministro de antivirales; sin embargo, el vocero de la OPS, Daniel Epstein, explica en entrevista que nadie tiene certidumbre sobre el abasto, pues “no sabemos cómo se va a desarrollar la pandemia”.
En México se suma el factor del monopolio que hay en la distribución de fármacos, lo que, de acuerdo con los diputados de la Comisión de Salud, ha hecho más costosa la adquisición.
En una entrevista con la BBC de Londres, Stephen Field, presidente del Real Colegio de Medicina General en el Reino Unido, explicó que “en el caso de una pandemia quizás no habrá suficientes dosis de estos fármacos para tratar a toda la población mundial. Y quienes tendrán más dificultades para tener acceso a los fármacos serán los países de medianos y bajos ingresos”.
México ya ha resentido los efectos. El diputado José Antonio Muñoz Serrano, secretario de la Comisión de Salud, señala que el monopolio de los medicamentos en el país tiene como consecuencia el que sea “muy costoso” enfrentar la pandemia de influenza A.
Explica que, el hecho que sean sólo dos laboratorios los que producen los medicamentos recomendados por la OMS, “sin duda tendrá un impacto económico muy importante, porque tan sólo el tener un tratamiento nos está costando entre 600 pesos por persona, y esto implica que estamos pagando el medicamento caro.
Debemos hacer conciencia de que el impacto negativo del monopolio de los medicamentos es lo que estamos viendo hoy”.
El legislador del Partido Acción Nacional añade que los monopolios en la industria farmacéutica impiden garantizar el abasto de medicamentos durante este periodo de crisis. Explica que “la manera de acabar con ellos es buscar que, cuando venzan las patentes, no les permitamos a los laboratorios ampararse o recibir prórrogas, pues esto trae como consecuencia el desfalco del ahorro familiar”.
Dentro de sus compromisos para los 100 primeros días de su gobierno, Calderón se comprometió a “combatir las prácticas monopólicas” en el mercado de fármacos para “evitar actos de corrupción y mal manejo de fondos”. Habló de eficientar la cadena de abasto y la disminución en los precios de los medicamentos.
Muñoz Serrano asegura que el monopolio no se ha roto por la intervención de algunos diputados a favor de que los laboratorios concentren las patentes.
“Los costos que hoy pagamos en los antivirales son consecuencia de que ciertos laboratorios siguen teniendo la exclusividad de las patentes y no se pueden producir los medicamentos genéricos intercambiables. Eso es consecuencia de que se ha pretendido otorgar una prórroga para su registro. Algunos legisladores todavía pretenden dar un plazo de hasta cinco años para el registro de medicamentos”.
Aún con el abasto de antivirales, el panorama no parece muy prometedor. “El antiviral no es una pastilla mágica, no es que el antiviral lo tomes y ya, todo perfecto, es una de las herramientas que tiene el sistema médico para tratar a los enfermos. Pero mejor que eso es la prevención; antes de tomar antivirales hay que prevenir la infección”, explica Daniel Epstein.
—¿Podrá México enfrentar el problema? —Nadie sabe si México pueda enfrentar esto, y nadie sabe si podrá Estados Unidos. Nadie sabe si se tienen los suficientes recursos, depende de lo que ocurra. Hay que considerar que éste es un virus nuevo, no se conoce y tampoco se entiende mucho de ellos. Los virus de influenza son mortuorios porque mutan rápido y su comportamiento no es predecible. No sabemos qué va a ocurrir –concluye el vocero de la organización de salud pública más antigua del mundo.
Mal de pobres.
Recién iniciada su administración, Calderón habló de establecer una política nacional para garantizar la suficiente disponibilidad y precio justo para que cualquier ciudadano tuviera acceso a los fármacos y evitar “la intranquilidad y zozobra de muchas familias”.
En pleno brote de influenza humana se padece el fallido trabajo del gobierno. La pandemia no es igual para pobres y ricos.
En la reunión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 2002, cuando Julio Frenk escuchó la alerta de una posible pandemia de influenza, el ministro de Salud de El Salvador, José Francisco López Beltrán, planteaba que en la globalización, “caracterizada por brechas cada vez mayores entre los ricos y los pobres y el aumento de la desigualdad, la vulnerabilidad y la exclusión”, si no se creaban programas de integración y apoyo a escala regional, “podrían aumentar también las desigualdades en la salud pública, sobre todo en los países con subdesarrollo o con crecimiento insuficiente”.
Desde abril pasado, los países centroamericanos, ubicados por el Banco Mundial como los más pobres de la región, declararon no tener recursos para enfrentar una pandemia. Reunido en Managua, el 28 de abril, el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica señaló que, como la región no tenía recursos “para contener una eventual pandemia de gripe porcina”, aplicarían protocolos de vigilancia en fronteras y aeropuertos. Un asunto de por sí complicado, pues es una de las áreas con mayor flujo de migrantes de todo el mundo hacia Estados Unidos. Pero el virus ya estaba allí. Tres días atrás se había detectado el primer caso en una joven costarricense que había regresado a San José, proveniente de México.
En tanto, en el país ni las dos entidades donde estaba concentrada toda la atención científica del mundo tenía protocolos exactos de prevención y detención del virus. El resto de las entidades enfrentaba sus propias carencias en materia de salud. El secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, José Antonio Muñoz Serrano, asegura que, aún en días en que la alerta se ubicaba en fase 5, la mayoría de entidades no reportó adecuadamente la presencia de personas infectadas, “lo que debe generar un tipo de sanción”.
Contralínea recorrió diversas clínicas y hospitales en las zonas conurbadas del Estado de México. En municipios como Ecatepec, que reportó los primeros casos, el primer filtro para “diagnóstico” de pacientes eran policías de la Agencia Estatal de Investigación, comisionados a preguntar los síntomas de los pacientes. A los familiares de quienes acudían al diagnóstico se les negaban los cubrebocas, y con sus “enfermos” debían esperar durante horas a que se les hiciera la revisión. Ante ello, muchos optaban por automedicarse vitaminas o antibióticos.
El diputado Enrique Mayans, de la Comisión de Salud en San Lázaro, reclama que, durante los primeros días de brote, el secretario de Salud no informó las características de las personas fallecidas ni que las afectaciones eran mayores “en individuos con altos grados de desnutrición y en general con sistemas inmunológicos débiles, que es un alto porcentaje de la población en el país”.
Médico de profesión, el diputado Mayans dice que la pandemia de la influenza humana calará más a quienes ya padecen una pandemia perenne: la de la pobreza. (ALP).
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