Masacre de Acteal: 22 años exigiendo justicia

Han pasado más de dos décadas desde que un grupo de presuntos paramilitares le arrebató la vida a 45 personas indígenas tzotziles: 23 hombres y mujeres, 18 jóvenes menores de edad y cuatro mujeres embarazadas. Todos fueron ejecutados. Este hecho es conocido como la Masacre de Acteal y los sobrevivientes llevan más de 22 años exigiendo justicia.

“Era 22 de diciembre de 1997. Nuestro segundo día de ayuno. Estábamos rezando en la iglesia de la comunidad –ubicada en el municipio Chenalhó–, cuando un grupo de 100 paramilitares ingresó al campamento. Pertenecían al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Frente Cardenista”, narra Fernando Luna Pérez, uno de los sobrevivientes e integrante de la organización Las Abejas de Acteal.

“Armados y adiestrados por el Ejército mexicano comenzaron a disparar. Utilizaron armamento exclusivo del Ejército. Masacraron a 45 hermanos y dejaron a 26 heridos. El gobierno permitió la consumación de la matanza. A sólo 200 metros del lugar había un retén de la policía, pero no hicieron nada”, agrega.

Los autores intelectuales, indica, fueron funcionarios del gobierno en turno: el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León; el gobernador de Chiapas, Julio César Ruíz Ferro; el exsecretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, y el de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre.

“Sin miedo señalamos que la masacre es un crimen de Estado de lesa humanidad. Todos negaron su responsabilidad. Acusaron a las comunidades de ser violentos y de ser los responsables del crimen por supuestas disputas entre la repartición de tierras y la religión. Esta matanza es el caso máximo de incumplimiento de los acuerdos de San Andrés”, explica en entrevista con  Contralínea, Patrocinio Hernández, vocero de Las Abejas.

“Cuando las víctimas señalaron que fue un crimen de Estado, Ernesto Zedillo nos acusó de ser violentos. Queremos justicia genuina. No queremos venganza. Queremos la verdad”, indica.

Estado mexicano: omiso y partícipe del crimen

Omiso, negligente y participe, así definen integrantes de la etnia tzotzil el actuar del gobierno en turno. Así también señalan el papel de las administraciones sucesoras: ninguna buscó la verdad de los hechos. Esto, dejó permanentemente una cicatriz en las familias y ocasionó una fuerte fractura en la comunidad. Sin embargo, después de 22 años de lucha, por fin vislumbran una esperanza de justicia: el reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado mexicano ante la masacre.

“Por mucho tiempo el Estado fue ajeno a los derechos de la comunidad. Pretendió ocultar la tragedia. Alteró las escenas del crimen para culpar a las propias víctimas. Hoy, 3 de septiembre de 2020, asumo el reconocimiento del Estado mexicano por la violación de los derechos humanos cometida hace 22 años”, expresa Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.

Ante más de 50 habitantes chiapanecos, el representante del gobierno federal –encabezado por Andrés Manuel López Obrador– ofrece una disculpa pública: “a las víctimas directas, a los familiares, a la comunidad de Acteal y al pueblo tzotzil, lamentamos profundamente el suceso doloroso y violento que demostró la intolerancia del Estado mexicano”.

Fernando Luna Pérez resalta que sobre la Masacre de Acteal siempre persistió la impunidad. Por ello, en marzo de 2005 Las Abejas solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que esclareciera lo ocurrido. Sin embargo, ahora reconocen su responsabilidad y “esperamos que la administración actual cumpla con cada una de las responsabilidades asumidas”.

“Pedimos que se llevara a la cárcel al responsable del suceso. No vengamos la muerte de los 45 hermanos. No olvidamos. Queremos juzgar a Ernesto Zedillo y a su cadena de mando como autores intelectuales de la Masacre de Acteal. Pedimos una consulta pública para juzgar a los expresidentes no sólo por corrupción, sino por los despojos de tierras indígenas y por los crímenes de lesa humanidad que dejaron miles de muertos durante su gobierno”, sentencia.

Firma de un acuerdo: punto de partida hacia la verdad

Fue así que la verdad de los sobrevivientes prevaleció y con ella llegó la firma del Acuerdo de Solución Amistosa entre representantes del gobierno federal, el gobierno de Chiapas, los sobrevivientes y los familiares de las víctimas.

“Este día marca un inicio. Es un punto de partida hacia la verdad porque el reconocimiento del Estado mexicano no significa que se cierre el caso, sino que permite al Sistema Interamericano llegar más a fondo. El Estado ha manifestado su  voluntad de hacer justicia. Queremos ver esa voluntad política y ese interés de hacer justicia. Podremos escuchar muchas palabras del gobierno, pero tenemos que verlo en los hechos”, afirma Patrocinio Hernández.

Patro –como es conocido en su comunidad– señala que los sobrevivientes y las familias de las víctimas han dado su voto de confianza para que la actual administración haga justicia e investigue la masacre por la violación de los derechos indígenas y asegura que las víctimas están conformes porque presenciaron la disculpa y nunca antes se había hecho algo así.

“Es muy importante este reconocimiento de responsabilidad, pues se da el mensaje de que ya no se puede actuar así. Reconocemos el acompañamiento y respaldo de la CIDH. Pedimos que nos apoyen para que el acuerdo sea efectivo. Esta disculpa reconoce que el Estado fue incapaz de sostener la seguridad de los pobladores y confirma la acción de las autoridades mexicanas que estuvieron involucradas”, expone uno de los sobrevivientes, Fernando Luna.

Sobrevivientes, en busca de la verdad y la justicia

Al igual que los sobrevivientes que firmaron el acuerdo con el Estado mexicano, hay otro grupo de víctimas que también buscan la verdad y la justicia del caso. Sin embargo, sus demandas son distintas.

En múltiples ocasiones, estas víctimas –pertenecientes también a la organización indígena Las Abejas de Acteal– han manifestado que “bajo ninguna circunstancia aceptan una solución amistosa con el gobierno”. Ellos exigen el Informe de Fondo del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y Otros.

Al preguntarle sobre estas fricciones –que también incluyen al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas– Patrocinio Hernández precisa que la firma del acuerdo responde únicamente a la voluntad de las víctimas y no a intereses políticos ni ideológicos de organizaciones externas.

“Nosotros respetamos que otros compañeros víctimas hayan tomado la decisión de continuar con el trámite del caso, hasta la emisión del Informe. Eso es muy respetable, son sus derechos, pero no debe venir una organización ajena a la comunidad a querer imponer su forma de trabajo”, apunta.

Hernández considera que dicha organización, además, no informa bien a la comunidad, pues dice que el grupo de víctimas que firmaron el acuerdo sólo lo hacen por dinero “y no es cierto, las víctimas buscan verdad y justicia”.

Resalta que lo importante es que exista unión entre la comunidad tzotzil, pues ésta es un pueblo de paz: “aceptamos las disculpas. El diálogo nos ha caracterizado. Este acuerdo suma al trabajo de la construcción de paz, pues el odio y rencor, sembrado entre nuestros pueblos por anteriores gobiernos, deben terminar. La guerra y el conflicto no son propios de nuestra comunidad. Sin embargo, la lucha no ha terminado. Hasta que se haga justicia real por cada una de las víctimas”.