Liset Salgado/Prensa Latina

 

La presencia militar de Estados Unidos en América del Sur genera polémica y suscita el rechazo de la mayoría de los miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que ven en ello una amenaza.

 

Con Bolivia, Ecuador y Venezuela a la cabeza, recaban un mayor nivel de información y transparencia e insisten en obtener datos precisos sobre el despliegue estadunidense en el subcontinente.

 

La Casa Blanca asegura que no busca aumentar la presencia de tropas y que su único interés en esa área geográfica se limita a apoyar la guerra contra las drogas.

 

Pero gobiernos que integran la Unasur no están convencidos y vinculan la existencia de enclaves militares estadunidenses en la zona, con la estrategia global de dominación del gobierno de ese país. Coincide la Unasur en señalar que el despliegue de fuerzas navales parece más un dispositivo para guerras convencionales que para combatir el tráfico de sustancias prohibidas.

 

Según analistas, la Casa Blanca intenta recuperar el terreno perdido en Suramérica y ejercer presión constante sobre los regímenes políticos progresistas que han logrado abrirse paso en los últimos años.

 

Los expertos advierten que Washington pretende asegurar sus objetivos geoestratégicos, lo que se traduce en un mayor control de los recursos naturales (petróleo y agua) del mayor reservorio del planeta.

 

“No podemos permitir bases militares de Estados Unidos en nuestros territorios”, sostuvo el presidente de Bolivia, Evo Morales, durante la cumbre fundacional de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

 

Morales alertó acerca de que la Casa Blanca tiene la mira puesta en América Latina y el Caribe, en sus recursos naturales y en desestabilizar a los gobiernos soberanos de la región. La Celac debe trabajar en conjunto “para construir nuevas doctrinas en las fuerzas armadas” de cada país que adopte como premisa la dignidad y la identidad con los pueblos, dijo.

 

 

La consolidación de procesos integracionistas que no incluyen a Estados Unidos –el Mercado Común del Sur, la Unión de Naciones Suramericanas, la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños– incidió en la pérdida de su influencia política en Latinoamérica en los últimos años.

 

Según especialistas, al perder la iniciativa política y la económica –frente al empuje de China y Rusia y la existencia de la Unión Europea– el gobierno estadunidense tiene una creciente necesidad de control de tipo territorial.

 

Como algunas señales de lo que representa la región –y específicamente Suramérica– para Washington, cuentan la asistencia de Barack Obama a la sexta Cumbre de las Américas de Colombia y la visita de la secretaria de Estado, Hillary Clinton a Brasil, ambas en abril pasado. A finales de ese mes el secretario de Defensa estadunidense, Leon Panetta, realizó una cuestionada gira por el subcontinente, que lo llevó a Colombia, Brasil y Chile.

 

La coordinación de esfuerzos para la cooperación en el tema de la seguridad y en la lucha contra el crimen trasnacional fueron propósitos del recorrido de Panetta por el área.

 

Colombia y Chile son los dos aliados más firmes de Washington en la región en términos tácticos, pero al decir de expertos, la visita a Brasil adquirió mayor significación política y estratégica.

 

Fuertes críticas acompañaron al secretario de Defensa estadunidense y exdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) durante su primera visita a esos tres países, sobre todo en Chile, a los que consideró importantes socios militares.

 

El ministro de Defensa venezolano, Henry Rangel, aseguró que Panetta “vino a la región a vender armas y a amenazar”. Según Rangel, Suramérica está consolidada “en una sola patria grande” y lo que interesa al subcontinente es el “fortalecimiento real de nuestras fuerzas armadas como un escudo impenetrable contra esas amenazas”.

 

 

De acuerdo con algunas fuentes, de las más de 800 bases militares que tiene el gobierno estadunidense en el mundo, una buena parte se encuentra en América Latina y el Caribe. En Suramérica, el Pentágono maneja comandos militares en Colombia, Perú, Paraguay y Chile, aunque se estima que haya otros asentamientos en construcción, incluso, algunos operando en forma clandestina.

 

Washington ya no llama “bases militares” a muchas de esas instalaciones, sino que, en un cambio de estrategia, las camufla con supuestas acciones humanitarias bajo los nombres de Emplazamiento Cooperativo de Seguridad o Emplazamiento Adelantado Operativo.

 

Con el pretexto de la asistencia para catástrofes o eventuales emergencias, el Comando Sur ingresa en los países sin necesidad del permiso que en otras circunstancias debería solicitar a las autoridades nacionales.

 

El montaje de una de esas instalaciones es en la provincia argentina del Chaco. Con infraestructura donada por Washington, desató recientemente una intensa polémica tanto dentro como fuera de la nación austral.

 

Organizaciones no gubernamentales cuestionaron el referido centro, destinado a recopilar datos climáticos y ambientales en Resistencia, la capital provincial, y se espera que comience a funcionar en junio próximo.

 

Los detractores advierten que la instalación permite al Comando Sur monitorear el área de la Triple Frontera (compartida por Argentina, Brasil y Paraguay) y evaluar las perspectivas de explotación de las reservas de agua dulce del sistema acuífero guaraní.

 

A inicios de abril, la apertura de un nuevo asentamiento militar en Chile con asistencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos reactivó la alarma entre los gobiernos de Suramérica.

 

Según la versión oficial, la base con supuestos fines humanitarios “se especializará en el entrenamiento de soldados destinados a la formación de las Fuerzas de Paz de [la Organización de las] Naciones Unidas”.

 

Analistas sostienen que la instalación estadunidense –que generó protestas de amplios sectores populares y organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos– esconde la ejecución de sus planes para controlar el Sur del continente americano.

 

También llaman la atención sobre las “acciones humanitarias conjuntas” previstas en Perú para este mes de junio, en las que un número no precisado de elementos del ejército de Estados Unidos permanecerá casi tres meses en ese país.

 

Un profundo silencio mediático rodea los hechos, pero los expertos insisten en recordar que el Comando Sur, adscrito al Departamento de Defensa estadunidense, no es precisamente una organización solidaria sin fines de lucro.

 

En el verano de 2008, Estados Unidos decidió reactivar la Cuarta Flota después de 58 años y sin la consulta de sus socios regionales, lo que generó preocupación en la mayoría de los gobiernos suramericanos.

 

La Cuarta Flota, establecida en 1943 para enfrentar a los submarinos alemanes que atacaban los convoyes en América del Sur, perdió razón de ser tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, por lo que fue disuelta en 1950.

 

Sin embargo, la reactivación de ese Comando –ocurrida el 1 de julio de 2008– destapó la controversia, y países como Argentina, Brasil y Venezuela reaccionaron alarmados.

 

Como para echar más leña al fuego, en 2009 la Casa Blanca firmó en secreto con el gobierno de Colombia un acuerdo que garantiza a Estados Unidos y a sus tropas mayor acceso a bases militares enclavadas en territorio colombiano.

 

La Unasur manifestó entonces su preocupación con ese pacto, pues sus objetivos y potestades son ambiguos: establece que los dos países enfrentarán cualquier tipo de provocación, siempre que la perciban como tal.

 

Venezuela y Ecuador denunciaron el acuerdo como una potencial amenaza al balance estratégico de la región. El gobierno del primero incluso lo consideró un peligro para su seguridad nacional.