La plataforma Pegasus, en su momento el más avanzado software de espionaje en el mundo, fue adquirido originalmente por el gobierno de Felipe Calderón para ser ejecutado por la Sección Segunda –inteligencia militar– y la Sección Séptima –operaciones contra el narcotráfico– de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Los contratos, de los cuales Contralínea posee copia, fueron firmados entre 2011 y 2012 por más de 6 mil millones de pesos.

Formalmente, Pegasus fue adquirido para espiar y contener los movimientos armados y desarticular a los cárteles del narcotráfico. Sin embargo, como documentó Contralínea de mayo a julio de 2012, desde el primer momento se utilizó para espiar a líderes sociales, campesinos, indígenas, ambientalistas, políticos de oposición y periodistas. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la plataforma pasó a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), con los mismos fines.

Para cubrir las primeras tres fases de la plataforma, la Sedena celebró, entre 2011 y 2018, ocho contratos con las empresas privadas de capital estadunidense e israelí Security Tracking Devices y AV y D Solutions, SA de CV, por un monto total de 5 mil 628 millones de pesos de aquel entonces. Por el tipo de tecnología, la compra-venta de los equipos tuvo que contar con el visto bueno de la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton.

Los equipos y servicios que integran la plataforma Pegasus fueron adquiridos mediante adjudicación directa –a través de la Dirección General de Administración, entonces a cargo del general de división diplomado de Estado Mayor Augusto Moisés García Ochoa–. Las primeras instancias que operaron este software al interior de la Sedena estaban a cargo del general de división Diplomado de Estado Mayor Luis Arturo Olivar Cen.

En los contratos se señala que la adquisición de la plataforma Pegasus tenía como fin modernizar el Sistema de Inteligencia de la Sedena y el Centro de Comando y Control, sus subcentros y módulos.

El proyecto se denominó “Sistema de Inteligencia Regional para Incrementar las Capacidades de la S-2 [Sección Segunda] (Intl) [Inteligencia] EMDN [Estado Mayor de la Defensa Nacional]”. Constó de tres fases, las cuales están amparadas por sendos contratos firmados con Security Tracking Devices: 4550000033, 4550000007 y 4550000006. Además, otros contratos intermedios se firmaron con la misma empresa también para adquirir productos y servicios relacionados con las actividades de inteligencia y la puesta en marcha de Pegasus: 4500006718, 4500006876, 4500006908, 4500000147 y 4500000525. El monto total de estos ocho contratos asciende a  5 mil 628 millones 499 mil 999 pesos de 2012. Los otros 10 instrumentos se celebraron a finales de ese año a punto de concluir el sexenio de Calderón.

Como se puede leer en los contratos, Pegasus tiene la capacidad de intervenir cualquier tipo de comunicación electrónica. Más aún, de manipular a distancia –mediante órdenes que pasan inadvertidas para los ciudadanos espiados– computadoras, radios, teléfonos celulares y cualquier tipo de teléfono “inteligente” o smartphone, a los que denomina “dispositivos interrogados”.

Para la operación de Pegasus se adquirieron 70 computadoras, sistemas de procesamiento de imágenes, 60 teléfonos, sistemas de almacenamiento masivo, una red de comunicaciones del Centro de Procesamiento de Datos, la instalación del Módulo Central de la Plataforma NSO Pegasus de Monitoreo de Smartphones, con capacidad para espiar 400 BlackBerry, 400 Iphone, 100 Symbian y 100 Android al mismo tiempo.

En los documentos se detallan las capacidades de espionaje del software: Los agentes podrán “operar con las siguientes funciones de adquisición de datos [de los teléfonos y computadoras intervenidos]: extracción de SMS/MSM; lista de contactos; registros de agenda; monitores de e-mail; intercepción de voz; extracción de mensajería instantánea; información de ubicación GPS/Cell ID; captura de imágenes de pantalla y de la cámara; acceso y manipulación del sistema de archivos; información y estado del sistema; información de la tarjeta SIM; información del hardware, sistema operativo y software; denegación de capacidades de servicio, y detener el funcionamiento del dispositivo”. Además: “intercepción de audio ambiental”.

Todo lo anterior, sin que sea detectado por los usuarios espiados, y aunque éstos cuenten con aparatos encriptados, con antivirus y antiespías. Una de las características de Pegasus es, según los contratos, “ser indetectables en los dispositivos del hardware y por programas de software (antivirus, antispyware) existentes en el mercado”.

La compra de Pegasus generó una serie de auditorías a la Sedena y una disputa entre dos grupos de militares que buscaban controlar la sucesión en la Secretaría al final del sexenio de Felipe Calderón y el inicio del de Enrique Peña Nieto. Uno de los militares investigados, el teniente coronel Héctor Castañeda Sainz, entonces segundo comandante del XII Regimiento de Caballería en el Campo Militar 1-A, se suicidó de un balazo en la cabeza el 2 de julio de 2014.

Este militar de 41 años se había desempeñado como jefe de la Sección de Adquisiciones Especiales y Servicios, dependiente de la Subdirección de Adquisiciones, frente a la cual estuvo el general de brigada José Luis Castañeda cuando se adquirió Pegasus.

En 2012 Contralínea entrevistó sobre Pegasus al entonces al general de división Diplomado de Estado Mayor Ricardo Trevilla Trejo, quien se desempeñaba como director de Comunicación Social de la Sedena. El militar reconoció el equipo adquirido y aseguro que su utlizaría contra “determinados grupos criminales; contra delincuentes en general, no”. Y abundó: “Es contra grupos armados. El equipo es para cumplir con nuestras misiones, establecidas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea. En este caso nos referimos a la segunda misión: garantizar la seguridad interior”.

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