Con consignas en contra del confinamiento que pretende iniciar operaciones sin consentimiento de la población, y coreando el nombre del líder del movimiento “Todos somos Zimapán” y candidato ganador de la elección del pasado 9 de noviembre, José María Lozano, “Chema” -pero que no va a gobernar, porque el Tribunal Federal Electora (TRIFE) anuló la elección-, los habitantes de este lugar dieron la bienvenida al Consejo de Administración que gobernará los próximos seis meses.
Los más de 2 mil rostros de hombres, mujeres y niños -presentes en el evento de toma de posesión presidido por diputados locales-, algunos con lagrimas en los ojos, reflejaban la rabia, la frustración y el coraje de no ver en el estrado al hombre que eligieron en las urnas y el que ganó de forma contundente la elección municipal.
Sin entender a ciencia cierta los entretelones de la justicia y de la democracia mexicana, aceptaron con recelo la salida política que se le dio al conflicto social, ya que el Consejo estará compuesto en su mayoría por miembros del movimiento de resistencia ciudadana denominado “Todos somos Zimapán”, incluyendo su presidente, Rubén Covarrubias Reynoso.
Y es que para la mayoría las cosas están claras: “El increíble fallo del TRIFE es una agresión más al pueblo de Zimapán, que tiene que ver con la imposición del confinamiento, porque si llega Chema a la Presidencia no va a dejar que lo abran, eso lo sabe el gobierno, por eso nos quitaron a la mala la elección”, refiere Ricardo Gutiérrez, uno más de los cientos de hombres y mujeres que de la noche a la mañana pasaron de ser campesinos, comerciantes o simples obreros a activistas ecológicos y férreos defensores de su tierra y de la misma manera, ahora del voto popular y de la democracia.
Acostumbrados a los engaños
Hasta antes de junio del 2006, Zimapán era un pueblo tranquilo, desinformado y acostumbrado a vivir en medio de la contaminación de su suelo, aire y agua, como consecuencia de la explotación minera que sin el más mínimo control oficial operan en la región, y a ver morir a gran parte de su población de cáncer, sin preguntarse la razón de estos decesos.
De la misma forma, durante décadas fueron testigos de cómo unas cuantas familias se enriquecieron a costa del erario municipal, mientras los pueblos se empobrecían por la falta de infraestructura básica, como agua potable, drenaje, caminos, escuelas y hospitales, no dejándoles otra alternativa que emigrar a otras tierras, entre ellas al extranjero.
Para ellos, como para muchos mexicanos, la democracia se reducía a acudir a las urnas cada que se les convocaba para “elegir” a quienes les imponía el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la mayoría de las veces los mismos personajes, hasta que descubrieron la mentira que cambio sus vidas.
La exalcaldesa panista Rosalía Gómez había anunciado la creación de varios cientos de empleos, con la instalación de una planta recicladora de basura en la región, pero que más tarde, por la magnitud de la obra, dejó al descubierto que lo que en verdad se edificaba en 133 hectáreas, a escasos 6 kilómetros de la cabecera municipal, era el confinamiento de desechos tóxicos y peligrosos más grande de México y de América Latina.
Al venirse abajo esta mentira, usada conscientemente como estrategia oficial, obligó a este pueblo a buscar información sobre el proyecto y la asesoría de especialistas en materia legal, ecológica y de suelos, acciones que los llevaron a descubrir la maraña de corrupción, tráfico de influencias, complicidades e intereses que se tejieron en torno de este multimillonario proyecto extranjero, en el que están involucradas autoridades municipales, estatales y federales.
Situación que fue más evidente al encontrar como respuesta de los representantes del gobierno al diálogo solicitado, la represión policiaca, el linchamiento mediático y la traición de algunas instituciones, como lo fue el día Primero de Mayo de 2008, por la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores (SNTE), quien se prestó para tenderle una celada al movimiento social “Todos somos Zimapán”, orquestada por el gobierno del estado, para manchar la imagen de la resistencia social pacifica a la que durante todo el proceso se le ha calificado de violenta y compuesto de unos cuantos revoltosos.
O como lo fue la brutal represión policiaca del 2 de diciembre de 2007, a manos de cientos de policías estatales fuertemente equipados, que dio como resultado decenas de hombres, mujeres y niños golpeados por los toletes, los escudos y los cascos de los policías puestos al servicio de intereses extranjeros y en contra del pueblo al que se supone, sirven.
Pero todas estas adversidades no han hecho más que templar, como al acero, a este pueblo, quien en lugar de claudicar como lo esperaban sus adversarios (el gobierno mexicano y la empresa española), se ha fortalecido, logrando el efecto contrario: que crezca y se sumen a él quienes dudaban de la limpieza del movimiento, influenciados por la guerra mediática y sin cuartel que se organizo desde el gobierno local.
Una prueba de esta fortaleza la dio el pueblo de Zimapán el domingo 7 de septiembre al elegir como candidato a la presidencia municipal a José María Lozano Moreno, respondiendo a la convocatoria abierta que lanzara el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la ciudadanía, para buscar candidatos a alcaldes.
En esa primera etapa hacia la elección constitucional, el pueblo dio muestras de su civilidad y valor, volcándose a las urnas desde los primeros mi nutos del día 7 de septiembre para vencer con el voto ciudadano al candidato favorito del gobierno.
Cabe resaltar que ese domingo ya es histórico en la vida democrática de Zimapán, porque independientemente de que por primera vez los zimapences eligieron a su candidato, la plaza principal fue insuficiente para dar cabida a la larga fila de votantes, que durante todo el día busco sufragar.
Nuevamente, el 9 de noviembre los zimapences volvieron a salir a las urnas, pero esta vez ya en la contienda constitucional, conscientes de que sólo el sufragio libre y secreto podría vencer al candidato del PRI-gobierno al que se puso a su servicio toda la infraestructura gubernamental y grandes cantidades de recursos que se aplicaron en la compra del voto y la cooptación de conciencias, recursos que fueron insuficientes para vencer a un pueblo politizado y bien informado, consciente de que sólo desde el poder se lograra su objetivo: evitar que Abengoa-Befesa abra el confinamiento.
Pero los intereses en juego parecen ser más grandes que la democracia, que las mismas instituciones mexicanas y hasta la paz social, ya que argumentando la participación del párroco de la localidad a favor del candidato del PRD, José María Lozano, el TRIFE decidió anular las elecciones, golpeando una vez más al pueblo de Zimapán, pero dándoles la razón a los inconformes con el confinamiento, de que el gobierno se puso al servicio de la Corona Española.
Aunque ya el movimiento ecológicosocial tenía pruebas de lo antes dicho, esta resolución judicial terminó por confirmarlo.
Una de estas pruebas fue el desacato judicial en que incurrió la empresa al ignorar una orden judicial que le ordenó suspender sus actividades hasta que no se comprobara que su funcionamiento no pondría en riesgo la vida y la salud de los habitantes de este pueblo minero.
Lo mismo sucede con el juicio que se ventila en los tribunales agrarios, en donde integrantes del ejido de Mezquite II han demostrado con pruebas y peritajes que las tierras en donde se edificó el confinamiento son de su propiedad y no del Ejido de San Antonio; sin embargo, esta instancia se ha negado a darles la razón, para no perjudicar los intereses del corporativo internacional.
Pero la prueba más evidente que tienen los zimapences de que el gobierno mexicano no está de su lado y sí al servicio de la empresa extranjera, es que mientras ellos viven un constante acoso e intimidación por parte de la policía federal y estatal, las instalaciones de la empresa y los caminos que llevan a ella son permanentemente protegidos por las instituciones policiacas antes descritas.
Las elecciones del 7 de septiembre y las del 9 de noviembre, además de ser el proceso de donde surgió el representante popular que el pueblo quiere, fueron dos consultas ciudadanas entre quienes están a favor del confinamiento y los que no lo están, quedando claro que se impusieron contundentemente los que rechazan abiertamente este proyecto multimillonario.
Sin embargo, los gobiernos federal, estatal y la misma empresa parecen ignorar este mandato popular ya que, además de anular la elección con pocos elementos, la empresa interpuso un amparo en contra de cualquier acción que emprenda la Presidencia Municipal (ya no a su servicio), en contra suya y del cual la anterior administración municipal ni siquiera respondió, como último favor concedido al consorcio español.
Conscientes de esto y más fortalecidos, ya que al movimiento se han sumado más vecinos al darse cuenta de la ilegalidad del proyecto y de la parcialidad del gobierno a favor del consorcio español, los zimapences se preparan para volver a decir sí a la vida y no al confinamiento, el próximo 5 de julio en las urnas, como lo gritaron el 16 de enero en la toma de posesión del Consejo de Administración, frente a diputados locales priistas, quien en todo momento han manifestado el apoyo al vertedero de desechos tóxicos y peligrosos, y le han dado la espalda a un pueblo que está dispuesto a luchar por la vida, paradójicamente, entregando la suya.
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