Antes de dar su fallo sobre la elección presidencial de julio pasado, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fueron objeto de espionaje. El caso involucraría a servidores públicos del propio Tribunal en colusión con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que comanda Dionisio Pérez-Jácome Friscione.
En estos momentos, está en definición una terna de generales de división de los que el próximo presidente de la República podrá escoger como el general secretario de la Defensa Nacional. De esa decisión depende el rumbo que tome esta Secretaría y la recuperación de su institucionalidad militar, afectada ahora por los casos de violación a los derechos humanos, la detención de generales y las evidencias de fracaso en la política gubernamental de militarizar la lucha contra las drogas. El próximo presidente enfrentará la disyuntiva de respetar la inercia militar y mantener intocada la estructura y funcionamiento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o alterarla para afianzarse en el poder y alejarse del clima de abuso y excesos cometidos por soldados a los que el poder civil exigía terminar con los miembros de la delincuencia organizada. Éstos podrían ser algunos escenarios:
Tras dos meses de refugio en la Embajada de Ecuador en Londres, Julian Assange recibió la llave de su libertad. Sin embargo, la puerta hacia su asilo en Ecuador se encuentra al final de un laberinto serpentino y, al parecer, interminable. Desde el balcón de la Embajada ecuatoriana, el fundador de Wikileaks agradeció “al mundo por observar” y pidió a Estados Unidos que “detenga su persecución en contra de los periodistas que traen a la luz los crímenes secretos de las potencias [mundiales]”. La persecución de Assange ejemplifica el poder de la democratización de la información pública. Asimismo, demuestra que la transparencia depende de quién porte los lentes. En Estados Unidos, el gobierno otorga gafas a una población privilegiada, mientras la mayoría de los ciudadanos comunes y corrientes sufre de miopía crónica a expensas del Estado. ¿Qué simboliza Assange para quienes desafían el paternalismo estatal y exigen la libertad de expresión?
El 10 de julio de 2012 se resolvió el amparo 1385/2011-II del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de San Luis Potosí, sentencia que emitió la Jueza Auxiliar de Guadalajara, Martha Leticia Muro Arellano, y que se presentó en contra del Plan de Desarrollo Urbano y Centro de Población de Cerro de San Pedro. En el amparo, el quejoso adujo que se le violaban los derechos a la salud, a la vivienda y al medio ambiente sano. Razón por la que la justicia federal lo ampara y protege, por considerar “[…] que el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, se aparta notablemente de la visión proteccionista del medio ambiente que tenía el ?Plan de Ordenación de San Luis Potosí y su Zona Conurbada’, acorde con el cual, debía evitarse el desarrollo urbano e industrial hacia las áreas destinadas a Preservación, siendo que el municipio de Cerro de San Pedro quedó incluido en un área de restauración de vida silvestre y no de aprovechamiento industrial”, lo cual “conlleva una notoria violación a los principios de progresividad y no regresión, de observancia obligatoria para todas las autoridades de conformidad con el numeral primero constitucional, conforme a los cuales queda prohibido a cualquier poder público la adopción de toda regulación que derogue o reduzca el nivel de los derechos que goza la población”, resolviendo que es inconstitucional el citado Plan.
Durante la celebración del 75 aniversario de la CFE, el presidente Felipe Calderón Hinojosa no tuvo el menor recato ni el mínimo sentido común cuando volvió a referirse a la Comisión Federal de Electricidad como una “empresa modelo”, puntal del desarrollo económico y comprometida con el bienestar de los mexicanos.
La violencia que estados de la República Mexicana hoy sufren revela la existencia de condiciones de ingobernabilidad, la cual ha tenido como una de sus causas el clima político en el que se ha expuesto al país. La correlación entre la violencia y la incertidumbre política no es determinista, pero la necesaria resolución del proceso electoral es hoy una prioridad para el conjunto de la sociedad. México requiere de un marco de certidumbre que permita un proceso de transición institucional que garantice una suerte de normalidad política
La ingenuidad ha hecho creer, mas no pensar, que basta el liberalismo económico, en su versión de neoliberalismo como punta de lanza del capitalismo salvaje, para que los mercados de cada país y el mercado mundial a lo bestia, implantado en lo que la activista ambiental Sagrario Herrero llama “el golpe de Estado global” (entrevista de Joseba Elola, en El País, 14 de agosto de 2012), fijen los precios de bienes y servicios, a través de la “mano invisible” de la oferta y la demanda. Según Adam Smith, padre del liberalismo económico clásico y no obstante sus conocimientos jurídicos, aunque plagados de falso derecho natural (Lecciones sobre jurisprudencia, editorial Comares, España), esos mercados podían funcionar, pero es imposible sin una estructura jurídica de derecho positivo y escrito –incuso cuando esos mercados están al servicio del capitalismo moderno, desde Smith (1723-1790) hasta Milton Friedman–
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