Opinión
Si es el presidente quien considera que las autoridades deben primero investigar a las víctimas del espionaje telefónico (defensores de derechos humanos, activistas y periodistas) por “atreverse” a denunciarlo y responsabilizar al gobierno federal de este delito, cómo creer entonces que en México hay una firme convicción para respetar y proteger las libertades de expresión y de prensa, cuando ni el mismo jefe de la nación entiende la importante labor del periodismo y su necesaria función en un Estado que se dice democrático.
La estrategia para rematar el sector energético del país, que afecta no sólo a las industrias petrolera y eléctrica, incluye desde hace tiempo descapitalizar a las principales empresas del Estado: Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Pegasus no fue la única adquisición que modernizó las capacidades de los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al final del sexenio del panista Felipe Calderón. Sólo para la Sección Segunda, encargada de las labores de inteligencia y contrainteligencia, se firmaron 18 contratos por más de 10 mil millones de pesos. Como documentamos en la entrega anterior, por sí sólo Pegasus costó más de 2 mil millones.
Bruselas acusa a Google de no ser neutral en sus resultados de búsqueda, el negocio que hizo famosa a la empresa.
La nación, como sociedad y pueblo, con su gobierno y su Estado, están atrapados en otro de sus peores momentos de larga duración, porque nuevamente su vida política, económica y social lleva, en los últimos 60 años (1964-2016), conducida por élites en los cargos públicos sin la menor perspectiva histórica.
El amor a la humanidad y entre hombres y mujeres (que es tolerancia para las diferentes manifestaciones de la naturaleza humana, que a veces se vuelve contra ella misma: Marshall Sahlins, La ilusión occidental de la naturaleza humana, en breviarios del FCE); y el cantarle poéticamente con la ética del amor de que nos habla el mismo Marshall Sahlins, es propio de cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida.
En lunes 19 de junio el periódico estadunidense The New York Times reveló que el gobierno mexicano había hecho espionaje en contra de periodistas, luchadores de los derechos humanos, miembros de organizaciones no gubernamentales, entre otros.
El asesinato de dos trabajadores del restaurante El Camarón Revolución, en la colonia Escandón, de la delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, que sucedió el pasado mes de mayo es un incidente atroz ocurrido durante un asalto (www.proceso.com.mx/486520/asaltan-marisqueria-en-la-escandon-matan-a-dos-personas).
Tras atrincherarse en el “no” ante quienes investigan el financiamiento ilegal del Partido Popular, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja, Francisco Javier Arenas y Ángel Acebes de ese partido, es el turno del extesorero José Luis Bárcenas que ha dicho dará la callada por respuesta. Ocultar es una respuesta habitual de la derecha, la otra es mentir.
El Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor), encabezado por Judith Calderón, buscará el amparo de la justicia frente a la resolución de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que durante la madrugada de este 3 de julio declaró inexistente e ilegal la huelga estallada el pasado 30 de junio a las 5 de la tarde.
Con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), inició en México un acelerado deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo, documenta el libro Las trincheras para la libertad de expresión. La investigación, coordinada por Pilar Talavera, señala desde las condiciones laborales en que deben trabajar los periodistas hasta las agresiones de las que son objeto por su trabajo. Y de éstas, destacan los asesinatos.
Las actividades de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre son seguidas por los organismos de inteligencia y seguridad nacional del Estado mexicano, según las versiones 2013, 2014 y 2015 de la confidencial Agenda Nacional de Riesgos.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) multó con 1 millón 672 mil 405 pesos a Volvo Car México, S.A. de C.V., por comercializar e importar 585 vehículos sin contar previamente con 22 Certificados NOM de cumplimiento ambiental que expide la dependencia.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos –programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización Mundial Contra la Tortura– exige a las autoridades mexicanas que investiguen la presunta intervención ilegal de comunicaciones contra defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción, denunciado el pasado 19 de junio.
El control del flujo migratorio que practica el Estado mexicano, sobre todo en contra de los indocumentados de origen centroamericano, es inconstitucional, señala la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem).
En México, cada gran productor agropecuario posee en promedio 94 hectáreas de tierra, mientras que los medianos y pequeños productores 13 hectáreas, revela el Marco Censal Agropecuario 2016, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El organismo informó que “por primera vez en la historia, se cuenta con el mosaico de terrenos rurales en el país a un máximo nivel de detalle geográfico y estadístico”.
Organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, activistas e integrantes de la academia solicitan al presidente de Francia, Emmanuel Macron, que discuta con el presidente Enrique Peña Nieto la situación de emergencia humanitaria que padece México.
La organización Central Campesina Cardenista denunció que sus oficinas nacionales, ubicadas en la colonia Roma Sur, de la Ciudad de México, fueron allanadas el pasado domingo 2 de julio por un número desconocido de sujetos.
El gobierno de México podría haber espiado a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó la desaparición forzada de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, alertaron este 6 de julio los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Troitiño y James Cavallaro.
Al presentar como concluyente la hipótesis de suicidio en el caso del asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México continúa estigmatizando, criminalizando y revictimizando a la joven, indican la familia de la víctima y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
En Puebla, este 6 de julio fue asesinada una mujer transexual que trabajaba en un bar como mesera. Ese mismo día, organizaciones civiles denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que seis personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, trans e intersexuales (LGBTI) son asesinadas cada mes en México por su orientación sexual o identidad de género.
El secretariado general y 18 direcciones regionales de Amnistía Internacional piden a los países del Grupo de los 20 (G20) que “condenen al unísono” el embate que está sufriendo la organización defensora de derechos humanos en Turquía.
El Centro Regional de Reinserción Social de Acapulco fue calificado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con apenas 4.76 puntos (en una escala de 10), por deficiencias en los “Aspectos que garantizan la integridad personal del interno”, que reportan: “sobrepoblación, hacinamiento
Treinta de las 59 trabajadoras de la Ciudad de las Mujeres –ubicada en la región de La Montaña, en Guerrero– fueron corridas desde el pasado 3 de julio por el gobierno federal. En ese centro de atención integral al género femenino laboran abogadas, sicólogas, trabajadoras sociales, administrativas y de intendencia.
Los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa –desaparecidos forzadamente desde el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero– denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en México, en vez de obtener justicia, han sido objeto de agresiones.
El gobierno mexicano siempre ha escuchado comunicaciones telefónicas privadas. Lo nuevo consiste en cómo lo hace y en para qué usa el producto de sus ilegales intromisiones. También es novedad que ahora no sólo oye sino también lee las comunicaciones, como en los muy viejos tiempos en que la correspondencia aún no era libre e inviolable.
La familia Guzmán Cruz, víctima de desaparición forzada en la llamada Guerra Sucia, rechazó llegar a una “solución amistosa” con el Estado mexicano.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) responde a la crisis de inseguridad que se vive en Ciudad Universitaria con rejas. En este periodo vacacional, la institución instala un endeble enrejado en una de las áreas donde se comercian drogas ilegales: el frontón.
