Trasnacionales que cultivan piña en Costa Rica han contaminado los acuíferos con los que se abastecían más de 7 mil personas. Desde 2007, las comunidades no pueden utilizar los mantos freáticos porque han sido contaminados con pesticidas altamente tóxicos. Las empresas responsables no fueron sancionadas. Tampoco se han hecho cargo de cubrir los costos del traslado de agua mediante camiones cisterna a las comunidades afectadas. Gobierno, incapaz de hacer cumplir la ley a multinacionales

Diego Arguedas Ortiz/IPS

San José, Costa Rica. Doce años después de hallar en un acueducto rural los primeros residuos de pesticidas relacionados con el cultivo industrial de piña, cerca de 7 mil personas de cuatro comunidades del Caribe costarricense siguen sin poder utilizar el líquido de su acuífero.

Se trata de las comunidades de Milano, El Cairo, La Francia y Luisiana. Se ubican en el municipio de Siquirres, a 100 kilómetros al Noreste de San José, dentro de una región dedicada a la producción agropecuaria, entre otros cultivos el de la piña (Ananas comosus), en el que hay alta presencia de compañías trasnacionales. Las cuatro localidades sólo tienen acceso al agua potable que les llega por camiones cisterna.

 “Es difícil, y además, si antes el camión venía todos los días, ahora pasa día por medio [un día sí y otro no] y cuando se estropea, hay alguna emergencia en otro lugar, o es feriado, las personas pasan sin agua potable casi 4 días”, asegura a Inter Press Service (IPS) la presidenta del acueducto de Milano, Xinia Briceño.

Briceño lidera la Asociación Administradora del Sistema del Acueducto Rural de Milano, que sirve a cerca de 1 mil familias, y está frustrada con la demora. “Ya en agosto próximo son 8 años que dependemos del agua del camión cisterna”, detalla.

Desde el 22 de agosto 2007, estas comunidades agrícolas sólo acceden al agua potable en esa forma y no pueden aprovechar el acuífero (depósito subterráneo) de El Cairo, porque quedó contaminado con el pesticida bromacil, usado en las plantaciones de piña de Siquirres, un municipio rural de 60 mil habitantes en la caribeña y agrícola provincia de Limón.

 “Siguen apareciendo productos químicos en el agua. Hay temporadas, mientras no llueve, en que baja el grado de contaminación, pero cuando llueve vuelve a activar el químico”, sostiene Briceño.

Los tropiezos de diversas instituciones del Estado para garantizar agua de calidad a los habitantes de esas cuatro comunidades revelan las complicaciones que enfrenta el aparato estatal costarricense para hacer valer los derechos de sus ciudadanos en zonas donde las empresas trasnacionales se encuentran afianzadas desde hace largo tiempo.

Las evidencias técnicas señalan a plantaciones de piña cercanas al acuífero de El Cairo como responsables de la contaminación, en especial la finca La Babilonia, propiedad de la Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte, SA, subsidiaria del grupo estadunidense Fresh Del Monte Produce. Pero son los organismos públicos los que han debido financiar el acceso al agua de la población afectada.

Como solución temporal, el estatal Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) decidió en 2007 transportar agua potable con camiones cisterna a cada comunidad, donde en la actualidad los habitantes cargan tres veces por semana con sus recipientes para hacerse del recurso.

En casi 8 años, el AyA ha gastado más de 3 millones de dólares en esta distribución de agua, según datos del Estado de la nación. Briceño asegura que con ese monto se hubiera podido construir todo un sistema para captar agua desde otro acuífero cercano.

 “La idea es construir un acueducto para tomarlo de una nueva fuente, en San Bosco de Guácimo. Pero eso significa moverla alrededor de 11.7 kilómetros”, explica la lideresa comunal.

La primera evidencia de la contaminación ambiental llegó en 2003, cuando el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, de la pública Universidad Nacional, detectó residuos de plaguicidas en agua para consumo humano en la zona. En 2007 y los años sucesivos, posteriores análisis determinaron que el líquido era inviable para ser considerado potable.

Un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió que varias entidades públicas debían resolver el problema, con el Ministerio de Salud y el AyA a la cabeza.

Sin embargo, el Estado ha sido incapaz de cobrarle a los productores de piña por su daño ambiental, al no haberse logrado realizar una valoración económica del perjuicio, y siguen abiertos casos ante el Tribunal Ambiental Administrativo, presentados desde 2010.

 “Ese es uno de los atrasos que hemos tenido, porque parte del proceso de la denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo implica una valoración económica del daño ambiental”, señala Lidia Umaña, vicepresidenta y jueza de ese Tribunal. “No todas las instancias son capaces de hacer esa valoración”, explica a IPS.

La jueza detalla que sin este proceso será imposible determinar si las empresas deben pagar o no, pues “en esta instancia, como en cualquier otra, hay que nombrar un grupo de peritos para que evalúen el daño”.

Tras años de espera por una solución que no llega, el caso traspasó las fronteras de este país centroamericano y llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 20 de marzo, representantes de las comunidades afectadas, como Briceño, y del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (Cedarena), requirieron su intervención.

“En este momento la CIDH está preparando un informe sobre el derecho humano al agua y nos dijeron que van a incluir este tema”, señala Soledad Castro, quien trabaja en el Programa de Gestión Integrada del Recurso Hídrico de Cederana y acompañó el caso de las comunidades ante el organismo con sede en Washington.

Castro critica la abulia del Estado en solucionar el problema, exceptuando el AyA. A su juicio, “sólo el AyA ha dado la cara, pero no ha sido suficiente con llegar a entregarnos cisternas. Es un costo elevadísimo el que ha asumido el AyA, pero al menos es una acción. Las demás han brillado por su inacción”.

El caso también ha merecido atención de otros organismos e instituciones internacionales, como la Red de Integridad del Agua (WIN, por su sigla en inglés), que lo calificó como lamentable por la incapacidad del Estado de proteger los derechos de sus habitantes y por la lenta y poco transparente reacción de las autoridades al envenenamiento.

 “[El Estado] ha carecido de rendición de cuentas y transparencia en sus pruebas de laboratorio, la información dada a la comunidad y el cumplimiento de normativas y regulaciones”, asegura el informe de 2014 de WIN.

Según la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep), que agrupa a las empresas del sector en el país, en 2012 el cultivo de piña en Costa Rica ocupaba 42 mil hectáreas, y su exportación reportó ingresos por 780 millones de dólares. Estados Unidos compró el 48 por ciento del total y el resto se destinó al mercado europeo.

Alertados por el crecimiento de los cultivos de la fruta en la zona y su posible impacto en las comunidades, los municipios de Guácimo y Pococí decretaron una moratoria a la expansión de esa agroindustria. Un dictamen judicial canceló la prohibición en 2013, ante un recurso de apelación de la Canapep. En 2014, el informe anual Estado de la nación señaló que “el cultivo de la piña ha destacado por su alto grado de conflictividad”, y recordó que en informes previos habían señalado el mismo problema.

IPS solicitó al director de Relaciones Corporativas de la Corporación Del Monte, Luis Enrique Gómez, su comentario sobre el problema del acuífero, pero no obtuvo respuesta.

 

Diego Arguedas Ortiz/IPS

[LÍNEA GLOBAL]

 

 

 

Contralínea 441 / del 15 al 21 de Junio 2015