Más de 700 mil indígenas han emigrado a la Ciudad de México desde hace tres décadas en busca de superar la miseria de sus pueblos. Sin embargo, en la capital del país encuentran nuevas formas de pobreza, discriminación, abuso de poder y falta de acceso a la justicia
Con la vestimenta rasgada, famélico y sin la posibilidad de comunicarse porque no habla español, un niño indígena de ocho años deambula sollozo por una de las principales avenidas de la Ciudad de México. Una persona lo auxilia y lo entrega en una agencia policial, en donde nadie lo entiende porque el pequeño habla su lengua natal: el tzeltal.
Este no es el primer caso de un niño indígena perdido en la gran ciudad. De la agencia de policía se comunican con Abraham Girón, indígena tzeltal originario de Tenejapa, Chiapas -localidad ubicada a casi mil kilómetros al sureste de la Ciudad de México-, para que les ayude en la traducción y puedan encontrar a la familia del menor que emigró a la capital.
Ataviado con vestimenta étnica y un sombrero de palma con listones de colores, el traductor indígena habla de la desprotección, falta de acceso a la justicia y cruda discriminación que padecen miles de indígenas migrantes en la capital del país.
Abraham cuenta otro caso de abuso contra un indígena migrante. Se trata de César, otro joven tzeltal encarcelado por “robar 30 pesos” del mostrador de una tienda. “Lo hizo porque no tenía qué comer y ahora la está pasando muy mal. Fue encarcelado, lejos de su familia y en un lugar donde no hablan su misma lengua y con más pobreza”, dice el indígena traductor.
Abraham Girón, de 52 años de edad, es uno de los más de 700 mil migrantes indígenas que habitan en la Ciudad de México y de los pocos traductores certificados que hay en esta urbe. Llegó desde muy joven, en busca de un mejor nivel de vida, como lo han hecho sus compañeros triquis (de Oaxaca), mazahuas (del Estado de México), purépachas (de Michoacán) y tzeltales (de Chiapas) que han salido de sus pueblos huyendo de la miseria, del abuso de los caciques y de la indiferencia de las autoridades.
Abraham y César son oriundos del municipio de Tenejapa, Chiapas, la localidad con el menor índice de desarrollo humano en México, según estadísticas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Actualmente, Abraham vive en uno de los barrios más violentos de la capital de la República: la colonia Buenos Aires. Cuando sale de casa lleva atado al cuello un silbato que hará sonar en caso de emergencia. Atraviesa por locales donde se venden accesorios para auto robados. Grupos de vendedores de autopartes se agrupan en las esquinas en busca de clientes. Él ya sabe dónde no debe atravesar para evitar cualquier acto violento. Un fuerte olor a marihuana inunda el ambiente. “A esta colonia no entran los taxistas, no se atreven”, comenta. Habita un pequeño departamento de interés social que comparte con otras tres familias indígenas.
La Encuesta intercensal 2015, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, indica que en todo el país el 21.5 por ciento del total de la población se reconoce indígena. El documento también menciona que hay 7 millones 382 mil 785 personas de 3 años y más de edad que hablan alguna lengua indígena, cifra que representa 6.5 por ciento del total nacional.
Y son ellos, los indígenas migrantes en la capital, el grupo más discriminado, según la Encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México 2013 (la más reciente hasta el momento). Encabezan la lista de grupos más segregados. Le siguen los grupos que tienen preferencia por el mismo sexo, de piel morena, los pobres, los adultos mayores y con distinta lengua, idioma o forma de hablar.
La cartilla de Derechos humanos de los pueblos indígenas en México, elaborada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señala: “Los pueblos y las personas indígenas constituyen uno de los sectores de la sociedad mexicana que requiere mayor atención para su desarrollo económico, político, social y cultural”.
“Nos quieren lejos”, indígena triqui
Originario de la comunidad de San Juan Copala, Oaxaca, Pascual González es un indígena triqui que ha padecido la discriminación social en su propia tierra y, ahora, en el centro político de México: “Nos quieren lejos”, dice.
Pascual es coordinador del Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas en la Ciudad de México, a donde llegó hace 30 años y desde entonces observa y sufre la discriminación contra los habitantes de estos pueblos. Cifras oficiales aseguran que son 784 mil indígenas los que viven en la capital del país.
En esta ciudad, las lenguas indígenas que cuentan con un mayor número de hablantes son: náhuatl (27.4 por ciento), mixteco (10.8 por ciento), otomí (10.2 por ciento), mazateco (9.6 por ciento), zapoteco (7.9 por ciento), mazahua (6.3 por ciento) y totonaca (4.1 por ciento). De las cifras oficiales, 101 mil 901 de los hablantes de lengua indígena hablan español (82.7 por ciento), mientras que 20 mil 623 personas no especificaron este punto, indica el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Conapred).
Algunos grupos étnicos han encontrado su “refugio” en edificios abandonados del Centro Histórico, pero las condiciones de precariedad y hacinamiento se replican en las viviendas urbanas.
“Aquí mejora sólo un poco nuestra economía, porque nos empleamos en el ramo de la construcción (como albañiles), en el comercio ambulante o la venta de artesanías”. La pobreza se vive de otro modo, dice el líder indígena.
Entre las principales problemáticas que encuentra es que “no tenemos acceso a vivienda digna, ya que con el paso del tiempo se han ido encareciendo los predios y no podemos acceder a créditos, se los quedan las grandes inmobiliarias”, comenta.
“Los indígenas migrantes llegan solos o con sus familias enfrentando múltiples dificultades; sin embargo, siempre cuentan con parientes y amigos del mismo pueblo que les proporcionan alojamiento y contactos para ‘llevar la vida’. De esta manera, van reproduciendo los núcleos comunitarios en donde pueden hablar su idioma y practicar sus costumbres”, indica Claudio Albertani, catedrático de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en su libro Los pueblos indígenas y la Ciudad de México. Una aproximación.
El investigador expone que muchos de los indígenas migrantes viven en espacios donde “un solo baño y un solo lavadero prestan servicio a decenas de familias; las instalaciones eléctricas, cuando existen, son precarias y de alto riesgo; los cuartos no tienen ventanas y hospedan hasta 10 personas en espacios sumamente reducidos.
“Por eso la lucha por una vivienda digna, segura y propia se ha vuelto uno de los ejes unificadores de la lucha de los indígenas migrantes. Su demanda principal es acceder a créditos de largo plazo para adquirir los predios que actualmente habitan y mejorarlos. Sin embargo, para esto se necesitan nuevas políticas públicas, ya que en las actuales condiciones los indígenas, ya sea por los bajos salarios o porque sus ingresos provienen de la economía informal, no son sujetos de crédito”, documenta.
Entre los problemas más apremiantes que enfrentan los pueblos originarios y las comunidades indígenas en la Ciudad de México son: “la falta de reconocimiento a sus derechos individuales y colectivos; desarrollo de políticas públicas inadecuadas para los fines de preservación y reproducción de las culturas de las que son personas portadoras o herederas; la discriminación social e institucional; falta de capacitación y sensibilización al personal del servicio público en materia de derechos indígenas para la atención con pertinencia cultural; carencia o deficiencia de programas educativos pertinentes; mecanismos nulos o deficientes para el acceso a la justicia y al debido proceso; políticas públicas ajenas a las cosmovisiones y necesidades indígenas, sin enfoque de derechos que fomentan el individualismo y la división comunitaria. Todos estos problemas propician la invisibilización de los pueblos indígenas, lo que atenta contra la diversidad social y cultural del entorno citadino”, indica el capítulo 20 del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Mecanismo de Seguimiento y Evaluación, del gobierno de la Ciudad de México.
Sederec no cubre a la población indígena de la capital
Evangelina Hernández Duarte, directora de Equidad para los Pueblos y Comunidades, de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec), acepta que esta dependencia del gobierno de la Ciudad de México “todavía no alcanza a cubrir a toda la población indígena en la capital del país”.
No obstante, la funcionaria destaca que se han dado avances importantes en la materia, pues “ya se incluyó en la Constitución de la Ciudad de México la declaración de los pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, el instrumento internacional que contiene todos los derechos o el estándar más amplio de derechos a nivel internacional que tendría que haber para la población indígena en el mundo. La Constitución de la Ciudad de México se convierte en la primera en contenerla”.
En entrevista, dice que este proceso que se llevó a cabo recientemente “obliga” al gobierno de la capital del país a atender a los indígenas que viven aquí, aunque todavía hay que dar algunos pasos en términos legales y de consulta.
“La Sederec ha tenido la encomienda de trabajar en eso; al día de hoy todavía no podríamos decir que somos un parteaguas que cubra toda la población de la Ciudad de México (que de acuerdo con el Inegi son arriba de 700 mil personas y 228 mil que son hablantes de lenguas indígenas). No alcanzamos a cubrir esa cifra, estamos pugnando porque los próximos instrumentos del Inegi o padrones se levanten con mucha precisión en materia étnica, para que tengamos bien identificados a este sector de la población”, arguye.
Hernández Duarte comenta que ya son varias las generaciones de población indígena que han llegado esta metrópoli, “gente que tiene ya 30 años viviendo acá, que incluso al día de hoy todavía no hablan español, mantienen su lengua y con ellos estamos trabajando para enseñarles el español y puedan comunicarse, no para que pierdan su lengua. Tenemos al menos 55 lenguas de las 68 que se hablan en nuestro país y muchas de ellas con sus variantes”.
Entre los retos que tiene la Sederec con esta población, dice la directora de Equidad para los Pueblos y Comunidades, es el tema del acceso a la justicia. En materia educativa, comenta que es el rubro que crece en mayor medida, “se trabaja con segundas generaciones que habían desertado de la escuela para incorporarse al mercado laboral por las necesidades de su familia, pero que al mismo tiempo eso los llevaba al inicio en el consumo de drogas, y los pone en situación de riesgo”.
En cuanto a vivienda, asegura que las organizaciones “han resultado ser todo un ejemplo. Va lento, porque tiene que ver con la forma de organización, pero con la presión que ellos han ejercido, el apoyo del gobierno y el trabajo de las organizaciones, se han conseguido viviendas a través del Instituto de Vivienda y el apoyo de la CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas).
Ante los recursos que son asignados para atender a los indígenas residentes, indica: “nosotros tenemos un presupuesto muy limitado, hay que decirlo, es pequeñito, es público y lo estiramos. Estamos trabajando, acercándonos a la gente de la Asamblea Legislativa, para ampliar nuestro presupuesto para el 2018, aunque creo que eso va a ser un poco complicado”.
Érika Ramírez
Contralínea 556 / del 11 al 17 de Septiembre de 2017
