Es claro que la austeridad no funciona, si por ‘no funcionar’ entendemos que a través de ella no se consigue ni la reducción de la deuda ni el fomento del crecimiento económico
Lo que [el] compromiso con la austeridad vino a señalar fue el inicio de un menor crecimiento, debido a que el descenso del gasto público iba a incidir en una economía ya previamente debilitada
Mark Blyth, Austeridad. Historia de una idea peligrosa
Los números del fisco resultan más importantes que la vida de las personas
Jürgen Habermas
Las expectativas puestas en el llamado presupuesto base cero son ambiciosas. Floritura de un simple recorte, sin mayor trascendencia más que el simple recorte del gasto público.
Según Enrique Peña Nieto, la iniciativa de presupuesto base cero para 2016 que enviará al Congreso de la Unión en septiembre, y que es elaborada por Luis Videgaray, es algo más que un simple reajuste en las acciones y los programas de gobierno. Representa la “reingeniería” del gasto público. La revisión minuciosa de todos los proyectos de cada una de las dependencias estatales, con el objeto de evitar su duplicidad, bajo la divisa de mejorar la eficiencia del gasto público, “de hacer más con menos” y destinar mayores recursos a planes que proporcionen bienestar a la sociedad. Para reafirmar la fortaleza financiera y macroeconómica y actuar responsablemente ante la volatilidad internacional.
El 25 de marzo, durante el Foro internacional sobre presupuesto base cero, organizada por la Cámara de Diputados, Fernando Galindo, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dijo que el reto “es reducir el gasto público […] revisar cuál deber ser el tamaño óptimo del gobierno, acorde a [la] nueva realidad presupuestal de un gobierno austero, que se aprieta el cinturón”.
Pero como ha ocurrido con los procesos anteriores de ajuste fiscal del lado del gasto, el enésimo “apriete” también será asimétrico. A unos les corresponderá la anorexia presupuestaria y a otros la glotonería de los egresos y obras públicas.
Las nuevas “estructuras administrativas del gobierno”, según Galindo, requerirán “las mínimas plazas indispensables para operar de manera eficiente”. También tendrá que despejarse una de las “presiones ineludibles en el gobierno federal: el pago de las pensiones”.
Otra “presión ineludible” es “el costo financiero de la deuda”. Pero ésta es un imperativo categórico insalvable, que requiere un tratamiento distinto del machismo pagador, ya que “sería una irresponsabilidad del gobierno de la República no cumplir con las obligaciones contractuales que tiene en esta materia”.
Extraño el perfil de la llamada “democracia” electoral fantasmagórica. Unos eligen y otros mandan. Los electores son sacrificados y los usureros son los mandantes de los elegidos.
Se puede “degollar a las palomas”, como diría Violeta Parra. Al cabo, las estructuras corporativas, y la violencia cuando es necesario, aún pueden controlarlas. Pero la tiranía del “mercado” es otra cosa. Es espeluznante y atemoriza a más de un gobierno dispuesto a doblarse ante la nerviosa fiera, de delicada piel y esquizofrénico comportamiento, ya que le pueden hundir el piso. Si se le quisiera someter también al ayuno forzado como a la población, “tendríamos episodios de poca credibilidad en el gobierno. Y ya todos sabemos las consecuencias de que el gobierno pierda la credibilidad en materia de finanzas públicas”, como trata de asustarnos Galindo con tan terrible castigo.
En la definición los nuevos veneros de negocios privados con bienes, servicios y dinero público, los peñistas cuentan con asesores versados en la materia: el “Banco Mundial está haciendo una revisión profunda [del] gasto en cinco rubros fundamentales: en salud, en educación, en programas y proyectos de inversión y los recursos que se destinan a las entidades federativas”.
En el mismo foro, Carlos Tello, efímero titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto y del banco central –donde instrumentó la nacionalización bancaria y el control cambiario– lopezportillista, dijo: “Esto me recuerda mucho cuando se empezaron a eliminar empresas públicas, fideicomisos, y otros programas porque no daban los resultados que de ellos se esperaban”.
Tello se refiere a las políticas de ajuste fiscal y estructural neoliberal iniciadas a partir del 1983 e impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), las cuales desmantelan al Estado y privatizan empresas públicas y sectores estratégicos. Llevan al abandono de las funciones rectoras del Estado en el desarrollo, contracíclicas y sociales. A su retiro de la economía en favor del “libre mercado” y la concentración de la energía de sus músculos en el papel de policía de la acumulación privada de capital.
Dijo Tello: “El presupuesto base cero entraña revisar todo, sin excepción, con permiso [del] Banco Mundial”. “Que se revise, no con el fin de reducir el gasto público”. Pero “aquí hay un sesgo, hacia [su] reducción [que] no comparto, [porque] va a profundizar aún más la difícil situación en que vivimos. Si yo dejo de gastar, ustedes dejarán de recibir ingreso y van a dejar de gastar”. “El presupuesto base cero cuestiona de raíz todo; los sueldos” u “otras cosas”. “Si se va a revisar el presupuesto empecemos con el servicio de la deuda que representa un porcentaje alto del gasto bruto. Vamos a suponer que la respuesta es sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Podemos reprogramarla, en qué condiciones? México lo ha hecho en otras circunstancias, otros países lo hacen; Grecia está dando su lucha. Todo es revisable”.
En esa oportunidad, Arturo Huerta, economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló: “No hay ninguna justificación para la austeridad fiscal. La economía en su conjunto tiene que estar equilibrada, pero para que el sector privado vea incrementada su dinámica acumulación en un contexto de déficit de comercio exterior, el gobierno tiene que trabajar con gasto deficitario [que] no es inflacionario, todo depende de a dónde se canaliza el gasto público. ¿Cuál es el tamaño óptimo del gobierno? El suficiente para generar empleo para todos aquellos que buscan un empleo bien remunerado; el suficiente tamaño del gobierno para encarar la desigualdad del ingreso y la riqueza que existe en este país. El tamaño suficiente para ser un país soberano que tenga el manejo soberano de la política económica”.
Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray no son el griego Yanis Varufakis, quien dijo: “Prefiero cortarme el brazo” y renunciar, antes de firmar el recorte del gasto público, los impuestos regresivos o privatizar más empresas estatales como exigía el FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, porque “la austeridad no funciona. Pedíamos que esa austeridad no recayera en los pobres, sino en los ricos y, claro, no les gustó. Para poder pagar nuestras deudas debemos arreglar primero la economía, y la manera de hacerlo es poniendo fin a la austeridad”, porque “la austeridad reduce los ingresos [es] inefectiva [y] perjudicial”.
Peña Nieto y Videgaray prefirieron recurrir al BM como si fuera “el oráculo de Delfos en la antigua Grecia”, aunque éste “adecuaba sus consejos a la naturaleza del problema sometido a su consideración”, mientras que aquél “tiene por costumbre recetar siempre la misma solución, con independencia de la cuestión planteada”, como dijera el economista español Koldo Unceta. El BM, como el FMI, “siempre se muestra dispuesto a repartir las mismas cantinelas, consejos y exhortos sobre lo que se debe hacer”. A impulsar “las recetas de siempre”, bajo la amenaza de que si no se aplican no se recibirán fondos externos”: recortar el gasto público, privatizar la economía, rechazar la “intervención pública a favor de la estabilidad de los procesos económicos y sociales, de una mayor justicia social”, considerados “como un error” y “un ataque a los fundamentos de la economía”. “Los paganos –agrega Unceta– no han sido nunca los gobiernos o empresarios corruptos que se han llevado dinero a espuertas mientras la gente sencilla ve cómo sus empleos desaparecen, los servicios públicos se deterioran, y la privación aumentaba a su alrededor. El pato lo han pagado –y lo están pagando– los de siempre, aquellos que no tienen más recursos para oponerse que la mera protesta”.
El documento Estructura programática a emplear en el proyecto de presupuesto de egresos 2016, de 270 páginas, enviado el 30 de junio por Videgaray a los diputados, no toca la deuda pública ni propone un tamaño del gobierno como sugirieron Tello y Huerta. Se limita al gasto programable y la estructura del Estado, sin incluir a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y los poderes Legislativo y Judicial, porque seguramente estaban muy ocupados y no entregaron sus propuestas de automutilación.
El imperativo ineludible del servicio de la deuda pública adquiere relevancia. Sobre todo si la Reserva Federal estadunidense decide finalmente elevar las tasas de interés desde varios meses esperada y que ha generado un clima de incertidumbre en los mercados financieros internacionales.
A principios de julio, su presidenta, Janet Yellen, anticipó que “con base en mi perspectiva, espero que será apropiado en algún momento más adelante este año, elevar la tasa de fondos federales y por lo tanto normalizar la política monetaria”, dijo en su mensaje. Ello dependerá del crecimiento de su país, la tasa de desempleo y la inflación, entre otras variables. La tasa de fondos federales se ha mantiene en una de banda variable de 0.0-0.25 por ciento.
Si bien nada ha sucedido hasta el momento, lo que sí es evidente es el aumento del costo financiero de la deuda mexicana y de su saldo en lo que va del sexenio. Según datos de Hacienda, en enero-mayo de 2012 dicho costo del sector público fue de 60 mil millones de pesos nominales (mmpn) y en el mismo lapso de 2015 de 83.7 mmpn. En el caso del gobierno federal pasó de 42.2 mmpn a 46.8 mmpn. Sólo en 2015 ha aumentado en 35 por ciento en términos reales, en el primer caso, y en 5.5 por ciento, en el segundo.
Anualmente, el costo del gobierno federal aumentó de 257 mmpn a 292 mmpn entre 2012 y 2014. El del sector público de 305 mmpn a 246 mmpn. Se espera que en 2015 ascienda a 402 mmpn, 2.2 por ciento del producto interno bruto (PIB), y en 2016 a 477 mmpn, 2.4 por ciento del PIB.
El alza del costo financiero de la deuda se debe al incremento del saldo, pues las tasas de interés internas y externas se han mantenido bajas. Entre 2012 y mayo de 2015 el saldo de la deuda pública del sector público, que incluye la interna y la externa, se eleva de 5.5 billones de pesos nominales (bpn) a 7.8 bpn. Medida en dólares corrientes, aumenta de 423 mil millones a 506 mil millones. El saldo del gobierno federal se incrementa de 4.5 bpn a 6 bpn, de 342 mil millones de dólares a 393 mil millones de dólares.
Si la Reserva Federal incrementa los réditos el Banco de México hará lo mismo, lo que elevará el costo de la deuda pública.
Como buenos machos pagadores, preferirán recortar el gasto financiero para cumplir con sus compromisos.
De hecho, el presupuesto base cero implica un ajuste en esa perspectiva, dada la caída de los recursos fiscales petroleros y su desdén por no tocar los ingresos de las empresas y los sectores de altos ingresos.
En 2016 el total de ramos se reducirá de 1 mil 97 a 851, en 246, o en 22.4 por ciento. Las entidades de control directo de 66 a 40, 26 menos o 39.4 por ciento. Los ramos administrativos de 752 a 565, 187 menos o 24.9 por ciento. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de cuatro a tres. Los ramos generales de 121 a 96, 25 menos o 20.7 por ciento. Las empresas productivas del Estado de 52 a 46, seis menos u 11.5 por ciento. Los ramos autónomos de 71 a 70.
Con el ajuste se fusionarán 261 programas presupuestarios en 99. Se cambiarán de sector siete. Se eliminarán 56 y se crearán cuatro.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es la dependencia que más se mutila y reduce sus programas de 48 a 16. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de 33 a 13. La Secretaría de Gobernación de 23 a siete. La Secretaría de Educación Pública de 23 a ocho. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 29 a cinco.
¿Cuánto se ahorrará con la poda y cuáles serán los resultados?
Ante un Estado que ha sido severamente castigado presupuestalmente, desde 1983, cuyas funciones han sido desbordadas por las crecientes necesidades de la sociedad y el desarrollo, que es ineficiente, que ha sido privatizado en un gran número de áreas, que ha sido concesionado a la voracidad empresarial, que carece de los trabajadores y del presupuesto necesarios, que es víctima del desabasto, la corrupción y el pillaje, ¿la reducción de ramos ayudará a superar esos y otros problemas?
Lo único que queda claro es que el ajuste es tecnocrático, subordinado al recorte del gasto, y, como dice Tello, recuerda a las mutilaciones del pasado que convirtieron al Estado en un autista. Nadie se extrañe del próximo agravamiento de las cosas.
¿Cuánto será el ahorro y sus costos?
Nada dijo Videgaray al respecto. Lo que se sabe es que este funcionario anunció en abril una baja en el gasto de 135 mil millones de pesos (mmp), 0.7 por ciento del PIB, en 2016. En junio, Enrique Cabrero, director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, dijo: “la Secretaría de Hacienda nos explicaba que será necesario recortar 175 mmp, 0.9 por ciento del PIB”. Es decir, 40 mmp más.
El los Pre-Criterios enviados al Congreso en marzo de 2015, Hacienda anuncia un recorte del gasto programable por 122 mmpn, 6.6 por ciento, en términos reales, lo que bajaría su proporción del PIB de 20 por ciento en 2015 a 18 por ciento en 2016.
¿Quién da más?
Nadie deberá sorprenderse que en las áreas asesoradas por el BM, como son la salud, la educación y los programas y proyectos de inversión, aumente la subrogación al empresariado.
¿Ello explicaría, en parte, la feroz campaña desatada en contra de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cruzada encabezada por el oligarca Claudio X González, que los califica de “terroristas”, promueve su linchamiento, aniquilamiento y el encarcelamiento de sus líderes?
La postura de González y de los peñistas rememora la vieja estrategia aplicada por los priísta-panistas en contra de los movimientos sociales: cortar la cabeza de líderes y reprimir a los opositores.
La privatización de la educación es un negocio jugoso que vale la pena emplear cualquier método para apoderarse de él, sin importar su calidad.
En julio se supo que el gobierno federal y del Estado de México habían donado 1 mil 700 mdp a la “empresa social” Enova y su Fundación Proacceso ECO, AC, cuyos socios son Moís Cherem, Raúl Maldonado y Jorge Camil Starr, sin pedirles cuentas, bajo la promesa de que contribuirían a la elevación de nivel educativo de México. Así, crearon una red de escuelas privadas financiadas públicamente cobrándoles los servicios a los usuarios. Gracias a esa ingeniería, los dueños se volvieron millonarios (http://www.animalpolitico.com/2015/07/el-gobierno-federal-y-el-edomex-donan-mil-700-millones-de-pesos-a-una-fundacion-y-a-una-empresa-sin-pedirle-cuentas/).
Hace poco, Misael Uribe, de la Fundación Mexicana para la Salud, señaló que la crisis en el sector de salud se refleja en que el 10 por ciento de las recetas en el Instituto Mexicano del Seguro Social no se surte; en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es el 25 por ciento, y en las secretarías de salud de los estados, 23 por ciento. Al menos 10 medicamentos para combatir enfermedades crónico-degenerativas cuestan más de 200 mil dólares anuales. “O te vas a la quiebra por comprar estos productos o mueres, porque no puedes adquirirlos”. Se estima que más de 50 por ciento del ingreso de las familias que destinan al cuidado de la salud es para la compra de medicinas, y ese porcentaje es aún más alto en los hogares más pobres. “Estamos en el peor de los escenarios: somos un país con poco ahorro, mucho desabasto, corrupción e incompetencia. Es urgente una política de desarrollo de medicinas para todos” (www.jornada.unam.mx/2015/06/26/sociedad/036n1soc).
Cuando Videgaray habla de la apertura de nuevos veneros para los empresariados, habla de una mayor privatización y subrogación de los servicios sociales, según las recomendaciones del BM.
¿Cuál será el destino de los 2.3 millones de empleados públicos contabilizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con el ajuste? ¿Preservarán sus empleos los trabajadores de los programas fusionados, “resectorizados” o eliminados? ¿Se contratarán más para superar las ineficiencias, o se les sobreexplotará más para que realicen las tareas de los que serán arrojados a la calle?
O sucederá, como recién dijo un periodista con relación al recorte del gasto público por 12 mil millones de libras avisado por David Cameron, en el Reino Unido: “Anunciada durante meses, la guillotina fiscal conservadora finalmente empezó a cortar cabezas”.
¿Qué pasará con la “presión ineludible” de las pensiones?
La respuesta es predecible: serán arrojadas a las fauces de las administradoras privadas de pensiones. En el futuro, con un empleo incierto, con ingresos deprimidos, vendidos como esclavos por los dirigentes sindicales cooptados –como Carlos Romero Deschamps, Víctor Fuentes o Juan Díaz, a cambio de mantener sus fortunas y evitar seguir los pasos de Elba Esther Gordillo–, cada cual tendrá que responsabilizarse de su vida una vez que concluyan su vida activa. Cosas de la moderna “flexibilidad” laboral.
El problema en el gasto público no sólo es su insuficiencia para las necesidades sociales y del desarrollo. También lo es el de la eficiencia, la falta de transparencia en su ejercicio, la corrupción, la impunidad, entre otros factores.
Según Alejandro Salas, director de Transparencia Internacional para el Continente Americano, el Índice de Percepción de la Corrupción, México ocupa en lugar 103 de 175 países evaluados, con una puntuación reprobada: 35 puntos de 100. Es el peor entre los 34 países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, y tiene una de las calificaciones más bajas de América Latina: se ubica en 82 posiciones debajo de Chile y 34 de Brasil.
En el acceso a la información, típico de una sociedad democrática, México simplemente recula, como lo evidencia la prohibición al acceso a los documentos de seguridad nacional e interna del Archivo General de la Nación. A los vuelos de las aeronaves de la Comisión Nacional del Agua durante la administración de David Korenfeld, que fue reservada por 3 años por la mayoría de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia – Ximena Puente, Rosendo Evgueni Monterrey, Francisco Javier Acuña y Patricia Kurczyn–, bajo el argumento de que pondría en riesgo la seguridad nacional y la vida de los funcionarios de la Comisión. Al colocar en la penumbra a empresa públicas, como Petróleos Mexicanos (Pemex) y su filial Pemex Internacional, que manejan el dinero público como si fuera privado, y que bajo su nueva figura de dudosa legalidad de “empresa productiva” no rendirá cuentas a la sociedad. La empresa española OHL es paradigmática de la corrupción pública-privada.
¿El rey va desnudo?
Decía el danés Christian Andersen: “Es preferible que el rey vaya desnudo, sin dinero, joyas, oro, plata y sedas”.
La austeridad es para los otros, no para la elite política. Por ejemplo, cada diputado saliente recibirá un último pago por 1.1 millón de pesos.
En su reciente viaje a Francia, Peña Nieto fue acompañado por un séquito de 441 personas. Su viaje a Londres, a principios de marzo, costó 7.2 mil millones de pesos.
“La divertida fiesta de graduación” de Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, esposa de Peña, desplegada en 14 páginas de la revista ¡Hola!, donde toda la familia se vio engalanada con pilchas que valen mucha plata, como dirían los argentinos, dignas de príncipes y princesas, manifiestan que la austeridad no llega a la familia real.
Manuela Carmena, exjueza española indignada, que recién ganó la alcaldía de Madrid, apoyada por el movimiento Podemos, y que prometió combatir la corrupción heredada por la derecha neofranquista, anunció como una primera medida reducir su salario en poco más de la mitad: de 100 mil a 45 mil euros anuales. Los concejales que la acompañarán harán lo mismo: reducirán sus cobros de 62 mil a 36.3 mil.
EPN y Videgaray no dijeron nada como muestra de la austeridad republicana.
Marcos Chávez M*
*Economista
[CAPITALES]
Contralínea 448 / del 03 al 08 de Agosto 2015
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