Dentro del palacio de gobierno, en una oficina-antesala, el periodista espera con un par de vasos de café que acaba de comprar. La cita no es para realizar una entrevista, sino para hablar con el “señor gobernador”.
Días antes había recibido una llamada de parte del priísta Fernando Ortega Bernés, mandatario de Campeche: “El licenciado quiere que le invites un cafecito para hablar contigo”, dijo la voz del otro lado de la línea con marcado tuteo. Precisó la fecha y la hora y colgó con amabilidad.
“Pensé que tal vez las cosas se aclararían. Fui cuando me dijeron, y hasta los cafés llevé”, relata a Contralínea Enrique Pastor Cruz Carranza 5 años después de aquel día. Hoy el riesgo que corre el periodista está calificado como “extraordinario” por la Secretaría de Gobernación.
El tiempo pasa y las bebidas se enfrían. El gobernador que lo mandó llamar no llega. En su lugar aparece, risueño, afable, Carlos Gil Muñoz, su secretario privado –no particular, sino así: “privado”, aunque sus servicios sean pagados con recursos públicos–. El mismo de la llamada telefónica.
Con los ademanes y el tono de amigo de toda la vida, el enviado de Fernando Ortega –quien dejará el cargo en 2015– alaba al invitado. “Tú eres inteligente. Si quisieras, podrías trabajar en medios nacionales”. Con confianza, le resalta sus dotes, su trabajo, su posibilidad de prosperar. Serpentea en su monólogo hasta que por fin comunica el mensaje:
“¿Y tú no has pensado irte de Campeche? De veras, piénsalo. Puedes escoger el estado que quieras. Nosotros te ayudamos.”
El motivo que dio distó de ser el número de lectores o el alcance del sitio de internet del informador. Nada de eso, al contrario: la explicación fue brutal, sin ambages. Rememora Cruz Carranza:
“Me dice que me dedique a otra cosa. Porque ellos [el equipo de Ortega] decidieron quiénes van a ser periodistas y quiénes no. Que hacen una relación [de los informadores en el estado] y el gobernador palomea y tacha a quienes van a seguir haciendo periodismo.”
Lo anterior habría ido más allá del abuso de autoridad, comenta en entrevista con Contralínea Iván Báez, oficial del Programa de Protección y Seguridad de la organización defensora de derechos humanos Artículo 19 (que toma su nombre del numeral de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a la letra dice: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier expresión”).
Por ello, continúa Báez, el intentar controlar quién puede ejercer el periodismo en la región y quién no es un delito “que implicaría una especie de colegiación obligatoria que está prohibida por el derecho internacional”.
Desde aquel aviso, inició un largo lustro no sólo para el periodista, también para su familia. Una época de amenazas, despidos, difamaciones, imputaciones, investigaciones. De acoso y discriminación, acusa Enrique Cruz, nacido en el Distrito Federal pero avecinado en la península desde siempre.
En 2009, Enrique Pastor Cruz tenía presencia estatal en un diario, un programa de radio y uno más de televisión, además de la página de internet de la que es propietario. Meses después de la “recomendación” del gobernador –“por su bien”– de abandonar el estado, y la negativa del periodista de hacerlo, esos espacios habían desaparecido.
“Aquí el gobernador es un dios. En Campeche, la economía gira en torno de él, pues es quien decide cómo se gasta el dinero público”, dice Cruz Carranza. “De ahí el poder que tiene. Los medios son parte, porque sin publicidad [oficial] no se sobrevive. Todos obedecen, y ahora no tengo ningún espacio local. Estoy total y plenamente vetado por el gobierno del estado de Campeche”.
La asignación de publicidad oficial –y los dineros que los medios con ella ingresan– es una forma de coacción al ejercicio periodístico vigente en México. Todos los gobiernos la utilizan como mecanismo de control. Quien se “porta bien”, o es palomeado, recibe el favor gubernamental; quien critica, no entra en la repartición.
“Es un aspecto muy ambiguo en los estados y demasiado opaco, es decir, la mayoría de los estados no tienen reglas claras de cómo asignan y cómo mantienen la publicidad oficial, a quiénes se la dan y por qué razones”, apunta Iván Báez.
Y no se legisla en la materia por el beneficio que representa para los gobernantes y sus padrinos mantener el estado de cosas como está.
Sin embargo, no hay una razón jurídica por la cual no haya este tipo de regulaciones. Por ejemplo, “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció cuáles son los aspectos mínimos que tienen que guiar el otorgamiento de publicidad oficial, a fin de garantizar que no se dé un uso discrecional, que no permita que esta arbitrariedad en su asignación sirva como una forma de coacción hacia la prensa crítica o la prensa que está haciendo su labor de informar a la sociedad”.
A pesar del boicot y el aislamiento, el periodista continuó ejerciendo la profesión de la misma forma en la que lo ha hecho desde mucho antes de que el gobernador Ortega tomara posesión: enfocado en develar la corrupción pública en el estado.
Los textos de Pastor Cruz se alimentan del sarcasmo, de adjetivos, analogías y señalamientos directos. El estilo es mordaz para quienes sean lectores e implicados a la vez.
La persistencia del periodista atizó la ira oficial. En 2011, dio curso a una serie de denuncias impuestas por un grupo de empresarios del Parque Industrial Pesquero Laguna Azul, de Ciudad del Carmen, quienes acusaron a Oceanografía, de Amado Yáñez, de invadir y explotar sus instalaciones en colusión con el gobierno del estado (sobre el tema informó Contralínea en su edición 385). “Se hace un escándalo en Campeche”.
La respuesta esta vez no vino de ningún secretario, sino de los propios labios del gobernador:
“Deja de estar chingando o te voy a romper la madre”, le espetó mientras le apretaba la mano al periodista.
México es reconocido mundialmente por ser uno de los países más riesgosos para la prensa. Se piensa en el narcotráfico, en los grupos paramilitares, en los sicarios bajo las órdenes de distinguidos empresarios. Sin embargo, de acuerdo con el último informe de Artículo 19 sobre las agresiones a la prensa en el país, seis de cada 10 agresiones vienen de un grupo distinto mas no desconectado de los demás: el de los servidores públicos.
Es “lamentable, es un aspecto que, sumado a la impunidad que se ve en México, donde más del 99 por ciento de delitos contra la prensa quedan impunes, manda un mensaje de disuasión contundente contra quien documenta o difunde informaciones”, añade el defensor de derechos humanos.
“La situación de vulnerabilidad en este caso es preocupante, ya que la principal persona encargada de garantizar la seguridad a periodistas [en Campeche], el gobernador, hace estas manifestaciones que incrementan la situación de riesgo [de Enrique Cruz Carranza], colocándolo en una grave situación de vulnerabilidad para mayores agresiones.
“Éste puede ser un ejemplo del patrón que siguen los agresores, en este caso desde el servicio público, que vienen desde mensajes amenazantes, no propiamente una amenaza, sino la intención de generar incertidumbre y miedo. Estos mensajes pueden ser desde que saben quiénes son, dónde viven, dónde vive su familia, dónde trabajan, cuáles son sus rutinas, como para dejarle una sensación de persecución…”
Para el gobernador, el periodista no dejó de chingar. Entonces empezó una nueva etapa en el acoso estatal.
La persecución contra un periodista desde el poder puede tomar diversas vías. Una de las rutas es la del desprestigio, la del escarnio público de aquél que se vuelve incómodo para quienes ostentan el poder (el público y el que está detrás de él).
El peligro que representa quien investiga, señala o descorre velos para mostrar los enlaces político-empresariales es directamente proporcional a la credibilidad que tenga el periodista. Por eso uno de los objetivos es destruir la reputación del que difunde información adversa a los intereses de los gobernantes y de sus socios.
Entonces se avanza en la estrategia de ataque hacia campañas de desprestigio, que muchas veces tienen un doble impacto, explica Iván Báez: primero, cortan los posibles lazos de solidaridad y apoyo que se puedan dar en favor del periodista, ya que se busca hacer pensar que las agresiones son merecidas; después, “se envía otro mensaje desde el Estado de que no protegerá al periodista ni estará pendiente del caso para que posteriormente puedan venir otro tipo de mensajes a través de otras personas, que indirectamente les dicen que ya modifiquen su línea editorial o ejercicio periodístico a fin de evitar mayores agresiones”.
Le hostigaron por medio de excompañeros. Opiniones, señalamientos, voces, gritos, desplegados. “Los espacios los compra el gobierno del estado. Ellos ponen la línea. Ni modo, el que paga manda”, fue lo que escuchó cuando preguntó los motivos de tal saña al dueño de uno de los medios que fueron utilizados para denigrarlo.
“Se metieron con mi mamá, con mi esposa, con mis hijos. Me llamaron la prostituta más grande del estado. Decían que mis hijos no eran míos. Que tengo sida, que estoy demente. Es una campaña terrible. De una bajeza deplorable.”
Por su parte, con una cara acorde con cada situación, el gobernador, de frente, negó ser el autor de la campaña cuando el periodista levantó un nuevo reclamo. “Me dice con cinismo que no tiene nada contra mí”.
A fuego lento se titula la columna del periodista. Y a fuego lento se le quemó a punta de desplegados, signados por los que mandan. “En uno de los últimos desplegados logró lo que no se había podido: unir a todas las fuerzas económicas, políticas y sociales en un pacto contra Enrique Cruz Carranza, pues lo firmaron todos los partidos políticos, la Cámara de Diputados, los presidentes municipales y el Consejo Coordinador Empresarial”.
Las imputaciones se desbordaron del plano personal a uno que podría terminar en judicial. “Se me acusa públicamente sin prueba alguna de lavado de dinero, de extorsión, de chantaje, de delincuencia organizada, de ser miembro de los Zetas, de proxeneta, de secuestrador…”
El mecanismo de linchamiento, advierte el especialista en derechos humanos Iván Báez, “va avanzando hacia actos de persecución, vigilancia y hostigamiento para llegar a casos más graves, como podría ser la creación de delitos. Va de la construcción de expedientes criminales para después justificar no solamente una detención arbitraria, sino la secuela que muchas veces se da durante la detención, que son actos de tortura, y después la prisión”.
De las denuncias hechas por el periodista debido a los señalamientos en su contra, ninguna ha prosperado; incluso la Procuraduría General de la República inició una investigación de oficio por sospecha de lavado de dinero y de delincuencia organizada. “Se iniciaron investigaciones de mi cuenta [bancaria] y la de mi esposa. También el Club de Periodistas está siendo investigado”.
Cinco años ha durado la persecución del gobierno estatal sobre Enrique Cruz. En agosto pasado, al igual que decenas de periodistas y defensores de derechos humanos que trabajan, comen, duermen, sobreviven envueltos de zozobra por un permanente hostigamiento, el reportero campechano ingresó al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Aun con su historia a cuestas y la estela de consecuencias comprobables de ella, no fue fácil que los acogiera el programa del cual es responsable la subprocuradora Lía Limón García.
“Al Mecanismo yo voy a debatir”, recuerda el periodista. Tras la discusión en la mesa dispuesta para la evaluación de riesgos –y a pesar de que “los representantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, que se supone estaban para defender al estado, se quedaron callados y aceptaron los señalamientos”–, la intención de los evaluadores fue otorgarle a la situación del periodista la etiqueta de “riesgo bajo u ordinario”.
“Después de oír y ver lo que llevamos y lo que los del Mecanismo respondieron, Amnistía Internacional amenazó con pararse de la mesa si no se reconoce que el riesgo es mucho mayor, pues explican que no sólo el gobernador es el que está sobre mí, sino todo el aparato y los poderes del Estado.”
Ante la amenaza de la organización internacional de abandonar la mesa, el Mecanismo de Segob cedió, y concluyó que el “nivel de riesgo para el peticionario Enrique Pastor Cruz Carranza, es EXTRAORDINARIO, en virtud a que del total de los hechos expuestos se indica la probable intencionalidad de uno o varios autores de causar un daño, además de que existen evidencias escritas, las cuales representan una posible amenaza al peticionario y su familia; en ese sentido, existe la presunción y el temor del señor Enrique Pastor Cruz Carranza, de que la probable agresión pudiera venir de parte de la autoridad Estatal, lo que generaría un contexto de mayor vulnerabilidad hacia él y su familia, tomando en cuenta la capacidad y poder del probable actor para consumar un daño” (sic, expediente 139/2014/P/O).
El Mecanismo elaboró un plan de protección de ocho medidas. De ellas, sólo una ha sido aplicada. “La única ha sido los botones de pánico. Nada más”, se queja el beneficiario del programa de protección. En los meses transcurridos después del viacrucis por Bucareli no ha recibido ni una llamada. Mientras, el acoso a través de diversos medios y escribanos continúa.
“Al estar lejos de la Ciudad de México, se incrementa la vulnerabilidad de riesgo”, asienta Iván Baez, oficial del Programa de Protección y Seguridad a periodistas de Artículo 19. “No se mantiene una estrategia de monitoreo o de reacción inmediata ante una eventual agresión, sumada a la gran discrecionalidad que existe en varios gobernantes de los estados.
“Los periodistas en México están en una doble situación de riesgo: no sólo por la violencia, sino porque los encargados de garantizar su seguridad o los agreden u obstaculizan los procesos de búsqueda de justicia y reparación del daño.
“El proceso de violencia contra una persona puede llegar al asesinato, desaparición, actos de tortura o encarcelamiento”. Tal es el caso de Enrique Cruz.
Contralínea insistió en diversas ocasiones hablar tanto con Francisco Ortega como con sus subalternos Carlos Gil, secretario privado, y Fernando Estrada, encargado de comunicación social. Viridiana Rendón, de la oficina de Gil Muñoz, informó que ni el gobernador ni el secretario privado responderían nada, que todo lo “vería” Estrada Abreu, a quien también se le solicitó entrevista por medio de Miriam Pacheco. Hasta el cierre de edición, no se había dado respuesta positiva a la solicitud.
También se solicitó hablar con el director general adjunto de la Unidad de Evaluación de Riesgos del Mecanismo de Protección de la Segob. En respuesta enviada por correo electrónico, el funcionario denegó la entrevista aduciendo que “las acciones tendientes a resguardar” la seguridad del periodista es información “reservada”.
Tregua-trampa
La manifestación solitaria apenas había durado unas horas y, sin más, “de parte del licenciado”, lo mandaron a llamar para decirle que todo estaba arreglado.
Que todo fue una equivocación. Que no hay ningún problema. Disculpe usted… Tal monserga escuchó el periodista tras realizar un plantón en el palacio de gobierno para protestar públicamente por su situación.
Días después, otro subordinado de Ortega Bernés, el secretario de gobierno, Roberto Sarmiento Urbina, fue quien lo llamó. “Me dice que el gobernador me pide que inicie una cruzada contra el monumento de Juan Camilo Mouriño en el Paseo de los Héroes”, relata Enrique Pastor Cruz.
El hijo del empresario español Carlos Mouriño Atanes había muerto 1 año antes en un avionazo en la Ciudad de México.
En la década de 1970, Carlos Mouriño hizo la América en busca de fortuna. Y la encontró. Su poder se consolidó y expandió de tal forma que la familia del que llegara a ser secretario de Gobernación de Felipe Calderón es identificada en el estado como la que da y quita, con una influencia transexenal y multipartidista.
En el segundo aniversario luctuoso del político-empresario panista, el propio Ortega Bernés cumplió una guardia de honor ante el busto de Mouriño Terrazo, presentó sus respetos y contribuyó con un arreglo floral.
Si quería mantener la paz, Enrique Cruz tendría que azuzar públicamente a la gente para que tirara el “monumento” de su pedestal. “Me pidieron hacer un acto delictivo. Ellos iban a estar listos, la policía estatal, para agarrarme por los disturbios que se pudieran dar. ¡Era una trampa!
“Me invitan a dar un discurso. Voy, sin embargo no sólo no pido que se destruya el busto, sino que pido que se destruyan todos los bustos de todos los exgobernadores corruptos.
“Fuera de todas sus ligas y que el gobernador hace todo para congraciarse con los Mouriño, este detalle los hizo enojar aún más”, cuenta Enrique Cruz.
Mauricio Romero, @mauricio_contra
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