El próximo 22 de abril entra en vigor el Acuerdo de Escazú (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe) que obliga a México a asumir nuevas responsabilidades en la materia, entre ellas garantizar acceso a la justicia ambiental.
De acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez, el Estado mexicano debe ser más vigilante en cuanto el acceso a la información ambiental y abrir espacios de participación en tomas decisiones.
Al respecto, el análisis Las energías renovables en la opinión pública, elaborado por el investigador Itzkuauhtli Benedicto Zamora Saenz, apunta que la transición energética hacia las renovables se ha convertido en un pilar para el planteamiento de políticas climáticas que establecen compromisos ambientales dirigidos a mitigar el cambio climático.
También refiere que la sociedad sí se preocupa por estos temas. Al citar los resultados de la Encuesta Nacional de Medio Ambiente –que realizó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM–, indica que nueve de cada 10 personas encuestadas respondieron que les preocupa mucho los efectos ambientales del gas, petróleo y el carbón (57.3 por ciento respondió que mucho y 33 por ciento que algo).
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