La Habana, Cuba. Pese a los incontables momentos de amargura sufridos en los últimos 600 años, el Continente Africano demuestra cada día su interés de vivir, algo que en el ámbito ecológico pretenden arrebatarle sus antípodas desarrollados.
Una larga lista de agresiones contra el ecosistema de la región ilustra y argumenta la citada tesis, acciones que encubren en múltiples ocasiones actitudes cínicas y cuando no, delincuenciales, en una relación cuyo principio y fin es establecer un desequilibrio ventajoso para quienes se consideran los dueños del planeta y como tal actúan.
Los procesos económicos, políticos y sociales heredados del período colonial en su mayoría adolecían de marcos jurídicos extensos y profundos, que fomentaran la defensa medioambiental, toda vez cualquier fundamento legal que afectara al capital foráneo (por lo general de las exmetropolis) era inconveniente en la nueva etapa.
África sigue siendo hoy escenario de una paradoja: inmensamente rica, pero sufre embargada en una pobreza de dimensiones inconmensurable, porque le falta la infraestructura para explotar su fortuna, situación de la que agentes internacionales se aprovechan.
¡SOS: basura tóxica!
Ejemplo de lo anterior es el caso de Agbogbloshie, en Accra, la capital de Ghana, donde se halla el mayor vertedero de desechos electrónicos de África occidental, y se considera que es una de las áreas más contaminadas por metales tóxicos del continente africano, aunque para muchos vecinos del lugar es la única fuente de subsistencia.
En ese lugar, los pobladores acopian desechos procedentes de Europa, Estados Unidos y Australia, en la mayoría de los casos quienes recolectan esa chatarra lo hacen porque es su único medio de subsistencia y por ello se arriesgan a tener contacto con productos que pueden resultar altamente nocivos.
Según analistas políticos, los dueños del planeta (grandes trasnacionales y gobiernos asociados), lo utilizan como un gran basurero o peor, como letrina, y no les interesa el destino de sus desperdicios y cuando se trata del Tercer Mundo, la situación es peor y en el caso africano llega a ser extrema.
El vertedero electrónico de Agbogbloshie es sólo un caso, a ese lugar llegan cada año varios cientos de toneladas y, aunque la ley ghanesa lo prohíba allí trabajan cientos de menores, huérfanos en su mayoría, precisan testimonios dados a la prensa por los moradores.
Abdulai Abdul Rahamani, coordinador de ese basurero narró a Russia Today que allí comenzaron a recoger chatarra en 1991 y que “en aquel entonces éramos 15 personas y ahora somos cuatro mil a 5 mil. La chatarra es un buen negocio (…) nuestro trabajo es el número uno en Ghana”.
La relación de las legislaciones sobre la protección del medio ambiente con la fortaleza de los gobiernos es evidente, aquella autoridad que no pueda imponerse como tal está en desventaja en las labores de vigilancia y protección de los ecosistemas, toda fragilidad en la ejecución del poder es una fisura por donde penetran los violadores.
Ejemplo notable es Somalia, cuyo fondo marino aún tiene evidencias de que la presencia de desechos tóxicos de plantas nucleares y hospitales europeos, conforme una investigación de Greenpeace realizada en 1997 y en la cual se plantea que los señores de la guerra negociaron por amas los contratos para el depósito de los residuos.
Ciertamente, deshacerse de la basura tóxica en el litoral somalí cuesta una ínfima parte de lo que se erogaría para destruirla en cualquier entidad occidental cumpliendo las regulaciones oficiales y las medidas para la protección ecológica, lo cual le encarecería en un alto por ciento el coste de la operación.
Eso ocurre en un país identificado como “Estado fallido”, donde las instituciones son sumamente débiles y la incapacidad para imponer el orden queda menguada como consecuencia de la guerra, que en forma intermitente forma parte de la cotidianidad desde 1991, cuando alianzas rebeldes derrocaron al general Mohamed Siad Barre.
Según informes de organizaciones internacionales, los bandos en conflicto negociaron lo contratos para verter desechos tóxicos en zonas del litoral somalí a cambio recibir armas para continuar la contienda, esa decisión creó un tapiz contaminado en su lecho marino.
Un evento paradigmático ocurrió en Costa de Marfil en 2006, cuando el buque Probo Koala descargó más de 500 toneladas de desechos tóxicos –que probablemente contenían ácido sulfhídrico, sustancia altamente nociva– en 15 vertederos a cielo abierto en la ciudad de Abiyán.
La operación la realizó la compañía Trafigura, multinacional holandesa con sede en Londres, y fue un acto ilegal, violatorio del Derecho Internacional y por lo cual según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 108 mil personas debieron ser atendidas por intoxicación, 68 hospitalizadas y 15 murieron a consecuencia del vertido de la basura tóxica y contaminante.
En 2007 esa compañía llegó a un acuerdo con el gobierno de Costa de Marfil sobre compensación a las víctimas y pagó a las familias de los 15 fallecidos 150 millones de euros y dos años después prometió desembolsar 33 millones de euros para las 30 mil personas que como afectados denunciaron el caso ante la justicia británica.
“…el Probo Koala, que intentó primero dejar sus basuras en Gibraltar, Italia, Malta, Francia y Holanda, muestra la ineficacia de las normas que regulan el envío de productos tóxicos europeos a países en desarrollo”, precisó desde La Haya, Holanda, un reporte de prensa de Isabel Ferrer.
Un hito en el ecocidio lo constituyen los derrames de petróleo en la región nigeriana del delta del Níger, donde las poblaciones tienen escasas posibilidades de enfrentar con éxito la desidia de las firmas transnacionales que extraen el crudo en diversas ocasiones en condiciones poco seguras.
A eso se unen las operaciones de refinerías clandestinas y de los perpetradores de la sustracción ilegal del crudo mediante cortes y perforaciones en las conductoras de las redes de oleoductos, así como otras prácticas delictivas que causan impactos no reparables en la fauna y la flora.
Esa agresividad contra el medio se transforma en amenaza muchas veces mortal para el individuo.
El gran delta del río Níger cubre un área de unos 70 mil kilómetros cuadrados y en ellos habitan más de 20 millones de personas de diferentes comunidades, las cuales corren el riego de la intoxicación o el envenenamiento masivo por los derrames del hidrocarburo sufridos en la zona.
Conforme con denuncias de organizaciones protectoras de la naturaleza, el subsuelo, el agua y la superficie de la tierra en la zona de Ogoniland, en la desembocadura del Niger, muestran residuos de crudo de manera “claramente visible”, y eso tiende a empujar hacia la extinción humana.
Julio Morejón/Prensa Latina
[BLOQUE: ANÁLISIS][SECCIÓN: AMBIENTAL]
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