Theresa Richter y Juan Ignacio Domínguez
Poco después de los envíos masivos de armas ligeras alemanas a México (más de 10 mil fusiles G36 y otro tanto de pistolas entre el 2006 y el 2007), en los prolegómenos de la crisis neoliberal de 2008 con efectos telúricos sobre el sistema político estadunidense, el gobierno de Calderón pactó con el de Alemania la entrega de la riqueza biológica nacional y sus ecosistemas.
Pero no se trató de un intercambio, de dar una cosa a cambio de la otra, sino de acciones de mutua conveniencia estratégica y comercial, para regímenes con declarada afinidad ideológica, aunque desatadas bajo coyunturas disímbolas.
Los factores que afianzan esta ruta de carril preferente que más tarde se convertiría en el único, confluirán con inusitada rapidez. Sus inicios se remontan al inicio del siglo.
El 30 de octubre del 2001, mediante un comunicado, el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) declara que la intransigencia del Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas (Compitch) hace inviable el proyecto de bioprospección ICBG-Maya (de International Cooperative Biodiversity Group) del gobierno estadunidense.
La caída del ICBG-Maya se convertirá así no sólo en la primera sino también estrepitosa gran victoria de un pueblo indígena frente al indiscutido por entonces Goliat en el tema de acceso a los recursos genéticos y conservación de la biodiversidad. El efecto generado por esta victoria indígena desde un territorio insignia como en ese tiempo lo era Chiapas, tendría efectos nacionales y globales.
En México, y ni qué hablar en Chiapas, los actores involucrados en la actividad bioprospectiva (gobierno, investigadores coludidos y organizaciones no gubernamentales conservacionistas) se cuidarán en adelante de no volver a mencionar el tema por su nombre, en especial las palabras “patente” y “genes”. La aclaración dada por el director de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), Pedro Álvarez Icaza, en 2013 a un grupo de investigadores invitados a participar en el proyecto alemán de acceso a recursos genéticos y reparto de beneficios (biodiversidad), acerca de la necesidad de no llamarle al proyecto por su nombre –Acceso a recursos Genéticos y Reparto de Beneficios (ABS)–, “para evitarse problemas”, es un eco de ese impasse y también, por cierto, de la impunidad administrativa con que la alta burocracia encubre el saqueo del patrimonio biocultural nacional.
En un siglo que inicia con la irrupción de movimientos sociales vinculados en redes globales (Seattle, 1999) y el regreso de la izquierda en Latinoamérica (donde se encuentra el 50 por ciento de la biodiversidad mundial), esta derrota escaló a hecatombe para los planes neoliberales de abrir al libre comercio los bancos genéticos de los ecosistemas más representativos del planeta. Buscando recuperar terreno, el gobierno de México intentó, sin éxito, salvar la situación convocando a la primera Cumbre Ministerial de Países Megadiversos (Cancún, febrero de 2002). Seis meses después, en la Cumbre de la Tierra (Johannesburgo, 2002) urgió a los países participantes a transformar las Directrices de Bonn (decálogo de reglas guía para el acceso a los recursos biogenéticos) en un instrumento vinculante. La propuesta no fue atendida sino hasta 2008 cuando Alemania, sede de la Novena Conferencia de las Partes (COP) 9 de la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB) y única economía inmune al tsunami financiero estadunidense, la hizo suya y le agregó un tema indisoluble a su perenne rentabilidad: la protección de los ecosistemas que los resguardan y la ampliación radical de su superficie. Ahí inicia la cooperación dura con México en el tema.
En los siguientes años, a la par que su industria for export incrementa su presencia en México, Alemania se vuelca hacia los espacios dejados por Estados Unidos, casi de la noche a la mañana.
Pero tratándose de la cooperación en materia ambiental con México, Alemania no siempre actuó sola ni en motu proprio. Antes que la crisis de 2008 le permitiera pasar del déficit al superávit fiscal gracias al hundimiento exportador de sus socios (competidores), Alemania era un peso mediano que debía actuar a través del paraguas de la Unión Europea.
Los estadunidenses, acuerpados por sus aliados locales, en los estertores de la era Clinton-Gore y el régimen de partido de Estado, intentan acuñar su posición en el tema y en el territorio estrella: Montes Azules.
En vísperas de la elección presidencial (julio del 2000) y simultáneo a la publicación del Programa de Manejo de la Reserva Montes Azules, Pulsar –de Alfonso Romo–, la United States Agency for International Development (USAID), Conservation International México y el Ecosur, editan un multimedia que denominan La Selva Lacandona, un tesoro de biodiversidad. En él muestran datos y expresan consideraciones que fuerzan una conclusión: desalojar a las poblaciones, pasando a establecer que Montes Azules es la selva (reserva) madre y soporte de las cinco selvas mayas (Campeche-Quintana Roo-Belice-Guatemala) y también la más rica como cuenca y banco genético.
Días después de los atentados en Nueva York, bajo la mirada anuente del campamento militar ahí destacado, personal estadunidense se introdujo en la zona de Las Lagunas (noroeste de la reserva, considerada su zona más biodiversa) para extraer muestras de lodo, piedras y organismos. Poco después, una delegación de diplomáticos del mismo país (integrada por el agregado militar, el encargado de los asuntos económico-comerciales y el encargado de los asuntos políticos de su embajada en México) viaja a Montes Azules. En diciembre, el representante de México ante el Consejo de Seguridad, Adolfo Aguilar Zínser, declara en conferencia conjunta con el Procurador General y el secretario de Medio Ambiente que el desmonte de bosques es un azote equiparable al terrorismo y un mal peor que el narcotráfico.
Pero la relación con el vecino del norte en el tema se deterioró. Se dio cuando el nuevo gobierno de los Estados Unidos (George W Bush, 2001-2008) decidió quebrar el consenso internacional, con especial desprecio hacia el tema del medio ambiente y el cambio climático. El gobierno panista de entonces, urgido de un aliado neoliberal cercano a las reglas, acudió a una Unión Europea fuerte y plegada al multilateralismo.
El interés de la Unión Europea en México fue la biodiversidad y el foco su emblemática reserva Montes Azules y zonas aledañas. Vetada la palabra y este territorio protegido, su cooperación se encubriría bajo el mentís de “protección de la Selva”.
El Proyecto Desarrollo Social Integrado y Sostenible Chiapas (Prodesis, 2003-2007), cuyo objetivo era restaurar la biodiversidad en torno a la Reserva de la Biosfera Montes Azules a partir de la reconversión agrocampesina en la Selva Lacandona, constituyó su propuesta de “cooperación” más importante en el tema de conservación no sólo en México sino a nivel mundial. En el marco de sus ejes estratégicos (conservación, reconversión productiva y bionegocios) nació en San Cristóbal de Las Casas la Universidad Intercultural de Chiapas.
Una vez más los ecosistemas habitados de Chiapas son el objetivo para algo más que un campo de pruebas. Y aquí las fechas en que Alemania se separa del paraguas eurocomunitario, importan. A partir de 2006, con el retorno al gobierno alemán de la democracia-cristiana, el territorio-México se convirtió en un objetivo estratégico de primer orden para sus planes expansionistas.
Inicia con las armas. La excusa: mejorar el perfil armado de la policía local. Chiapas salta una vez más. Aun cuando se trata de una entidad vetada expresamente en los destinos autorizados, además de nunca señalada como un territorio bajo amago del narcotráfico, por volumen de rifles alemanes repartidos fue la tercera (561) durante el trienio 2006-2009 (cuando el Partido Acción Nacional, PAN, fue la primera mayoría en el Congreso), sólo después de Guerrero y Chihuahua, entidades por cierto también vetadas.
Que el nuevo gobierno de Alemania cerrara los ojos no resulta extraño pues él mismo se perfilaba ya como un acreedor central de esta estrategia contrainsurgente. Plataforma interoceánica y continental for export, y depósito del patrimonio biocultural de Mesoamérica en una Latinoamérica por entonces crecientemente antineoliberal, explican el ingente interés dual del gobierno y capitales alemanes por mantener abierta la ruta del territorio-México. La confesa afinidad político-ideológica de ambos gobiernos facilitó el entendimiento y la complicidad. La agenda verde, en general, pero sobre todo la biodiversidad y sus ecosistemas, fueron los temas en derredor de los cuales gravitará la nueva relación.
El 27 de marzo de 2007, a menos de 4 meses de haber tomado la Presidencia, Calderón declara la que constituirá su obsesión fáustica. Semanas después emitirá su primer decreto expropiatorio sobre ocho polígonos contiguos a la Reserva Montes Azules:
“Más allá de los recursos tradicionales como la plata o el petróleo, México posee dos ventajas que no tienen otros: la cuarta biodiversidad más rica y más grande del mundo, un verdadero patrimonio que defenderé con todo, y una posición geográfica estratégica.”
Hasta el término de su mandato no cesó de viajar a la Reserva Montes Azules que consideraba el paraíso en el tema, y disertar en cuanta oportunidad se le presentaba sobre ella recurriendo incluso a formidables alegorías, como en la Cumbre climática celebrada en Cancún en 2010 donde afirmó haber visto “ceibas que miden decenas de metros de ancho.”
Para Calderón, la comunidad europea y el gobierno alemán, el patrimonio natural de México valía especialmente por una cualidad del estado de Chiapas: sus ecosistemas concentraban, fundamentalmente en su Selva Lacandona y en sus tres reservas de biósfera, el 20 por ciento de la cara biodiversidad mexicana. Hablando de territorios estratégicos, Chiapas importaba globalmente por eso, no por su agua ni por sus relictos mineros ni por su producción orgánica ni por su petróleo. Había entonces que moverse.
Los bosques y selvas del país y el uso de sus recursos son de competencia federal. Para completar el cuadro, las siete áreas naturales protegidas establecidas en la Selva Lacandona corresponden todas a decretos federales. Es decir, que en el foco del interés trasnacional sobre su territorio, el gobierno de esa entidad carecía de atribuciones. Sin embargo, tratándose de pueblos indígenas, constitucionalmente correspondía a las entidades federativas reconocer sus derechos y establecer “las características que mejor expresen sus situaciones y aspiraciones.”
El nuevo gobierno de Chiapas (Juan Sabines, hoy Cónsul de México en Florida), en servicio de la administración calderonista, asignaó a un alemán, el doctor Dieter Pass, la tarea de coordinar la consulta del plan sectorial que rigió la política estatal para los pueblos indígenas y sus territorios durante el periodo 2007-2012. Se trata del exrepresentante de la Unión Europea que elaboró el Prodesis. El correo electrónico desde donde se envía a los consultados el borrador final corresponde a un dominio alemán: .de.
Como era de esperar, el contenido de ese documento rezumó un tufo neocolonial y hasta fascista inédito para un texto que, una vez aprobado por la legislatura, constituye una ley constitucional. En la “Estrategia General” del capítulo “Manejo Sustentable y Protección de Patrimonio Natural”, el consultor consigna una frase nunca dicha por los consultados (además de ahistórica) pero muy oportuna para descartar cualquier principio de comunalidad que pudiera oponerse a la mercantilización de la biodiversidad:
“Los pueblos indígenas se caracterizan por una diversidad de formas de apropiación de los recursos, fuertemente diferenciadas entre sí (…).”
Se trata de una consigna que 3 años más tarde, con lenguaje análogo, en alusión a los saberes ancestrales aparece en el preámbulo del Protocolo de Nagoya.
La marca eugenésica se lee un poco más adelante:
“En Chiapas las políticas públicas de manejo sustentable y la protección del patrimonio natural (…) deben ir de la mano de ordenamientos territoriales no sólo en el sentido natural, sino también en el socio económico y cultural.”
Por si faltaran señalamientos a la insustentabilidad campesina, Pass condena algo más: el cumplimiento del Estado mexicano de su obligación histórica en materia agraria:
“Gran parte de la problemática actual en las áreas estratégicas en servicios ambientales es resultado de las políticas gubernamentales agrarias.”
Más allá de la salida del doctor Pass y la supresión de esas y otras partes del borrador final motivadas por su denuncia pública, lo trágico es que el pensamiento que sustanció tales consignas y despropósitos es el mismo que hoy, con redoblado maquillaje, define y opera los planes del gobierno alemán para “apoyar a México en el cuidado de su biodiversidad”.
El ordenamiento (forzamiento) socio-cultural de las poblaciones propuesto en ese texto descubre y confirma, además del fracaso del Proyecto europeo (Prodesis) por reconvertir a la Selva Lacandona en su paraíso biogenético, el pensamiento histórico de su nuevo acreedor que, liberado del consenso eurocomunitario, realpolitik, buscó sellar en el plan estatal, sin ambages, en su propio lenguaje.
Nueve años después, la oposición pertinaz de las comunidades de esta zona (poseedoras del núcleo de biodiversidad mesoamericana más importante), condujo al Estado mexicano a elevar un nivel más la presión en servicio del interés trasnacional al anunciar la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a 2 días de comprometer el presidente Peña en Berlín “acciones urgentes para la protección de la biodiversidad” (12 de abril), la creación de la Gendarmería Ambiental y “su ingreso a la Reserva Montes Azules en el marco de la Cumbre Mundial de Biodiversidad”; la COP 13 del CDB, a esta hora en curso.
Presa de su propio aislamiento, la historia del intervencionismo del gobierno alemán, se advierte más flagrante incluso que el estadunidense. El caso de Chiapas-2007 se manifestaba ya en el ámbito federal pero se reproduciría a escala imperial en los siguientes años. Convertida Alemania en el polo hegemónico subsidiario de México, como si se tratara de una nación ocupada y no bastara con el personal de la Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ, Agencia para la Cooperación Internacional) en México, la oficina ad hoc del interés alemán en la estructura de la administración pública federal –la Conabio (a cargo del exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México José Sarukhán y del transexenal Pedro Alvarez-Icaza)– ha venido sustituyendo a técnicos mexicanos por técnicos alemanes, colocando a algunos de ellos en puestos clave. El propio responsable de la agencia de cooperación internacional alemana (GIZ) en México, Andreas Gettkant, despacha en la Conabio aun cuando la agencia a su cargo tiene un domicilio propio.
Pero los técnicos alemanes llegan para algo más. En el currículum de uno de ellos, Frank Michael Oliver Schmidt, director General de Proyectos Interinstitucionales, aparece una dato revelador: “1998: CONABIO, investigador en percepción remota, inició programa monitoreo de incendios.” El dato importa por el contexto de contrainsurgencia abierta que a partir de ese año se daba en el perímetro de la Reserva Montes Azules, núcleo de la resistencia zapatista en la Selva Lacandona, y por un garlito muy a propósito urdido en la Semarnat entonces para justificar la represión contra las comunidades: incendios en la Selva.
Los puntos de calor (incendios) registrados por el sistema de percepción remota de la Conabio fueron el instrumento “científico” que validó la escalada en la zona. El 12 de mayo de 2000, semanas antes de las elecciones presidenciales y rodeada la Reserva por varios batallones listos para su asalto, un nutrido grupo de científicos y organizaciones no gubernamentales ambientalistas, basados en la información de “puntos de calor” facilitados por el sistema de percepción remota de la Conabio (hoy sabemos que a cargo de un innovador alemán), tercian desde la sociedad civil el plan contrainsurgente de la Semarnat mediante un desplegado en el cual piden “salvar” la Selva Lacandona y la intervención de la fuerza pública para desalojar Montes Azules.
El 9 de junio, Alejandro Nadal desenmascara el montaje en un artículo publicado en La Jornada titulado “La remota percepción de honestidad de la Conabio”. La tragedia electoral del 2 de julio sufrida por el partido de Estado dio al traste con el plan eco-represivo y, al igual que otros operadores de la misma ralea, Frank Michael abandó el país, por un tiempo. En la administración calderonista volverá de Alemania. Su ascenso en la Conabio a un puesto de dirección general clave se corresponde con el peso de las inversiones de su país en el sector y su consolidación hegemónica.
El doctor Frank Michael no actuó (ni actúa) solo. En el currículum de otro ciudadano alemán, el doctor Rainer Andreas Ressl, también a cargo de una dirección general en la Conabio (la de Geomática), se lee: “Trabajó como experto integrado de la GTZ (Agencia de Cooperación Técnica Alemana) en Conabio en los años 1999-2003 en el Programa para la detección de puntos de calor (incendios)”. Antes de esta labor, agrega, trabajó también para la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Este currículum, por cierto, no es el que la Conabio presenta en su portal sino otro, carente de esas referencias. La cercanía entre ambos directores generales de la Conabio data de la década de 1990, durante su formación en el Centro Alemán Aeroespacial.
Theresa Richter y Juan Ignacio Domínguez
[BLOQUE: ANÁLISIS][SECCIÓN: AMBIENTAL]
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