América Latina sin políticas para afrontar el tráfico humano

México y los demás países de Latinoamérica expulsan cada vez más personas. Sin embargo, las naciones no tienen un solo acuerdo que busque mitigar el fenómeno social. Su estrategia se reduce a reprimir y criminalizar

Cada año, unos 3 millones de personas que emigran de sus países entran ilegalmente a Estados Unidos y la mitad lo hace con la guía de algún traficante, en un negocio de casi 7 mil millones de dólares, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés).

Aunque México sigue siendo el origen principal de los migrantes hacia Estados Unidos,  en las últimas décadas se ha registrado un aumento del flujo  proveniente de América Central y América del Sur, y más recientemente de países del Caribe, Asia y África.

Tres cuartas partes de estos nuevos migrantes deben cruzar el territorio mexicano y muchos de ellos son víctimas de redes criminales.

Se trata de una de las violaciones escondidas de los derechos humanos para decenas de miles de personas. Pero aunque el tráfico ilícito de migrantes es un delito transnacional, en los países involucrados en este fenómeno no existe una política transnacional para enfrentar el problema.

“Los acuerdos que hay entre los países son para reprimir a la gente, para no dejarla pasar. Pero no hay un solo acuerdo bilateral o trilateral que realmente busque resolver el problema integralmente”, dice a Inter Press Service (IPS) en una entrevista Martha Sánchez Soler, coordinadora del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM).

El MMM organiza cada año la caravana de madres centroamericanas que buscan a sus hijos desaparecidos en México y que ha impulsado un esfuerzo para tender puentes entre los países para la localización de los ausentes.

“Nosotros hemos denunciado mil veces a coyotes (traficantes de seres humanos, también conocidos como polleros) y nos les hacen nada porque no hay un intento serio de parar el problema. Los coyotes son un buen negocio para los gobiernos”, explicó la activista.

La trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes son delitos que en los últimos años han prendido focos rojos en América Latina, al igual que los organismos multilaterales.

La UNODC y la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur, por su acrónimo en inglés) advierten que es un fenómeno que obedece a “las difíciles condiciones de vida en los países menos desarrollados, al endurecimiento de las políticas migratorias en los países industrializados y al hecho de que por mucho tiempo estos fenómenos no fueron considerados como un problema estructural sino como una serie de episodios aislados”.

En noviembre de 2000, la respuesta mundial frente al crecimiento de este tipo de criminalidad, considerada una forma moderna de esclavitud, fue la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional firmada en la ciudad italiana de Palermo.

La Convención se reforzó con dos acuerdos operativos complementarios: el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños.

Aunque muchos confunden trata y tráfico y los manejan como sinónimos, se trata de delitos que pueden estar vinculados, pero que en realidad se refieren a dos actividades distintas: el objetivo de la trata es la explotación de la persona y ha sido considerada una forma de esclavitud moderna, pero no es necesario que las víctimas crucen fronteras.

En cambio, el tráfico es un delito totalmente trasnacional, porque implica la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado para obtener un beneficio económico; suele realizarse en condiciones peligrosas o degradantes; las víctimas dan su consentimiento, y generalmente termina con la llegada de los migrantes a su destino, o incluso antes.

Sin embargo,  en México, el tráfico de personas se ha mezclado con otras formas de criminalidad y muchos migrantes caen en redes de trata para la explotación sexual o para el trabajo forzado con cárteles de la droga.

De acuerdo con UNODC, el tráfico de migrantes desde México a Estados Unidos deja casi 7 mil millones de dólares al año, lo que lo convierte en uno de los delitos más rentables en el crimen organizado trasnacional, pues es menos arriesgado que el trasiego de drogas.

Felipe de la Torre, de la oficina de UNODC en México, advierte que se trata de una cifra “conservadora”, en un delito “necesariamente asociado a la corrupción, que ha proliferado” hasta las más altas esferas de gobiernos y organismos públicos involucrados, sin olvidar sectores privados como las compañías ferroviarias.

“Las rutas de los migrantes comenzaron a coincidir con las de la droga, haciendo los cruces aún más violentos y transformando a los polleros en coyotes, animales más agresivos. Se volvió pues un negocio con desmesuradas ganancias para el crimen, en el cual se pierden muchas vidas y se expone la salud física y sicológica de muchas otras”, afirma De la Torre.

La abogada mexicana Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático, explica a IPS que “la convención de Palermo es la llave para estos temas y hay acuerdos binacionales más generales, pero son más bien para investigaciones y de coordinación entre instituciones de justicia”.

Pero también aclara: “Aunque tengamos legislaciones suficientes no existen realmente políticas regionales que establezcan medidas de atención alrededor de todo el fenómeno”.

“Cuando Estados Unidos habla de políticas trasnacionales quiere decir que no entren los migrantes a su país y que van a perseguir a los coyotes, pero no de políticas que atiendan los problemas alrededor de todo el fenómeno y mucho menos a las víctimas”, pone como ejemplo.

El especial caso cubano

Un ejemplo de esta falta de políticas se ha visto desde 2015 con la migración cubana. En noviembre de ese año, el gobierno de Costa Rica desarticuló una red de tráfico humano y se desató una crisis con varios miles de migrantes cubanos varados en distintos países de la región, que cerraron sus fronteras al tránsito de los indocumentados.

En Cuba, la mayoría de las personas estafadas por traficantes humanos sufren los daños en silencio. Los casos más dramáticos, con lamentables pérdidas de vidas humanas, suelen conocerse en seriales policiacos de factura nacional, basados en la vida real. El delito golpea a Cuba desde que en la década de 1960 la emigración quedó atrapada en el conflicto con Estados Unidos.

En materia penal, el contrabando de migrantes es castigado con severas condenas que incluyen la prisión perpetua en casos agravados. Pero no hay datos ciertos del costo humano.

“Los riesgos son enormes, porque quedas a merced de estas mafias. Con ellos no hay ley ni derechos humanos que valgan”, dice a IPS un cubano residente en Estados Unidos, quien recordó que antes los traficantes sacaban del país a los viajeros fundamentalmente en balsas o lanchas rápidas procedentes desde territorio estadunidense.

En los últimos años, los emigrantes han salido de Cuba de manera legal, para embarcarse luego desde Sudamérica o América Central en la peligrosa travesía que ofrecen los traficantes rumbo al país norteño,  a un costo de 7 mil a 13 mil dólares por persona.

Cuba asegura que esa emigración irregular se articula al amparo de la Ley de Ajuste Cubano de 1966 y a través de redes de tráfico de personas, responsables de actos de violencia, extorsión, vejaciones y otros delitos de que son víctimas los cubanos en su intento por llegar a Estados Unidos, después de un peligroso recorrido de no menos de 7 mil 700 kilómetros y de cruzar ilegalmente ocho fronteras.

“Una de mis mejores amigas pagó 4 mil dólares a un hombre que le tramitaría su salida. Su familia gastó otro tanto en Estados Unidos. Pasado un año, no le quedó más remedio que reconocer que había sido estafada. Era una operación ilegal, así que no hizo la denuncia”, cuenta a IPS la profesional de 40 años Idalmis Guerrero.

Su historia es anterior a la reforma migratoria vigente desde enero de 2013, que amplió los derechos de viaje para la ciudadanía cubana, eliminó el permiso de salida del país y dejó sin efecto la carta de invitación del exterior, engorros documentos que encarecían  cualquier viaje por razones personales. Pero obtener visa de ingreso a Estados Unidos u otro país continuó siendo dificultoso.

El 12 de enero de 2017, una semana antes de entregar el mando a Donald Trump, el presidente Barack Obama firmó la eliminación de la Política de Pies Secos-Pies Mojados, que garantizaba residencia a los cubanos que tocasen tierra estadunidense, así como el Programa de Parole (acceso preferencial) para Profesionales Médicos Cubanos, que Washington aplicaba en terceros países.

Aunque México y Cuba tienen varios acuerdos de colaboración para enfrentar el tráfico de personas, el 21 de enero comenzó la deportación de cubanos detenidos en su tránsito hacia Estados Unidos, a los que las autoridades mexicanas les negaron el “pase de salida”, un documento que permite a los extranjeros circular 20 días por el territorio nacional. (Con aporte de Patricia Grogg desde La Habana).

Daniela Pastrana/Inter Press Service

[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: LÍNEA GLOBAL]

 

Contralínea 542 / del 05 al 11 de Junio de 2017