Stella Calloni/Prensa Latina
Buenos Aires, Argentina. El pasado 18 de enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman, al frente de la Unidad Especial que investigaba la causa sobre el cruento atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de junio de 1994, fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza, en el baño de su departamento y con todas las puertas de su casa cerradas por dentro. Cuatro días antes había presentado una denuncia, sin prueba alguna, mal redactada y con serias contradicciones, en la que acusaba a la presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, al canciller Héctor Timerman, y a otras personas, de intentar encubrir a funcionarios iraníes acusados –sin pruebas– de ser culpables del atentado. En días se había puesto en marcha un golpe encubierto de mano externa.
El fiscal había sido colocado al frente de la investigación en 2004, después de 10 largos años, cuando se cerró el más escandaloso e irregular juicio de la historia, sin lograr encontrar a los culpables del atentado que dejó 85 muertos y centenares de heridos. Este hecho aparece como un eslabón más de un golpe en desarrollo, en el que participan un sector de la justicia, la oposición, los medios masivos de comunicación y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) y el Mossad, de Estados Unidos e Israel, respectivamente.
Para entender esto hay que entender de qué se trata el caso AMIA y conocer, precisamente, las graves irregularidades cometidas por haber entregado en la década de 1990 la investigación a los servicios de inteligencia estadunidenses e israelíes, que operaron conjuntamente con el grupo de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
El cruento atentado conmovió al país; el juez que quedó a cargo de la investigación en julio de ese año fue Juan José Galeano, quien comenzó su actuación bajo una presión muy evidente.
La inteligencia israelí –que envió sus hombres a colaborar en las primeras horas del hecho– y la CIA, en sólo 24 horas después del atentado acusaron a la República de Irán y a Hezbolá de Líbano, sin pruebas.
Sin haber iniciado la investigación, ofrecieron un testigo importante a Galeano, quien viajó a Venezuela, para entrevistarlo.
Se llamaba Manouchehr Moatamer y se presentó como un exfuncionario iraní, que había huido de su país y acusaba al gobierno de Irán de ser responsable del atentado, sin ninguna prueba. Sus dichos erráticos, al poco tiempo se cayeron. Es decir que habían vendido un testigo falso.
Moatamer se había ido de Irán con su familia en 1993. Falta saber cómo llegó a Venezuela en 1994, y cómo terminó al final en Los Ángeles, Estados Unidos, como “testigo protegido de la CIA”.
En 1998, nuevamente la CIA y el Mossad ofrecieron otro supuesto testigo, en este caso radicado en Alemania, Abolghasem Mesbahi, llamado el “testigo C”. Mesbahi había sido desplazado en 1989 de algunas tareas menores para la inteligencia iraní, sospechoso de ser agente doble. Se dedicó a la actividad privada y realizó una serie de estafas, tras lo cual se fue a Alemania donde se radicó desde 1996.
En ese tiempo acusó a Irán de cada uno de los “atentados terroristas” que no se esclarecían en el mundo –lo que siempre sucede con los atentados de falsa bandera– como el Lockerbie, Escocia, y otros.
El “testigo C”, que ganó fama por el misterio que rodeaba su nombre, vio una nueva oportunidad acusando a Irán, con la anuencia de los servicios alemanes, estadunidenses e israelíes de la voladura de la AMIA.
Sin pruebas contó su versión en Alemania ante un juez del lugar y el argentino Juan José Galeano, que viajó a ese país en 1998.
“Mesbahi declaró cinco veces bajo juramento en la causa, y en los puntos esenciales dio cinco versiones distintas y contradictorias de éstos, que no podrían servir nunca como prueba. Sólo dichos y palabras, y por supuesto, conjeturas y deducciones de inteligencia, resume el abogado Juan Gabriel Labaké en su libro AMIA Embajada, ¿verdad o fraude?
Este abogado, por cierto no oficialista, viajó a Teherán, a Europa y Estados Unidos, reuniendo datos entrevistándose con fuentes importantes, y finalmente llegó a la conclusión de no existían pruebas contra Irán en el juicio de AMIA tanto bajo la dirección de Galeano, como bajo la del fiscal Nisman, quien sólo refritó los expedientes de su predecesor, le dio cierto orden pero acusando, como ordenaron Washington y Tel Aviv, siempre a Irán.
El periodista Gerth Porter, de The Nation, escribió en una nota el 16 de mayo de 2010 que el embajador de Estados Unidos en Argentina en el momento del atentado a la AMIA, James Cheek, le dijo en una entrevista: “Que yo sepa no hay ninguna evidencia real de la participación iraní. Nunca probaron nada”.
Lo extraño es que cuando Nisman acusa a Irán en 2006 ya se sabía que ambos testigos no eran creíbles, y la justicia británica había devuelto, por falta de pruebas, un pedido de extradición del exembajador iraní en Argentina Hadi Soleimanpour. El diplomático iraní estaba haciendo un curso en Londres cuando lo detuvieron en 2003 hasta que llegara el exhorto de extradición.
Debieron soltarlo en 2004 y pagar una indemnización de 189 mil libras esterlinas.
También la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) devolvió un primer pedido de alerta roja por falta de pruebas, y el segundo pedido en 2013, y que está hasta estos días, por especial pedido del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Héctor TImerman, tampoco tiene aún el fundamento de las pruebas que el juez Rodolfo Canicoba Corral le pidió a Nisman que investigara. Ahora se sabe que Nisman no había cumplido con reunir pruebas, sino simples deducciones de inteligencia que no sirven a la justicia ni a la verdad.
El juicio primero de la AMIA debió ser cerrado por escándalos e irregularidades graves, una de las cuales consistió en que el juez Galeano, con apoyo del entonces presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas-Argentinas (DAIA), Rubén Berajas, pagó 400 mil dólares a un reducidor de autos robados, Carlos Telledín, para que acusara a diplomáticos iraníes y a policías de la provincia de Buenos Aires.
Estos últimos estuvieron 5 años detenidos y debieron ser liberados por absoluta falta de pruebas, sin vinculaciones con la causa. Así escandalosamente terminó ese juicio.
La enmarañada red de falsedades y mentiras, presiones e intereses que eran los expedientes de la causa del cruento atentado contra la mutual judía AMIA obligó a terminar con el juicio en 2004, y el entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007) exhortó a la justicia a avanzar, profundizando en la causa hacia la verdad.
Se creó entonces la Unidad Especial de la Causa AMIA, que quedaría por decisión de la Procuraduría en manos del fiscal Alberto Nisman, lo que sorprendió, ya que también había sido parte del fracaso del juicio iniciado en julio de 1994 y cerrado 10 años después, sin haber logrado nada.
Nisman había comenzado en 1997 su camino hacia la actual Fiscalía, en Morón, provincia de Buenos Aires. En su historia hay un caso que marcó su camino y fue la investigación sobre el destino de Iván Ruiz y José Díaz, dos de los participantes en el fracasado ataque al cuartel de la Tablada en enero de 1989, dirigido por el exjefe guerrillero Enrique Gorriarán Melo, durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín. Ambos detenidos, después del cruento enfrentamiento que dejó varios muertos y heridos, fueron vistos por última vez brutalmente torturados y llevados por militares y policías en un automóvil Ford Falcon.
En julio de 1997, el entonces procurador general Nicolás Becerra lo convocó para sumarse a los fiscales que investigaban el atentado contra la mutual judía AMIA, José Barbaccia y Eamon Mullen, por pedido expreso de ambos.
De acuerdo con Infojus Noticias de Argentina “el equipo de Nisman, Barbaccia y Mullen trabajó hasta el juicio oral, pero no terminó bien”. Durante ese juicio por la llamada “conexión local”, muchos testigos dijeron que ellos y el juez Juan José Galeano habían cometido una serie de irregularidades que se comprobaron.
Al final del debate, el Tribunal Oral absolvió al delincuente Carlos Telleldín, a quien el propio juez entregó 400 mil dólares para acusar a funcionarios iraníes y a policías, con el visto bueno de Rubén Berajas entonces presidente de la poderosa Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas.
En los fundamentos del fallo se acusó a Galeano –quien terminó destituido y procesado–, a su equipo y a los fiscales Mullen y Barbaccia, también procesados.
“En el juicio oral quedó demostrado que no se investigó absolutamente nada” en la Causa AMIA , afirmó a Infojus Noticias el abogado Juan Carlos García Dietze, defensor de Ariel Nizcaner, quien fue absuelto de haber participado en la adulteración de la camioneta Traffic, que supuestamente fuera usada en el atentado.
“Siempre hubo un tema parádojico: Barbaccia y Mullen quedaron imputados, y Nisman siguió a cargo. Es extraño”, reflexionó García Dietze.
En 2004 Nisman, ya a cargo de Unidad Especial para concentrar todas las investigaciones vinculadas al atentado, se acerca a un hombre clave de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado, la antigua SIDE, Antonio Stiusso, alias Jaime. Éste había sido desplazado de la Causa AMIA como parte de las irregularidades del juicio, pero con Nisman recuperó un lugar de importancia. Ambos trabajaban con la CIA y el Mossad.
La Unidad Especial recibía importantes sumas de dinero para investigar, pero Nisman sólo se dedicó a clasificar los expedientes de Galeano y continuó responsabilizando a los iraníes, sin haber producido, en los últimos 10 años ninguna prueba para confirmar la acusación. Su primer pedido de alerta roja contra 12 iraníes, diplomáticos y funcionarios acusados fue devuelto por falta de pruebas. Como sucedió con el pedido de extradición a Londres del exembajador iraní en Argentina, Hadi Soleimanpour, cuando la justicia británica devolvió la solicitud por falta de pruebas, indemnizando al diplomático en 2004. Una vergüenza para la justicia argentina.
Durante 10 largos años los expedientes que investigaba Nisman siguieron incorporando “informes basados en deducciones y armados”, sin prueba real, imposibles de comprobar que proveía la CIA y el Mossad, al igual que hicieron al proveer los falsos testigos.
En 2010, cuando se publicaron en Argentina una serie de cables secretos referidos al caso AMIA, del Departamento de Estado de Estados Unidos revelados por WikiLeaks, quedó en evidencia que el fiscal Nisman anticipaba las medidas que iba a tomar en esta causa a diplomáticos de esa Embajada.
La pista iraní no lograba reunir pruebas concretas, pero sin duda favorecía a los intereses geopolíticos de ambos países que continúan intentando invadir Irán, enlazando esta situación con el anunciado plan imperial de un Oriente Medio ampliado, que significó invasiones y ocupaciones coloniales de varios países en esa región en el siglo XX. Jamás la inteligencia estadunidense o israelí debieron haber participado, monitoreado y armado la Causa AMIA.
En un despacho del 22 de mayo de 2008, desde la sede diplomática estadunidense en Buenos Aires, se especificaba: “Los oficiales de nuestra Oficina Legal le han recomendado al fiscal Alberto Nisman que se concentre en los que perpetraron el atentado y no en quienes desviaron la investigación”.
Eso fue precisamente cuando el entonces juez federal Ariel Lijo ordenó la detención e indagatoria del expresidente Carlos Menem, de su hermano Munir –ya fallecido–, del entonces titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, y otros, como el magistrado Juan José Galeano y del excomisario Jorge Palacios, por encubrir el atentado.
Nisman no había informado de esa medida a la Embajada estadunidense como lo hacía normalmente. Otros cables de WikiLeaks demostraron que el fiscal de la Causa AMIA se había disculpado con los oficiales estadunidenses por no haber anticipado los pedidos de detención. Hay varios cables referidos al tema, publicados por el periodista Guillermo O’Donell.
Ya en 2013, Memoria Activa y familiares y amigos de las víctimas del atentado de julio de 1994 se pronunciaban por un alejamiento de Nisman de la Causa AMIA. En noviembre de 2013, en una carta abierta al fiscal, los familiares respaldaron el Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán y cuestionaron “la falta de compromiso de Nisman y la inacción en la causa”, por considerarlo “funcional a los intereses de los que siempre nos quieren alejar de la verdad”.
El Memorándum de Entendimiento con Irán es un verdadero documento de política exterior que podía sentar precedentes en la resolución de conflictos sin salida, como era el caso AMIA. Se trataba de que los jueces de la Causa AMIA pudieran ir a Teherán a indagar, ante la presencia de una Comisión de personalidades reconocidas y neutrales, a los altos funcionarios iraníes acusados –sin pruebas– del atentado. Por primera vez se podría saber la verdad, fuera la que fuera.
Al cumplirse 20 años del atentado, el 19 de julio de 2014 los familiares de las víctimas no sólo reclamaron una vez más el esclarecimiento del hecho, sino que solicitaron formalmente que se apartara a Nisman del caso por “haber mostrado su total incapacidad para investigar en esta Causa”, como denunció entonces Diana Malamud de Memoria Activa.
En Irán no existe extradición y por eso el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner trató de hallar un camino, que fue rechazado incomprensiblemente por el gobierno de Israel.
La DAIA y la AMIA, que habían apoyado en principio el Memorándum debieron plegarse al mandato israelí. La oposición argentina rápidamente se alió a este rechazo y surgieron jueces que declaraban la inconstitucionalidad de la ley, lo que era una aberración jurídica.
Irán quedó a la expectativa frente a esta situación. Lo que nadie sabía es que, con base en falsas denuncias, convertirían este tema en una maniobra golpista contra el gobierno de Fernández de Kirchner, el que más trabajó a favor de la verdad, como se puede constatar en los esfuerzos ante la Organización de las Naciones Unidas y en el propio Memorándum.
El 12 de enero de 2015, en plena Feria Judicial, e interrumpiendo un viaje que lo había llevado a recorrer Europa para festejar el cumpleaños 15 de una de sus hijas, el fiscal Alberto Nisman, al frente de la investigación sobre el atentado contra la mutual judía AMIA decidió regresar imprevistamente a Argentina, según él mismo comunicó a las amistades más allegadas en un mensaje de WhatsApp.
Sólo 1 día después de llegar a Buenos Aires, anunció que iba a presentar una denuncia contra la presidenta de la nación, el canciller, el diputado Andrés Larroque, dirigente del movimiento juvenil La Cámpora y contra dos dirigentes sociales, Luis D’Elía y Fernando Esteche, por el intento de presunto encubrimiento de los iraníes acusados mediante un pacto secreto con Irán por “intercambios comerciales”, que nunca existió.
El 18 de enero fue encontrado muerto, como se conoce, en su departamento. Y la rigurosa investigación fiscal continúa para no dejar ningún espacio de duda en su conclusión final.
La Feria Judicial le permitía elegir el juez, y buscó a Ariel Lijo, quien lleva causas creadas por denuncias basadas en informaciones periodísticas y sin pruebas contra funcionarios gubernamentales. El 14 de enero presentó la denuncia, generando un gran escándalo, sin aportar pruebas a sus incriminaciones, pero tampoco nada sobre el atentado que mató a 85 personas en 1994.
De inmediato la dirigencia opositora salió a respaldarlo, porque esta noticia les permitía montar un ataque brutal contra el gobierno en año electoral.
Prometía Nisman dar a conocer escuchas telefónicas (ilegales hasta ahora) para justificar su acusación, y el 19 de enero iba a hablar de su denuncia ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, citado por la oposición, aunque iba a asistir también el oficialismo, que pedía hacer público este evento, y no cerrado.
Las escuchas trasmitidas ilegalmente por un canal de televisión opositor de conversaciones entre dirigentes sociales y una persona de la comunidad islámica jamás podrían ser pruebas de nada. Pero el 19 su muerte conmocionaba al país y atrajo la atención también fuera de Argentina.
Arroyo Salgado dice haber discutido porque se negó a que Nisman regresara con su hija a Buenos Aires y convinieron en que la dejaba en el Aeropuerto para que su madre llegara a recogerla desde Barcelona.
Se agrega a esto que la propia madre de Nisman, Sara Garfunkel, declaró en la causa que ella ya se había operado del brazo antes. Nisman había mentido a su familia en un regreso muy apresurado.
Por eso la pregunta es: quién lo llamó tan urgentemente para presentar una denuncia sólo 2 días después de su regreso, nada menos que contra la presidenta. La fiscal que ahora investiga su muerte, Viviana Fein, a todas luces bajo intensa presión, dijo que el occiso ya había sacado el pasaje de regreso para el día 12 desde el 31 de diciembre. Esto abre entonces una interrogante: ¿Por qué envió un mensaje de WhatsApp a sus amigos más cercanos, según transmitió la propia prensa opositora antes que la fiscal revelara la compra anticipada del boleto, de que tenía que regresar de forma intempestiva? ¿O era una trama ya urdida de antemano?
La incriminación fue la noticia bomba de comienzos de un año electoral, y la diputada derechista Patricia Bullrich, de Unión Por Todos-Propuesta Republicana, organizó rápidamente que Nisman explicara la denuncia a una Comisión del Congreso.
Bullrich, quien habló varias veces con el fiscal antes de su muerte, está ligada a fundaciones estadunidenses en Argentina, y de la misma manera la diputada Laura Alonso, destacadas ambas por apoyar a los sectores más fundamentalistas de Estados Unidos contra Cuba, Venezuela, Argentina o cualquiera de los países claves en la integración latinoamericana.
El domingo 18 de enero por la tarde, el fiscal Nisman fue encontrado sin vida, por su madre, llamada por dos custodios ante la falta de respuesta de éste. El departamento estaba cerrado por dentro, incluyendo la puerta de servicio, que tiene dos cerrojos; el de arriba, que podía abrir la madre, pero el de abajo tenía una llave trabada por dentro y debieron llamar al cerrajero para que la abriera.
El cuerpo de Nisman obstaculizaba abrir la puerta del baño. Tenía un disparo en la cabeza, una pistola y un casquillo de bala calibre 22 estaban en el piso a su lado. Una imagen desoladora. Tenía 51 años. Y los primeros resultados de la autopsia realizada por reconocidos forenses con presencia de expertos peritos determinaron que “no habían intervenido terceros”.
Toda la información, incluyendo lo que se conoció después, mencionaba un disparo sólo a poco más de 1 centímetro de la sien derecha, lo que llevaba a pensar en un suicidio. La muerte se caracterizó como “dudosa” hasta que se terminen las pericias, algunas repetidas para que no queden dudas.
La presidenta Fernández de Kirchner, en su primera carta en Twitter, nunca dijo que fuera un suicidio. Lo puso en duda al escribir la palabra entre signos de interrogación; y en su segunda carta sostuvo con mayor precisión que no creía en un suicidio. En todo caso en un suicidio inducido, y no precisamente por el gobierno, ya que en realidad era el único afectado en este juego de servicios de inteligencia extranjeros y locales y la oposición interna, mayoritariamente dependiente de Washington y sus fundaciones.
Desde Bolivia, el presidente Evo Morales definió certeramente esta situación: le pusieron una emboscada a la presidenta argentina, dijo al denunciar los sucesos.
Es de un simplismo aterrador pensar que a un gobierno a cuya presidenta se acusa sin prueba alguna, con una denuncia tan deficiente que nadie cree fue redactada por el fiscal, podría convenirle la trágica muerte de éste, después de presentar una denuncia en su contra.
La oposición política local, que ya armó varios escenarios golpistas en el país, se tomó el hecho como una bandera para acusar al gobierno. Los medios de comunicación y especialmente el Grupo Clarín, que se niega a cumplir con la Ley de Medios Audiovisuales que debe terminar con los nefastos monopolios mediáticos, comenzaron a especular confundiendo a la población, cautiva de ese enorme poder desinformador.
Es tal la intoxicación informativa, que nadie sabe distinguir entre el informe de la Fiscalía investigadora y los “juicios paralelos” que se escenifican en televisión.
La muerte de Nisman está siendo utilizada de una manera perversa por los medios de comunicación opositores y por toda la red de desinformación mundial al servicio del poder hegemónico, intentando responsabilizar al gobierno en una de las campañas más duras que se recuerde.
El golpismo encubierto está siendo desarrollado por un sector del Poder Judicial, una estructura decadente que nunca se democratizó, los medios de comunicación masiva, la oposición y la acción de los servicios de inteligencia locales que fueron desplazados por el Ejecutivo y venían desde la pasada dictadura y antes de ésta. Pero, indudablemente, por Estados Unidos y también Israel.
El Estado israelí publicó en Estados Unidos un comunicado breve la mañana del 19 de enero de 2015 sobre “la trágica circunstancia” de la muerte de Nisman, término que se utiliza para describir un suicidio; y el mismo día el secretario general de la DAIA, Jorge Knoblovits, dijo a los medios argentinos –como está registrado– que “creían que era un suicidio” y que esa entidad estaba preocupada por el destino de la Causa. ¿Por qué luego cambiaron de rumbo?
Siguiendo el lineamiento del Estado israelí, exhortaban a continuar con la Causa –como si alguien hubiera mencionado abandonarla– y además a llevar a la justicia a los culpables del hecho y continuar con lo que estaba actuando Nisman. Es decir –y esto no puede perderse de vista– mantener la acusación contra Irán, lo que significa continuar en el cerrado círculo que comenzó en julio de 1994 con pistas y testigos falsos. ¿Qué hay en las sombras de esta Causa?
El colaborador cercano del fiscal fallecido, Diego Lagomarsino, “experto en informática”, contratado por Nisman con un salario inusualmente altísimo, fue a ver al fiscal el sábado 17 de enero. Él mismo se presentó espontáneamente a la justicia para decir que le había llevado un arma vieja, la pistola calibre 22 con la que luego se “suicidó” el fiscal.
Primero dijo que le pidió la pistola para defenderse, pero en realidad concurrió dos veces al edificio donde vivía el fiscal supuestamente seguro y altamente vigilado como se ofrecía a los compradores de departamentos en el lugar. De la última visita en la noche no hay registros de salida. La investigadora Fein dijo que, según lo registrado, Lagomarsino salió el domingo en la mañana, es decir, al día siguiente de la muerte de Nisman.
El curioso –y desconocido en el medio– periodista colaborador en el sitio de internet del Buenos Aires Herald Damián Pachter, quien en la noche del 18 de enero dio la primicia por Twitter que se había encontrado muerto al fiscal Nisman sin avisar a su medio, decidió irse del país argumentando “miedo”. Primero sacó un boleto de ida y vuelta a Uruguay, pero de pronto apareció en Tel Aviv.
Pero lo extraño es que sale hacia Uruguay y sigue hasta Israel, donde dice que pidió refugio. Luego se sabe que Pachter es argentino-israelí, y viajó con su pasaporte de Israel. ¿Porqué pidió asilo, si era ciudadano israelí y estuvo 3 años en el Ejército de ese país? Lagomarsino también gestionaba la actualización de su pasaporte, para lo cual concurrió a las oficinas pertinentes el propio día 12, cuando Nisman hizo pública su imputación. Inmediatamente tras la muerte del fiscal las autoridades le retuvieron el documento y se le prohibió salir del país.
La sospecha sobre Pachter aumentó cuando dio entrevistas a medios europeos hablando de la persecución de periodistas en Argentina, donde los medios opositores publican notas insultantes contra la presidenta y otros funcionarios sin ningún problema.
Otro dato importante a registrar. El fiscal Nisman utilizaba un automóvil de alta gama, un Audi, de un yerno de uno de los denunciados como encubridor local en el caso AMIA, Hugo Anzorreguy, el exjefe de la SIDE en el momento de la voladura de la AMIA. Y además ligado al exagente de la CIA Frank Holder, de oscura historia en Centroamérica, que como tantos exagentes de otros países manejan agencias de seguridad locales.
En Estados Unidos, los sectores más recalcitrantes como el republicano Marcos Rubio, Bob Menéndez y otros, acusan a la presidenta y al gobierno sin prueba alguna, lo cual es una amenaza y una presión sobre la justicia local, la misma que ejercen los medios masivos de comunicación argentinos, que de diversas formas advierten a fiscales y jueces que esta causa, como la de la AMIA, tienen que tener los “culpables” que ellos determinen. Los llamados de esos legisladores, además, evidencian su conexión con la derecha argentina.
Quieren una destitución aparentemente “institucional” del gobierno, un golpe blando, pero con muertes. No quieren la verdad.
Además de golpear a Argentina en el mismo momento en que se acrecienta el golpismo en Venezuela contra el presidente Nicolás Maduro, intentan debilitar a los organismos de unidad e integración que se consolidan en América Latina.
Si algo faltaba al terminar esta serie, se conoció que el expresidente José Mujica, de Uruguay, desmintió la versión de que un diplomático de la Embajada de Irán en Montevideo fuese expulsado 2 semanas antes por estar vinculado a la colocación de un aparente artefacto explosivo en las inmediaciones de la Embajada israelí en esa ciudad. Esa versión la publicó el diario israelí Haaretz y la retomaron varios medios en el mundo.
Queda entonces la pregunta que puede tener una rápida respuesta: ¿qué están preparando los expertos en atentados de falsa bandera en nuestros países?
Stella Calloni/Prensa Latina
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