Juan Ramón Quintana Taborga*/Prensa Latina
La Paz, Bolivia. “Cuando piense en el BID [Banco Interamericano de Desarrollo], debe pensar en Estados Unidos (…). Esto no es un chantaje, es la simple realidad (…). Espero que usted como próximo presidente de Bolivia comprenda la importancia de esto porque una separación de los caminos no sería buena para la región, ni para Bolivia, ni para Estados Unidos”, le dijo el entonces embajador estadunidense en Bolivia, David N Greenlee, en enero de 2006, a Evo Morales.
Así inicia el libro BoliviaLeaks, de próxima aparición, donde se documenta la injerencia de Estados Unidos en Bolivia antes de 2006 y luego, a la llegada de Evo Morales a la Presidencia, los intentos por ejecutar un golpe de Estado.
La historiografía boliviana, por diversos motivos, soslaya este factor fundamental del intervencionismo extranjero, en particular del estadunidense, situación que además de distorsionar el pasado nos impone interpretaciones caprichosas en torno a su desarrollo mismo.
Aún se suele ver la historia nacional como una sucesión dramática de episodios de inestabilidad política vinculados a innumerables golpes de Estado, ciclos de relativa y frágil paz democrática o transiciones políticas duraderas en tanto juego de poderes internos, primacía caudillista, protagonismos partidarios y/o regionales más que como resultado del lugar que ocupa el país en la geopolítica hemisférica, en la cadena de producción de materias primas en el mercado global o en el alineamiento ideológico a potencias en pugna.
Es mucho más lacónica esta situación en el campo de la bilateralidad entre Bolivia y Estados Unidos. Al parecer, deliberadamente se ha preferido soslayar y en muchos casos ignorar la naturaleza de este vínculo con la potencia dominante, probablemente con el objetivo de no entorpecer las rigideces derivadas de su domesticación o para no alterar el protocolo manifiesto y asumido de su dependencia.
Una prueba de ello reside en la ausencia de textos oficiales básicos que describan u ofrezcan datos, cifras, hitos históricos o convenios importantes que ayuden a comprender las controversias o claroscuros de esta relación que por cierto no ha sido ni es simple.
Precisamente, su complejidad debiera incentivar reflexiones institucionales que contribuyan no sólo a definir los límites de la relación sino a circunscribir los ámbitos de relacionamiento razonables.
Si se trata de descifrar los límites que adquirió la dependencia extranjera, en la escala más pequeña del dominio estadunidense, la Cancillería, antes de 2006, ofrecía el peor ejemplo de inconducta nacional.
Tomando en cuenta que la puerta de ingreso formal de los cuerpos diplomáticos al país se produce a través de este filtro institucional, dados los niveles de penetración que lograron los estadunidenses desde mediados del siglo pasado, debemos admitir su estrepitoso fracaso.
La embajada de Estados Unidos no sólo tenía un doble registro de sus funcionarios que llegaban al país, sino que llegó a tener su propio espacio de trabajo en el corazón mismo de la cancillería nacional.
La oficina denominada de “Asuntos Especiales”, creada al amparo de los convenios de lucha contra las drogas en el gobierno de Paz Zamora (1993-1997) constituía una dependencia de la embajada enclavada en plena Plaza Murillo (sede del Ejecutivo), desde la cual se suponía que se gobernaba el país.
Decidir llamar a esta dependencia oficina de “Asuntos Especiales” expresa en rigor la decisión de encapsular su tratamiento, envolver en un manto de superioridad y misterio la relación y cuando menos considerar este trabajo como algo exclusivo y privilegiado, que estaría bajo el dominio y la tutela de una entidad mayor.
Sin duda ésta era una graciosa concesión otorgada por la embajada en Bolivia para maquillar el tratamiento de su cooperación.
Con esta misma lógica operaba y funcionaba el Fondo Monetario Internacional (FMI), alojado en las instalaciones del mismísimo Banco Central de Bolivia y cuyo objetivo no era otro que gobernar directamente y sin mediación la economía nacional.
La imposición de las políticas macroeconómicas exigía no sólo tutela sino también coerción desde la amable compañía a la que los tenían acostumbrados a los presidentes de esta institución financiera.
La ocupación física del FMI sobre el sístole y diástole de la economía boliviana no podía ser más condescendiente toda vez que el propio presidente Hugo Bánzer (1997-2001) había decidido tener a su lado, durante sus gabinetes semanales, al jefe de Misión del FMI en Bolivia.
Para no desentonar con la ocupación colonial, una estación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) poseía oficinas, equipos y sistemas de comunicación en el propio Palacio de Gobierno, autorizada nada más ni nada menos que por el mismo ministro de la Presidencia de Carlos Mesa (2003-2005), José Antonio Galindo, con el simpático nombre de Unidad de Análisis de Seguridad Presidencial (Unasep).
En armonía con este entramado de ocupación imperial y para evitar cualquier desvío ideológico, la Oficina de Enlace del MilGroup (Comando Sur de los Estados Unidos) se encontraba instalada frente al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, en el mismísimo Cuartel General de Miraflores.
Así, y a escala distinta, cada ministerio fue convertido en un feudo colonial encubierto en proyectos digitados desde las oficinas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).
Llegó a tal extremo la caricatura estatal en Bolivia (antes de 2006) que importantes funcionarios de la cooperación europea o de organismos internacionales preferían obtener datos y economizar tiempo asistiendo a las oficinas de la embajada o de USAID para conocer con más rigor la situación del país.
Estos detalles permiten advertir que Bolivia ofrecía señales inequívocas semejantes a una colonia que simulaba ser una democracia.
Durante el ciclo democrático y antes de que Evo Morales asumiera la presidencia, el país estaba sumido en una inconfesable dependencia crónica que incluso indujo a un investigador extranjero a publicar un valioso análisis sobre el papel de la cooperación internacional que le permite concluir que Bolivia, más que una república, manifestaba ser un “protectorado”.
El grado de dependencia al que llegó el país tocó los límites extremos facilitados por la complacencia de la élite criolla a la que le resultaba casi natural actuar con la lógica de mendicidad nacional carente de todo decoro.
Las incontables anécdotas acerca del tutelaje estadunidense que se suelen contar entre los decanos de la diplomacia nacional ofrecen un espectáculo deprimente e indigno para cualquier país que pretenda convertirse en Estado. Baste mencionar la designación de ministros del gobierno cuya decisión emanaba de la embajada con la misma naturalidad con la que se designaba a las jerarquías administrativas de justicia a quienes se pagaba un plus con recursos de la lucha contra el narcotráfico.
Para nadie era extraña la designación de los mandos militares o policiales o el control de todo el aparato de seguridad estatal a cambio de recibir botas de combate, crema dental, algún equipo militar o policial y unos centavos para garantizar su disciplina.
Con el mismo desprecio con el que la embajada trataba a ministros, diplomáticos o parlamentarios lo hacía con los partidos políticos a los que aplicó la política del veto mediante la otorgación de visas.
No obstante, este humillante trato al que se sometió la burocracia neoliberal sirvió no sólo de brújula al impulso intervencionista sino también de colchón de amortiguación optando por la complacencia y la complicidad venal.
Estaba claro entonces que la democracia adquirió la característica de un rito caricaturesco: mientras los bolivianos votaban ingenuamente en las urnas creyendo ejercer su soberanía política, otros elegían el destino de la patria, destino que estaba orientado a servir de correa de transmisión para saciar la voracidad del capital extranjero.
Esta mutilación en la narrativa nacional o carencia de un relato histórico sobre el peso que ejerció la hegemonía extranjera en Bolivia constituye una deuda impostergable que se debe cancelar con urgencia para caracterizar los rasgos constitutivos del Estado colonial e identificar los inherentes al emergente Estado Plurinacional. Eludir la comprensión del papel hegemónico de la política estadunidense en la vida nacional equivale al desconocimiento de gran parte de nuestro pasado poscolonial. Seguramente por ello y en muchos casos se ha preferido construir explicaciones episódicas, hasta míticas, acerca de nuestro destino nacional en ausencia del peso significativo que tuvieron factores externos.
Por esto mismo, el consabido y auto flagelante argumento acerca de la inviabilidad de Bolivia no tiene sustento racional entretanto no se esclarezcan las causas profundas de esta suerte de axioma antinacional.
Que una gran parte de la sociedad ignore que su país está intervenido equivale a sostener que su ciudadanía vive en medio de una república espuria.
En general, se ha tratado de explicar nuestra dependencia, pobreza o subdesarrollo prioritariamente por la vía del encierro geográfico, por esa lógica del “lastre” que atribuye a los indios el atraso nacional o por la miopía de una burguesía poco comprometida con lo nacional y fuertemente dependiente del extranjero.
Todas estas excusas –piadosas, racistas y estériles– dirigidas a reiterar una suerte de culpabilidad interna han prescindido de la variable fundamental vinculada con la ocupación extranjera, que, revisadas las cuentas, hizo del país una verdadera colonia, a pesar de su aparente independencia o democratización.
De hecho, en las últimas décadas, el concepto de “democratización” ha servido como pretexto para abonar un falso orgullo nacional asociado a la estabilidad política, los avances institucionales o los ejercicios electorales cuando en realidad la opereta nacional funcionaba bajo un guion extranjero.
El canto de sirena neoliberal decía que la estabilidad democrática era producto del acople de Bolivia a la economía globalizada y de los pactos de gobernabilidad “civilizados” aplicados entre partidos políticos maduros.
La pantomima estaba servida. Empero ni la economía estaba enganchada al mundo ni los partidos eran responsables de construir un proyecto nacional, puesto que estos últimos vivían de la mega corrupción que favoreció el descuartizamiento del Estado y de la generosa bolsa de “gastos reservados” que servía para comprar su silencio y su apoyo parlamentario.
Sobre estos mecanismos prebendales, los analistas políticos y los economistas expertos, que formaban parte de la legión de beneficiarios de la cooperación gringa o europea, cantaban loas al consenso de Washington y al virtuoso sistema partidario boliviano.
El canto también es cuestión de servidumbre, no sólo de arte. Por cierto, cualquier estudio sobre la relación entre Estados Unidos y Bolivia debiera plantear, por petición de principio, las características y la naturaleza del objeto de estudio y su respectiva conceptualización, puesto que no se trata, como algunos nos quieren hacen creer, de relaciones normales entre Estados.
Se trata más bien de relaciones anormales/asimétricas en las que predominan los imperativos político-económicos del actor hegemónico sobre una parte de sus colonias mal llamadas repúblicas democráticas.
En general, las aproximaciones tanto académicas como institucionales que se efectuaron hasta ahora pasan por alto la naturaleza misma de esta relación concentrándose en asuntos vinculados a la “cooperación”, la democracia, la institucionalidad, los derechos humanos o el narcotráfico.
En última instancia, estos campos de la cooperación –digitados y dirigidos desde afuera por funcionarios ignorantes de la realidad nacional– y sus formas de funcionamiento son más bien el resultado de la dependencia y no al revés.
Excepcionalmente, se ha tratado esta relación desde la perspectiva conceptual del imperialismo, de sus actores metropolitanos o sus instrumentos de dominación sobre la nación colonizada.
Tratar la relación política o diplomática entre Estados Unidos y Bolivia en condición de igualdad o cuando menos como un par complementario en la comunidad internacional, signado por la voluntad recíproca para hacer avanzar presuntos lazos de amistad bajo normas del respeto, o presumir que independientemente de sus diferencias ideológicas o políticas ambos Estados podrían lograr acuerdos beneficiosos, supone admitir la inexistencia del poder imperial o sobrevalorar la condición de su estatuto republicano, que opera bajo el faro del respeto democrático con sus iguales.
Lo cierto es que la perspectiva de la bilateralidad diplomática es una simple quimera. En esta relación se ha impuesto casi marcialmente una lógica de superioridad cultural, ética, política, ideológica y económica con la que se ha procedido a dirigir los destinos nacionales.
El imperio existe más allá de cualquier consideración en tanto se reafirma cada vez que invade un país, sanciona económicamente a un grupo de países, promueve golpes de Estado, viola los derechos humanos o transgrede acuerdos fundamentales que sostienen la convivencia internacional en el marco de las Naciones Unidas o de otros organismos internacionales.
Bolivia, considerado un eslabón del proyecto bolivariano, se convirtió en un blanco estratégico frente al cual la ofensiva política estadunidense no tuvo reparo ni contemplación alguna.
Observando el curso de los acontecimientos, los planes subversivos fijaron un amplio espectro de acciones que fueron desde políticas hasta incursionar en terreno militar, siempre de la mano de fuerzas políticas radicales y opositoras al proceso de cambio.
Prueba de ello fue el intento de hacer fracasar la Asamblea Constituyente (2006), el golpe cívico-prefectural (2008), la aventura separatista con la contratación de sicarios extranjeros (2009), la desestabilización mediante protestas de sectores indígena-urbanos (marcha del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure, TIPNIS, 2011, 2012), hasta el golpe suave “político-mediático” del 21 de febrero de 2016, que dañó la realización del referéndum para la repostulación del presidente Evo Morales.
Se puede hablar entonces de la configuración de cinco golpes de Estado nítidos en una década de gobierno.
En todos estos contextos, Washington aplicó una lógica de escarmiento que le obligó a emplear a fondo a sus agencias de seguridad como la CIA y la DEA, a sus agencias de cooperación como USAID y PL-480, las fundaciones de apoyo político como la Fundación Nacional para la Democracia (NED), el Instituto Republicano Internacional (IRI), el Instituto Nacional Demócrata (NDI) y numerosos programas y proyectos que le permitían mover centenares de organizaciones no gubernamentales dispersas en el territorio e incrustadas en diversas áreas claves de la cooperación.
La estrategia subversiva diseñada y ejecutada por Estados Unidos respondió al nuevo contexto político que le tocó vivir a Bolivia desde 2006, sostenida en su cualidad emancipatoria, promovida por un vigoroso proceso de inclusión social y democratización del poder.
Por cierto, la lucha antiimperial, anticapitalista y anticolonial forma parte del proceso de nacionalización del propio gobierno y de la construcción del nuevo Estado Plurinacional.
La llegada al poder de Evo Morales, un conocido dirigente cocalero al que los Estados Unidos tenía en la mira durante muchos años por su inclaudicable e insobornable lucha política en favor de la hoja de coca, su resistencia al dominio imperial y defensa de los recursos naturales, produjo un verdadero revuelo político en Washington que obligó a maximizar su doble estrategia: contención y golpe.
Ambas estrategias, como se verá en el libro, rompen todo convencionalismo diplomático y se inscriben en el campo de la subversión política, escenario al que nos tiene acostumbrados Estados Unidos en América Latina en el último siglo.
Para ello, pusieron en marcha planes desde la intimidación hasta el golpe de Estado, a los cuales se sumó una trama aún no esclarecida que apuntaba al magnicidio, además de construir un cerco de presión internacional, no sólo vecinal sino hemisférico.
La narración cotidiana de eventos políticos que ocurrieron en Bolivia a través de los cables revelados por Wikileaks da cuenta del enfado estadunidense contra el gobierno por sus profundas reformas estructurales “nueva Constitución Política del Estado, nacionalización de los hidrocarburos, implantación de un nuevo modelo económico sostenido en el Estado, rechazo al diseño fondomonetarista, políticas sociales de fuerte impacto en la legitimidad del gobierno, etcétera” y por el vaciamiento inminente del poder hegemónico construido durante casi 1 siglo, además del alineamiento en la construcción de un proyecto alternativo en América Latina entre países bolivarianos liderados por Hugo Chávez a quien el imperio no le toleraba su más mínima interpelación.
Se trató sin duda del momento más importante de toda la historia nacional, al que podemos denominar el ciclo de la desenajenación.
El escenario jamás imaginado de un país soberano, a partir de la desocupación del poder imperial en Bolivia y la nacionalización de sus estructuras estatales implicaron para Washington una sensación de pérdida dramática, pero a la vez una derrota política humillante frente a un país al que se le había acostumbrado a obedecer y a una sociedad resignada a su dominio.
La llegada del embajador estadunidense Philip Goldberg al país en 2006 no fue pura casualidad.
Del contenido de los 1 mil 299 cables redactados y enviados por la jerarquía diplomática estadunidense entre el 2005 y el 2010 a Washington, se infiere un conjunto de hechos que conviene destacar.
El primero tiene que ver con la violación de todo protocolo diplomático, toda vez que la embajada desarrolló planes subversivos dirigidos a destruir explícitamente un gobierno democrático legalmente establecido.
En segundo lugar, las técnicas de trabajo desarrolladas por los funcionarios de la embajada para cumplir el mandato de la metrópoli pusieron al desnudo prácticas de espionaje, vigilancia, seguimiento e infidencia contra el gobierno nacional, gestionadas por especialistas en tareas propias de conspiración, subversión y guerra psicológica.
En tercer lugar, el nivel de articulación, despliegue y coordinación entre sus diferentes agencias, sean de cooperación o de seguridad, dirigidos a la desestabilización y la promoción del golpe de Estado contra el país anfitrión, pone en evidencia la dimensión y naturaleza del aparato burocrático de la embajada.
Ha quedado claro que esta estructura, que funciona bajo un mando centralizado a la cabeza del embajador, constituye en situación de emergencia o cumplimiento de misión una verdadera maquinaria de intervención dispuesta en todo momento a ponerse en pie de guerra. Dicho de otro modo, la embajada estadunidense en Bolivia encubría el funcionamiento de un aparato descomunal de seguridad militarizado, maquillado como cuerpo diplomático.
Está claro que no pueden dejar de operar sin la disponibilidad de aliados estratégicos locales, en este caso, partidos conservadores, líderes de opinión opositores al gobierno nacional, representantes de iglesias, expertos o especialistas en determinados temas, funcionarios intermedios nacionales y un ejército de informantes claves que proporcionan los insumos para el procesamiento de la información, que es a su vez la materia prima para el conocimiento del contexto nacional y gubernamental.
Washington ha negado sistemáticamente su involucramiento en los planes golpistas en América Latina y específicamente en Bolivia. No obstante, WikiLeaks ha respondido con pruebas irrefutables y contundentes, como lo demuestran las investigaciones que contiene el presente libro: la embajada de Estados Unidos en Bolivia no sólo planificó sino que condujo políticamente este proceso antidemocrático, subversivo y criminal.
Por lo tanto, no sólo se elaboraron planes explícitos para destruir el proceso de cambio sino para allanar el retorno del viejo sistema político de naturaleza pro imperial, tanto con apoyo interno como internacional.
En la valoración de su breve desempeño político en Bolivia y rescatando los cables desclasificados escritos por el mismo Goldberg, (expulsado por el gobierno del presidente Evo Morales en septiembre de 2008) se deduce que su única misión fue la de crear todos los escenarios imaginables no sólo para ayudar a ejecutar el golpe de Estado sino también para convertir a Bolivia en un territorio apto para la intervención extranjera.
Por ello no resulta extraña su designación tomando en cuenta su trabajo previo en las misiones que le tocó desempeñar en Bosnia, Colombia, Chile y Kosovo. Además de ser el personaje clave del golpismo separatista en Bolivia, llama poderosamente la atención su designación posterior a la expulsión del país: secretario de Estado Adjunto para Asuntos de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado.
¿Por qué un país tan pequeño como Bolivia tuvo que generarle tantos dolores de cabeza a la potencia más grande del mundo y por qué Estados Unidos tuvo que enviarnos a uno de los embajadores más siniestros, violentos y comprometidos con el separatismo del Este europeo?
Ésta es una pregunta que debiera merecer un mayor interés analítico respecto al papel que verdaderamente cumplen estos funcionarios diplomáticos bajo la máscara de embajadores.
Dado el peso específico que posteriormente asumió Goldberg en el Departamento de Estado, específicamente en el campo de la inteligencia imperial, resta saber si Bolivia, más que una nación pobre o subdesarrollada, no representa más bien un país con un notable valor geopolítico, geoeconómico y geoestratégico desconocido por nosotros mismos, en proporción a su ubicación y al potencial de recursos naturales que posee.
(Éste es el último de tres artículos del autor sobre el contenido del libro “BoliviaLeaks” de próxima presentación mundial.)
Juan Ramón Quintana Taborga*/Prensa Latina
*El autor se desempeñó como Ministro de la Presidencia de Bolivia en el periodo 2006-2010, como Director Ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de Macrorregiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF) entre 2010 y 2012, y retornó al Ministerio de la Presidencia en enero del 2012 hasta la actualidad.
ro/prl
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: LÍNEA GLOBAL]
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