Fabiola Ortiz/IPS
Río de Janeiro, Brasil. Los feminicidios en Brasil alcanzan cifras comparables con una guerra civil. En los últimos 10 años fueron asesinadas en este país 40 mil mujeres “simplemente por ser mujeres”, denuncian activistas que abanderan la lucha contra la violencia de género.
Cada año, entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre, la comunidad internacional y las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres impulsan 16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres.
Las 2 semanas de lucha fueron una iniciativa del Centro para el Liderazgo Global de las Mujeres, que en 1991 pidió dedicar a este problema el intervalo entre el Día Mundial de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer y el Día Mundial de los Derechos Humanos.
Este 2013, en Brasil las jornadas adquirieron mayor relevancia, porque el 3 y 4 de diciembre se realizó en la sureña ciudad de Porto Alegre un encuentro para elaborar el Informe alternativo de la sociedad civil para presentar ante el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés), que se reunirá en febrero en Ginebra, Suiza.
El llamado Informe sombra está destinado a apoyar el análisis de la CEDAW sobre las acciones del gobierno brasileño para enfrentar la trata y mejorar la salud de las mujeres.
“Estos días de activismo dan mayor visibilidad a las agendas de los derechos de género. La violencia contra las mujeres salió de debajo de la mesa, y la sociedad asume que es una realidad y no una invención”, dice a Inter Press Service (IPS) la coordinadora en Brasil del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), Ingrid Leão.
Un estudio realizado por el Instituto Avante Brasil arrojó como resultado que entre 2001 y 2010 fueron asesinadas 40 mil mujeres. Sólo en 2010 hubo un feminicidio cada hora, 57 minutos y 43 segundos, lo que se tradujo en que ese año se cometieran 4.5 homicidios por cada 100 mil mujeres. Para 2013, la proyección en Brasil es de 4 mil 717 feminicidios.
Pero la violencia contra la mujer es mucho más, recuerda Leão, que cita otras expresiones como la simbólica, la sicológica, la económica o la sexual. Contra todas ellas existe desde 2006 una ley que tipificó este tipo de delitos y estableció sus penas.
Se le conoce como la Ley Maria da Penha, en reconocimiento a esta farmacéutica maltratada por su marido, quien en 1983 intentó asesinarla dos veces, la primera con disparos que le causaron una paraplejia irreversible.
Con apoyo de Cladem, Penha interpuso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que funciona en el marco de la Organización de Estados Americanos. Fue el primer caso de violencia de género tratado por esta instancia y concluyó en 2001 con el Estado brasileño responsabilizado de negligencia.
Además de la CEDAW, adoptada en 1979 por los miembros de la Organización de las Naciones Unidas, el país también suscribió en 1994 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará, aprobada en esa ciudad amazónica brasileña.
“¿Cómo podemos convivir todavía con ese nivel de violencia contra las mujeres, pese a casi 40 años de denuncias?”, se pregunta la especialista Télia Negrão, de la Red Nacional Feminista de Salud, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.
A su juico, no es posible establecer un perfil de las mujeres maltratadas, porque el problema involucra a todas las clases sociales, razas y edades. “Todas las mujeres, sólo por su condición de género, son vulnerables y son objeto de violencia”, explica a IPS.
Pero Negrão, también coordinadora del Colectivo Femenino Plural, destaca que el grado de vulnerabilidad aumenta cuando se suma la desigualdad social, la pobreza, la baja escolaridad, las menores oportunidades laborales, los bajos ingresos y la residencia en zonas con elevada violencia.
“Esas mujeres tienen pocos instrumentos sociales a los cuales recurrir. Sin algún grado de autonomía, a la mujer le es más difícil salir de su situación de violencia”, admite.
En agosto pasado, la presidenta Dilma Rousseff sancionó una ley que penaliza la violencia sexual. La norma obliga a todos los centros de salud a atender a las víctimas y brindarles tratamiento contra las enfermedades de transmisión sexual y el virus de inmunodeficiencia humana.
También debe proveerse a las víctimas de la píldora anticonceptiva de emergencia y, en casos de embarazo, tienen derecho a que se les realice un aborto.
“La ciudadanía es la realización de los derechos humanos. Logramos mucho, pero todavía es poco”, argumenta Negrão, quien desde 1985 participa en el monitoreo del cumplimiento brasileño de las convenciones internacionales.
En el Informe sombra para la CEDAW “incluiremos hechos concretos [de discriminación] que el Estado brasileño no va a incorporar, porque a ningún gobierno le interesa exponerse en el plano internacional”, comenta Negrão.
En un balance divulgado a comienzos de octubre, la Secretaría de Políticas para las Mujeres de la Presidencia destacó que las denuncias de trata aumentaron en 1 mil 547 por ciento durante el primer semestre del año, en comparación con el mismo periodo de 2012.
Entre enero y junio, la línea 180 de atención a las víctimas recibió 263 denuncias, de las cuales 173 se refirieron a casos internacionales y el resto a locales. En 34 por ciento de éstos había riesgo de muerte para la víctima.
“La velocidad de las medidas relacionadas con la trata son muy lentas y las respuestas también. No tenemos actualmente capacidad de medir la magnitud del problema”, denuncia Negrão.
Estela Scandola, quien integra el Comité Nacional de Lucha contra la Trata de Personas como representante de la sociedad civil, dice a IPS que el país no ha conseguido poner en práctica una política de Estado para enfrentar este delito.
“Contamos con una política del gobierno mediante un decreto. Necesitamos la presión externa. La trata de personas es en sí misma una denuncia sobre las fallas del proceso de desarrollo de un país”, afirma.
A su juicio, la sociedad civil tiene el papel de “denunciar esas fracturas” del Estado brasileño en la instrumentación de políticas apropiadas contra el delito.
“La impresión es que hay lentitud para que las cosas pasen. La burocracia no tiene fin”, critica al referirse a la demora en la ejecución del Segundo Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas y de la propia creación del Comité Nacional para atender el problema, estancada por falta de fondos.
Scandola adelanta que el informe que la sociedad civil presentará ante el Comité de la CEDAW señalará la ausencia de una política adecuada.
Las autoridades tienen cómo anticiparse y prevenir la trata allá donde haya mayores posibilidades de que el delito se propague, como en las grandes obras de infraestructura que se desarrollan en el país y que atraen a grandes contingentes de trabajadores.
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