En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se puede “despedir” a profesores de manera fulminante, sin que los afectados tengan la oportunidad de defenderse. Incluso no hay posibilidad de que reciban una respuesta formal de la institución cuando solicitan que se fundamente su despido.
Integrantes de la academia del Colegio de Historia de la BUAP “votaron” la no recontratación de la doctora Anel Hernández Sotelo. Lo anterior, a pesar de que el grupo carece de facultades para tomar una decisión de esa índole. Se trató de la “solución” aplicada contra la profesora-investigadora que cometió la “osadía” de intentar participar en una actividad estudiantil de solidaridad con los 43 de Ayotizinapa.
A más de 2 meses de la “votación”, la profesora –quien obtuvo su puesto mediante un concurso de oposición– no ha recibido ninguna respuesta oficial por parte de las autoridades universitarias, quienes se niegan a hacer pública el acta que se firmó durante la reunión.
Estudiantes de historia que consideraron que estaban frente a un proceso irregular y arbitrario, salieron en defensa de Anel –a quien consideran una “profesora crítica”– y tomaron el Colegio de Historia durante la primera quincena de mayo. Como si nada hubiera pasado, una vez que se levantó el paro, la BUAP mantuvo el silencio.
Para el abogado Víctor Caballero, la situación evidencia un esquema de corrupción al interior de la universidad. No es el único caso de no recontratación irregular y tampoco es la primera vez que las autoridades optan por dejar sin respuesta a los afectados.
Algunos estudiantes consideran que la academia ha tomado represalias en contra de la historiadora Hernández Sotelo por su posición ideológica y por no sumarse a campañas políticas que favorezcan a los grupos que hoy controlan la universidad. Mariam Bertheau, estudiante de sexto cuatrimestre de la licenciatura en historia, sostiene que “conspiraron para deshacerse de ella”.
El currículum de Anel Hernández alberga, entre títulos y reconocimientos, una extensa trayectoria. Después de titularse como licenciada en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, cursó la maestría y el doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid, en España. Fue becada durante ambos estudios de posgrado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Anel Hernández se especializó en historia de la religión en España. Aun cuando no canceló estos estudios, perfilo una nueva línea de investigación más relacionada con problemas sociales actuales.
“Ayotzinapa cambió toda mi estructura como historiadora. ¿Cómo puede el Estado desaparecer a 43 personas y luego no pasa nada?”, fue la pregunta que se hizo tras la desaparición forzada de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014. “Empecé a ver que no servía de nada que escribiera sobre los capuchinos [orden religiosa] del siglo XVIII, si las formas de evaluación de la historia pasada no las puedo aplicar a un presente tan siniestro”.
“La selecta y privilegiada clase académica de este país ha mostrado absoluta indiferencia ante la vorágine de acontecimientos, de reclamos sociales, de crímenes de Estado y de reformas constitucionales dictadas para el pueblo y sin el pueblo”, escribió al respecto en un artículo que tituló Bruta, ciega y sordomuda. La academia mexicana y la domesticación del pensamiento crítico.
Hernández Sotelo menciona que sus nuevas investigaciones, relacionadas con la representación y cultura escrita de acontecimientos recientes, no son “bien vistos por otros historiadores”. Según algunos, para que los temas sean de interés para esta disciplina “tienen que haber pasado hace 50 años como mínimo”. Ella, en cambio, cree que “el bagaje aprendido para analizar el pasado ayuda a entender el presente”.
Los estudiantes del Colegio de Historia de la BUAP, conocedores del perfil de la nueva maestra, la seleccionaron para ser tutora del XXIX Encuentro Interno de Estudiantes de Historia. El programa está planeado para septiembre de 2018 y el tema elegido es “movimientos sociales y grupos subalternos”.
“La eligen [a Anel] por su mentalidad crítica hacia el sistema, porque no se queda callada ante las injusticias y se involucra en los problemas que aquejan en la actualidad”, señala la estudiante Mariam Bertheau.
A pesar que desde octubre de 2017 los universitarios ya se habían organizado, en abril las autoridades universitarias aún no informaban sobre el presupuesto que se les iba a asignar. Para obtener dinero, por medio de colaboraciones voluntarias, los estudiantes proyectaron películas y rifaron libros.
Al enterarse, Anel Hernández donó uno de sus libros y los estudiantes señalaron el 26 de abril para el día del sorteo. La fecha coincidía con el aniversario de los 43 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por lo que la profesora solicitó dar “unas palabras” durante la actividad. “Se consensó y el comité organizador propuso la realización un conversatorio, incluyéndola a ella, a un estudiante y a algunos padres de los 43 que la doctora se comprometió a contactar”, detalla Mariam.
El lunes 23 de abril, María del Carmen Labastida, coordinadora del Colegio de Historia, llamó a un grupo de compañeros del comité organizador. “Se los llevó a su cubículo para reprenderlos y prohibir la actividad. Dijo que [el conversatorio] iba a ser tan abierto que iban a ingresar a la universidad personas ajenas. Les mencionó que estaba decepcionada porque se dejaron manipular por Anel”, recuerda Mariam.
El miércoles siguiente, Anel Hernández confrontó a Labastida por obligar a los estudiantes a cancelar el conversatorio y afirmar que ella los manipulaba.
“A la academia no le gusta la forma de pensar de Anel. de que participara en la organización del evento y confrontara a la coordinadora fue la gota que derramó el vaso: conspiraron para deshacerse de ella”, sostiene Mariam.
El 27 de abril los integrantes de la academia de historia fueron convocados a una reunión extraoficial por la coordinadora. La orden del día no incluía tratar ningún tema relacionado con los contratos de profesores, por lo que la súbita participación de la investigadora e integrante de la academia Elva Rivera Gómez sorprendió a Anel y a los estudiantes presentes en calidad de observadores.
“Rivera dijo: ‘Si Anel no tiene el perfil necesario para dar clases aquí, propongo que no se le recontrate’. A lo cual Labastida dijo que le parecía perfecto y que se sometería a votación”, recuerda Mariam.
Se hizo caso omiso de los reclamos de Anel, quien argumentó que el procedimiento era ilegal pues obtuvo su puesto de Profesora-Investigadora de Tiempo Completo mediante un concurso de oposición. Además, anualmente se le hace una evaluación para definir su recontratación de acuerdo al Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal Académico (RIPPA), y resultó “favorable” el año pasado.
Sin embargo, se “votó” la no recontratación de Anel. “Incluso asentaron en un acta que habían decidido no recontratarme. Cabe señalar que no se me permitió tener ningún tipo de acceso al acta”, recuerda la académica en un documento –enviado y recibido por varias autoridades universitarias incluyendo al Rector y la Abogada General– en el que relata los hechos y exige solución de su situación laboral.
Mariam detalla que “nunca le dieron lectura al documento para ver si realmente venía lo que había pasado en la reunión”. Otro estudiante, Julio Martínez López, recuerda que “Labastida dijo que, para comprobar asistencia, los profesores tenían que firmar el acta”.
Cuando Anel cuestionó directamente a algunos académicos –recuerda Mariam– “estos no respondían y hacían como que no escuchaban”. Para ese momento ya varios estudiantes se habían pasado la voz entre ellos y una veintena se encontraba dentro del aula magna.
Anel le pidió a Labastida una copia del acta para que pudiera proceder legalmente. Los estudiantes recuerdan que la coordinadora dijo que ella misma la sacaría y salió corriendo rumbo a la dirección. Anel la siguió y detrás los universitarios.
“Nosotros los estudiantes queríamos entrar, pero la doctora Elba Rivera nos dijo que no nos metiéramos en asuntos que no nos concernieran. Algunos compañeros le cuestionaron si lo que estaba haciendo era legal: no respondió”, cuenta Mariam.
En su relatoría de hechos, Anel señala que en la dirección, mediante empujones, María del Carmen Labastida y Elba Rivera le impidieron el paso al recinto en el que ellas estaban. Fue después que el profesor Héctor Costilla le dijo a Anel que “no podían darle una copia del acta debido a que era un documento privado de la universidad”.
La universidad es “un organismo descentralizado del Estado y, por lo tanto, toda la documentación que ésta genera es pública”, comentó Anel en su relatoría. Hay excepción cuando la documentación contiene datos personales o de seguridad nacional, pero no es el caso.
En busca de ayuda, Anel acudió con la Abogada General, a la Vicerrectoría de Docencia y a la Dirección de la facultad. No fue atendida. Los estudiantes, que habían esperado en la dirección, “comenzamos a manifestar nuestra inconformidad y a organizarnos para llamar a una asamblea estudiantil”, recuerda Mariam.
El miércoles 2 de mayo, los estudiantes acordaron hacer un paro relámpago para exigir una respuesta para Anel. Este paro inició a las 11 de la mañana del día siguiente; y como el director de la Facultad de Filosofía y Letras, Ángel Xolocotzi, no aparecía, los estudiantes empezaron a contemplar un paro indefinido.
“Se generaron estos rumores y en 10 minutos apareció [el director] junto con la coordinadora”, detalla Mariam. Pero como sólo “dio largas y no dio una respuesta concisa”, el paro prosiguió.
En medio de todo esto, los estudiantes se percataron de que “personal ajeno a la universidad” entró al Colegio de Historia y cortaron los cables de luz. También encadenaron las puertas de entrada para que no pudieran ser cerradas y clausuraron el acceso a los baños.
Cuando el director fue cuestionado por Anel sobre estas medidas le dijo que se trataba de un “protocolo de seguridad”. “¿Seguridad para quién?”, cuestionó la profesora, quien permaneció junto a los estudiantes cuando tuvieron que pasar una noche sin luz y con las puertas, que daban a la calle, abiertas de par en par.
“Esa noche fue terrorífica porque no podíamos distinguirnos entre compañeros. Los pasillos y áreas centrales apenas eran alumbrados con dos veladoras, los celulares se descargaban”, recuerda Mariam. Detalla que hasta las 2 de la mañana recibieron visitas de las autoridades, “querían que dialogáramos en total oscuridad”.
Algunos estudiantes avisaron que enla Plaza de la democracia había “grupos de choque”. Además, “personas de traje” merodeaban las instalaciones de la facultad. “Todos estaban hablando por sus radios y eso nos generó miedo, no sabíamos quiénes eran ni cuáles eran sus intenciones”, relata Mariam. Los estudiantes trataron de proteger la entrada con bancas apiladas.
Sería hasta que entregaron las instalaciones, el 17 de mayo, que “mágicamente” aparecerían las llaves para liberar las puertas y ese día también se restableció el internet.
“Levantamos el paro sin tener nada conciso”, lamenta Mariam y explica que tuvieron que hacer muchas modificaciones al pliego petitorio inicial hasta que se logró un acuerdo con la Abogada General. “Al final, sólo quedaron dos demandas. Una de ellas fue que una autoridad se comunique conmigo para resolver mi problema”, señala Anel.
“Como ninguna [autoridad] dio respuesta, se interpuso una demanda amparo y se argumentó que se trataba de una situación urgente porque estaba por finalizar el contrato de Anel [el 31 de mayo]. El Juez de Distrito notificó a todas las autoridades y pidió que rindan un informe sobre este asunto. A la fecha no lo han hecho”, explica Víctor Caballero, abogado de la profesora perjudicada.
—¿Cuáles son las ilegalidades en el caso de Anel?
—La decisión de no recontratación se tomó en una junta de academia del Colegio de Historia de la BUAP, cuando esa figura no existe en ninguna legislación de la universidad. Esta decisión tuvo lugar 1 mes antes de que se venciera el contrato que tenía Anel: Es un despido injustificado anticipado.
Caballero explica, además, que el ingreso de Hernández Sotelo a la BUAP fue mediante un concurso de oposición, figura que sí está regulada en el Reglamento de Ingreso Promoción y Permanencia del Personal Académico, y rinde evaluaciones anuales para que se le conceda su recontratación. Pero los académicos de historia “votaron” por no recontratar a la doctora 1 mes antes de que se venciera el contrato. Lo anterior con el objetivo de sabotear el proceso de evaluación.
La defensa de Hernández Sotelo va “por dos vías”, explica Víctor Caballero. Por una parte, se presentó el amparo para alegar una violación del Artículo 8 Constitucional, que es el referente al derecho de petición. Si la BUAP responde y reconoce la existencia del acta, planea evidenciar que los dos argumentos que las autoridades universitarias sostuvieron “violan la normatividad de la BUAP”.
Dijeron, recuerda Víctor, que no se recontrataría a Anel “porque no cumplía con el perfil necesario para las clases que impartía”, aun cuando “elaboró planes de estudio de varias materias”. También señalaron que “no existía carga académica para ella”.
“El reglamento establece que la evaluación acredita los perfiles; por lo que determinar si estos se cumplen o no, no corresponde a la facultad. Además, el reglamento no especifica que si no hay carga académica no se recontrata a la persona”, detalla el abogado.
Si la BUAP niega la existencia de estas causales para la no recontratación Anel, el abogado planea mostrar que sí existen comunicados emitidos por la Dirección de la facultad en su página de Facebook y que son anteriores al vencimiento de su contrato. Para Víctor esto significa que “Anel fue víctima de despido injustificado” y ya está preparando una demanda laboral.
La plaza por la que concursó Anel Hernández Sotelo es parte de un programa instaurado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para beneficiar a académicos de nivel nacional. La convocatoria del Programa de Carrera Docente en UPES (U040) se publicó a finales de enero de 2016. Los recursos para mantener esas plazas son aprobados por la Cámara de Diputados de forma anual. Es decir, la plaza de Anel está prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación en 2017. Y, añade Víctor, “los recursos ya están etiquetados, por lo menos, en todo lo que es 2018”.
“En otros casos, cuando no recontratan a los profesores los recursos se destinan para pagar a otro docente. Esto es ilegal: son recursos etiquetados”, denuncia Víctor.
“[El caso de Anel] refleja un esquema de corrupción al interior de la BUAP, puesto que no ha sido el único. Además, el movimiento estudiantil hizo evidente cómo los académicos del Colegio de Historia tomaban decisiones fuera de todo orden, tal como imponer profesores de otras disciplinas”, detalla Víctor y añade que el propio director de la facultad es filósofo pero tiene grupos de historia asignados.
El periodista y comunicólogo Rafael Archondo sufrió una injusticia similar. Boliviano de nacionalidad, llegó en 2015 a Puebla en busca de trabajo y empezó impartir algunas materias en la BUAP. En 2017, obtuvo, también por concurso de oposición, una plaza como profesor de tiempo completo en la Facultad de Comunicación. Impartió 22 materias en total y mantuvo buena relación con los estudiantes. “Me evaluaron 10 puntos por arriba del promedio”, recuerda.
En noviembre del 2017 entregó sus documentos y constancias para su evaluación anual. El 22 de ese mismo mes le enviaron una carta que decía que su evaluación curricular no era favorable.
Cuando Rafael accede a las actas del proceso evaluativo, descubre que quienes estaban a cargo son cuatro profesores que, al igual que él, también estaban siendo evaluados. “Allí hay una irregularidad. Los profesores evaluadores son los mejor evaluados, con más de 20 puntos”, explica Rafael y añade que él termina siendo el único profesor que reprueba con una calificación de 11 (el mínimo es 13).
El 24 de noviembre envía una carta a la Abogada General exigiendo que se le explique en qué consistía su evaluación y cómo se había realizado. No responde. “[En enero] regreso a trabajar y habían cambiado la cerradura de mi cubículo”, recuerda. “Lo que pasa es que cuando uno impugna no se detiene el proceso de recontratación, los hechos se consuman sin que nadie intervenga”, lamenta.
Hasta febrero le llaman y le dicen que puede entregar de nuevo su carpeta. “Lo que pasó es que la primera evaluación ni siquiera la tenían documentada y no sabían cómo responderme”.
La segunda vez le dijeron que seguía reprobado pero con una calificación de 12. “Reviso los puntos y encuentro que el factor 24, que se refiere a actividad académica, no se me había contado”. Durante una reunión con las autoridades universitarias, Rafael mostró una constancia que probaba que había participado en un seminario sobre la paz en Colombia.
“La Vicerrectora de Docencia me dice que esa constancia era de 2016 y que el periodo que se iba a evaluar era sólo 2017”. Rafael mostró que la convocatoria indicaba como lapso de tiempo de agosto de 2016 hasta julio de 2017. “Si ustedes hubieran dicho que iban a evaluar todo 2017 yo hubiera entregado más constancias. Se quedaron perplejos: se dieron cuenta que habían cometido un error”, recuerda Rafael.
Al no saber qué responderle, le dijeron que lo contactaban después. Ese mismo día Rafael presentó una impugnación y no ha recibido contestación desde entonces. “Ellos saben que si me responden me tendrían que evaluar favorablemente. Se les ha hecho muy fácil simplemente no responder”, lamenta.
En abril, Rafael presentó una demanda a la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, para hacer valer su derecho constitucional a ser atendido. La Abogada General de la BUAP solicitó que la comisión que se declare incompetente para llevar el caso. “Si lo hace, estará consagrando que la autonomía universitaria es útil para violar derechos y que si un reclamo no es del agrado de la autoridad impugnada, simplemente es lícito callar, dejando que los hechos se consumen”, denuncia Rafael.
Rafael Archondo señala que las represalias en su contra pudieron tener origen en hechos ocurridos hace 1 año. Durante las elecciones del nuevo director de la Facultad de Comunicación, los estudiantes grabaron un video preguntando a los profesores por quién votarían. “Yo dije que no había decidido mi voto: como profesor nuevo no tenía una opinión formada y me mantuve neutral”.
Días después, Rafael se encontró con la nueva directora electa, Angélica Mendieta Ramírez. “Ella me dijo: ‘Con que neutral… pues cuando tú me pidas ayuda yo también voy a ser neutral’”, recuerda.
En otra ocasión, la directora apareció en un video que se hizo popular en las redes sociales. Ella y un grupo de estudiantes cantan una canción en apoyo a uno de los candidatos para ser rector, Alfonso Esparza. “Un desagradable espectáculo, un video musical mal hecho donde la directora parecía una cheerleader. Se convirtió en el hazmerreír nacional y puse en Facebook que me parecía preocupante”.
No pasó ni una hora y la directora lo mandó llamar para cuestionarlo sobre sus comentarios. “Le dije que me parecía preocupante porque comprometía la opinión de toda la facultad y nunca se nos había preguntado. Ella estaba visiblemente enojada”.
“Deduzco que a la directora le molesta que haya un profesor que no le deba nada, que entró a trabajar porque tiene suficientes méritos y no por haberle hecho un favor a nadie. La política general de la BUAP es que los directores deciden quiénes se pueden quedar o se pueden ir dependiendo de cómo se comporten”, concluye Rafael.
“El director se acerca en privado con cada profesor para decirnos qué es lo que tenemos que hacer”, señala Anel Hernández Sotelo. Recuerda que en una ocasión Ángel Xolocotzi los convocó a una reunión y le pidió que votara la admisión de tres amigos suyos, entre ellos María del Carmen Labastida.
Cuando fue la junta, unos profesores leyeron argumentos en contra del ingreso de estos profesores. “En ese momento vi que las cosas no eran como el director me había dicho y decidí abstenerme. Al salir Xolocotzi me dijo al oído: ‘Tenemos que hablar’. Y en la dirección me gritó: ‘Traidora, no se puede confiar en ti’”, recuerda.
“El origen [de la no recontratación] fue que no obedecí al director en su consigna. Además, mi trabajo pone en evidencia la holgazanería de otros profesores. En 2 años me volví popular: no porque sea la mejor del mundo sino porque hago mi trabajo. También soy de las pocas que entró por concurso de oposición, lo que significa que las plazas se ganan por compadrazgo”, denuncia Anel.
“[Después de la no recontratación de Anel] algunos profesores no pueden, ni siquiera, ver directamente a los ojos de los alumnos”, observa el estudiante Julio Martínez.
Una profesora “crítica” consigue una plaza. Una dirección impone consignas. Anel no se amolda. Viene una “no recontratación” ilegal. Por 15 días, los estudiantes toman el colegio. No hay soluciones. Sólo “ese silencio de la BUAP” permanece: “el método de sanción y castigo de la universidad consiste en no decirte nada”, denuncia Rafael Archondo.
Desde el 29 de mayo, Contralínea solicitó, mediante la Dirección de Comunicación Institucional a cargo de José Bernal Suárez, entrevista con la Abogada General, Rosa Isela Ávalos Méndez; con la Coordinadora del Colegio de Historia, María del Carmen Labastida, y con el director de la Facultad de Filosofía y Letras, Ángel Xolocotzi Yáñez. Aunque se dijo a Contralínea que sí se concretarían las entrevistas, la BUAP finalmente ha decidido no responder y guardar silencio.
Hoy los alumnos del Colegio de Historia no cuentan con profesor para la asignatura Historia de América III, precisamente una de las materias que impartía Hernández Sotelo y de la cual elaboró el plan de estudios.
Marcial Yangali
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