La Habana, Cuba. Tras 2 años de espera, el gobierno liberal del primer ministro Justin Trudeau dio a conocer la nueva estrategia de Defensa de Canadá, centrada en un incremento del gasto militar y del número de efectivos.
Presentada a inicios de junio, la revisión de la política planea aumentar el presupuesto militar en un 70 por ciento durante la próxima década, a 32 mil 700 millones de dólares.
Dichos planes derivarán en un ligero aumento del tamaño de las Fuerzas Armadas, tanto regulares como de reserva, así como de las fuerzas especiales.
Al presentar la iniciativa, el ministro de Defensa, Harjit Sajjan indicó que Canadá es el único país del mundo que enfrenta el desafío de tres océanos, “pero con una Marina muy mal equipada”.
Por ello, la estrategia prevé financiar la construcción de 15 buques de guerra avanzados a fin de reemplazar las actuales fragatas de patrulla, como parte de un programa ya en marcha.
Asimismo, la Fuerza Aérea recibirá 88 nuevos aviones de combate para reemplazar los viejos CF-18, una cifra superior a las 65 aeronaves que el anterior gobierno conservador propuso comprar.
Este cuerpo armado también recibirá aviones teledirigidos (drones) para misiones de vigilancia y combate, además de reemplazos para los aviones de vigilancia CP-140 Aurora de casi cuatro décadas de antigüedad.
Por otro lado, los militares obtendrán más especialistas cibernéticos que tendrán la autorización –bajo supervisión gubernamental–, de frustrar cualquier ataque o prevenir amenazas a través de internet.
La política señala que Canadá no se unirá al programa estadunidense de defensa contra misiles balísticos, pero participará en la renovación del Sistema de Alerta Norte bajo el paraguas de Norad (Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial).
Hace más de 1 década, el gobierno liberal de Paul Martin decidió no tomar parte del controvertido programa de defensa antimisiles de Washington, si bien desde entonces, ambos comités de Defensa del Senado y de la Cámara de los Comunes recomiendan al gobierno reconsiderar esa postura.
Curiosamente, la revisión de la política de Defensa canadiense propone modernizar la flota de submarinos existente y navegar con ella hasta 2040, en lugar de comprar nuevos equipos.
El proceso previo a la presentación de la estrategia de Defensa fue objeto de críticas por parte de sectores conservadores que acusaron a la administración de Trudeau de haber mantenido ocultos los detalles a la opinión pública nacional.
De acuerdo con el sitio digital La Presse Canadienne, meses antes al anuncio el gobierno federal informó a algunos de sus aliados las líneas generales de la iniciativa.
Funcionarios que pidieron el anonimato confirmaron al medio que el ministro de Defensa presentó una visión general de la nueva política a sus homólogos del Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.
Indicaron asimismo que el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Jonathan Vance, entregó informaciones similares en abril a su homólogo estadunidense, el general Joseph Dunford, durante una visita a Washington.
Al respecto, legisladores del Partido Conservador, que forman parte de la oposición en el Parlamento, criticaron que gobiernos aliados obtuvieran una visión general de la política del país en materia de Defensa antes que los propios canadienses.
Para redactar la iniciativa, el gobierno consultó a funcionarios de seis áreas interesadas en el tema y contrató un equipo de cuatro asesores especiales para trabajar con el ministro de Defensa, Harjit Sajjan.
Entre ellos figuraron la exjueza de la Corte Suprema, Louise Arbour, el extitular de Defensa y Asuntos Exteriores, Bill Graham, el exjefe del Estado mayor de la Defensa, Ray Henault, y la exsubsecretaria del gabinete de Seguridad e Inteligencia, Margaret Purdy, indicó la fuente.
A inicios de mayo, Sajjan adelantó que la revisión sería la más “rigurosamente calculada” en la historia de Canadá y que incluiría un “significativo” incremento del gasto.
La iniciativa pretende actuar como un marco guía y un reajuste para la política canadiense de seguridad, aseguró el titular de Defensa.
Al mismo tiempo, calificó al Ejército como una “herramienta indispensable” de la política exterior de esta nación norteña.
Si tomamos en serio el papel de Canadá en el mundo, entonces tenemos que ser serios sobre el financiamiento de nuestros militares. Y lo haremos, aseveró.
Tras la toma de posesión del presidente estadunidense Donald Trump, éste comenzó a presionar a los integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a fin de dedicar el 2 por ciento del Producto Interno Bruto para actividades de Defensa.
Ello constituyó un viraje en sus posiciones si se tiene en cuenta que durante la campaña electoral, el magnate inmobiliario calificó a la Alianza transatlántica como una organización obsoleta.
De acuerdo con Sajjan, Canadá es un líder de la OTAN y un fuerte jugador multilateral que trabajará con sus aliados para una prevención y contención de conflictos de manera más eficaz.
Pero al mismo tiempo, insinuó que Ottawa quedaría lejos del objetivo de dedicar un dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), fijado por los aliados de la entidad para actividades de seguridad.
Precisamente, la Revisión de la política de Defensa vio la luz dos semanas después de la Cumbre de jefes de Estados y de Gobierno de la OTAN, efectuada el 24 y 25 de mayo en Bruselas y en la cual participó el primer ministro Trudeau.
Al presentar el texto en la Cámara de los Comunes, el ministro de Seguridad Pública, Ralph Goodale, dijo que la iniciativa está dirigida a lograr un mejor equilibrio entre el fortalecimiento de la integridad del país y preservar los derechos de los ciudadanos.
Trudeau prometió rechazar los elementos problemáticos de la actual Ley Antiterrorista conocida como C-51, aprobada durante la Administración del conservador Stephen Harper (2006-2015), y que recibió fuertes críticas de amplios sectores por considerarla demasiado amplia e intrusiva.
En la campaña electoral para los comicios federales de 2015, el Partido Liberal prometió una mayor supervisión para el Servicio de Seguridad e Inteligencia y la revisión de la C-51 cada 3 años.
Un resumen del gobierno publicado en mayo se refirió al consenso en la población de la necesidad de que exista una entidad especializada, independiente y no partidista que fiscalice todas las actividades gubernamentales en esa área.
Un artículo del diario The National Post señaló, no obstante, que existen preocupaciones de que las iniciativas del partido gobernante prioricen la protección de los derechos de los ciudadanos, en detrimento de la seguridad nacional.
Dick Fadden, exdirector de los Servicios de Inteligencia y Seguridad de Canadá, pidió recientemente a sus compatriotas no olvidar que el país fue nombrado por el Estado Islámico como un objetivo de sus actividades extremistas.
Fadden estima que el Gobierno debe actuar con cautela al eliminar algunas de las facultades que el Parlamento otorgó en el pasado a las agencias de seguridad nacional, porque la amenaza sigue siendo real y en la práctica esas prerrogativas que se intentan reducir no se utilizan de manera exagerada.
Al menos quedó expresado que la nueva iniciativa buscará frenar la posibilidad de que el Servicio de Inteligencia de Seguridad del país (CSIS) detenga o torture a alguien amparado en amenazas para la seguridad nacional.
La C-51 confió al CSIS el poder explícito de “tomar medidas, incluso fuera de Canadá” para “reducir” cualquier amenaza a la seguridad nacional, “si existían motivos razonables para creer que una actividad en particular representaba una amenaza”.
El proyecto legislativo añade de manera explícita a la lista de prohibiciones la tortura y la detención, así como el acto de “causar la pérdida de bienes o de daños graves si eso atentaba contra la seguridad de un individuo”.
Luis Brizuela Brínguez/Prensa Latina
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: LÍNEA GLOBAL]
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