Caminos rurales y comunidades indígenas de Chiapas fueron ocupados, poco a poco pero de manera contundente, por elementos del Ejército Mexicano y la Armada de México durante el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa. Hoy, todavía con el pretexto de combatir al narcotráfico, los militares tienen bajo su control zonas que se habían liberado en la gestión de Vicente Fox Quesada como una muestra de la “voluntad gubernamental” para pacificar la región.
Así, el máximo logro de la “guerra” calderonista en esa entidad del Sureste mexicano no fue exterminar el crimen organizado, sino reposicionar a los militares al punto de que la actual situación es equiparable a la que se vivió hace 2 décadas, cuando se levantó en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
En entrevista con Contralínea, el director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Víctor Hugo López, explica que, aunque en Chiapas no se han visto “escenas espectaculares de violencia” y de enfrentamientos en las calles, la estrategia de la “guerra” contra el narcotráfico sí tuvo repercusiones serias en las comunidades. En principio, porque logró un reposicionamiento del Ejército Mexicano y de la Armada en distintos territorios indígenas y en todos los puntos fronterizos de la entidad, caracterizada por su miseria y marginación.
El joven defensor de derechos humanos recuerda que una de las condiciones que la administración foxista relativamente atendió para mantener el diálogo con el EZLN fue la desmilitarización: se eliminaron algunas de las zonas militares más importantes, dice. Sin embargo, “esta situación se perdió con la estrategia de Calderón: mientras que elementos del Ejército patrullan y montan retenes a lo largo del territorio, los de la Armada custodian los puntos fronterizos, incluido el de Guatemala”.
En la actualidad, expone, integrantes del Ejército Mexicano están presentes en distintas comunidades y caminos rurales en los que antes no se les había visto. “Están haciendo nuevamente rondines; están incluso haciendo operativos de desarme. De pronto, dicen ellos, [operativos] discretos, pero están tocando justo la frontera o la línea de fuego aquí en Chiapas. Esto es grave, porque me parece que ellos no están midiendo la posibilidad de registrar nuevamente un enfrentamiento [armado]”.
Víctor Hugo López observa que la estrategia antidrogas tuvo otras graves repercusiones en Chiapas. Una de éstas se refiere a la política de seguridad estatal, expone, porque ahora las policías civiles están al mando de militares.
También, refiere, aumentó la criminalización hacia la sociedad en su conjunto. Ejemplifica con los operativos de las unidades mixtas (militares acompañados por policías municipales y estatales). Éstos, indica, son quienes han estado cometiendo el mayor número de detenciones arbitrarias de jóvenes (hombres y mujeres) en las calles por su simple apariencia; también cometen abusos y torturas.
En ese mismo sentido, se endurecieron las leyes y se legalizaron las formas de violencia y mecanismos de violación a los derechos humanos: “por ejemplo, aunque se eliminó el arraigo en Chiapas y esto se publicitó como un logro del gobierno estatal anterior, aumentaron las casas [de seguridad] de la Procuraduría, en donde se desaparece a las personas, se les tortura, se les detiene de manera ilegal”.
Y a pesar de que tanto los operativos policiaco-militares como las modificaciones legales se han justificado como una estrategia contra el narcotráfico, el defensor de derechos humanos observa que no se reguló la venta y el consumo de alcohol y de todo tipo de drogas.
“Contradictoriamente con el discurso del combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada, hemos visto que, de manera exponencial, en distintas comunidades se ha autorizado y se está incluso promoviendo, porque en algunos casos los dueños son los alcaldes, la proliferación de cantinas donde se da un consumo indiscriminado de drogas, y obviamente hasta trata de personas.”
Víctor Hugo López advierte que se están creando las condiciones para mantener el estado de inseguridad. Ejemplo de ello es la alianza entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Guatemala: “el argumento es que los grupos de delincuencia organizada y el narcotráfico no operen entre Chiapas y Guatemala; pero estas políticas han endurecido las medidas no contra la delincuencia, sino contra la población”. Particularmente, señala, de las personas migrantes.
“Para nosotros, el blindaje de la frontera, el reforzamiento de la seguridad y el combate a la delincuencia organizada han significado mayor control social y mayor índice de represión contra la población en su conjunto. Y esto ha impactado de manera al parecer invisible, pero presente. Está muy presente aquí en los casos que recibimos día a día de detenciones arbitrarias.
“En el Frayba estamos recibiendo al día de hoy un promedio de entre 900 y 1 mil casos en general; pero hace 3 años recibíamos de 400 a 500 casos. Ahora, de esos 900 o 1 mil casos, unos 400, es decir, el 40 por ciento, tienen que ver con temas de criminalización, acceso a la justicia, detención arbitraria, privación arbitraria de la vida, tortura y judicialización. En nuestro análisis, vemos que son efectos de la estrategia de la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada: podríamos decir que un 40 por ciento de esos casos son derivados de la estrategia.”
A pesar de las evidencias reunidas por el Frayba respecto del aumento de las violaciones a los derechos humanos, los gobiernos federal y estatal aseguran que en Chiapas se respetan esos derechos. Estos discursos no sólo buscarían ocultar la situación que enfrentan las comunidades, sino también promover las inversiones extranjeras en la región.
Víctor Hugo López explica que “el Estado mexicano ha hecho un trabajo de cabildeo impresionante a nivel internacional de ser garante, promotor y de respetar los derechos humanos en México, y concretamente en Chiapas, en las poblaciones indígenas; para ello ha ratificado, firmado y propuesto todo tipo de leyes, reglamentos, convenciones, protocolos que le puedan generar el amparo de este discurso. México es promotor de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y nuevamente comenzaron a decir que los Acuerdos de San Andrés había que legislarlos y aprobarlos; en Chiapas tenemos leyes locales como la Indígena, una ley de protección a las mujeres, etcétera. Entonces han creado todo el andamiaje jurídico-legal para poder sostener frente a gobiernos del mundo y agencias en el extranjero que ellos están garantizando condiciones de respeto, promoción y protección a los derechos humanos y que, por lo tanto, los niveles de vida, la seguridad social, la tranquilidad y la paz están garantizadas en nuestro estado”.
“Lo que ellos están diciendo es que el gobierno mexicano está impulsando o reimpulsando proyectos de inversión, ecoturísticos, para las empresas de extracción mineral, de recursos petroleros, diciendo que en Chiapas está todo el andamiaje de respeto y promoción a los derechos humanos que garantizan seguridad en su inversión.”
El director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas dice que en la entidad se va identificando un mapa de conflictividad social provocada por los megaproyectos de inversión privada. Uno de esos conflictos, detalla, es el de la zona de Agua Azul. En el área de cascadas, los campesinos se oponen a la propuesta gubernamental de crear un centro ecoturístico.
“Nosotros vemos que se está reimpulsando la afrenta a las comunidades que defienden sus territorios porque vienen de manera decidida a impulsar los proyectos que han comprometido. Y lo hemos podido corroborar en ese sentido, porque hay un binomio seguridad-inversión-derechos humanos que se está vendiendo en el extranjero. Ellos [los representantes extranjeros] están viniendo a ver si lo que está vendiendo el gobierno de México en el extranjero es real. Entonces nos espera sin duda en este momento y de aquí en adelante nuevamente procesos de tensión en los que las comunidades estarán oponiéndose a esos proyectos que vienen de manera decidida a imponerse.”
En este contexto, Víctor Hugo López advierte que en la lucha territorial hay otro actor: la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Ésta, asegura, ha operado como mecanismo de contrainsurgencia: “lo único que busca la Cruzada es dividir a las comunidades, generar mayor dependencia y aumentar las condiciones de pobreza extrema en la entidad”.
El pasado 18 de marzo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas cumplió 25 años. Fundado por el ya fallecido Samuel Ruiz García –entonces obispo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas–, en la actualidad se le considera una de las organizaciones mexicanas más importantes de defensa de las garantías individuales y colectivas.
Respecto de estas 2 décadas y media de trabajo, su actual director, Víctor Hugo López, reflexiona: “Llevamos 25 años de existencia del Centro de Derechos Humanos, pero más de 500 años siendo influidos por los pueblos indígenas que han estado de manera insistente generando propuesta y alternativas ante la crisis de Estado y del sistema”.
En el Centro Frayba, indica, se valora mucho que existan cinco regiones autónomas, cinco Juntas de Buen Gobierno, que mantienen el menor índice de violaciones a los derechos humanos. “Son poblaciones que han logrado hacer frente a todo este sistema de violencia estructural y sus consecuencias. En este contexto es que llegamos a estos 25 años: reconocemos que el Frayba por sí mismo no hubiera logrado tal proyección si no fuera gracias a la influencia de estos actores políticos y del sujeto que es el pueblo indígena”.
“Nos sentimos afortunados de que nuestra cuna sea fundamentalmente indígena. Justo las poblaciones indígenas en México forman parte de la población en donde la violencia y la violación a los derechos humanos llegan a alcanzar niveles impresionantes. Es decir, si muchos mexicanos nos enfrentamos al tema de la corrupción, discriminación, injusticia, para los pueblos indígenas este tipo de violencia se magnifica, por su condición de ser pobres, indígenas y campesinos.”
Víctor Hugo López refiere que la violencia en Chiapas tiene muchos frentes: aunque la más visible es la imagen del territorio ocupado militarmente, hay un territorio ocupado y copado por proyectos de “desarrollo” que están dividiendo a las comunidades y que están afrontando directamente a territorios enteros para dividirlos y confrontarlos.
Sin embargo, dice, esas condiciones y esas tensiones naturales del propio sistema van generando propuestas y alternativas. Por ello, aunque desde hace 15 años en la entidad se vive lo que él califica como una guerra contra la población, se han ido creando alternativas, muchas de éstas, autonómicas, de propuesta de otra justicia, de reconstrucción del tejido comunitario que, sin duda alguna, pueden ser guías o elementos de experiencia que podrían significar algo en el México actual.
En Chiapas, ejemplifica, han ocurrido situaciones violentas que posteriormente han reproducido su estrategia o sus efectos a nivel nacional, como la masacre de Acteal, en 1997, que impactó a nivel mundial: 45 personas más cuatro que no nacían aún fueron masacradas en una comunidad. Hoy, en el país ha habido un símil de estas masacres, que han ocurrido en distintos contextos y en distintos territorios, como Michoacán, Tamaulipas y todos los estados que están enfrentando la estrategia contra la delincuencia organizada.
Chiapas posee el 20 por ciento de toda la biodiversidad de México y ocupa el segundo lugar nacional en esa materia, indican datos del gobierno estatal, encabezado por Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México.
De acuerdo con la información oficial, algunos de los recursos naturales más importantes son: 10 cuencas hidrográficas y dos de los ríos más caudalosos del país: Grijalva y Usumacinta; 266 kilómetros de litoral, dos cañones (el del Río La Venta y el del Sumidero); posee siete de los nueve ecosistemas más representativos en el país y 46 áreas naturales protegidas (entre éstas, la Biósfera de Montes Azules, El Triunfo, La Encrucijada, La Sepultura, El Ocote y las Lagunas de Montebello).
Actualmente, la administración local planea explotar dichos recursos a través de los proyectos “ecoturísticos”. Al anunciar que Chiapas será la sede de la Feria de Turismo de Aventura 2014, el 12 de mayo pasado se dio a conocer que la administración estatal “prepara un plan integral de desarrollo turístico de la región Norte y Selva, teniendo como eje de partida la Ciudad de Palenque y su zona arqueológica. Este plan proveerá de inversiones en infraestructura, señalética, capacitación y promoción, lo que permitirá consolidar rutas turísticas de la Selva y otras regiones del estado”.
Cuatro días después, los gobiernos federal y estatal señalaron como “necesidad prioritaria” efectuar un ordenamiento territorial de la Selva Lacandona, Reserva de la Biósfera Montes Azules y áreas naturales protegidas:
“El gobierno de la República y de Chiapas expresan su convencimiento de que es prioritario el ordenamiento territorial para otorgar las condiciones necesarias para el desarrollo pleno de la comunidad lacandona y los ejidos adyacentes para mejorar la calidad de vida de sus habitantes con apego al marco jurídico, privilegiando la consolidación de las áreas naturales protegidas y el desarrollo sustentable de estas zonas. Asimismo, de conformidad con lo que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo 46, que a la letra dice ’en las áreas naturales protegidas no podrá autorizarse la fundación de nuevos centros de población’, no podrán regularizarse los asentamientos irregulares existentes dentro de la Reserva de la Biósfera Montes Azules, ni en los que en un futuro puedan asentarse en ésta, así como en ninguna otra área natural protegida. Por lo tanto no podrá llevarse a cabo ningún tipo de proceso de indemnización, pues no hay, ni habrá, ningún programa ni recursos destinados a este fin.”
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