El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) no termina de tocar fondo. La crisis en que lo metió el gobierno de Vicente Fox se profundizó en el de Felipe Caderón y su deterioro continuó con Enrique Peña Nieto.
Al finalizar 2018, el servicio de inteligencia civil del Estado mexicano habrá erogado más de 31 mil 300 millones de pesos a lo largo del presente sexenio. Se trata del monto más abultado desde la fundación del organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob). La cifra se desprende del estudio El Presupuesto Público Federal para la Función Seguridad Nacional, ediciones de 2013 a 2018, elaboradas por el investigador parlamentario Reyes Tépach, del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, la nación es más vulnerable: los cárteles del narcotráfico son más poderosos y controlan amplias regiones del país (a donde el mismo presidente de la República no puede arribar); la supervivencia de México depende ahora de actores externos hostiles, como los estadunidenses, y la corrupción se enquistó en los tres poderes y niveles de gobierno.
La violencia, lejos de disminuir, se incrementó: el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reconoce más de 120 mil asesinatos durante el sexenio; además, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, los desaparecidos suman más de 32 mil, entre ellos los 43 de Ayotzinapa, y –de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos– en el país hay más de 310 mil personas desplazadas.
Todo es consecuencia de mantener una política de seguridad nacional totalmente errónea, “de continuidad con la de Felipe Calderón”, considera el doctor Guillermo Garduño.
“Y lo único que se ha conseguido es un debilitamiento en la opinión pública de las Fuerzas Armadas; un avance innegable del crimen organizado; una penetración cada vez más fuerte de estas organizaciones en la vida cotidiana de México”, considera el experto en seguridad nacional y Fuerzas Armadas.
Y es que, remata el doctor en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en América Latina por la Universidad de Pittsburgh, “la seguridad del Estado está en manos de gente que nunca debió de haber entrado en este tipo de dinámicas”.
Sobre el Cisen recaen las principales responsabilidades en materia de seguridad nacional. Pero hoy poco sirve para las funciones que fue creado. Jorge Carrillo Olea, director fundador del organismo, da cuenta de la transformación que ha sufrido el Centro.
En un libro de próxima aparición, el general retirado señala que “sin tener un proyecto de un órgano de inteligencia criminal especializado, sino solamente una idea producto de un deseo, en 5 años se ha ido transformando al Cisen, de una instancia de inteligencia para la seguridad nacional a una de investigación criminal”.
Lo cierto es que hoy el Cisen no es lo uno ni lo otro. Carrillo Olea –quien además de fundar el Cisen se desempeñó como jefe de la Sección Segunda (inteligencia) del Estado Mayor Presidencial, subsecretario de Investigación Fiscal en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y, entre otros cargos, subsecretario de Gobernación– lo explica así: “Ha habido buenas intenciones, no un método de transformación; pero 5 años son muchos y, aun inercialmente, de aquel Cisen ha resultado un malformado órgano de inteligencia criminal, dejando en ayunas a la inteligencia para la seguridad nacional, como si ésta no fuera primordial”.
Esta situación es más preocupante si se tiene en cuenta que las otras instancias que debieran velar por la seguridad nacional también se están transformando en instituciones estrictamente anticrimen. El libro de Carrillo Olea, Prospectiva de la seguridad pública en México. Buscando la aguja en el pajar, que se encuentra en proceso de impresión, da cuenta de la confusión y el fracaso de estos organismos.
“Participan en materia de este fallido esfuerzo de inteligencia, sin confesarlo, negándose a toda transparencia, la Sedena [Secretaría de la Defensa Nacional] y la Semar [Secretaría de Marina]. Indebidamente en esta primordial tarea [de la seguridad nacional] la SRE [Secretaría de Relaciones Exteriores] está ausente: no se les convoca firmemente y ellos eluden comprometerse; el despliegue diplomático en todo el mundo poco aporta.”
Pero incluso, en materia de inteligencia criminal, el fracaso del Cisen es estrepitoso. Han pasado más de 5 años y, a decir de Guillermo Garduño, el Centro no ha podido penetrar a los grupos de carácter delictivo. Las detenciones más escandalosas de los capos del narcotráfico se deben a información proporcionada por las agencias estadunidenses.
Y si no sirve para combatir a la delincuencia organizada, en lo demás el Cisen está peor. No funciona para proteger a la nación. “¿Qué tanto se ha a anticipado a las amenazas que proceden del exterior? ¿Qué tanto se han evaluado los riesgos de las acciones que en este momento está desarrollando la administración federal?”
En el panorama no se precia siquiera que se pueda vencer a los cárteles del narcotráfico mediante la estrategia vigente.
Guillermo Garduño señala que el Centro funcionará cuando trabaje por contar con una perspectiva del futuro del país y por estudiar la capacidad de la nación para asegurar a sus habitantes un futuro probable y deseable de bienestar. “Y ya no dedicarse a estar espiando personas, periodistas; dejarse de chantajear con información privilegiada; o servir de gancho para beneficiar con información a grupos corruptos”.
Eugenio Ímaz Gispert asumió el cargo de director del Cisen en diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto fue investido presidente de la República. A pesar de que la ley exigía que el director del organismo de inteligencia civil del Estado mexicano contara con estudios profesionales, en esos momentos el flamante director no estaba titulado.
Como se documentó en Contralínea 410, Eugenio Ímaz no acreditó su capacidad para estar al frente de la institución encargada de la seguridad nacional. En respuesta a este medio de comunicación, la Secretaría de Educación Pública tuvo que reconocer que no había expedido cédula profesional alguna a nombre del director del Centro.
Además, en su trayectoria laboral no había desempeñado cargos relacionados con la seguridad nacional. Su formación, más bien, incluía intentos por desarrollarse en la cinematografía, donde pudo participar como actor de reparto en la película El coyote emplumado, de la actriz María Elena Velasco, conocida como la India María.
Para Guillermo Garduño, Eugenio Ímaz sólo usó al Cisen como instrumento al servicio de los intereses personales de quien lo nombró: el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Señala que una vez que Osorio Chong perdió la candidatura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República frente a José Antonio Meade y renunció a la Secretaría de Gobernación, estaba claro que Ímaz también dejaría al Cisen.
“El señor Ímaz había llegado al Cisen para preparar la campaña de Osorio Chong. No llegó con un proyecto de Estado, sino con el proyecto pervertido de que Osorio llegara a la Presidencia. La idea de Estado, de lo que sería un sistema de inteligencia de Estado, es otra cosa.”
No es la única pifia. El Cisen ha sido incapaz de comportarse institucionalmente. Durante la dirección de Eugenio Ímaz, las representaciones del Cisen en el extranjero no fueron utilizadas para proteger a la nación, sino para espiar a los propios mexicanos.
Carrillo Olea califica de “lastimoso” el papel desempeñado por el Cisen en el extranjero, concretamente en Estados Unidos. Ofrece un ejemplo. “Las tareas de los representantes del Cisen en 11 ciudades estadunidenses, entre ellas Los Ángeles, Chicago, Nueva York y San Antonio, por falta de un proyecto desde su creación, penosamente han estado enfocadas a investigar actividades de agrupaciones o asociaciones de mexicanos legales e ilegales, y no en las explícitas responsabilidades de su competencia. Es un caso preocupante y penoso que revela una gran ineptitud más que mala fe”.
De acuerdo con información obtenida por Contralínea por medio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las 11 oficinas que el Cisen mantiene abiertas en el extranjero erogan alrededor de 8 millones de pesos cada año.
Esas oficinas no han servido para nada, pues no han ofrecido ninguna información valiosa para proteger a la nación. Señala Carrillo Olea en su libro inédito: “Si [los mexicanos] nos quejamos tanto, ¿por qué nunca se dan aseguramientos de tráfico de armas ni en México ni en Estados Unidos? Quizá para no molestar a los destinatarios, a los remitentes, a algún gobierno amigo”.
El asunto es que la relación del Cisen con sus contrapartes estadunidenses es sospechosa. “Una relación más formalizada daría la oportunidad a la sociedad de participar por medio de un observatorio ciudadano o individualmente. La secrecía con que se maneja tan delicada relación da lugar a disimular muchas omisiones”.
Ahora bien, a decir de Carrillo Olea, México sí necesita un centro especializado en inteligencia criminal. Pero no puede ser el Cisen, porque este organismo tiene otra encomienda.
“El afán por improvisar en busca de solución a problemas que ellos mismos crearon, como la deformación del Cisen, que debería haberse mantenido como vaso regulador de la inteligencia para la seguridad nacional, la actual administración creyó inventar un supletorio de esa instancia de coordinación que en otros países es llamada ‘comunidad de inteligencia’. Así creó el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia con cinco centros regionales que son otra simulación.”
El también exgobernador de Morelos y exasesor de la Presidencia de la República en materia de asuntos internacionales sobre el control de drogas, señala que el desorden campea a simple vista. Ni siquiera es necesario indagar demasiado para ver la precariedad de tal proyecto.
“Nadie sabe con claridad qué es, quién lo dirige ni cómo opera: otra vocación por inventar lo que ya existe. Al crearse, la Secretaría de Gobernación [Segob] informó que el centro está integrado por funcionarios de la propia secretaría dependientes de la Comisión Nacional de Seguridad, el Cisen y expertos de la Sedena, la Semar y la PGR [Procuraduría General de la República]. No dijo más ni se ha sabido de sus beneficios.”
Uno de los principales problemas es que las instituciones encargadas de la seguridad no tienen claridad sobre sus objetivos y atribuciones. “No hay unidad de criterio”, señala Jorge Carrillo Olea.
En el libro explica: “Es evidente la disparidad de interpretaciones en el seno de la administración pública sobre los conceptos de seguridad nacional, seguridad exterior, seguridad internacional, defensa exterior, Guardia Nacional, Fuerza Armada Permanente, seguridad interior, seguridad de la nación, Fuerzas Armadas, seguridad pública, seguridad ciudadana, inteligencia, policía, algunas de ellas de origen constitucional y aún más conceptos”. Lo anterior, concluye, “ha provocado divergencias en percepciones e interpretaciones”.
Carrillo Olea expone algunos aspectos de la confusión interinstitucional. El galimatías gubernamental empieza con que “La Segob, por seguridad nacional, entiende esencialmente lo vinculado a la política interior en algunas de sus facetas. La SRE debe hacer lo propio de cara al exterior. La Sedena, posponiendo aspectos de amenazas externas intangibles en nuestras realidades, se asume actor principal de seguridad pública. La Semar también se asume como actor fundamental de la materia: lo interpreta de manera semejante a la Sedena y se planta en una mal disimulada rivalidad con ella. La SHCP sólo percibe el tema como un rubro de erogaciones, poco entiende el apoyar en la investigación de movimientos ilícitos de capital. La PGR cree que el vórtice de tan plural materia es asunto de ministerio público. La Presidencia, que debiera promover una unidad de criterios doctrinales globales, darle una vigencia nacional y proponer su adopción, se limita a expedir programas sin seguimiento y a presumir los muertos del día (los llama “abatidos”).
El legislador Luis Humberto Fernández Fuentes apunta: “La confusión ha reinado. Y como están confundidos, gastan mucho y mal”. El integrante de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional advierte que, además, la opacidad está en la propia ley. Y esta “imprecisión jurídica” resulta muy costosa: “todo lo considera de ‘seguridad nacional’, y esto los exime de cumplir los requerimientos de transparencia”.
El doctor Martín Gabriel Barrón Cruz observa que el desastre de la seguridad nacional en México tiene uno de sus orígenes en la propia legislación al respecto. “Existe una ley que norma el trabajo y la actuación de la seguridad nacional, pero es letra muerta. No se realiza. Y esa Ley de Seguridad Nacional va a quedar todavía más obsoleta con la Ley de Seguridad Interior”.
A decir del experto en seguridad e investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), la nueva Ley –aprobada de manera polémica y promulgada por Peña Nieto el pasado diciembre– viene a confundir aún más los conceptos de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública. “Y esta confusión ha generado un debilitamiento cada vez mayor de la seguridad nacional”.
Lo peor es que esta debilidad no se queda solamente en el aspecto jurídico, señala el doctor en humanidades y también docente en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea de la Sedena, sino que se traslada a la parte operativa.
Y advierte de un peligro: el sometimiento de las instancias de seguridad supuestamente civiles a las castrenses. Incluso, la Ley de Seguridad Interior fue una exigencia de la Sedena desde los albores del sexenio. En el programa nacional de defensa se señala con todas sus letras.
“No importa el presupuesto que le des a las instancias civiles –considera Barrón Cruz–, porque a fin de cuentas las militares son las que están dominando. Y muchos de quienes dirigen o son integrantes de las civiles son militares. ¿Dónde está realmente el carácter civil de esas instituciones?”
La falta de unidad de criterios no es un asunto menor. Carrillo Olea señala que esa carencia estructural se traduce en “descoordinación, vacíos, sobreposición de acciones y rivalidades entre las instituciones que mucho dañan al teórico sistema de seguridad y, en síntesis, se convierten en ineficacia”.
Las autoridades parecen no comprender que una unidad de criterios doctrinales “garantizaría una más elevada conciencia ética protectora de los derechos humanos, mejor determinación de funciones, una estructura orgánica más eficiente y un mejor aprovechamiento del recurso presupuestal”.
“De lo simple y eficiente de ser un órgano breve, corto, presidido por el jefe del Ejecutivo federal e integrado por las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa, Marina, Hacienda y la PGR, con posibilidades de hacerse auxiliar con asistencias circunstanciales de quien fuera necesario, se le amplía en la ley y con ello se burocratiza y complica su funcionamiento. ¿Qué tendría qué hacer en él la Secretaría de la Función Pública? Incorporar, además, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es señal de una concepción burocrática no estratégica.”
El desastre de la seguridad nacional, y particularmente del Cisen, ha impedido que el país cuente con una auténtica Agenda Nacional de Riesgos. El documento que por ley elabora el Cisen es, a decir de Guillermo Garduño, pobre y equivocado.
Considerado de carácter secreto, Contralínea tuvo acceso a tres versiones (2013, 2014 y 2015) y en un reportaje seriado de 13 partes, señaló cuáles son los riesgos y amenazas que el Centro observa. Entre ellos, figuran los movimientos sociales y la oposición a las “reformas estructurales”. Nada se dice de actores del sector empresarial, estadunidense o de la corrupción enquistada en las estructuras de gobierno.
El senador Luis Humberto Fernández Fuentes señala que la administración de Peña Nieto se caracterizó por devastar instituciones. Las de seguridad nacional no fueron la excepción. “Al final del sexenio no tenemos un Estado más sólido ni más seguro. Terminó el sexenio y no hubo un planteamiento de seguridad nacional ni pública”.
Hoy el país más vulnerable. El legislador ejemplifica con tres decisiones políticas en la que no se tomó en cuenta el riesgo que correría la nación. Uno tiene que ver con el sector energético. Las políticas llevadas a cabo por Peña Nieto hoy tienen como consecuencia que el país tenga que importar el 71 por ciento de las gasolinas que se consumen. “Y las importamos a los republicanos texanos, lo que nos coloca en una vulnerabilidad de seguridad nacional muy importante”.
Otra vulnerabilidad que observa el legislador es la del internet. No hay una idea siquiera de cómo proteger la soberanía. “La mayoría de los países han tomado precauciones para no depender en sus transacciones económicas o sociales de una potencia extranjera. Nosotros no tenemos nada de eso. Si un día se da algún tipo de bloqueo, no tendremos ninguna capacidad de respuesta”.
El otro gran riesgo del Estado mexicano que, lejos de combatirse en este sexenio se alimentó, es el de la corrupción. “No se avanzó nada en su combate. Por el contrario, se avanzó en la impunidad y en que este grupúsculo que gobierna confundió el patrimonio de Estado mexicano con sus intereses particulares”.
El Cisen, tal como lo dejó Eugenio Ímaz, no le sirve a la nación, considera Guillermo Garduño. Hoy se trata de un organismo que está al servicio de unas 100 mil personas, apunta el académico.
Además, ahora en las vísperas de las campañas electorales por las que se renovará el gobierno federal, será utilizado para favorecer los intereses de un grupo. Quienes hoy lo dirigen “están actuando con una perspectiva de régimen para conocer los escenarios y reducir su incertidumbre frente a la elección presidencial inmediata”.
Desde el 10 de enero pasado, el director del Cisen es Alberto Bazbaz Sacal. El abogado por la Universidad Anáhuac es otro de los incondicionales del presidente de la República. Se desempeñó como litigante en el sector privado y luego ocupó algunos cargos en la administración pública, siempre al amparo de Peña Nieto. Hasta antes de ser nombrado director del Centro, se desempeñaba como director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.
A Bazbaz se le recuerda por el llamado “caso Paulette”. En 2010, entonces procurador del Estado de México –cuando el gobernador de la entidad era Peña Nieto–, Bazbaz anunció que la desaparecida niña de 4 años de edad Paulette Gebara se había asfixiado accidentalmente y que su cuerpo estuvo en su propia cama durante los 9 días que la policía y familiares la buscaron. Hoy, a unos meses de que concluya el sexenio, está en el Cisen a las órdenes de lo que diga el presidente.
Zósimo Camacho
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SEGURIDAD]
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