La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atrajo el caso de cuatro mujeres indígenas encarceladas en Chiapas, luego de que el pasado 21 de julio la Fiscalía General estatal rescatara a 23 infantes y adolescentes y lograra la detención de varias indígenas, lo que calificó como el desmantelamiento de una red de trata de personas.
En esos cuatro casos, la CNDH presume que la autoridad estatal incurrió en violación a sus derechos humanos durante su reclusión. Al iniciar un expediente de queja, el organismo nacional emitió medidas cautelares dirigidas a las autoridades de la entidad a favor de “Juana Montejo González, María Hortensia Gómez Sánchez y Maribel Gómez Santiz, internas en el Centro de Reinserción Social número 14, El Amate; así como de Josefa Sánchez Gómez, detenida en el Centro de Reinserción Social número 5, de San Cristóbal de las Casas.”
Para la CNDH, es obligación del gobernador del estado de Chiapas –Rutilio Escandón Cadenas–, de la Fiscalía General y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana salvaguardar los derechos humanos y garantizar el debido proceso de las cuatro mujeres indígenas que se encuentran recluidas, de acuerdo con sus especificidades culturales.
Además de “que puedan ejercer su derecho a un internamiento en el centro penitenciario más cercano a su domicilio”, concluyó la CNDH en su compromiso por garantizar y proteger los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas.
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