La Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo que, en el gobierno pasado –que encabezó Enrique Peña Nieto–, el delegado de la entonces Procuraduría General de la República en Washington recibió la información sobre los testigos protegidos del caso Odebrecht en Brasil, “que informaron del pago de sobornos en diversos países, entre ellos en México, y que dieron dinero a una empresa controlada por el Estado [mexicano] por un monto de 10.5 millones de dólares”.
En la audiencia relativa a la causa penal 261/2019 contra Emilio Lozoya Austin –exdirector general de Petróleos Mexicanos–, la FGR arguyó que “los testigos detallaron que contaban con recursos para sobornos a funcionarios y partidos políticos por un monto de 431 millones de dólares”.
Asimismo, indicaron que corrompieron a partidos y representantes de países africanos y latinoamericanos para garantizar negocios. Los informes que recibió la PGR en su momento relataban que “por estas acciones, Odebrecht se benefició con un monto de 1.42 mil millones de dólares”.
Los testigos protegidos también aseguraron que de 2011 a 2014, en México se hicieron sobornos por 10.5 millones de dólares para asegurar contratos en diversas obras públicas, y gracias a ello la empresa brasileña obtuvo un beneficio en México por la adjudicación de obras, por 39 millones de dólares.
Al respecto, la FGR consideró que Lozoya Austin recibió beneficios económicos en su cuenta en Suiza ligados al caso Odebrecht.
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