A 1 año y 5 meses de haber asumido la Presidencia de la República, el gobierno de Enrique Peña Nieto emite su Programa para la seguridad nacional 2014-2018. Una política multidimensional para México en el siglo XXI. En el documento, publicado el pasado 30 de abril, se anuncia la creación del Sistema Nacional de Inteligencia, el cual desarrollará “productos de inteligencia de carácter estratégico” que servirán para el “proceso de deliberación” del Consejo de Seguridad Nacional.
El desarrollo y operación de dicho Sistema estará a cargo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob) y agencia de inteligencia civil del Estado mexicano.
En el nuevo esquema diseñado por el primer gobierno surgido del Partido Revolucionario Institucional luego de 2 sexenios de administraciones emanadas del Partido Acción Nacional, el Sistema Nacional de Inteligencia asumirá un papel central “para contener y neutralizar aquellos riesgos y amenazas que puedan vulnerar la seguridad del Estado mexicano”.
El Sistema concentrará “todas las inteligencias especializadas generadas por la administración pública federal”, en las que –además de la del propio Cisen– se incluyen las de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –que organiza y administra al Ejército Mexicano y a la Fuerza Aérea Mexicana–, la de la Secretaría de Marina (Semar) –que organiza y administra a la Armada de México–, la de la Procuraduría General de la República (PGR) y la de la Policía Federal.
Así, el Cisen aglutinará información de las secciones Segunda y Séptima del Estado Mayor de la Defensa (Sedena), de la Unidad de Inteligencia Naval (Semar), de la Policía Federal Ministerial (PGR) y de las secciones de inteligencia de la Policía Federal.
Entre los ámbitos de acción del Sistema Nacional de Inteligencia se encuentran el humano, el político-militar y el económico-ambiental. Además, buscará “promover el uso de medios tecnológicos avanzados para la generación de productos de inteligencia e intercambio seguro de información entre los componentes del Sistema”.
Bajo este modelo –que se puso en marcha a partir del 30 de abril, y del que Contralínea dio cuenta en su portal electrónico desde el día 29–, la cooperación internacional en materia de inteligencia y seguridad nacional es un “componente esencial”, y prevé la intensificación de intercambio de información acerca de riesgos y amenazas así como la “coordinación de acciones con otras naciones para preservar la seguridad de nuestra región y la gobernabilidad del sistema internacional”.
El Programa asegura que con el gobierno de Peña Nieto se trascienden las visiones tradicionales de la seguridad nacional –asociadas generalmente a actos violentos, delitos de alto impacto y amenazas convencionales de tipo político-militar–, pues ahora se consideran “una serie de fenómenos y problemáticas sociales, económicas, ambientales, tecnológicas y de salud”. Por ello, la agenda nacional de riesgos que se elabora anualmente ahora tendrá carácter “multidimensional”.
Así, en el documento se considera a la impunidad y la corrupción como “factores de riesgo” que originan violencia y delincuencia, “especialmente a nivel local”. Además, se reintegra a la política exterior en el ámbito de la seguridad nacional para posicionar de manera estratégica los intereses de México como “potencia emergente”.
Los riesgos y amenazas a la seguridad nacional que el gobierno de Peña Nieto observa son los desastres naturales y las pandemias; la delincuencia organizada trasnacional; la gestión del ciberespacio; los flujos migratorios y las problemáticas relacionadas con las fronteras, y el terrorismo y las armas de destrucción masiva.
En el Programa para la seguridad nacional 2014-2018. Una política multidimensional para México en el siglo XXI, la actual administración se desmarca de la política que en la materia siguieron sus antecesores panistas y, por lo menos en el papel, supera el enfoque policiaco-político-militar de las amenazas a la seguridad nacional de México.
Así, los “retos” que el Estado mexicano en su conjunto enfrentará en los próximos años son la explosión demográfica y la creciente urbanización del territorio nacional; la preservación de la biodiversidad; el cambio climático; la transformación del panorama energético mundial, y las pandemias.
A diferencia de los anteriores documentos rectores de la política de seguridad nacional del Estado mexicano, en el actual no se hace referencia a los grupos armados con reivindicaciones políticas y sociales (guerrillas). Pero sí a los grupos armados del crimen organizado que trasiegan drogas y comenten otros delitos de alto impacto.
El documento señala que debido a la posición geográfica de México, sus condiciones geológicas, el impacto de fenómenos ambientales globales, las condiciones de sismicidad y la actividad volcánica, el país es susceptible de padecer desastres de origen natural. También está expuesto a padecer incendios forestales, derrames químicos y emergencias radiológicas.
“Todas estas circunstancias pueden tener un impacto directo sobre la seguridad de nuestras instalaciones estratégicas, la cohesión social de nuestras comunidades y la integridad física, el bienestar y el patrimonio de la ciudadanía.”
En el documento se informa que durante los últimos 28 años se suscitaron en México 16 desastres naturales de “alto impacto en la estabilidad socioeconómica del país”. Se estima que el costo económico de tales sucesos asciende a 457 mil millones de pesos. La cifra de pérdidas de vidas humanas rebasa las 8 mil.
Para el gobierno de Peña Nieto, hoy los cárteles del narcotráfico se encuentran en un proceso de fragmentación y siguen las siguientes tendencias: “Cambios en las rutas terrestres y áreas del tráfico de drogas; el desarrollo del mercado interno para el consumo de drogas ilegales en el territorio nacional; el cambio en los patrones de consumo y la diversificación de las actividades delincuenciales de los grupos criminales, orientada a la ampliación de sus fuentes de ingreso”.
Por ello, se ha impulsado la fusión de las actividades de inteligencias de las distintas agencias del Estado mexicano y “se adoptará una perspectiva regional que será acompañada por un proceso de certificación y capacitación permanente de los funcionarios de las corporaciones locales y el reforzamiento de las capacidades tecnológicas y de investigación utilizadas para combatir el lavado de dinero”.
Acerca del terrorismo, en el escrito se reconoce que México no ha sido blanco de ataques terroristas. Sin embargo, “su posición geográfica podría resultar de interés para aquellos actores que busquen realizar atentados en contra de Estados Unidos o contra intereses de ese país en nuestro territorio. La posibilidad de que México sea utilizado por las organizaciones terroristas como plataforma logística, operativa y financiera para el tráfico de materiales de uso dual o para planear atentados en contra de objetivos en el territorio continental de Estados Unidos no debe ser descartada”.
Las Fuerzas Armadas Mexicanas seguirán siendo utilizadas en el combate a los delitos de alto impacto, aunque sólo “en aquellas zonas del territorio nacional que tienen una importancia estratégica para la consolidación de la presencia del Estado y la contención de la violencia en el corto, mediano y largo plazos”.
De acuerdo con el documento rector de la política de seguridad nacional del Estado mexicano, las Fuerzas Armadas Mexicanas (Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana y Armada de México) continuarán realizando cuatro tipos de acciones:
“Operaciones para reducir la violencia, coordinando esfuerzos de manera conjunta entre dependencias; operaciones de erradicación intensiva en las áreas de mayor cultivo de enervantes; operaciones de intercepción, para inhibir el tráfico de armas, drogas y personas; y operaciones para incrementar la seguridad de las instalaciones estratégicas que hacen posible el funcionamiento del país.”
El escrito agrega que, mediante el uso de la inteligencia estratégica, se buscará “evitar el empleo desproporcionado de la fuerza o escenarios de confrontación que generen hechos violentos”.
Sin embargo, también reconoce que sólo cambiando la realidad social de aquellas regiones controladas por el crimen organizado se podrá garantizar la seguridad de los ciudadanos. Así, de lo que se trata es “transformar el entorno operativo que ha permitido el fortalecimiento del crimen organizado. Para ello es necesario establecer medidas que cambien estructuralmente la realidad social de aquellas regiones del país en las que la violencia ha tenido un impacto directo sobre la vida, la libertad y los bienes de los mexicanos”.
La violencia y la delincuencia son fenómenos asociados a “factores de carácter estructural” como la marginación y la pobreza, reconoce el Programa para la seguridad nacional 2014-2018. Una política multidimensional para México en el siglo XXI.
Además, el análisis observa que “la falta de oportunidades laborales y la desocupación se han convertido en factores precursores de la violencia. Asimismo, el acceso limitado a la educación media y superior y la deserción escolar pueden convertirse en factores de riesgo. Los niveles de escolaridad se encuentran asociados con las expectativas a futuro de las personas y sus posibilidades de movilidad social. Por ello, la falta de oportunidades educativas puede llevar a las personas a considerar a la delincuencia como una alternativa”.
El documento señala que la desigualdad social y la pérdida de espacios públicos (en favor de los privados) generan confrontaciones y conflictos que han rebasado a las autoridades. A esto se suma la “baja confianza en las autoridades encargadas de la operación de los sistemas de procuración de justicia. Esta situación se ha visto reflejada negativamente en los índices de impunidad y corrupción, así como en el ineficiente desempeño de las instituciones de justicia”.
La situación del país en los últimos años estuvo marcada por la capacidad de la delincuencia organizada para corromper y “fortalecer su presencia” en “zonas específicas” del territorio nacional.
Según el documento rector de la política de seguridad nacional del Estado mexicano, las instituciones de seguridad pública –“poco estructuradas y poco profesionalizadas”– no fueron capaces de detener la penetración del crimen organizado en varias regiones del país. Aunque no menciona explícitamente al gobierno de Felipe Calderón, el texto es contundente en su evaluación de “los últimos años”:
“El crecimiento de las organizaciones criminales tuvo lugar bajo un escenario de escasa coordinación entre los tres órdenes de gobierno, una creciente desconfianza entre corporaciones de seguridad y una relativa resistencia a la colaboración conjunta. Con el paso del tiempo, la presencia de grupos criminales y otros actores armados no estatales en algunas zonas del país se convirtió en una amenaza que rebasó la capacidad de las autoridades locales.”
El escrito explica que esos fenómenos dejaron de ser del ámbito de la seguridad pública y se convirtieron entonces en asuntos de seguridad interior.
El gobierno de Enrique Peña Nieto reafirma la “pertenencia” e “intereses” de México en América del Norte. En el Programa para la Seguridad Nacional se destaca el “bloque” que México ha formado con Estados Unidos y Canadá que “aspira a la prosperidad compartida”.
Agrega que “América del Norte es la región con la que México ha realizado los mayores esfuerzos de cooperación institucional e intercambio de información de inteligencia en las 2 últimas décadas”.
Aunque el documento destaca la “pertenencia” de México a la región de América del Norte, sólo detalla los mecanismos bilaterales de cooperación con Estados Unidos. Asimismo, informa que el gobierno de Enrique Peña Nieto “trabaja con sus socios de América del Norte en el fortalecimiento permanente de capacidades para enfrentar los complejos retos de la seguridad regional y fronteriza. En la actualidad están en marcha esfuerzos de consolidación económica, educativa y de innovación para impulsar el desarrollo, la productividad asociada y la prosperidad de la región en su conjunto”.
El Programa para la seguridad nacional 2014-2018. Una política multidimensional para México en el siglo XXI reconoce que América del Norte es una región con profunda asimetría económica y productiva; con un intenso flujo comercial, de inversión y de personas; y que padece el flujo de bienes ilícitos, armas y drogas, así como el tráfico de migrantes y la trata de personas.
A Centroamérica, el documento rector de la política de seguridad nacional del Estado mexicano sólo le dedica dos párrafos. En éstos, considera que México es “vecino” de la región, con la cual mantiene vínculos históricos, culturales, sociales y económicos. Sin embargo, señala que la “estabilidad política y el desarrollo de Centroamérica” son asuntos ligados a la seguridad nacional de México.
Destaca que la política de seguridad nacional de México, en el ámbito de las relaciones exteriores, incluye la promoción de las inversiones de las empresas mexicanas en América Central. Agrega que “la paz y la prosperidad de Centroamérica son fundamentales para México, de ahí el compromiso del gobierno de la República al respaldar la integración regional a través del diálogo fortalecido con el Sistema de la Integración Centroamericana y la instrumentación de proyectos de infraestructura que mejoren la conectividad y generen fronteras seguras”.
Otros dos párrafos le merece al Programa la región de América del Sur y el Gran Caribe, cuyos países que la integran –según el documento– “tienen un peso estratégico definido a partir de una experiencia histórica común”.
Para México, según el documento, la región es de “prioridad estratégica” por razones “de proximidad geográfica, identidad cultural, complementariedad económica, desarrollo e integración”.
También se destaca que la vulnerabilidad ambiental de los países del Caribe supone riesgos indirectos a la seguridad nacional de México; por ello, el gobierno de Peña Nieto participará en el “fortalecimiento de las capacidades de respuesta de los países de la región ante desastres y fenómenos naturales”.
Acerca de la región “más dinámica” del mundo del siglo XXI, como se refiere en el documento a la Cuenca del Pacífico, el documento destaca los esfuerzos de México por insertarse en el grupo de países con intensa actividad económica y comercial.
Además del Foro de Cooperación Asia Pacífico y la Alianza del Pacífico, mención aparte merece el polémico Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por su sigla en inglés). El texto señala que dicho acuerdo está conformado “por 12 de las economías más dinámicas del mundo” y “concentra un mercado integrado por cerca de 200 millones de personas, el cual representa el 30 por ciento del PIB [producto interno bruto] mundial y alrededor de un tercio del comercio global”. No se refiere al secretismo de las negociaciones ni a los posibles efectos previstos.
Las relaciones políticas, económicas y culturales de México con Europa representan para el gobierno de Peña Nieto una “opción estratégica”. Y es que la influencia de ese Continente sobre la construcción de la identidad política y cultural mexicana “resulta innegable y sólo es equiparable en importancia al peso de nuestra herencia indígena y precolombina”.
Señala que tras la crisis de 2008, la Unión Europea ha entrado en un periodo de transición, reforma y recuperación. Agrega que “con 28 estados miembros, un PIB estimado en alrededor de 15 mil millones de dólares y un mercado potencial de poco más de 500 millones de habitantes, la Europa comunitaria del siglo XXI sigue siendo un actor internacional de primer orden, con el cual México deberá consolidar y fortalecer sus espacios de interlocución en los comercial, lo político y lo cultural”.
Rusia y los países de la Europa del Este, los países de Asia, África y Oceanía prácticamente quedan fuera de la órbita de la política de seguridad nacional del Estado mexicano. Apenas una vaga mención en dos renglones señala: “Es necesario apuntar que México se encuentra interesado en las tendencias que definen la realidad política, económica y social de África y Medio Oriente” (sic).
El documento también señala que México promoverá el fortalecimiento de los organismos y mecanismos internacionales que velen por el respeto a los derechos humanos y el desarme nuclear. Además, impulsará en la Organización de las Naciones Unidas un tratado contra el comercio ilícito de armas. Considera que el terrorismo es una amenaza a la paz mundial y a la seguridad de México.
Según el documento, la política de seguridad nacional del gobierno de Enrique Peña Nieto buscará también contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Secretaría de la Función Pública. Lo anterior, luego de un diagnóstico del deterioro de la seguridad interior durante los últimos años.
En el análisis, que sirvió para elaborar el documento rector de la política de Estado en materia de seguridad nacional, los especialistas encontraron una relación directa entre la impunidad y la corrupción con la violencia y la delincuencia. Por ello, la política de seguridad nacional también propondrá “una línea de acción específica para identificar y evaluar integralmente todos los aspectos que contribuyen a la generación de corrupción, impunidad y violencia”.
En el Programa para la seguridad nacional 2014-2018. Una política multidimensional para México en el siglo XXI, el gobierno de Enrique Peña Nieto anuncia la revisión y reformulación del Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto, documento de carácter confidencial que rige la acción de las tres Fuerzas Armadas de México ante una agresión externa o desestabilización de carácter interno.
Según el Programa –publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de abril–, la Armada de México, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana trabajan en el documento, atendiendo a “la naturaleza” del entorno estratégico externo e interno.
El año pasado Contralínea solicitó una versión pública del Plan, por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. “El documento se encuentra resguardado en una caja fuerte, cuyo acceso está restringido a determinados elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional [Sedena]”, se lee en el acta que se levantó para dar fe de la reserva de la información y de la audiencia celebrada el 13 de junio de 2013 entre funcionarios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) y de la Sedena.
Lo que sí informó la Sedena fue que el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto consta de 33 fojas y 22 anexos, que suman en total 1 mil 857 fojas. De acuerdo con la Sedena, en el documento se articulan los planes y directivas para: 1) defender la integridad, independencia y soberanía de la nación; 2) garantizar la seguridad interior; y 3) auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas y desastres. Además, contiene las estrategias para ejecutar las misiones encargadas al Ejército Mexicano y se planean hipótesis en función de las amenazas previsibles que pueda sufrir el país. También contiene los planes de guerra, “esto es, cómo respondería el país con sus distintos recursos para poder atender un supuesto de agresión”.
Información de seguridad nacional
De acuerdo con el documento rector de la política de seguridad nacional, una de las líneas de acción del gobierno de Peña Nieto en la materia será “impulsar la implementación [sic] de la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, a fin de cumplir racionalmente el principio de máxima publicidad respecto de la información de seguridad nacional”.
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