La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirma que el gobierno de Enrique Peña Nieto fue el principal obstáculo para que la ayuda nacional e internacional llegara a los miles de damnificados de los sismos del 7 y el 19 de septiembre de 2017, que cobraron la vida de 462 personas. Al fiscalizar una decena de instituciones, la “deficiente” actuación de las instituciones encargadas de entregar donaciones y gestionar reconstrucciones.
Además de las dolorosas pérdidas humanas, las afectaciones materiales dejaron sin vivienda ni sustento a miles de personas en el centro y el Sur del país. El gobierno mexicano estimó que eran necesarios 48 mil millones de pesos para labores de rehabilitación y reconstrucción. Los recursos donados no tardaron en llegar, pero no hay certeza de la cantidad ni del destino porque no existe un “registro confiable”, señala el Informe de resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018.
La ASF también destaca que hizo falta trabajo conjunto entre las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), de Gobernación (Segob), de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), lo que impidió agilizar la entrega de recursos a la población afectada.
Se desconoce “si las 12 mil 267 unidades, 197.8 toneladas y 31 mil 467.5 kilogramos de donativos en especie; las 525 personas pertenecientes a grupos de búsqueda y rescate, estructuralistas, atención de emergencias y médicos, así como de 20 unidades caninas, y los 3 millones 234 mil 169.5 dólares americanos, 48 mil 494 euros, 20 millones 161 mil 550 pesos mexicanos y los 600 mil 000 dólares canadienses de los que la dependencia [SHCP] tuvo información fueron la totalidad de donativos que ingresaron al país”, comenta la ASF y añade que tampoco se puede determinar cuántos recursos fueron entregados en beneficio de la población afectada.
A la SHCP, entonces a cargo de José Antonio González Anaya, le correspondía regular, coordinar y transparentar los donativos, pero los resultados de la fiscalización mostraron que “no estableció las bases ni los lineamientos para regular la emisión de convocatorias, recepción, administración, control y distribución de los donativos, en incumplimiento del artículo 68 de la Ley General de Protección Civil”.
Además, “en relación con la transparencia, la SHCP no informó el uso de los donativos en la Plataforma ‘Fuerza México’, en contravención de su oficio número 419-A-19-00372, que señala que la plataforma es una respuesta de transparencia proactiva en el marco del Portal de Transparencia Presupuestaria”, señala la Auditoría de Desempeño 52-GB.
La ASF también señala que dicha plataforma “no contiene datos actualizados y las fechas no son consistentes”, lo que limita dar seguimiento a la atención de las zonas afectadas.
En cuanto a su deber de coordinación, la SHCP no acreditó que coordinó con las dependencias federales, ni con la Secretaría de Relaciones Exteriores para la recepción de donativos internacionales
Para coordinar la ayuda internacional, la SRE implementó la Guía para la Recepción, Organización, Distribución y Envío de Suministros Humanitarios para la Asistencia de Poblaciones Afectadas por un Desastre y el Procedimiento. Sin embargo, de acuerdo con la Auditoría de Desempeño 74-GB, “solo reguló los centros de acopio que reciben donativos en especie pero no el procedimiento administrativo para la recepción de aportaciones en dinero”.
La ASF evidenció que la SRE no pudo certificar que los apoyos arribaron a territorio nacional ni llegó a darles algún tipo de seguimiento. Además, la secretaría entonces presidida por Luis Videgaray Caso no inscribió en el Registro Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo las donaciones extranjeras “por lo que se desconocen los montos totales, modalidades y uso de las donaciones en especie, de apoyo técnico y en dinero, en incumplimiento de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo”.
La ASF espera que su informe ayude a solucionar las “deficiencias” e “insuficiencias” de la SRE y sirva también para que se ajuste un marco jurídico más específico para la gestión de próximos donativos internacionales derivados de desastres naturales.
De conformidad con el artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB), ésta debe regular y supervisar a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano tales como los fideicomisos. Sin embargo, la fiscalización evidenció que esta normativa tiene muchas limitaciones en cuanto a fideicomisos de interés público, como “Fuerza México”. “Se reconoce la necesidad de legislar la supervisión y regulación de dichos fideicomisos”, señala la auditoría 56-GB.
“En opinión de la ASF, la carencia de un marco jurídico impidió a la CNBV determinar la estabilidad financiera y contable del fideicomiso Fuerza México, en el que se concentran los donativos para la reconstrucción y rehabilitación de las afectaciones provocadas por los sismos de septiembre de 2017; así como constatar que éste opera de manera segura y solvente”.
Al 31 de noviembre de 2018, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tenía registrados 5 mil 83 millones de pesos donados. Pero de estos solo identificó el uso y destino de 2 mil 459 millones de pesos (48.4 por ciento). Esto “muestra las limitaciones para informar y transparentar oportunamente la gestión de los donativos para la población afectada por los sismos de septiembre de 2017”, opina la ASF.
El SAT no tiene ningún plazo límite para publicar un informe completo por lo que el registro anterior solo corresponde al “Cuarto Reporte de Transparencia por Donatarias Sismos de septiembre de 2017”, el último presentado. Del monto total, el 93.3 por ciento son donaciones en efectivo y el 6.7 por ciento restante es especie, detalla la auditoría 61-GB.
Al SAT también le corresponde tramitar solicitudes de autorización de las personas morales para ser “donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos”. Recibió 12 mil 916 solicitudes y aceptó 4 mil 337. Sin embargo, la ASF desconoce si estas personas cumplieron con la obligación de presentar reportes de transparencia ya que el SAT carece de la totalidad de registros.
En 2018, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no pudo presentar un avance en la atención de las 19 mil 194 escuelas que fueron identificadas con daños. De hecho, tampoco pudo cuantificar de la mejor forma estas afectaciones porque sus registros internos no “eran confiables ni de calidad”, comenta la ASF.
“La secretaría registró inconsistencias en cuanto al número de escuelas apoyadas y al monto erogado para resarcir los daños, por lo que no se tuvo certeza si las actividades realizadas por la entidad fiscalizada, por medio del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y del Programa de la Reforma Educativa, contribuyeron a garantizar el servicio educativo a la población afectada, lo cual pone en riesgo a la misma”, advierte la ASF.
La SEP emitió 21 oficios dirigidos a la Segob para solicitar 9 mil 254 millones 701 mil pesos del Fonden para reconstruir y la rehabilitar 5 mil 10 planteles educativos. Sin embargo, la gestión no tuvo en cuenta que había infraestructura asegurada y no acreditó ningún reclamó a la compañía aseguradora.
“En materia de economía, en el caso del Fonden y del reclamo a las aseguradoras, la información proporcionada por la secretaría no permitió determinar los recursos autorizados, ejercidos, ni la comprobación en la aplicación de las actividades de reconstrucción y rehabilitación de las escuelas afectadas por los sismos”, señala la ASF.
La SEP también ocupó 606 millones 565 mil pesos del Programa de la Reforma Educativa para desarrollar las obras de rehabilitación de 10 mil 901 escuelas de nivel básico dañadas. Este monto significó 19.9 por ciento más respecto de los recursos programados “sin que la dependencia remitiera la documentación comprobatoria del gasto, ni explicara las causas que originaron tal situación”, señala la auditoría 106-DS.
Según la SEP, las obras apoyadas por dicho programa sí fueron supervisadas en 75 planteles (0.7 por ciento), pero no proporcionó ningún tipo de resultados o conclusiones obtenidas. “Tampoco evidenció los elementos mínimos que se consideraron para realizar una muestra estadísticamente representativa”, comenta la ASF.
Algo similar ocurrió con el desempeño del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), el cual informó la conclusión de las obras en 12 mil 35 escuelas (62.7 por ciento de las 19,194) pero no sustentó con evidencia dicho avance. “No se identificaron con claridad las afectaciones, no validó la información, tuvo inconsistencias, respecto del número de obras por realizar en sus reportes físicos y financieros, así como en las visitas de verificación y el monto erogado”, determinó la auditoría 132-DS.
El Inifed usó 6 mil 219 millones 267 mil pesos del Programa Escuelas al CIEN, “sin que se precisaran los planteles que fueron apoyados, el nivel educativo y la entidad federativa al que se correspondieron ni las actividades realizadas (reconstrucción y rehabilitación)”, evidencia la ASF.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tenía el deber de presentar los diagnósticos definitivos de viviendas afectadas y los programas de obras y acciones. De esta manera se podrían otorgar, conforme al tipo de daño registrado, los apoyos provenientes Fonden, por medio del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).
Sin embargo, al momento de cuantificar, la Sedatu registró en los diagnósticos definitivos un total de 170 mil 57 viviendas dañadas, pero mencionó solo 168 mil 256 para los programas de obras y acciones. Lo mismo ocurrió con los recursos financieros previstos: en diagnósticos se solicitaron 10 mil 29 millones 59 mil pesos y en los programas 6 mil 185 millones 591 mil pesos, “sin que la dependencia justificara las razones por las cuales existieron dichas inconsistencias”, señala la auditoría 214-DS.
Otra cifra distinta, 170 mil 871 viviendas afectadas, se registró para el otorgamiento de los apoyos mediante tarjetas electrónicas. Los beneficiarios fueron el 97.7 por ciento y se destinaron 8 mil 157 millones 375 mil pesos.
Mientras que 2 mil 378 beneficiarios que presentaron “discrepancias en su información” sí recibieron tarjetas —contrario a lo dispuesto en los Convenios de Colaboración Sedatu-Bansefi— 3 mil 999 casos carecieron de montos asignados sin que se señalaran los motivos.
Finalmente, la Sedatu desconoce si los beneficiarios pudieron reconstruir o rehabilitar sus viviendas, ya que aun cuando los Lineamientos de Operación Específicos del Fonden señalan que se deben supervisar los trabajos, la dependencia solo reportó que realizó estas acciones en 59 mil 380 casos, el 35 por ciento.
La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), instruida por la Sedatu, debía contratar el servicio de asistencia técnica para atender las afectaciones en las viviendas con daño total. También debía supervisar el cumplimiento de las asistencias técnicas pactadas y mantener actualizado el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda para dar seguimiento a la Política Nacional de Vivienda.
La auditoría reveló que, a pesar de que las viviendas con daño total según la Sedatu eran 60 mil 302, la Conavi solo contrató el servicio de asistencia técnica para 42 mil 652 casos. Además, los 21 proveedores solo realizaron 15 mil 373 asesorías completas, en incumplimiento con el contrato. Estas irregularidades no fueron justificadas.
El Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), también instruido por la Sedatu, debía coordinarse con instancias federales y locales para evitar duplicidades en las acciones de apoyo. También estaba encargado de otorgar dinero para construcción y mejoras de viviendas a aquellas familias que no estuvieran incluidas en el censo ya elaborado por la Sedatu.
La auditoría comprobó que aun cuando la Fonhapo otorgó apoyos para la reconstrucción y rehabilitación de 2 mil 233 viviendas afectadas por los sismos, solo realizó la verificación de 1 mil 452 (65.0 por ciento) y el seguimiento de 2 mil 146 (96.1 por ciento), “lo que limitó comprobar su repercusión en la atención de los solicitantes”.
Además, la fiscalización mostró que no se acreditaron acciones acciones de coordinación con el fin de evitar duplicidades y apoyar a la población afectada, en incumplimiento de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda para el ejercicio fiscal 2018.
Como resultado de los sismos de 2017, se registraron afectaciones en 132 unidades médicas en 6 entidades federativas. Para atender esa problemática, la Secretaría de Salud (SS), obligada por su normativa, debía evaluar y cuantificar los daños, presentar una calendarización de obras y dar seguimiento a la reconstrucción de los hospitales y centros de salud.
La ASF reveló que aunque la SS reportó un avance del 21.2 por ciento (28 unidades médicas concluidas) no pudo comprobar la veracidad de las cifras. Entre otras irregularidades, presentó diferencias en el número de unidades médicas atendidas y los recursos erogados en éstas.
La SS solicitó los recursos mediante 10 oficios a la Segob, en los que se requirieron 311 millones 88 mil pesos. Sin embargo, previamente se había diagnosticado que eran necesarios 491 millones 8 mil pesos para atender los daños. De acuerdo a la auditoría 179-DS, la dependencia no dio explicación sobre esta diferencia.
Tampoco fue transparente en los reportes, ya que, aunque la SS presentó cinco informes trimestrales de los avances, éstos contenían información “genérica, sin que se especificaran las obras, acciones, recursos económicos y número de inmuebles que fueron atendidos”, comenta la ASF.
Respecto de los avances registrados en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Morelos, la auditoría expuso una situación ilógica: los porcentajes de avance disminuyeron. La SS no explicó las causas, por lo que a la fecha se carece de información veraz sobre el desarrollo de los proyectos.
Dado que no hay ningún tipo seguimiento, inspección o verificación en la ejecución de obras “no hay certeza de que los recursos otorgados por el Fonden ayudaron a resarcir los daños al sistema de salud”, concluye la ASF.
Marcial Yangali
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