La desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial del joven Armando Humberto del Bosque Villarreal –ocurridas en agosto de 2013, y de las cuales serían responsables elementos de la Secretaría de Marina– son apenas una muestra de las recurrentes violaciones a los derechos humanos que comete el sector castrense y que permanecen en la impunidad.
De acuerdo con el Informe conjunto presentado por organizaciones de la sociedad civil mexicana para la segunda ronda del Examen Periódico Universal a México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 7 mil 441 quejas que refieren abusos de las Fuerzas Armadas, del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012.
Según el reporte, las violaciones a los derechos humanos aumentaron en consonancia con la militarización del país: la seguridad pública ha registrado un incremento del 68 por ciento en la utilización de elementos militares a partir de 2007, con el inicio de la guerra contra la delincuencia organizada.
A pesar de la gravedad de las violaciones en las que incurren los soldados y marinos, el proyecto de dictamen en materia de justicia militar permanece atorado en las comisiones unidas de Justicia, Defensa Nacional y Estudios Legislativos del Senado de la República. A casi 8 meses de que fuera presentado –se anunció el 10 de julio de 2013–, el proyecto continúa en etapa de dictaminación.
Con el cambio legislativo se busca acotar el fuero militar, histórica demanda de la sociedad civil y de las víctimas de abusos castrenses, cuyo eco ha traspasado las fronteras mexicanas.
El Sistema Internacional de Derechos Humanos ha hecho lo propio. Del Examen Periódico Universal –mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)– han emanado 14 recomendaciones que urgen la pronta adopción de la reforma al Código de Justicia Militar para que las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas sean juzgadas en tribunales civiles y no militares. Cinco de ellas fueron rechazadas por el Estado mexicano en 2009.
Las recomendaciones parecen no influir en la agenda de prioridades legislativas, no obstante que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, de junio de 2011, incorpora los tratados internacionales al derecho interno. Tampoco la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), máximo tribunal constitucional mexicano, que entre agosto y septiembre de 2012, tras 17 sesiones, reparó en la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar.
Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ha manifestado su preocupación frente a la “desaceleración y el aparente empantanamiento” de este proceso legislativo.
Refirió que aunque a finales de septiembre de 2013 el Senado organizó una serie de audiencias públicas con la presencia de académicos y organizaciones de la sociedad civil para dialogar sobre el proyecto de dictamen en materia de justicia militar, “el proceso de audiencias ha entrado en una etapa de pausa”, lo que podría indicar que “el trámite no es tan sencillo y que necesitamos, entonces, renovar nuestras voces de manera pública para que la reforma tenga lugar”.
Hernández Valencia recordó que en marzo próximo el Estado mexicano deberá responder a las 176 recomendaciones de las que fue objeto durante su segundo Examen Periódico Universal. La identificada con el número 109 recoge las inquietudes de países tan diversos como Sierra Leona, Perú, Brasil, Canadá, República Checa, Italia, Australia y Francia, en el sentido de agilizar las reformas para que las presuntas violaciones de derechos humanos a manos de las Fuerzas Armadas se sometan a tribunales civiles. Ojalá que para ese momento “podamos ya haber evacuado y solventado la aprobación del dictamen no sólo en el Senado, sino en el pleno del mismo, y ojalá también en el pleno del Congreso de la Unión”, deseó el representante de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU.
La dilación del proceso legislativo no ha pasado inadvertida para las organizaciones de la sociedad civil que por años han pugnado por la reforma al Código de Justicia Militar. Para Jaqueline Sáenz Andujo, coordinadora del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, resulta una “necesidad impostergable” que las comisiones unidas lleven al pleno del Senado el proyecto de dictamen en la materia.
Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, considera que “el Poder Judicial de la Federación ha cumplido en buena parte con su tarea”, por lo que ahora corresponde al Congreso de la Unión –con el Senado, como Cámara de origen– ejercitar su mandato constitucional, sobre todo tras las resoluciones de los sistemas internacional e interamericano de derechos humanos.
El antropólogo de formación explica que detrás del debate jurídico en torno a la restricción del fuero militar está el tema del establecimiento de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas, particularmente en un contexto caracterizado por el incremento de la participación de las fuerzas castrenses en tareas de seguridad pública.
Santiago Cantón, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisa que la “constante tensión entre la justicia militar que trata de expandirse y la sociedad civil que trata de restringirla al máximo” no es propia de México. Lo común en los países de la región –América Latina– es la resistencia y la falta de voluntad política de los gobiernos. Por eso, dice el actual director del Centro Robert F Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos, el gran reto para el caso mexicano consiste en tratar de “movilizar la voluntad política a través de la jurisprudencia existente”.
Santiago Cantón explica por qué se requiere acotar el fuero militar: “Los tribunales militares carecen de la independencia e imparcialidad que deben tener para ejercer sus funciones, por lo que muchas veces el objetivo es la búsqueda de impunidad y no de justicia”.
“Por cuestiones de agenda”, los integrantes de la junta directiva de la Comisión de Justicia del Senado (Roberto Gil Zuarth, presidente; Arely Gómez González y Víctor Manuel Camacho Solís, secretarios) declinaron conceder las entrevistas solicitadas para abordar el tema.
Aunque los senadores han incluido el tema de la justicia militar en el capítulo de “Asuntos de especial relevancia”, en el Primer informe de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia, éste no figura entre los más de 100 que han dictaminado, a poco más de 1 año de trabajo legislativo.
Apenas 15 días después de que la primera versión del proyecto de dictamen en materia de justicia militar se hiciera pública, diversas organizaciones de la sociedad civil saludaron la decisión de la Comisión de Justicia al considerar “que abre una oportunidad para avanzar en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano”.
Sin embargo, en su comunicado fechado el 24 de julio de 2013, advirtieron “que aún quedan aspectos relevantes que no se contemplan en el proyecto de dictamen y que deben ser modificados”. Se trata, en particular, del “actual artículo 435 del Código de Justicia Militar, concerniente a la facultad de declarar que un asunto pertenece o no al fuero militar, pues tal facultad debe recaer únicamente en instancias civiles, quienes podrán declinar la competencia en el único caso en que el delito sea referente a la disciplina militar”.
El proyecto de dictamen en materia de justicia militar, cuya más reciente versión data del 2 de septiembre de 2013, parte de ocho iniciativas presentadas al pleno del Senado entre abril de 2009 y marzo de 2013. Una de ellas proviene del Poder Ejecutivo; el resto, de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En entrevista con Contralínea, Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, asegura que a partir de la resolución de la SCJN de finales de 2012, las Fuerzas Armadas del país han delegado al fuero civil todos los casos de violaciones a derechos humanos que han conocido, lo que, a decir de la senadora, habla de “voluntad política”.
—¿Qué certeza hay de que los tribunales militares están efectivamente declinando esta competencia?
—Yo no conozco ningún caso en concreto que las Fuerzas Armadas se hayan reservado. La información que tenemos es que todos los casos en donde se ve involucrado un civil han sido enviados al fuero civil, a partir de la sentencia de la Suprema Corte.
—¿Cuántos asuntos se han delegado desde entonces?
—Según el último informe que yo tenía eran alrededor de 180. Yo no sé en la actualidad cuántos sean.
Consultada respecto de la posibilidad de que el proyecto de dictamen en materia de justicia militar sea parte de la agenda del actual periodo de sesiones, De la Peña Gómez dice: “Yo creo que sí; yo veo totalmente plausible que en este periodo ordinario de sesiones se concluya la reforma al Código de Justicia Militar”.
Para la integrante del grupo parlamentario del PRD resulta imprescindible revisar algunas de las modificaciones que contempla el proyecto de dictamen para que se correspondan con los estándares internacionales y con la jurisprudencia de la SCJN. De lo contrario, asegura, se estaría ante un proceso de “maquillaje”.
—¿Por qué es importante la reforma al Código de Justicia Militar?
—Porque significa un saneamiento para el país; llegar a un estadío de paz, de restitución, de reparación del daño. Cuando hablo de saneamiento, hablo de justicia. Además me parece que es lo mínimo que podemos empezar a hacer. No es lo principal. Es un aspecto de entre una serie de asuntos a transformar.
Rosendo Radilla, detenido arbitrariamente y posteriormente desaparecido; Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas sexualmente; Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, detenidos arbitrariamente, torturados e injustamente incriminados; Édgar Araujo, Zenón, Manuel e Irineo Medina, ejecutados; Bonfilio Rubio, ejecutado; Jethro Sánchez, torturado y ejecutado, se encuentran entre las centenas de víctimas de elementos castrenses.
Ante la gravedad de los hechos, sus casos fueron llevados al escrutinio de los tribunales militares.
Se trata de casos icono, que en su paso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación construyeron jurisprudencia, lo que reavivó la demanda de restricción del fuero militar.
En su informe Jurisdicción militar y derechos humanos: elementos para las reformas pendientes, los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan señalan que la extensión de la jurisdicción militar sobre los delitos que constituyen violaciones a los derechos humanos y que no guardan estricta relación con la disciplina militar es una práctica sistemática que comenzó a intensificarse en la década de 1990, con la participación del Ejército en tareas de seguridad pública.
Hasta el momento, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha evitado pronunciarse al respecto, pero sí ha enunciado que durante el sexenio se duplicarán los recursos para las Fuerzas Armadas, se incrementará el número de sus efectivos, y que aumentará su presencia en labores policiacas con un marco jurídico adecuado. Nada, sobre acotar el fuero de guerra o de que las Fuerzas Armadas rindan cuentas ante el Congreso de la Unión, hasta ahora.
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señala que, en lo que va de la actual administración, la militarización del país no ha cedido; contrario a ello, la presencia de militares en funciones policiacas se ha incrementado y expandido a todas las regiones, lo que se traduce en violaciones a derechos humanos y agresiones en contra de la población.
“En los hechos –continua el defensor– más allá de que [los gobernantes] hayan planteado otro tipo de matices en términos de cómo atender la violencia e inseguridad, los actores armados como el Ejército y la Marina han copado las regiones y esto no se ha traducido en mayor seguridad. Al contrario, Guerrero, que está tan militarizado, es uno de los [estados] más violentos e inseguros y en donde siguen intocados todos los grupos de la delincuencia organizada.”
Para Jaqueline Sáenz Andujo, coordinadora del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar, no basta con la reforma al Código de Justicia Militar y con la reducción de la militarización en el país. Es necesario también redirigir el presupuesto en materia de seguridad pública hacia una estrategia integral de prevención.
Consultada al respecto, Angélica de la Peña dice que para pensar en un cambio en la política de seguridad del actual gobierno, ésta debe conocerse con precisión, lo que hasta la fecha no ocurre. Comenta, asimismo, que la decisión de retirar a los militares de las calles no es sencilla. Y es que, justifica, por un lado, las policías locales y federales “no son lo que esperamos ni lo que necesitamos” y, por el otro, “tengo la impresión de que el gobierno federal llegó y se encontró con algo mucho más complejo de lo que esperaba, y yo supongo que por eso no ha podido lograr que en algunos lugares el Ejército salga”.
La senadora del PRD manifiesta sentirse confiada de que en esta ocasión, a diferencia de 2009, el gobierno mexicano representado por el Ejecutivo federal aceptará y dará cumplimiento a cada una de las 176 recomendaciones que recibió por parte de la comunidad internacional durante su EPU, entre ellas las relativas a la reforma al Código de Justicia Militar.
—¿En qué basa esta confianza?
—Porque lo he escuchado de la autoridad. No lo estoy especulando. Me parece que hay un cambio muy importante de la autoridad, en este caso de quien tiene la representación del Estado, a diferencia del sexenio pasado. La actitud que he observado, que he escuchado de las autoridades es que México va a aceptar todas [las recomendaciones] y que ahora, en marzo, va a dar respuesta a cada una de ellas.
Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con la Sedena y la Secretaría de Marina. La primera informó, a través de la Dirección General de Comunicación Social, su negativa “debido a las actividades agendadas con anterioridad”. Al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta de la segunda.
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Fuente: Contralínea 375 / 3-8 de marzo 2014
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